nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

C.A. de Temuco Temuco, doce de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, auxiliar de aseo, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, Rol Único Tributario Nº 70.016.330 -K, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por su Gerente General don nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, a fin de que se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que en su calidad de trabajadora dependiente, el 16 de octubre de 2018, suscribió un contrato de mutuo con la recurrida, bajo la nomenclatura “N° de crédito: 104136149”, por un monto total de $2.333.848.- pagadero en 60 cuotas de $77.125.- pesos, salvo la última de $77.275.- pesos, señalando que el crédito mencionado comenzó a ser pagado en la modalidad de descuento en su liquidación de sueldo a partir del mes de noviembre de 2018, y que se fue descontando hasta el mes de septiembre de 2019, fecha en la cual fue desvinculada de mi trabajo, por lo cual, se pagaron 11 cuotas del mismo.

Expone que, en Julio de 2024, encontró trabajo nuevamente como auxiliar de aseo en la Corporación Educacional El Bosque Rol Único Tributario N° 65.115.066-3 (Liceo Camilo Henríquez), y que, en el mes de noviembre de 2024, según le informan en el departamento de contabilidad de su empleador, por instrucción de la recurrida, comienzan a descontarle este crédito nuevamente cada mes hasta el día de hoy, señalando que nunca fue notificada de la existencia de cobro alguno, ni judicial ni extrajudicial, relacionado con esa deuda, añadiendo que tras 5 años de inactividad por parte de la Caja de Compensación, se le aplica un descuento por el mismo concepto, sin previo aviso y de forma arbitraria.

Destaca que hasta la fecha, la Caja de Compensación recurrida no ha interpuesto demanda o acción judicial alguna en su contra, ni ha declarado acelerada la deuda que, en su momento, fue pactada en cuotas, señalando que no existe título ejecutivo que respalde este descuento que se realiza directamente desde su sueldo, el cual se efectúa se realiza invocando la Ley de Cajas de Compensación, pero sin que medie notificación previa o base legal clara, señalando que la deuda en cuestión estaría prescrita conforme a las normas del Derecho Civil, y nunca ha sido demandada ni notificada de modo formal respecto del eventual cobro, indicando que la recurrida, en lugar de accionar legalmente en tiempo y forma, opta por efectuar un descuento unilateral, valiéndose de su posición para instruir a su empleador a retener parte de su salario sin justificación legal válida, incurriendo en una conducta abiertamente arbitraria.

Afirma que han transcurrido más de cinco años desde que la obligación cayó en mora, encontrándose actualmente castigada por parte de la Caja de Compensación, sin que durante ese lapso la Caja de Compensación haya efectuado gestión alguna tendiente a perseguir el cobro de la deuda, ya sea judicialmente o conforme a las herramientas que le otorga la ley 18.833, señalando que la situación la deja en un estado de total indefensión, pues luego de más de 5 años un porcentaje importante de su remuneración le es arrebatada de forma totalmente arbitraria, siendo un actuar antojadizo de la recurrida, pues está reviviendo de manera unilateral un derecho que el artículo 22 de la ley 18.833 le otorga a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente sus créditos.

Sostiene que el actuar de la recurrida vulnera abiertamente el derecho de propiedad, en lo relativo a su remuneración, consagrado en el artículo 19 n°24 de la Constitución Política de la República, siendo la presente acción el único remedio que puede poner un rápido fin a dicho actuar y así restablecer el imperio del derecho, señalando que el artículo 22 de la ley 18.833 faculta a las Cajas de Compensación a efectuar los denominados “descuentos por planilla” directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, sin embargo, dicha entidad es un órgano intermedio sujeto a la Carta Fundamental y a las leyes, de tal modo que no puede hacer un uso irracional y caprichoso de las derechos y facultades que el ordenamiento jurídico les confiere.

Relata que este crédito fue contraído el año 2018 y se cayó en mora hace más de cinco años, por lo que ha transcurrido un lapso mayor al del año que la ley exige para la prescripción extintiva de las acciones cambiarias emanadas del pagaré, resultando del todo irracional, abusivo y, por consiguiente, arbitrario, que la recurrida haga uso del artículo 22, sin previo aviso y sin que tenga posibilidad de defenderme ante una deuda susceptible de ser declara prescrita, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causas Rol 23.258-2018, Rol 68.700-2016 y Rol 2895-2018, afirmando que fue privada de forma íntegra de su remuneración y también de las expectativas económicas ligadas a su trabajo, vulnerando con ello el art. 19 n°24 de la Carta Fundamental.

Finalmente solicita que se tenga por deducido Recurso de Protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, ya individualizada, darle tramitación y en definitiva acogerlo en todas sus partes, declarando arbitrario e ilegal los hechos descritos en el cuerpo principal de esta presentación, ordenándose a fin de restablecer el imperio del derecho y declarar: 1.- Que la recurrida deberá abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos a mis remuneraciones. 2.-Que deberá reembolsar los montos que indebidamente se hubieren descontado, debidamente reajustados, en un plazo de 5 días hábiles o del que la Corte mejor estime. 3.-Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

A folio 7, comparece la abogada Rosario Infante Medina, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, entidad de previsión social, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien evacúa el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

Señala que en atención a sus facultades legales, su representada reinició los descuentos de las cuotas de las liquidaciones de sueldo de la recurrente en el mes de noviembre de 2024, mediante instrucción otorgada a su entidad empleadora, cuota que fue pagada a su representada con fecha 27 de diciembre de 2024, como consta en cartola acompañada en un otrosí de su presentación, siendo descontada la cuota de su remuneración de febrero de 2024, añadiendo que su representada, además, ha dado cumplimiento estricto a lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social en el Compendio de Crédito Social, en el punto 1.17.3. “Reinicio de Descuentos”, al enviar el correspondiente aviso, informándole que tiene una deuda de crédito social impaga por los meses que se individualizan y que los descuentos de las cuotas de crédito social se reanudarían de conformidad a lo acordado entre las partes al momento de otorgarse el crédito, esto es, mediante descuento en las remuneraciones, acompañando copia de la carta enviada.

Expone que una vez transcurrido el plazo de 15 días otorgado para que ejerciera alguna de las alternativas ofrecidas, esta no concurrió, por lo que su representada procedió a informar a su empleador del descuento de las cuotas referidas, añadiendo que previo al envío de la carta referida su representada realizó diversos esfuerzos por contactar a la recurrente mediante llamados telefónicos, siendo infructuosa la cobranza extrajudicial, pero en ningún caso existió inactividad de parte de CCAF Los Héroes en cuanto al cobro de lo adeudado por la señora nombre reservado, haciendo presente que a la fecha de esta presentación no existe juicio vigente respecto del referido crédito y tampoco se ha declarado la prescripción ni de la acción cambiaria emanada del pagaré, ni de la acción ordinaria emanada del contrato de mutuo.

En cuanto al Derecho, señala que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social, sin fines de lucro, como las define el artículo 1º de la ley 18.833 (igual que IPS, FONASA, AFP, Mutual), que tienen como objeto exclusivo administrar los regímenes de seguridad social que la ley establece, entre los cuales figuran aquellos que corresponden a prestaciones de bienestar social y seguridad social, incluido el crédito social regulado, entre otros, en el artículo 19 N° 3 y artículo 22 de la mencionada Ley N° 18.833. En particular el artículo 22 inciso primero, recién citado, expresa textual lo siguiente: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Argumenta que en esta materia Los Héroes puede actuar al alero de la ley 17.322, al tratarse el crédito social de un equivalente a una cotización previsional, indicando que para cumplir con su objetivo, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar administran un Fondo Social, con el cual financian diversas prestaciones en favor de sus afiliados, las prestaciones que forman parte de sus regímenes de bienestar social, esto es, prestaciones adicionales, prestaciones complementarias y crédito social, señalando que la Institución fiscalizadora directa que controla el cumplimiento de la legislación por parte de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, es la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), quien, dentro de sus tantas funciones, tiene por objeto impartir instrucciones para proteger y evitar el desmedro del Fondo Social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar y regular su funcionamiento, indicando que las Cajas de Compensación tienen el imperativo legal de efectuar todas las gestiones de cobranza que le permite la ley y le ordena su ente fiscalizador, para obtener el recupero del crédito social, para evitar el desmedro del Fondo Social, añadiendo que en dicho sentido se ha pronunciado la SUSESO en Dictamen de fecha 3 de septiembre de 2021 al señalar que “a las C.C.A.F. les asiste la obligación de efectuar las acciones necesarias de resguardo del Fondo Social, entre ellas, la de efectuar la cobranza de 3 las cuotas de estos créditos a través del descuento en las remuneraciones de los trabajadores”.

Alude a los requisitos de la acción de protección, indicando que cuando la señora nombre reservado solicita su crédito lo hizo comprometiéndose que lo pagaría en 60 cuotas mensuales, las que han sido descontadas de su remuneración tal fuera acordado al momento de la contratación del crédito, de manera que no advierte derecho de propiedad vulnerado, señalando que es un deber ineludible de las Cajas de Compensación, obtener el pago de los créditos para no perjudicar al Fondo Social que beneficia a otros trabajadores, igual que benefició al recurrente.

Sostiene que en cuanto al derecho de propiedad que la recurrente estima vulnerado, respecto del crédito no existe juicio de cobranza vigente en su contra, añadiendo que conforme lo permite el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil y la Ley 17.322, solicitó reiniciar los descuentos de las cuotas de los créditos sociales, mediante el envío de nómina a su empleador, por lo que no existe aquí un actuar “caprichoso” o “injustificado” de parte de la Caja de Compensación al cobrar la deuda pasado un tiempo después de haber recibido el último pago de cuota, pues se reinició el cobro extrajudicial, tal cual lo permite el señalado artículo 156.

Afirma que al momento de suscribir el contrato de mutuo se autorizó expresamente a la Caja de Compensación a hacerse del pago de las cuotas mediante dichos descuentos y cuando solicitó su préstamo se “enriqueció”, al obtener un beneficio de aquello, se le entregó una suma de dinero que destinó a cubrir alguna necesidad que tenía en ese momento, y que de no haber obtenido ese préstamo no la podría haber satisfecho y quizás hasta habría sufrido un perjuicio o un daño por la falta de ese dinero, añadiendo que dada la naturaleza propia del contrato de crédito, se comprometió a devolverlo a 60 meses plazo, aceptando pagar el precio por esa facilidad (los intereses), y respecto de todo ello manifestó su voluntad libre y espontáneamente suscribiendo al efecto el contrato y su pagaré, siendo ella misma aceptó que se le descontaran mensualmente las cuotas de un préstamo.

Manifiesta que lo único que ha hecho la recurrida es descontar mensualmente las cuotas de un crédito contratado libremente con la recurrente, hacer lo contrario sería lo criticable, pues en ese caso ciertamente que Los Héroes caería en un incumplimiento de sus obligaciones como entidad previsional mandatada por ley para velar por la integridad del Fondo Social y fiscalizada para ello por la Superintendencia Social, pudiendo en ese evento ser justificadamente reprochable su actuar negligente y perjudicial frente a innumerables trabajadores que por desidia de su representada verían mermada su posibilidad de obtener préstamos a bajo precio y con facilidades de otorgamiento debido a su condición de afiliados, citando fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 6827-2009, negando la existencia de una infracción a norma constitucional, como pretende la recurrente, ni afectación al “derecho de propiedad”, afirmando que lo único que pretende la recurrente con su actuar, es eximirse de sus obligaciones legalmente contraídas, perjudicando con ello el Fondo Social y a otros afiliados.

Sostiene que la Caja de Compensación Los Héroes sólo ha ocupado los medios de cobro que establece Ley 17.322 (Artículo 2), criterio que ha sido ratificado por la Superintendencia de Seguridad Social, la Contraloría General de La República y la Dirección del Trabajo. (Dictámenes N° 2907/036 del año 2014 y N°4527/93 del 2011 de la Dirección del Trabajo. Dictámenes, Nº 3646-2017 N° 14.951 -2019, de la Contraloría General de la República), señalando que la recurrida ha actuado en conformidad con toda la normativa establecida para las instituciones de previsión social, que es, realizar las gestiones de cobranza que permite la Ley 17.322 y la Ley 18.833, tendientes a recuperar los dineros que se deben al Fondo Social que administra, añadiendo que la Superintendencia de Seguridad Social, en su Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (que reemplazó a la antigua Circular 3567), establece que las Cajas de Compensación no pueden permanecer en inactividad respecto de la mora y deben ocupar todos los medios de cobro que le permite la legislación para recuperarlo, citando diversos fallos pronunciados sobre la materia, en causa Rol 352-2022 de la Corte de Apelaciones de Santiago y en causa de protección Rol ingreso Corte 704-2022.

Argumenta que en este caso no se ha declarado ni la prescripción de la acción ordinaria derivada del mutuo, ni la prescripción de la acción cambiaria derivada del pagaré, por ende, y tal como lo ha reconocido nuestra entidad fiscalizadora, la Superintendencia de Seguridad Social hasta el momento y mientras no se declare la prescripción de ambas acciones se puede perseguir legalmente el recupero de nuestras acreencias, indicando que la señalada Superintendencia ha indicado en Dictamen 144477-2022, de fecha 25 de octubre de 2022, lo siguiente “que las Cajas de Compensación disponen de dos acciones distintas e independientes para cobrar lo adeudado por un crédito social, esto es, la acción cambiaria derivada del pagaré, cuya prescripción de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la ley N° 18.092 es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento y la acción ordinaria del contrato de mutuo que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 2515 del Código Civil, prescribe en el plazo de cinco años. Que se debe tener presente que si bien el tribunal puede haber declarado la prescripción de la acción ejecutiva o cambiaria, subsiste la acción ordinaria, por lo que al no existir antecedentes que den cuenta de haberse alegado y declarado la prescripción de esta última acción, debe entenderse que su obligación de pago se mantiene vigente y proceden las acciones de cobranza de las cuotas.”

Sostiene que la Superintendencia refrenda claramente en este Dictamen el ejercicio de su derecho a accionar contra el deudor de un crédito social mientras no se declare la prescripción, refiriéndose aquí a un caso donde está prescrita la acción cambiaria derivada del pagaré, a raíz de lo cual reafirma que queda a salvo la acción ordinaria derivada del mutuo, añadiendo que para que la prescripción opere no basta solamente con el transcurso del tiempo, sino que debe ser alegada y un Tribunal la debe declarar, por lo que ambas acciones están plenamente vigentes y exigibles, señalando que para enervar dicha situación se debería accionar en contra del referido contrato y/o del pagaré, y como ello no ha ocurrido en el presente caso, nada impide a Los Héroes perseguir el cobro de las cuotas adeudadas, vía descuento de la remuneración del trabajador, lo que se ajusta a la normativa vigente no existiendo aquí un actuar ilegal o arbitrario, como se ha pretendido, sino que el ejercicio de un derecho consagrado legalmente, que, si se desconociese, caería claramente en un incumplimiento legal, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa de protección Rol ingreso Corte 352-2022 y fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Talca en causa de protección N°1562-2024.

Afirma que el recurso de protección presentado debe ser rechazado, toda vez que CCAF Los Héroes no ha incurrido en ningún hecho arbitrario e ilegal, ya que sólo ha descontado las cuotas según lo acordado legalmente con la recurrente, que no ha infringido la garantía constitucional de derecho de propiedad por cuanto sólo se ha limitado a cobrar un dinero que le pertenece y lo ha hecho respaldado por un contrato cuyas condiciones se ajustan plenamente a la ley y fueron aceptadas por la recurrente y que lo solicitado por la recurrente transgrede su derecho, ya que está solicitando la devolución de cuotas de crédito social descontadas legalmente, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe requerido y en definitiva, rechazar en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, con expresa condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que la recurrente funda la presente acción en que la recurrida habría reiniciado, luego de varios años de inactividad, descuentos sobre sus remuneraciones destinados al pago de un crédito social contratado el año 2018, estimando que dicha conducta vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por tratarse, a su juicio, de una deuda prescrita respecto de la cual no existiría acción judicial vigente.

Cuarto: Que no existe controversia entre las partes respecto de los siguientes hechos relevantes:

a) Que la recurrente contrató en el año 2018 un crédito social con la recurrida, obligándose a su pago en 60 cuotas mensuales mediante descuento por planilla;

b) Que dicho crédito dejó de ser pagado por vía de descuentos a partir de septiembre de 2019, con ocasión de la desvinculación laboral de la actora;

c) Que los descuentos fueron reiniciados en noviembre de 2024, una vez que la recurrente volvió a tener un empleador afiliado a la Caja;

d) Que no existe, a la fecha, juicio de cobranza pendiente ni declaración judicial de prescripción.

Quinto: Que el punto controvertido central consiste en determinar si el reinicio del descuento por planilla, luego de un lapso superior a cinco años desde la mora y sin haber ejercido acción judicial previa, constituye un acto ilegal o arbitrario que afecte el derecho de propiedad de la recurrente.

Sexto: Que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 autoriza a las Cajas de Compensación a descontar de la remuneración de los trabajadores afiliados lo adeudado por concepto de crédito social, asimilando dicha forma de cobro a las normas aplicables a las cotizaciones previsionales.

Sin embargo, dicha facultad no es absoluta, debiendo ejercerse conforme a los principios de racionalidad, proporcionalidad y buena fe, especialmente cuando ha transcurrido un extenso lapso de tiempo sin gestiones efectivas de cobro.

Séptimo: Que la Excma. Corte Suprema, en fallos reiterados (roles N° 68.700-2016; 23.258-2018; 2.895-2018, entre otros), ha establecido que el uso intempestivo del descuento por planilla, luego de largos periodos de inactividad, configura un actuar arbitrario, por cuanto revive unilateralmente un mecanismo excepcional de cobro que la ley concibe para situaciones de normalidad y oportunidad, lesionando la legítima expectativa del trabajador de percibir íntegramente sus remuneraciones. Dicho criterio ha sido refrendado en fallo reciente pronunciado por la Tercera Sala del Máximo Tribunal con fecha 10 de abril de 2026 en causa Rol 58.099-2025.

Octavo: Que, si bien es efectivo —como sostiene la recurrida—que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, ello no excluye el control constitucional del modo en que se ejerce una potestad legal, particularmente cuando el acreedor opta por prescindir de la vía jurisdiccional y emplea un mecanismo de autotutela administrativa respecto de remuneraciones que constituyen medios de subsistencia del trabajador.

Noveno: Que del mérito de los antecedentes aparece que entre septiembre de 2019 y noviembre de 2024 no existieron descuentos efectivos ni acciones judiciales de cobro, configurándose un período prolongado de inactividad relevante, siendo insuficiente, para desvirtuar la arbitrariedad denunciada, la sola referencia a gestiones extrajudiciales genéricas.

Décimo: Que, en estas condiciones, el reinicio del descuento por planilla sin una advertencia oportuna y razonable, y luego de un lapso prolongado de inactividad, deviene en un actuar carente de razonabilidad, afectando el derecho de propiedad de la recurrente sobre su remuneración, sin perjuicio del derecho de la Caja de Compensación para perseguir el cobro de su crédito por las vías judiciales ordinarias que contempla el ordenamiento jurídico.

Undécimo: Que, por consiguiente, el recurso debe ser acogido, restituyéndose el imperio del derecho, en los términos que se señalarán.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve:

I. Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

II. Que se declara arbitrario el actuar de la recurrida consistente en reiniciar el cobro del crédito social mediante descuento por planilla luego de un prolongado período de inactividad.

III. Que, en consecuencia, la recurrida deberá abstenerse de continuar efectuando descuentos por planilla del crédito social materia de autos, sin perjuicio de su derecho para perseguir el cobro de la obligación por las vías judiciales ordinarias que estime pertinentes.

IV. Que la recurrida deberá restituir a la recurrente las sumas descontadas, a partir del mes de noviembre de 2024 en adelante, desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-4195-2025.(jog)