nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, once de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de don nombre reservado, técnico de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. (AFP UNO), por el acto que estima ilegal y arbitrario, emitido con fecha 29 de octubre de 2025, consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone que solicitó la devolución de sus fondos al amparo de la Ley N° 18.156, que exime de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros que cumplan ciertos requisitos. Sin embargo, la AFP rechazó la solicitud argumentando, específicamente que el certificado de afiliación previsional del país de origen no estaba debidamente legalizado o apostillado, y que la constancia electrónica presentada no acreditaría suficientemente las prestaciones de seguridad social por los periodos trabajados en Chile.

Sostiene que ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, y que la recurrida incurre en una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador.

Afirma que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que fuera acompañada, es un documento plenamente válido que emana de un organismo público. Subraya que la recurrida incurre en una conducta omisiva al no verificar la afiliación, toda vez que el documento incluye un código alfanumérico (f29e97103-20251009) verificable directamente en el portal web oficial del IVSS, asegurando que la recurrida incorporó requisitos que no están expresamente establecidos en la ley.

Argumenta que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existe representación diplomática venezolana en Chile, lo que hace que la exigencia de apostilla sea un requisito imposible de cumplir, invocando el principio de que “a lo imposible nadie está obligado” y el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito o fuerza mayor, señalando que la falta de apostilla no depende de su voluntad, sino de la crisis de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

Cita diversos pronunciamientos de tribunales superiores de justicia, destacando que la jurisprudencia ha establecido que exigir formalidades adicionales o una interpretación “excesivamente literal y formalista” constituye una “barrera meramente formal” que deviene en una “retención injustificada de los fondos previsionales”.

Estima vulneradas las garantías del artículo 19 de la Constitución Política N°2, esto es, igualdad ante la ley, al dársele un trato desigual y excluyente respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias a quienes sí se les ha otorgado respuesta favorable, y N° 24, esto es, derecho de propiedad, por cuanto se le impide disponer de ahorros que son de su exclusiva propiedad, afectando la esencia de este derecho al imponer requisitos que impiden su libre ejercicio (Art. 19 N° 26), y N° 3, debido proceso, al emitirse un rechazo carente de fundamento y motivación, lo que califica como una conducta caprichosa de la recurrida.

Solicita que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto, se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que se estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado; Notificación de rechazo de la AFP Uno de nombre reservado; Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado; Título profesional apostillado, que acredita profesión nombre reservado; Certificado de cotizaciones emitido por la recurrida, que acredita domicilio de nombre reservado.

A folio 5, Informa la abogada Romina Dalbosco Cornejo, en representación de la recurrida, Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. (AFP UNO), solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas. Sostiene que la acción de protección es de carácter cautelar y requiere la existencia de un “derecho indubitado”, circunstancia que no concurriría en la especie, toda vez que el recurrente pretende ejercer un derecho de excepción sin ajustarse a los requisitos legales definidos.

Expone que, con fecha 29 de octubre de 2025, el afiliado nombre reservado inició el trámite de devolución de fondos como técnico extranjero. La solicitud fue rechazada el 30 de octubre de 2025 por “documentación incompleta”, fundado en que el certificado de afiliación previsional del país de origen no fue presentado debidamente “legalizado/apostillado”; la constancia electrónica acompañada no acredita que el afiliado contara con prestaciones de seguridad social por los periodos trabajados en Chile; la declaración notarial no es el documento idóneo al no ser emitido por una entidad previsional extranjera.

En cuanto al derecho señala que en Chile rige el principio de territorialidad en materia previsional, y que la exención para técnicos extranjeros es una situación de excepción que exige requisitos copulativos: calidad de técnico, afiliación previa en el extranjero (con cobertura de enfermedad, invalidez, vejez y muerte) y voluntad expresa en el contrato.

Argumenta que, conforme al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse “debidamente legalizados o apostillados”. Indica que la AFP no tiene facultades para prescindir de una exigencia legal expresa, cuya finalidad es garantizar la autenticidad y seguridad jurídica del sistema.

Reconoce la inexistencia actual de representación diplomática venezolana, pero afirma que ello no habilita a la AFP para incumplir la ley. Cita el Oficio Ordinario N° 12954 (17 de julio de 2025) de la Superintendencia de Pensiones, que instruye explícitamente que las certificaciones electrónicas venezolanas sin firma, apostilla o legalización no sirven como medio de prueba. Revela que la recurrida consultó a la Superintendencia la posibilidad de validar documentos mediante plataformas web, propuesta que fue “rechazada por el organismo fiscalizador” por escapar a su competencia.

Sostiene que la simple remisión a un portal de internet o código de verificación “no sustituye la exigencia de presentación de un documento formal” bajo la normativa chilena. Afirma que acceder a lo solicitado implicaría un trato desigual respecto de otros afiliados y vulneraría la “confianza legítima” en la aplicación uniforme de la ley.

Niega que su actuar sea ilegal o arbitrario, argumentando que se limitó a dar cumplimiento a sus obligaciones legales y a las instrucciones vinculantes de su órgano regulador. Cita jurisprudencia de Cortes de Apelaciones, confirmadas por la Excma. Corte Suprema, que validan la exigencia de estándares normativos para documentos extranjeros y descartan la arbitrariedad de las AFP cuando estas actúan bajo directrices de la Superintendencia.

Concluye que no existe agravio ni vulneración de garantías constitucionales (Igualdad ante la ley o Derecho de Propiedad), pues la Administradora jamás ha desconocido la titularidad de los fondos, sino que ha velado por la legalidad del procedimiento de devolución.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Contrato de Trabajo con APFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE GENERALES DE CHILE S.A; Modificación de Contrato de Trabajo con MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE GENERALES DE CHILE S.A; Título de Técnico Superior Universitario en Administración otorgado por el Colegio Universitario Profesor José Lorenzo Pérez; Apostilla de Título Profesional; Certificado de Constancia de Cotizaciones; Declaración Jurada ante notario; Extracto Oficio Reservado N°25057 de fecha 29 de diciembre de 2023 emitido por la Superintendencia de Pensiones que comunica sobre la autenticidad de los documentos apostillados y la cadena de legalización de antecedentes presentados por extranjeros contenido en el Oficio Reservado N° 2966, de fecha 3 de agosto 2023, la División de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores; Extracto Oficio Ordinario N°2119 de fecha 30 de enero de 2025 emitido por la Superintendencia de Pensiones; Oficio Ordinario N° 12954 de fecha 17 de julio de 2025, emitido por la Superintendencia de Pensiones que comunica sobre la acreditación del cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, establecido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, en relación con la situación de afiliados de nacionalidad venezolana.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

QUINTO: Que, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar - en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

SEXTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A. ,por estimar que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria, que constituya amenaza o afectación de sus derechos fundamentales.

Acordada en contra del voto del ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala, quien fue estuvo por acoger el recurso, teniendo en consideración para ello que la decisión de la administradora de pensiones de no acceder a la devolución de fondos previsionales solicitada por el recurrente , ateniéndose sólo a un requisito formal – la legalización o apostilla- se vislumbra como una medida desprovista de razonabilidad y proporcionalidad, pues se trata de un documento que da cuenta en lo formal, de lo exigido por nuestra legislación; y al hecho público y notorio, de la dificultad o imposibilidad de obtención para los ciudadanos venezolanos, en las actuales circunstancias, sin vínculos diplomáticos, lo que transforma el acto de la recurrida en uno caprichoso y, por ende, arbitrario. Así, adicionalmente, la actuación de aquella, al levantar una barrera meramente formal para el solicitante, perturba el legítimo ejercicio del derecho de propiedad que le asiste sobre sus ahorro previsionales, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que dicha propiedad implica la facultad de disponer de sus fondos de acuerdo con las hipótesis que la ley contempla.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el ministro titular Sr. Carlos Gutiérrez Zavala.

N°Protección-4217-2025. (csd)