nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Temuco Temuco, catorce de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparecen Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, Abogado, por sí y a favor de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de La Araucanía, interponiendo acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana De nombre reservado, por el rechazo de retiro de fondos de pensiones de 27 de octubre de 2025, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho:

Comienza su recurso indicando nombre reservado, previamente individualizada, solicita ante la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Posteriormente, el protegido es notificado del contenido de la decisión de la administradora, que rechazaba la solicitud, con fecha 27 de octubre de 2025 por los siguientes motivos:

En atención a la solicitud de la referencia, en conformidad a disposiciones establecidas por la Superintendencia de Pensiones en su compendio de normas, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 18.156, por instrucciones de la Fiscalía de esta Administradora, se ha procedido a detener su solicitud de devolución de fondos para técnicos extranjeros por la razón que se detalla a continuación:

En relación con la documentación por usted aportada a AFP Provida S.A., se le hace presente que la Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el 14 de octubre del 2025, no permite acreditar que da cumplimiento al requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita que usted se afilió el 29 de agosto del 1994 al IVSS, no acredita que usted efectivamente hubiese podido acceder a la cobertura señalada durante todo el periodo en que prestó servicios en Chile. Adicionalmente, en el caso de la cobertura por enfermedad, la constancia no señala que comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Además, no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, por lo que tampoco se puede considerar una declaración jurada, para dar continuidad a su trámite.

A continuación, cita la ley 18.156, en sus artículos N°1 en relación con el artículo N°7 de la siguiente forma:

“Artículo N°1: Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

· Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y;

· Que el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Artículo N°7: En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.”

Explica que nombre reservado, realiza su solicitud de retiro de fondos previsionales, debido a que el recurrente al ser profesional extranjero cumple con los requisitos señalados. En consecuencia, se evidencia que el recurrente ha dado cumplimiento íntegro de los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con un obstáculo en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Hace presente que que el certificado de afiliación puede ser verificado y validado link: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss.

Expone que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la acción arbitraria e ilegal por parte de la recurrida, deducida en la Notificación de fecha 27 de octubre de 2025, que rechaza la solicitud de devolución de fondos de AFP Provida, siendo que la solicitud cumple con lo señalado en la ley N°18.156 y modificada ley N°18.726, dando íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos e informado por la Superintendencia de Administraciones de Fondos de Pensiones, situación que la deja en completa vulnerabilidad e incertidumbre, ante un hecho completamente ilegal y arbitrario.

Profundiza sus argumentos haciendo presente que de la simple lectura del rechazo de parte de la administradora de fondos de pensiones argumentando genéricamente que el certificado de afiliación que se acompaña no se encuentra vigente y, que no puede ser verificado, no obstante, la normativa especial no realiza distinciones, siendo que solamente se limita en señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, sea a lo menos técnico y, que manifieste la voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen en el contrato de trabajo o en sus anexos, requisitos que en la especie se cumplen en su totalidad.

Considera vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 numeral 2 de la Constitución Política de la República ya que la recurrida le ha dado un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, cumpliendo con lo solicitado por el servicio recurrido a otorgado respuesta favorables.

Agrega que se vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la de la Constitución Política de la República debido a que se rechaza al margen de la ley la devolución de fondos que son de propiedad.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra la Administradora de Fondos de Pensiones Provida de fecha 27 de octubre de 2025, por el Acto Ilegal y Arbitrario, que Rechaza la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero lo que impide la devolución de fondos previsionales, rechazando de forma ilegal y arbitraria su solicitud de Devolución de Fondos Previsionales, obrando en contra de lo establecido en la Constitución Política de la República y lo establecido en la ley N°18.156, que faculta la devolución de los fondos a los extranjeros, acompañando documentos probatorios al primer otrosí de esta presentación, ordenando que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes argumentos:

1. Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado.

2. Notificación de rechazo de la AFP Provida de nombre reservado.

3. Título profesional apostillado, que acredita profesión de nombre reservado.

4. Anexo de contrato de trabajo que manifiesta la voluntad del recurrente de estar afiliado a la seguridad social de su país de origen de nombre reservado.

5. Constancia de afiliación vigente de nombre reservado.

A folio 5 evacua informe la abogada Ana María Herrera Brummer en representación de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. indicando lo siguiente:

Expone que el recurso de protección fue ideado como un medio eficaz para situaciones urgentes, con el objeto de prestar inmediato amparo al afectado en caso de que un derecho o garantía se encuentre privado, perturbado o amenazado, sin embargo, claramente en estos autos se desprende que no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección considerando que esta no es la vía idónea para resolver una materia que es de lato conocimiento.

Luego indica que si bien el recurrente aporta al presente recurso una constancia de cotización sin firma, esta no puede ser considerada, ya que, según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Agrega que del análisis de jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones referida al valor probatorio en Chile de los documentos expedidos en el extranjero, resulta evidente que las certificaciones electrónicas (Constancias Electrónica de Cotizaciones) emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.- Argumenta que respecto de la apostilla, se debe hacer presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana. Lo anterior, en conformidad con los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Precisa que sobre este último punto, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la Constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) emitida en representación de la autoridad previsional por la delegación consular de ese país en Chile, era útil para los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) precedente.

Luego cita jurisprudencia en apoyo a sus argumentos.

Pide rechazar en todas sus partes el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas, fundado en que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, y en subsidio, por cuanto mi representada, la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida, no ha asumido una actitud arbitraria e ilegal, por todo lo latamente expuesto.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

SEGUNDO: Que es preciso tener presente que los artículo 1° y 7º de la Ley N° 18.156 establecen la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, pudiendo solicitarse la devolución de los fondos previsionales que se hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 ° de esta ley.

Sobre el particular, el referido artículo 1º señala que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744.”

TERCERO: Que por su parte, el artículo 3° del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social sobre Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, indica: “Corresponde a la Superintendencia las siguientes funciones: i) Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradora.”

De conformidad a esto la señalada autoridad ha dictado el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en cuyo Libro II , Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, el que en su artículo 1 ° letra b ) indica que el cumplimiento del requisito de la letra a) del artículo 1 ° de la Ley N°18.156, debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

CUARTO: Que conforme lo hasta aquí indicado, se debe concluir que el documento aportado por el actor no cumple con las exigencias necesarias para tener por acreditados los requisitos contenidos en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, toda vez que es, no señala las coberturas con las que cuenta el afiliado sino que menciona de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional de su país de origen, de acuerdo al artículo 1° de la Ley del Seguro Social y, además, no se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, motivos por los cuales se deberá rechazar la acción constitucional de protección interpuesta por el actor.

QUINTO: Que sin perjuicio de lo que se resolverá, se debe hacer presente que el actor conserva su derecho a solicitar nuevamente la devolución de las cotizaciones previsionales pagadas a la recurrida, cuando cuente con los documentos necesarios, susceptibles de ser validados por el organismo o la autoridad correspondiente.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.- Redacción a cargo del Ministro Sr. Álvaro Mesa Latorre.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-4198-2025.(csd)