nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

Visto:

Comparece nombre reservado, funcionario municipal, quien interpone recurso de protección contra la Municipalidad de Loncoche, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en dictar Decreto Alcaldicio N°12.085 del 29 de octubre de 2025, el cual dictaminó su destitución tras un sumario administrativo, lo que vulneraría sus garantías constitucionales de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Contextualiza su recurso indicando que fue objeto de un sumario administrativo por una denuncia por acoso laboral y sexual presentada en junio de 2024 por una médico de la Dirección de Tránsito, nombre reservado, por hechos supuestamente ocurridos en mayo de 2023.

Argumenta que esta denuncia es una represalia por haber informado previamente a sus superiores sobre irregularidades en la obtención de licencias de conducir; también sostiene que la denuncia se fundamentó en grabaciones de audio obtenidas ilícitamente y que la acción ya había caducado según los plazos del Código del Trabajo.

Alega que en la sustanciación del procedimiento administrativo no se han respectado las garantías de un debido proceso, en el cual ya fue objeto de una primera sanción de suspensión del cargo por tres meses con privación del 50% de su sueldo, la cual el funcionario ya cumplió íntegramente.

Posteriormente, la Contraloría General de la República ordenó retrotraer el sumario debido a vicios de legalidad en la formulación de cargos. Sin embargo, la municipalidad procedió a una segunda formulación de cargos idéntica a la anterior, añadiendo una nueva imputación por incumplimiento de deberes que solo corresponden a alcaldes o jefes de unidad, calidad que el recurrente no posee.

En este contexto, sostiene que se ha infringido el artículo 19 N° 3 de la Constitución, que asegura la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, por cuanto el sumario no cumplió con el estándar de un procedimiento justo, principio que es plenamente aplicable a la potestad disciplinaria de la Administración según la jurisprudencia de la Contraloría y el Tribunal Constitucional, ya que la fiscal y el actuario perdieron su imparcialidad al haber emitido un dictamen previo sobre los mismos hechos en la primera formulación de cargos, lo que configuraría una causal de implicancia análoga a la del artículo 195 N° 8 del Código Orgánico de Tribunales.

Aduce que se ha infringido el Principio Non Bis In Idem, por cuanto sufrió y cumplió íntegramente una primera sanción por los mismos hechos, como lo fue la sanción de 3 meses de suspensión y privación del 50% de sus remuneraciones. Posteriormente, se le aplicó la destitución por los mismos cargos y hechos, lo que constituye una desproporción manifiesta y una violación al debido proceso. Se invoca jurisprudencia del Tribunal Constitucional que prohíbe al legislador y a la autoridad prever dos castigos cuando concurren Identidad de sujeto, hecho y fundamento.

Arguye asimismo la caducidad de la Acción y Error de Derecho en la Ley Aplicable, por cuanto, a su juicio, erróneamente la autoridad municipal aplicó la Ley 21.643 (Ley Karin), cuando por mandato del artículo 2° transitorio de dicha ley, correspondía aplicar la normativa vigente al momento de la denuncia.

Agrega que bajo el régimen del artículo 486 del Código del Trabajo (aplicable por remisión), la denuncia de vulneración de derechos fundamentales debe interponerse en un plazo de 60 días, y dado que los hechos denunciados ocurrieron en mayo/julio de 2023 y la denuncia se presentó el 28 de junio de 2024, la acción ya se encontraba caducada al momento de iniciar el sumario.

Afirma que se infringió el artículo 156 de la Ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de Contraloría , que establece una protección especial durante periodos electorales, conforme la cual desde 30 días antes y hasta 60 días después de una elección presidencial o parlamentaria, las medidas de destitución solo pueden ser decretadas previo sumario instruido directamente por la Contraloría General de la República, y dado que la destitución se notificó el 29 de octubre de 2025 y las elecciones fueron el 16 de noviembre de 2025, la autoridad municipal carecía de potestad para aplicar dicha sanción de forma autónoma.

También acusa una falta de fundamentación y errores en la tipificación de las conductas, por cuanto se le imputó el "Cargo N° 4" basado en el artículo 61 letra c) de la Ley 18.883, que establece obligaciones exclusivas para alcaldes y jefes de unidad, calidades que el recurrente sr. nombre reservado no detenta.

Refiere que se infringió el artículo 137 de la Ley 18.883, al no considerar en el dictamen final las excelentes calificaciones del funcionario ni su antigüedad de 17 años sin medidas disciplinarias previas.

Invoca como vulnerado el artículo 19 N° 24 de la Constitución, por cuanto le asistiría un derecho de Propiedad sobre su cargo y sus remuneraciones, produciéndose con la destitución un perjuicio patrimonial directo e injustificado.

Pide que se acoja su recurso de protección, y en definitiva se deje sin efecto la medida disciplinaria de destitución, debiendo declarase la caducidad de la denuncia en conformidad a la normativa contenida en el artículo 486 del Código del Trabajo en relación al artículo segundo Transitorio de la ley 21.643, consecuencialmente declarar la nulidad de la prueba de audios esgrimida en su contra, como asimismo declarar la nulidad de las decisiones finales adoptadas a lo largo de la extensa tramitación del sumario del cual ha sido objeto, por no ceñirse las acciones de las autoridades respectivas (actuario, fiscal, alcalde) a los principios de juridicidad y del debido proceso, consagrados en los artículos 6°, 7° y 19, N° 3, de la Carta Fundamental, y en los artículos 2° y 18 inciso segundo de la ley N° 18.575, con la agregada declaración que ordene a la autoridad de la Municipalidad de Loncoche dejar asimismo sin efecto la medida de destitución por incurrir en clara contravención del artículo 156 del Decreto 2421 que fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de Contraloría General de la República en relación con lo que establece la Instrucción 149633 de 2021, sin perjuicio de la evidente vulneración del principio non bis in idem al aplicar una segunda sanción cuando ya se había cumplido con una primera sanción por los mismos hechos.

Ordenar su reincorporación a las mismas funciones que desempeñaba previo a la instrucción del sumario y además ordenar el pago de la totalidad de las remuneraciones que he sido privado como consecuencia de los actos ilegales y arbitrarios antes descritos debidamente reajustado y con intereses conforme lo ordenan las reglas generales en materia laboral, con expresa condena en costas.

A folio 10 informa la Municipalidad de Loncoche, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que, el recurrente fue investigado conforme a derecho y normativa que rige a los funcionarios públicos, por un sumario administrativo toda vez que con fecha 28 de junio de 2024 se dedujo una denuncia en su contra, aplicándose el protocolo de maltrato laboral, acoso laboral y acoso sexual decretado por la Municipalidad de Loncoche, en plena protección a los derechos de los funcionarios.

Que de dicho sumario se realizaron diversas diligencias en el cual siempre el recurrido tuvo defensa letrada al igual que el presente recurso de protección, por ende, alegar una infracción al debido proceso ya no debe prosperar toda vez que los mismos abogados que hoy interpusieron la acción de protección, fueron los que defendieron los derechos del recurrente.

Que, lo referente al Decreto Exento N°581 que ordeno la suspensión del cargo por 3 meses al recurrente y se aplicaron anotaciones de demérito, este fue dejado sin efecto, toda vez que por expresa indicación de Contraloría General de la República, ordenó con fecha 12 de agosto de 2025, retrotraer el sumario de la especie a la etapa de formulación de cargos, los que deberán ajustarse a la normativa y jurisprudencia aplicable a la materia, y tramitarlo conforme a Derecho.

Refiere que cualquier alegación en la actualidad al sumario administrativo llevado al efecto, este tuvo plena observancia por la Contraloría General de la República, es así como se ordenó retrotraer el sumario, por haberse percatado que la formulación de cargos no se ajustaba a derecho, esto es una practica común y dentro de las atribuciones de la entidad de control, el poder analizar y verificar que la normativa aplicada en los procesos sancionatorios sea ajustada a Derecho.

Es por ello, que la fiscalía administrativa, retrotrajo el sumario administrativo llevando al efecto los actos administrativos pertinentes bajo su principio de objetividad e imparcialidad, para lo cual con fecha 27 de agosto de 2025 se formularon cargos, en la forma establecida en el sumario administrativo.

Por lo cual, con toda la investigación llevada al efecto en sus diversas etapas, indagatoria, probatoria y resolutiva, la fiscalía administrativa tuvo a bien dictar la vista de fiscal y el Sr. Alcalde con fecha 13 de octubre de 2025 según Decreto Exento N°1489, resolvió “1.- Apruébese la vista de fiscal, en los términos propuestos, la sanción a don nombre reservado, RUT RUT reservado, GRADO 14 EM, la medida disciplinaria de destitución, según articulo 120 letra D. de la Ley N°18.883 sobre Estatuto administrativo.

Con lo anterior es que se notifico dicho decreto para que el recurrente deduzca los recursos que la Ley le franquea, lo cual con fecha 29 de octubre de 2025 se notificó al recurrente del rechazo del recurso de reposición con lo cual según decreto alcaldicio N°12.085 mantiene la medida disciplinaria de destitución.

Así las cosas, el petitorio de la parte recurrente carece de sustento normativo y factico, toda vez que como ya se expuso, mi representada actuó en todo momento y sin duda alguna bajo la normativa jurídica pertinente referente al caso en comento. Y el Decreto Alcaldicio N°12.085 de fecha 19 de octubre de 2025 mantuvo la medida ya adoptada en Decreto N°1489 de fecha 13 de octubre de 2025.

Solicita el rechazo de la alegación de caducidad de la denuncia de fecha 28 de junio de 2024, por extemporánea, por haber transcurrido latamente el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación de la acción de protección.

Ahora bien, el recurrido ha interpuesto acción de protección con fecha 28 de noviembre de 2025, y en el petitorio pide declare la caducidad de la denuncia de fecha 28 de junio de 2024, es decir un hecho ocurrido hace 518 días, lo cual resulta del todo improcedente para efectos que dentro de las atribuciones que la Ley ha otorgado a vuestra Ilustrísima Corte para el conocimientos y fallo de la acción de protección, esta sobrepasa dicha atribución y debe rechazarse la presente acción.

Conjuntamente con lo anterior, y además de la solicitud implícita de declarar la nulidad de la prueba de audios esgrimida en su contra, también escapa de las atribuciones de vuestra Ilustrísima Corte, toda vez que es ésta esta llamada a conocer de las acciones de protección en su sentido estricto y no tan visceral como lo señala la recurrente, toda vez que someramente podemos señalar que dicha atribución de verificar una acto administrativo este ajustado o no a Derecho es plena de la Contraloría General de la República, y el recurrido como se ha señalado anteriormente, ya solicitó en su momento dicha revisión al ente contralor. Por ende, dicho petitorio de igual forma debe ser rechazado.

En cuanto a solicitar dejar sin efecto las decisiones finales del extenso sumario administrativo, esto es relativo a una nube de hechos que no tiene asidero por parte del recurrente, toda vez que como se viene diciendo no especifica cual o cuales son los actos que según su percepción son nulos y si estos a través del conocimiento de la acción de protección pueden ser o no nulos. Lo cual refleja un poco estudio de la acción que se impetra, los requisitos y la forma como se pide, lo cual de igual forma solicito el rechazo de la acción de protección en la forma pedida.

Sostiene que no concurre un acto u omisión arbitraria o ilegal por su representada, por cuanto el acto administrativo llevado al efecto por su representada se ajusta a Derecho toda vez que se sostiene de un procedimiento sancionatorio el cual culminó con una sanción disciplinaria de destitución, con toda y cada una de las diligencias llevadas al efecto por la fiscalía administrativa al efecto.

Conjuntamente con ello, es que teniendo presente que el acto administrativo tuvo plena concordancia con lo mandatado por la Contraloría General de la República como se vino diciendo. Por lo cual, no se incurre en un acto u omisión arbitraria o ilegal como lo expone el recurrente en su libelo de acción constitucional.

Concluye que no se incurre en una perturbación o amenaza a los derechos y garantías constitucionales como lo sostiene la recurrente, toda vez que se no se incurrió en lo absoluto en un acto ilegal u arbitrario que deba ser subsanado por vuestra Ilustrísima Corte.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción cautelar, excepcional y de urgencia, cuya finalidad es amparar el legítimo ejercicio de determinadas garantías constitucionales frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios, cuando de ellos se derive una afectación actual o inminente, y siempre que dicha tutela no requiera de un debate lato, probatorio o declarativo incompatible con esta vía extraordinaria.

La reiterada jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha sido constante en señalar que esta acción no constituye una instancia de revisión general de actuaciones administrativas, ni un sustituto de los procedimientos ordinarios o especiales de impugnación, administrativos o jurisdiccionales.

Segundo: Que el acto que se impugna corresponde a un decreto alcaldicio terminal, dictado en el contexto de un sumario administrativo, cuya finalidad fue determinar la eventual responsabilidad administrativa del recurrente, procedimiento que se encuentra expresamente regulado por la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Consta de los antecedentes acompañados que dicho sumario fue retrotraído a la etapa de formulación de cargos, en cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría General de la República, subsanándose las observaciones efectuadas, para luego formularse nuevos cargos, evacuarse descargos por el inculpado y dictarse finalmente la vista fiscal y el acto sancionatorio.

Tercero: Que, conforme a los artículos 119, 120 letra d) y siguientes de la Ley N° 18.883, la Municipalidad se encuentra legalmente habilitada para ejercer la potestad disciplinaria, pudiendo aplicar, entre otras sanciones, la destitución, cuando los hechos acreditados revistan la suficiente gravedad.

En ese contexto, no corresponde a esta Corte, en sede de protección, sustituir el juicio de mérito realizado por la autoridad administrativa, ni ponderar nuevamente la prueba rendida en el sumario, salvo que se acredite de manera manifiesta la existencia de un actuar carente de razonabilidad, o una infracción al ordenamiento jurídico.

Cuarto: Que la garantía del debido proceso, reconocida en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, es plenamente aplicable a los procedimientos administrativos sancionatorios. Sin embargo, ello no implica la exigencia de un procedimiento idéntico al jurisdiccional, sino que se asegure, al menos, la posibilidad de conocer los cargos, formular descargos, aportar antecedentes y obtener una decisión fundada.

De los antecedentes acompañados se desprende que el recurrente tuvo conocimiento de los cargos, ejerció su derecho a defensa, formuló descargos, interpuso recursos administrativos y obtuvo un pronunciamiento motivado, sin que se advierta una indefensión material ni una privación absoluta del derecho a ser oído.

Quinto: Que las alegaciones relativas a la supuesta caducidad de la denuncia, a la inaplicabilidad normativa invocada, a la legalidad de la prueba rendida o a la proporcionalidad de la sanción, exigen un análisis jurídico y probatorio de fondo, propio de procedimientos declarativos ordinarios o de control de legalidad administrativo, cuya naturaleza supera los márgenes cognitivos del recurso de protección.

En particular, la eventual configuración del principio non bis in idem, la corrección jurídica de la retrotracción del sumario, la determinación del régimen normativo aplicable y la valoración de la prueba producida, no pueden ser resueltas válidamente en esta sede cautelar, sin desnaturalizar la acción constitucional intentada.

Sexto: Que la Excma. Corte Suprema ha señalado reiteradamente que:

“El recurso de protección no puede transformarse en una instancia paralela de revisión de sumarios administrativos, ni en un medio para impugnar sanciones disciplinarias cuando éstas han sido impuestas en procedimientos regulados por la ley, salvo que se acredite una infracción evidente y manifiesta a garantías constitucionales esenciales”. (CS, roles 14.091-2019; 40.371-2022, 1237-2022 y 12.367-2025).

En efecto, la sola disconformidad del afectado con la sanción impuesta o con la apreciación de los hechos realizada por la autoridad administrativa, no configura, por sí misma, arbitrariedad susceptible de ser corregida por la vía del recurso de protección.

Séptimo: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie una actuación ilegítima, caprichosa o carente de fundamento racional que permita calificar el decreto impugnado como arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución.

Tampoco se constata una afectación actual del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas que pueda ser restablecida por esta vía, sin perjuicio de las acciones que el recurrente estime procedentes ejercer ante los órganos competentes.

Que, atendido lo expuesto, el recurso de protección no puede prosperar, al no configurarse los presupuestos constitucionales que justifican la intervención cautelar de esta Corte.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Loncoche.

II. Que no se condena en costas al recurrente, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-4230-2025.(jog)