nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, nueve de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, y don nombre reservado.

ANTECEDENTES:

Señala que es propietario de dos inmuebles, el primero de ellos denominado Hijuela 22 el cual se encuentra inscrito a fojas 1889 N°1816 del año 2022 del Registro de Propiedad del Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco. El segundo inmueble denominado Hijuela 23 el cual se encuentra inscrito a fojas 8509 N°4008 del año 2021 del Registro de Propiedad del Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco. Dichos predios se encuentran ubicados en km 1,5 camino Quepe a Boroa, sector puente Coipo, comunidad Indígena nombre reservado y nombre reservado en la comuna de Freire.

Indica que don nombre reservado, posee acciones y derechos que recaen sobre inmueble denominado Hijuela 19, lugar donde ha construido su casa habitación y, vive junto a su hijo nombre reservado.

Agrega que para los efectos de ingresar a las hijuelas anteriormente mencionadas, existe una servidumbre de tránsito que permite el acceso desde el domicilio reservado, atraviesa el estero Huilquilco, de tal manera de poder acceder a las hijuelas números 23 y 22.

Que, tal servidumbre no solo permite el acceso a las restantes personas que residen en el lugar, sino que es posible acceder mediante vehículos, maquinarias o tractores.

Hace unas semanas atrás, en circunstancias que circulaba conduciendo su tractor por la servidumbre de tránsito y, con el propósito de acceder a su inmueble, don nombre reservado lo detuvo y le señaló que tanto él como su padre no deseaban que ocupara dicho camino, ya que les ocasionaba molestias y, que tal servidumbre no podía ser utilizada para acceder a otras hijuelas que no fueran las hijuelas 18 y 19.

Dada la forma en que se dirigió a él, no tuvo otra alternativa que dejar de ir a su predio, y no pudo seguir realizando labores agrícolas tales como desmalezamiento, arado y siembra.

Existe un temor fundado de su parte para no ingresar a su predio, ya que la persona se presenta de manera agresiva y, podría atentar contra su vehículo, maquinaria agrícola o tractor.

Indica que su hijo también ha sido advertido de no ingresar por dicho camino o servidumbre y, en él también se ha generado un temor justificado para no volver a ingresar a nuestra propiedad.

Al día de hoy la situación se torna apremiante y angustiosa, toda vez que debe realizar la preparación del suelo mediante la limpieza y arado del terreno, para posteriormente proceder a la siembra. Sin embargo, tales actividades no las puede llevar a efecto por el impedimento que significa la acción de los recurridos, quienes se muestran decididos a impedir el paso por la referida servidumbre.

La servidumbre en cuestión ya existía desde hace larga data puesto que era utilizada precisamente para permitir el acceso de los vecinos y propietarios anteriores.

En el año 2005 se procedió a realizar una subdivisión de hecho ante Conadi por parte de los herederos de la sucesión de don nombre reservado, elaborándose un plano en el cual es posible apreciar la existencia de la servidumbre la que atraviesa las hijuelas 18, 19 y cruza el estero Huilquilco permitiendo el acceso a la hijuela 23.

Dado los antecedentes expuestos, la acción desplegada por los recurridos en el sentido de impedirle el acceso o el tránsito por el camino que existe desde antigua data, obedece solo a un capricho carente de sustento legal y absolutamente arbitrario.

Respecto de la servidumbre, tanto él como el resto de los vecinos poseen una especie de derecho de propiedad, toda vez que tal camino les permite acceder a sus viviendas y desarrollar las actividades cotidianas. Este derecho se funda, además, en la costumbre indígena, ya que se constituye inicialmente en un acuerdo verbal y, se consolida con el transcurso del tiempo, donde el uso habitual del camino se transforma en norma y es respetado por todos los comuneros, aun cuando muchas veces no se consagre en un documento escrito.

Según lo dispuesto en el artículo 2 del código civil en relación a lo señalado en el artículo 54 de la ley 19.253 y artículo 8 del Convenio 169 de la OIT, la costumbre, en este caso constituye derecho y se debe resguardar de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico.

Nadie puede privar a otra persona de acceder hacia su vivienda o inmueble, más aun considerando que el acceso se ha constituido a lo largo de los años y, era anterior a la presencia de los actuales propietarios.

A la fecha existen muchos vecinos del lugar que utilizan dicha servidumbre, ya que el terreno se ha ido subdividiendo en pequeños lotes tal como lo demuestra el plano o cartografía digital elaborado por el servicio de impuestos internos donde se puede constatar los diversos roles y propiedades.

Resulta imperioso que se resuelva la presente controversia de relevancia jurídica, toda vez que se ve afectado uno de los derechos más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, cual es, el derecho de propiedad.

No caben dudas que la acción desplegada por los recurridos priva, perturba y amenaza nuestros derechos fundamentales, y se transforma en arbitraria e ilegal toda vez que vulnera lo dispuesto en el artículo 19 N°24 de nuestra fundamental. Esta norma garantiza el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, y nadie puede impedir el uso y goce de un derecho legalmente adquirido sin que medie una decisión judicial.

ANTECEDENTES DE DERECHO:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: N°24º: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.

Articulo 1° inciso cuarto: El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.

CONVENIO 169 DE LA OIT.

ARTÍCULO 4 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

ARTICULO 8 1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

ARTÍCULO 13 1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

LEY 19.253 de la Costumbre Indígena y su Aplicación en Materia de Justicia Artículo 54.- La costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia, constituirá derecho, siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República.

Pide resolver que los recurrido han actuado en forma arbitraria e ilegal, privando y perturbando el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales aseguradas en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ordenando o disponiendo lo siguiente:

a)

Que, se abstengan de realizar acciones que le impidan el tránsito o el uso de la servidumbre de tránsito actualmente existente en el lugar, permitiéndole el acceso hasta los inmuebles de su propiedad denominados hijuela 22 y 23 b)

Lo anterior, con expresa condenación en costas.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de inscripción hijuela 19; 2. Copia inscripción hijuela 22; 3. Copia inscripción hijuela 23; 4. Plano subdivisión de hecho elaborado por Conadi 2005; 5. Tres cartografías digitales del SII; 6. Fotografía Google maps.

A folio N°14 evacuan informe los recurridos nombre reservado, y nombre reservado quienes solicitan el rechazo del recurso, con costas.

1.- Indican que es efectivo que, de acuerdo a las escrituras públicas, inscrita en el Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco, el recurrente es propietario de las hijuelas N° 22 y N° 23, ubicadas en sector Quepe, comuna de Freire.

2.- Es efectivo, que poseen acciones y derechos respecto de la hijuela N° 19.

3.- Que, para efectos de ingresar a las hijuelas N° 22 y N° 23, existe una servidumbre de tránsito legalmente constituida, que bordea las antes mencionadas hijuelas, que da acceso de salida y entrada con la carretera panamericana sur, por tanto, la supuesta servidumbre que menciona el recurrente, no corresponde al uso o goce de su persona.

4.- Que consta en certificados de dominios vigentes y plano que acompañaremos, que tales servidumbres se encuentran inscritas en el segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco, detallando de la siguiente manera:

_ Servidumbre que da acceso a hijuela N° 22: inscrita a fojas 1597, número 1457, del año 2009, en el segundo Conservador de bienes raíces de Temuco.

_ Servidumbre que da acceso a hijuela N° 23: inscrita a fojas 3384, número 2936, del año 2008, en el segundo Conservador de bienes raíces de Temuco.

5.- Afirma que es el recurrente quien está dando un mal uso a una acción constitucional, y así pretender, un acceso e ingresar por su predio, vulnerando gravemente su derecho de propiedad, además se derivan afectaciones de carácter físico y psíquico toda vez que, producto de su actuar deshonesto, ha provocado agravio con efectos permanentes y continuados en el estado de salud de nombre reservado, ya que tiene un diagnóstico médico de “hipertensión, insulinodependiente, bronquiectasia, y estudio de tiroides”. Perturbando y amenazándo el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales.

6.-Antes de terminar es importante señalar que no existe vulneración alguna hacia el recurrente, pues en su pretensión hace referencia en todo momento “a supuestas servidumbres de tránsito”, no inscritas legalmente, mientras que existe legalmente una servidumbre constituida en favor de sus dos hijuelas, no se ha verificado servidumbre de tránsito alguna como la que menciona el recurrente, y que la vulneración recae sobre los recurridos.

7.- Finalmente hay que tener presente que este recurso de protección no es la vía legal correcta para hacer valer supuestos derechos del actor, es erróneo en cuanto a la acción interpuesta, pensar que este Ilustrísimo Tribunal podría constituir una ¨servidumbre¨, pues debe accionarse en Tribunales Ordinarios de acuerdo lo establece el artículo N° 847 del Código Civil.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Certificado de dominio vigente de Servidumbre que da acceso a hijuela N° 22: inscrita a fojas 1597, número 1457, del año 2009, en el segundo Conservador de bienes raíces de Temuco; 2.- Certificado de dominio vigente de Servidumbre que da acceso a hijuela N° 23: inscrita a fojas 3384, número 2936, del año 2008, en el segundo Conservador de bienes raíces de Temuco; 3.- Copia de plano vigente, de Servidumbre que da acceso a hijuela N° 22 y Servidumbre que da acceso a hijuela N° 23, copia que se encuentra archivada bajo el número 283, del año 1981; 4.- Certificado médico de don nombre reservado, de fecha 26 de junio de 2024.

A folio N°16 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para su procedencia se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia de la acción reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción; c) que de la misma se siga un directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas, protegidas por esta vía; d) que esta Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección pedida; y, e) en lo formal, que se interponga dentro de plazo.

TERCERO: Que, la actuación cuya ilegalidad y arbitrariedad se denuncia, se ha hecho consistir en el cierre del ingreso habilitado desde a lo menos el año dos mil cinco al inmueble propiedad de la recurrente lo que vulneraría la garantías consagrada en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, la recurrida la recurrida manifestó que efectivamente limito el ingreso ya. Que dicho camino lo habría dispuesto su padre solo para efectos de la parcelas vecinas donde solo vienen parientes y no para nuevos vecinos. Que permitió por buena voluntad el ingreso de la recurrente por su predio en todo este tiempo. Que la recurrente tiene acceso a su predio desde la carretera, pero no ha querido invertir en la correcta habilitación del éste.

QUINTO: Que, para que el recurso de protección sea acogido, es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, en consecuencia, resulta ser un hecho indubitado que se ha limitado y suspendido el acceso al predio de la recurrente, situación reconocida por las partes, como así la recurrida ha reconocido que dicha vía de ingreso existe a lo menos desde el año dos mil cinco, lo que resulta ser una alteración de una situación de hecho preexistente, cuya ejecución se visualiza como una acción carente de racionalidad, prudencia y propia de una autotutela, más aún si se atiende a la circunstancia que la recurrida, reconoce que se hizo en ejercicio un supuesto derecho de dominio que tienen sobre el predio de su propiedad.

Por estas consideraciones y, visto lo dispuesto en el artículo 19 N°3 y 24; artículo 20, todos de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y don nombre reservado, sólo en cuanto, se otorga al recurrente la protección solicitada, por el término de seis meses contados desde esta fecha, lo cual implica que la parte recurrida, dentro de tercero día de notifica la presente resolución, deberá otorgar al actor todas las facilidades para que pueda transitar libremente y sin embarazo alguno por el camino señalado, retirando totalmente todo tipo de obstáculos que impidan la entrada y salida del recurrente a su predio, mientras éste último realiza las gestiones particulares para el ingreso a su predio desde camino público o de acceso público o regularice el ingreso, accionando según lo que en derecho corresponda.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción Abogado Integrante Sr. Cristian Carvajal De Vicenzi.

Rol N° Protección-4210-2024.(jog)