nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

C.A. de Temuco Temuco, quince de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región De La Araucanía, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A, representado por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana De Santiago; por el acto ilegal y arbitrario de fecha 28 de octubre de 2025, que rechaza solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Señala que don nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican, añadiendo que el recurrente es notificado mediante correo electrónico con fecha 28 de octubre de 2025, rechazando la solicitud de retiro de fondos de pensión, señalando lo siguiente: “En respuesta a su solicitud de retiro de Técnico Extranjero y en atención a los documentos acompañados, informo a usted que no procede hacer devolución de las cotizaciones previsionales enteradas por las siguientes razones: 1.-Incumplimiento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156: No se acompañó documentación que acredite que el trabajador se encuentra afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo FP/PPH menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte: A.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no indica que, en caso de enfermedad, usted cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común. El artículo 1°, letra a), de la Ley N° 18.156 establece como requisito para que los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros puedan acceder a la exención de cotizaciones previsionales, que se encuentren afiliados a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que les otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Este precepto legal ha sido interpretado y complementado por la Superintendencia de Pensiones a través de diversos pronunciamientos administrativos. En primer lugar, mediante Oficio Ordinario N° 23.241, de fecha 13 de septiembre de 2016, el organismo precisó que la certificación que se emita para acreditar cobertura previsional debe señalar expresamente que el trabajador ha tenido y mantiene dicha cobertura durante su permanencia en Chile, y que, en el caso de la cobertura por enfermedad, esta debe comprender tanto prestaciones médicas como pecuniarias. Posteriormente, en el Oficio Ordinario N° 9.663, de fecha 02 de mayo de 2017, la Superintendencia reafirmó este criterio, indicando que un certificado que no acredite cobertura de salud integral en el país de origen —esto es, que no incluya prestaciones médicas y pecuniarias durante todo el período en que el trabajador cotizó en Chile— no resulta idóneo para acreditar el requisito previsto en el artículo 1° de la Ley N° 18.156. Más recientemente, el Oficio Ordinario N° 12.194, de fecha 01 de julio de 2025, reiteró que, respecto de la cobertura previsional fuera de Chile, el trabajador extranjero debe presentar un documento que acredite de manera específica que, durante la prestación de sus servicios en Chile, ha contado con Classification: Customer Confidential protección respecto de todos los riesgos exigidos por la ley, esto es: vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad. Además, dicho documento debe indicar que la cobertura de salud es integral, incluyendo tanto prestaciones médicas como pecuniarias en caso de incapacidad laboral de origen común. B.- La Constancia Electrónica de Cotizaciones otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, puesto que se trata de un documento emitido por una institución perteneciente a país ajeno. En primer lugar, mediante Oficio Ordinario N° 32.365, de fecha 27 de diciembre de 2016, la Superintendencia instruyó que, para efectos de la tramitación de solicitudes presentadas al amparo de la Ley N° 18.156, las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán exigir que los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros acompañen a sus solicitudes la documentación apostillada que permita acreditar los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de dicha ley. En aquellos casos en que se verifique la inexistencia de reciprocidad en esta materia con el país de origen, o si se trata de un Estado no parte del Convenio de la Apostilla, las administradoras deberán requerir que los interesados presenten la documentación debidamente legalizada conforme al procedimiento previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, el Oficio Ordinario N° 24.089, de fecha 11 de noviembre de 2019, reiteró y reforzó lo señalado en el Oficio N° 32.365, destacando que el artículo 2° del Convenio de la Apostilla dispone que cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique dicho Convenio y que deban ser presentados en su territorio. Asimismo, se recordó que el artículo 1° de la Ley N° 20.711 incorporó el artículo 345 bis al Código de Procedimiento Civil, reconociendo la validez en Chile de los instrumentos públicos otorgados en un Estado Parte de la Convención de La Haya, sin necesidad de legalización, siempre que dichos documentos cuenten con la apostilla emitida por la autoridad competente del Estado de origen. Finalmente, el Oficio Reservado N° 25.057, de fecha 29 de diciembre de 2023, reafirma esta exigencia al señalar expresamente que “La documentación pertinente que sirva para acreditar los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda”.

Indica que se debe tener en consideración lo establecido por la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la misma norma: “Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: - Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y; - Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Destaca que don nombre reservado realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que el recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos supra señalados, por lo que se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Refiere que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, lo que desde ya, deviene en un actuar arbitrario e ilegal según se desarrollará en lo sucesivo, indicando que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado en los link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion, las cuales se pueden realizar a través de la cédula de identidad venezolana del protegido, N° RUT reservado o, del código alfanumérico que arroja la constancia, las cuales todos los meses se modifican, por lo que los interesados pueden verificar si la persona se encuentra afiliada o no a la seguridad social, añadiendo que el protegido acompañó a la solicitud de retiro de fondos, constancia de afiliación, por lo que se acreditará que: a) el protegido está afiliado a la seguridad social; b) que se observa la fecha de afiliación siendo que la misma es inamovible; c) que se establecen las prestaciones por las cuales el accionante se encuentra protegido, más aún, abarca prestaciones adicionales de aquellas que contempla el cuerpo legal.

Sostiene que la recurrida tiene distintos medios a su disposición para verificar la autenticidad de la constancia, no obstante, adoptó una decisión a todas luces contraria a derecho, puesto que de forma arbitraria e ilegal rechaza la solicitud del recurrente sin que la respuesta estuviera lo suficientemente motivada, sin siquiera, cotejar lo acompañado por el recurrente, lo que deviene en un actuar que afecta el derecho de propiedad ampliamente protegido y tutelado por la Constitución Política de la República, afirmando que se desprende que las constancias emitidas son certificadas por la autoridad competente, por lo que es plenamente válida, además que, se cumple el requisito exigido en la ley en lo que dice relación de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, añadiendo que el recurrente se encuentra en la seguridad social de su país de origen, de modo que, cuenta con la protección respectiva en las prestaciones señaladas.

Argumenta que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal la respuesta de la recurrida al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula, señalando que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión, destacando un fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 28881-2022.

Considera que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en la notificación de fecha 28 de octubre de 2025, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP Cuprum, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario, señalando que de la simple lectura del rechazo de parte de la administradora de fondos de pensiones argumentando genéricamente que el certificado de afiliación que se acompaña no es válido, no obstante, la normativa especial no realiza distinciones, siendo que solamente se limita en señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, sea a lo menos técnico y, que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad, añadiendo que el sentido de la ley es claro al señalar que el técnico solo tiene que estar afiliado a la seguridad social de su país de origen, por lo que la recurrida desatiende su sentido literal, aunado al hecho de incorporar requisitos que no están expresamente señalados, lo que se traduce en un actuar arbitrario e ilegal.

Hace presente que conforme lo establecido en el artículo 18 del Código Civil la ley no exige formalidades adicionales, por lo que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley 18.156, añadiendo que las prestaciones sociales que cubre la seguridad social del recurrente son aquellas que están enumeradas en el artículo 1 de la Ley 18.156, esto es, vejez, muerte, enfermedad e invalidez, por lo que la decisión que se recurre no encuentra sustento normativo para rechazar la mentada solicitud.

Afirma que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana por lo tanto, incorporar un requisito que a todas luces es imposible de cumplir contradice lo estatuido en el artículo 45 del Código Civil, en lo atingente al caso fortuito o fuerza mayor, precisando que a lo imposible nadie está obligado, no obstante, el recurrente acompañó el certificado electrónico de afiliación de la seguridad social de su país de origen lo que desde ya, implica el pleno cumplimiento de la normativa señalada, por lo tanto, se infiere forzosamente que la negativa es injustificada, arbitraria e ilegal, afectando el derecho de propiedad del recurrente.

Expone que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela, siendo que no existen relaciones diplomáticas, más aún, teniendo la recurrida pleno conocimiento por ser un hecho público la dificultad de los nacionales venezolanos de obtener ciertos documentos, como lo es, el certificado de afiliación apostillado, reiterando que la normativa no exige que la afiliación se encuentre apostillada o legalizada, sino que, simplemente que se encuentre afiliado y, que se pueda acreditar por cualquier medio, como en el caso del recurrente, con la simple búsqueda ingresando el código de verificación que arroja la constancia.

Señala que esto ha conducido a una multiplicidad de problemas para los nacionales venezolanos, a modo ejemplar, trámites migratorios, los cuales han sido resueltos por los tribunales superiores de justicia, confirmando su teoría del caso, de que la exigencias de ciertos documentos que son imposibles de obtener cuando estos se encuentran dentro de la esfera de un tercero, en este caso, el gobierno Venezolano, no debe servir como excusa, sino como eximente, lo que ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia Rol 7254-2025, de fecha 18 de marzo de 2025.

Argumenta que en el evento improbable que se considere insuficiente la constancia electrónica de afiliación, indica que lo que busca el legislador, es que el técnico profesional que solicita el retiro de los fondos previsionales se específicamente en la encuentra efectivamente afiliado, el cual, se acredita de la simple búsqueda del certificado, web http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss, con el código señalado o, en su defecto http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, ingresando la cédula de identidad venezolana y, que ut supra fue acreditado, por lo que el requerir formalidades adicionales que no están expresamente señalados en la normativa especial deviene en un actuar arbitrario e ilegal.

Afirma que a través del referido acto se vulnera la igualdad ante la Ley, toda vez que la recurrida ha infringido esta garantía constitucional, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido a otorgado respuesta favorables, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa, a quien se le ha requerido una formalidad adicional que no se encuentra contemplado de acuerdo con la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, ni en su portal oficial, interrumpiendo el proceso para el retiro de fondos previsionales, aun cuando dio cumplimiento íntegro con lo establecido en Circular N°553 de la ley 18.156 bajo la que se otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales a los extranjeros, citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia Rol N° 96.380-2021, de fecha 20 de enero de 2023, añadiendo que del referido criterio jurisprudencial se evidencia que la finalidad del legislador en lo referente a la exención de las cotizaciones previsionales de los técnicos profesionales extranjeros es con el objeto de atraer personal calificado para aportar al desarrollo en el país, por lo que el legislador tuvo la intención de evitar imponer obstáculos a los técnicos profesionales extranjeros, en caso contrario, no tendría sentido que éstos coticen en dos sistemas previsionales distintos pero, con prestaciones idénticas, sosteniendo que si el legislador hubiere pretendido incorporar mayores limitaciones o excepciones para el retiro de los fondos de pensión, el mismo se hubiere establecido expresamente en la norma, por lo tanto, el actuar de la recurrida es arbitraria e ilegal, puesto que resuelve de forma antojadiza la solicitud y, además, no tiene sustento jurídico que lo ampare.

Estima además que la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, citando fallos pronunciados por la Corte de Apelaciones de Concepción, en sentencia Rol 1269-2025, Corte de Apelaciones de La Serena en causa Rol 533-2025, Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol N° 6043 – 2025, de fecha 29 de julio de 2025, Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia Rol 3860-2025, de fecha 13 de agosto de 2025, Corte de Apelaciones de Temuco, en Sentencia Rol N° 2307-2025 de fecha 27 de agosto de 2025, afirmando que los criterios jurisprudenciales señalados evidencian que, las administradoras de pensiones no pueden realizar una interpretación excesivamente literal, puesto que ésta conducta deviene en la imposibilidad de que los profesionales extranjeros obtengan la devolución de los fondos, contradiciendo el propósito de la ley in comento, invocando lo establecido en el artículo 19 N°26 de la Constitución Política que señala no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio, siendo relevante, puesto que la afectación a las garantías fundamentales en el caso de marras se puede resumir en la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, por lo que rechazar el retiro de los fondos de pensión del recurrente, cumpliendo todos los requisitos señalados por la normativa especial; siendo que es de su exclusiva propiedad, afecta esencialmente su derecho de propiedad, ampliamente protegido por el constituyente y; que la administradora de fondos de pensiones inobserva la normativa especial e incorpora requisitos no expresamente señalados, restringiendo los derechos del recurrente, en lo atingente a la igualdad ante la ley, siendo que otros solicitantes han obtenido el retiro de sus fondos a diferencia del recurrente en estos autos y, en el derecho de propiedad que recaen en sus fondos de pensión, en virtud de que la administradora pensiones de su país de origen cubre las prestaciones señaladas en la Ley.

Añade que en el evento improbable que se considere insuficiente los argumentos desarrollados, la recurrida señala de forma genérica que el certificado de afiliación no cumple con los criterios para ser admitido, no obstante, no indica expresamente cuáles fueron los criterios empleados por la recurrida para rechazar el mentado certificado, puesto que, la constancia certificada electrónica puede ser verificada, además que emana de autoridad competente y otorgada dentro de sus facultades legales, añadiendo que la importancia de especificar los criterios empleados para rechazar la solicitud impetrada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 19 n°3 que, por aplicación directa del artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República es extensible al procedimiento de solicitud de retiro de fondos en sede administrativa, por lo que el rechazo sin fundamento alguno, más aún, sin siquiera señalar el criterio empleado deviene en un actuar arbitrario e ilegal, puesto que se observa una conducta caprichosa de la recurrida sin sustento jurídico que lo avale.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesto Recurso de Protección en contra la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum, de fecha 28 de octubre de 2025, por el Acto Ilegal y Arbitrario, que rechaza la solicitud de retiro de fondos para extranjero lo que impide la devolución de fondos previsionales, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que esta Corte estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

A folio 6, comparece la abogada Arantxa Jesús Vásquez Ascorra, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A., quien evacúa el informe requerido solicitando el rechazo del presente recurso de protección.

En primer lugar y previo a referirse al fondo, alega improcedencia de la acción, señalando que el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile dispone que esta acción tiene por objeto restablecer de forma inmediata el imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que vulneren derechos fundamentales, no obstante, en el presente caso no se advierte ni arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta, sino la aplicación de una normativa especial en materia previsional, cuya interpretación corresponde a un órgano técnico especializado, añadiendo que el conflicto planteado se refiere al desconocimiento del recurrente respecto de la aplicación de dicha normativa, señalando que no se advierte la existencia de derechos indubitados que estén siendo vulnerados, sino más bien una controversia sobre el derecho del recurrente a acceder a la devolución de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, la que debe ser resuelta por la Superintendencia de Pensiones, órgano competente conforme al artículo 3 del D.F.L. N°101, de 1980, para conocer y resolver consultas, peticiones o reclamos formulados por afiliados, beneficiarios o herederos en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones, por lo que el recurso de protección no constituye la vía idónea para resolver esta clase de conflictos, debiendo el recurrente agotar previamente las instancias administrativas pertinentes, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 21391-2024, estimando que el asunto que nos convoca debió ser canalizado a través de un reclamo ante esta misma AFP o, en su caso, ante la Superintendencia de Pensiones —ente regulador, contralor y fiscalizador del sistema de pensiones— y no mediante la interposición de un recurso de protección.

En cuanto al marco regulatorio, detalla que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción dentro del ordenamiento jurídico previsional chileno destacando que la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones recae en la Superintendencia de Pensiones, facultad que le ha sido conferida por el N°8 del artículo 47 de la Ley N°20.255, el N°3 del artículo 94 del Decreto Ley N°3.500, de 1980, y el literal i) del artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de manera que las normas generales impartidas por la Superintendencia de Pensiones son vinculantes para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, pudiendo esta Administradora incurrir en graves sanciones si no cumple a cabalidad la normativa de dicho organismo fiscalizador.

En cuanto al fondo, refiere que en cuanto a las razones que motivaron la negativa, mediante carta de fecha 28 de octubre de 2025, a la Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N°18.156 presentada por el recurrente, fueron: Incumplimiento del requisito establecido en el artículo 1°, letra a), de la Ley N°18.156: El recurrente no acompañó documentación que acredite que se ha encontrado cubierto durante toda la prestación de servicios en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, además, en el caso de la cobertura de enfermedad, esta comprenda las prestaciones médicas y pecuniarias. A. El recurrente acompañó a su Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N°18.156 una Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), con fecha 12 de octubre de 2025. Sin embargo, dicha constancia, no indica que, en caso de enfermedad, el recurrente cuente con una cobertura que incluya prestaciones médicas y pecuniarias.

Sostiene que la Superintendencia de Pensiones ha establecido que “Respecto de la jurisprudencia de este Organismo Fiscalizador, ésta ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.”, destacando que dicha Superintendencia ha mantenido una postura constante respecto de este punto, según consta en el Oficio Ordinario N°23.241, de fecha 13 de septiembre de 2016, donde dicho organismo precisó que “Será menester que la certificación que se emita para acreditar cobertura previsional expresamente señale que el trabajador ha tenido y tiene derecho a ella durante su permanencia en Chile, debiendo además en el caso de la cobertura de enfermedad, especificar que comprende las prestaciones médicas y pecuniarias.”

Añade que posteriormente, en Oficio Ordinario N°9.663 de fecha 02 de mayo de 2017, la Superintendencia reafirmó este criterio, indicando que “se debe manifestar a usted que el mencionado certificado no acredita que usted durante su prestación de servicios en Chile, haya contado con la cobertura de salud integral en su país de origen, que comprenda prestaciones médicas y pecuniarias y por todo el tiempo en que cotizó en nuestro país, por tanto no sirve para acreditar el requisito establecido en el artículo 1° de la ley N° 18.156.”, por lo que estima que no es correcto afirmar que la normativa simplemente exige que el técnico extranjero se encuentre afiliado a la seguridad social de su país y que se acredite por cualquier medio, como asegura el recurrente, acompañando, para efectos de acreditar la cobertura previsional en el país de origen, un documento que describa genéricamente los beneficios del sistema de seguridad social extranjero, es indispensable que la autoridad previsional competente certifique, de forma expresa, que el trabajador extranjero ha estado efectivamente cubierto por todos los riesgos exigidos por la Ley N°18.156, lo que incluye en caso de enfermedad las prestaciones médicas y pecuniarias, durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Indica que la citada Constancia Electrónica de Cotizaciones no se encuentra debidamente legalizada ni apostillada, lo cual constituye un requisito esencial para su validez en Chile, considerando que se trata de un documento emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, citando un fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en causa Rol 4242-2025, añadiendo que la Superintendencia de Pensiones se ha manifestado en igual sentido mediante Oficio Ordinario N°32.365, de fecha 27 de diciembre de 2016, instruyendo que “Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán analizar las solicitudes para la obtención de la exención o la devolución de cotizaciones previsionales de los trabajadores técnicos o profesionales extranjeros con estricto apego a los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° la Ley N° 18.156, para cuyo efecto deberán exigir su acreditación mediante la exhibición de documentos apostillados o debidamente legalizados, según corresponda.”, indicando que mediante el Oficio Ordinario N°24.089, de fecha 11 de noviembre de 2019, la Superintendencia reforzó lo señalado anteriormente, añadiendo que el Oficio Reservado N°25.057, de fecha 29 de diciembre de 2023, reafirma esta exigencia al señalar expresamente que “La documentación pertinente que sirva para acreditar los requisitos copulativos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 debe presentarse debidamente legalizada o apostillada, según corresponda.”

Afirma que dicha exigencia reviste carácter obligatorio y no admite interpretaciones alternativas, la legalización consiste en una sucesión de certificaciones de firmas que otorgan autenticidad al documento en el país de origen, mientras que la apostilla, conforme al Convenio de La Haya de 1961, constituye un trámite único y simplificado que cumple la misma finalidad, por lo que el rechazo de la Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales Ley N°18.156 presentada por el recurrente, no constituye un acto arbitrario ni ilegal y responde al cumplimiento estricto del marco normativo vigente y a la aplicación de los criterios técnicos definidos por la propia autoridad competente en la materia, señalando que si bien el recurrente invoca la fuerza mayor o caso fortuito para justificarse, dicha institución no puede utilizarse para eludir el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a un beneficio, por cuanto la fuerza mayor o caso fortuito se utiliza para eximir de responsabilidad a las partes en un contrato o convenio cuando un evento imprevisible e inevitable impide el cumplimiento de las obligaciones, estimando que el recurrente no puede excusar el incumplimiento de los requisitos establecidos para hacer valer un beneficio excepcional en la dificultad que dicho cumplimiento le signifique, citando abundante jurisprudencia acorde con su pretensión, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe del recurso de protección y, con su mérito, rechazarlo por no concurrir los requisitos legales, esto es, porque esta Administradora no cometió acto ilegal o arbitrario alguno, ni menos actuó de manera que cause al recurrente privación, perturbación o amenaza de sus garantías constitucionales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto impugnado consiste en el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por el recurrente al amparo de la Ley N° 18.156, fundada en el incumplimiento de los requisitos establecidos en dicha normativa.

CUARTO: Que, conforme a los antecedentes acompañados, la recurrida fundó su decisión en que el certificado de afiliación al sistema previsional extranjero presentado por el recurrente no acredita de manera suficiente que éste haya contado, durante todo el período de prestación de servicios en Chile, con cobertura en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ni que, en el caso de enfermedad, dicha cobertura comprenda prestaciones médicas y pecuniarias.

Asimismo, la recurrida constató que el documento acompañado carece de apostilla o legalización, requisito exigido para otorgarle validez en el ordenamiento jurídico nacional, atendido su carácter de instrumento público extranjero.

QUINTO: Que, para una acertada resolución de la presente causa, cabe señalar que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional que permite a trabajadores técnicos extranjeros eximirse del sistema previsional chileno, y solicitar la devolución de fondos, siempre que acrediten el cumplimiento copulativo de los requisitos contemplados en su artículo 1°, los que deben ser interpretados de manera estricta por tratarse de una norma de excepción.

De esta forma el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SEXTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento d ellos requisitos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

SÉPTIMO: Que, sobre el particular, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, en causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de sus facultades legales, ha impartido instrucciones de carácter general y obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, en las cuales ha precisado el alcance de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, exigiendo que la acreditación de la cobertura previsional extranjera sea expresa, completa y respaldada mediante documentación debidamente legalizada o apostillada, por lo que dichas instrucciones, emanadas del organismo técnico competente, resultan vinculantes para la recurrida, la cual no puede apartarse de ellas sin incurrir en infracción a la normativa que regula su actuar, por lo que la exigencia de documentación apostillada o legalizada no constituye una creación arbitraria, sino la aplicación de criterios administrativos obligatorios.

NOVENO: Que, por otra parte, la alegación del recurrente relativa a la imposibilidad de obtener documentación apostillada, fundada en la situación de su país de origen, no constituye un fundamento suficiente para eximirlo del cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a un beneficio de carácter excepcional, desde que la fuerza mayor o caso fortuito no resulta aplicable para justificar el incumplimiento de condiciones legales habilitantes.

DÉCIMO: Que, en el escenario descrito no resulta efectivo que la recurrida haya incorporado requisitos no previstos en la ley, sino que ha aplicado la normativa conforme a la interpretación autorizada de la autoridad fiscalizadora, dentro del ámbito de sus competencias, circunstancias que conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo, toda vez que la decisión de la recurrida se encuentra debidamente fundada en antecedentes objetivos y en la normativa vigente, no advirtiéndose en ella arbitrariedad ni ilegalidad.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se resuelve: Que se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Cecilia Aravena López.

N° Protección-4218-2025. (cwm)