Protección contra Director Nacional de Personal de Carabineros

C.A. de Temuco Temuco, treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado don RODRIGO LAGOS GERDING, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, Capitán de Carabineros de dotación de la Tercera Comisaría de la comuna de Padres Las Casas, Región de la Araucanía, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, y en contra del Director Nacional de Personal de Carabineros, General Inspector Pablo Silva nombre reservado, en base a los siguientes fundamentos:

Comienza señalando que el recurrente es funcionario de Carabineros en servicio activo y se encuentra imputado en causa RUC 2000006101-9, RIT 45172023 del Juzgado de Garantía de Valparaíso, por el uso de un arma de servicio menos letal, en un procedimiento policial, permaneciendo en este momento afecto a la medida cautelar de prisión preventiva, en dependencias de la 2da. Comisaria de Temuco.

Explica que en su condición posee un derecho indubitado conforme lo dispone la Ley Nº 21.560, publicada el 10 de abril de 2023, que en su art. 8º modifica el art. 84 bis. de la Ley Nº 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, quedando el señalado precepto, en su inciso final, en los siguientes términos:

«El funcionario policial que en ejercicio de su cargo o con ocasión de éste haga uso de su arma de servicio, armamento menos letal o elementos no letales, para rechazar alguna violencia o vencer la resistencia contra la autoridad, no podrá ser separado de sus funciones ni ver afectada su remuneración, mientras no concluya la investigación administrativa respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la autoridad respectiva para ordenar el desarrollo de labores distintas a las policiales mientras tal investigación se desarrolle».

Alega que lo anterior se ve reforzado, con lo señalado en materia disciplinaria, ya que se incorporó un nuevo estatuto de prescripción, que consagra la suspensión del procedimiento sumarial. En efecto, esta regulación se encuentra en el artículo 84 ter, ya mencionado de la ley N° 18.961, cuyo inciso final dispone “[…] con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal […]”.

Explica que por lo anterior su representado elevó su solicitud respectiva con finalidad de que se le otorguen los medios para seguir realizando su función policial, pero en carácter de administrativo, como se ha realizado con la totalidad de otros funcionarios que se encuentran en su condición. De esta forma el Mayor de Carabineros jefe de su Unidad Don nombre reservado, Comisario de la 3ª Comisaría de Padre Las Casas, remitió dicha solicitud a la prefectura de Cautín, mediante el Documento Electrónico Nº 203602294.

Que con esto la Prefectura de Cautín, a su vez, remitió dicha solicitud a su unidad de Asesoría Jurídica para emitir un pronunciamiento sobre su solicitud. Para tal efecto, se adjuntó la siguiente información, todo esto en el documento electrónico Nº 203884251: a) La solicitud de teletrabajo; b) Documento Electrónico Nº 152801619 de fecha 25 de enero de 2022, de la Subdirección Nacional de Personal, que imparte instrucciones relacionadas con el personal afecto a las medidas cautelares de arresto total, arresto parcial y prisión preventiva; c) Documento Electrónico Nº 203490969, de fecha 1 de abril de 2024, de la Prefectura Cautín a la Zona Araucanía, informando de la detención y medidas cautelares, y; d) La Orden General 2.013, de fecha 11 de mayo de 2011, que aprueba la cartilla de instrucciones sobre obligaciones que corresponde adoptar con personal de Carabineros en servicio activo o en retiro a disposición de los tribunales en cuarteles institucionales.

Fue así que mediante el Documento Electrónico Nº 203893718 del Capitán Martín Zúñiga, Abogado Asesor Jurídico (suplente) de la Prefectura Cautín, sugiere dar aplicación a las instrucciones de la SUBDICAR, contenidas en el Documento Electrónico Nº 152801619, especialmente lo señalado en el párrafo II, numerales 1.3 y 2.2, que señalan lo siguiente: «1.3. Prisión preventiva: la jefatura directa competente del funcionario sujeto a prisión preventiva (Res. Exta. Nº 105 de 18.03.2020), previa petición del interesado, en caso de estimarlo procedente, dictará la resolución exenta respectiva que lo autorice a desarrollar sus funciones de manera remota, la que se mantendrá en suspenso hasta que se cumpla con el requisito siguiente. El funcionario sujeto a prisión preventiva en establecimientos institucionales podrá solicitar al oficial a cargo del recinto, la autorización para desempeñar sus funciones de manera remota, en el lugar en el cual se encuentre privado transitoriamente de libertad y solicitar, además, el empleo de medios tecnológicos para tales efectos, esto es, entre otros, computador, impresora (si es necesario), acceso a internet u otros (…)». «2.2. Si el funcionario se encuentra afecto a la medida cautelar personal de prisión preventiva en recintos policiales, solo en el caso en que cuente con ambas autorizaciones (del jefe con facultad para ello y del encargado del recinto policial donde se encuentre privado de libertad) que le permitan trabajar y mientras se encuentre efectivamente realizando su trabajo, podrá percibir el pago de sus remuneraciones (…)»

Por esto se remitieron los antecedentes mediante el Documento Electrónico Nº 203900650, de la Prefectura a la Dirección Nacional de Personal, para que esta requiriera a su propia sección de Asesoría y Análisis Legal para que se emitiera la resolución respectiva.

Que, la señala Dirección Nacional de Personal, la que desconociendo la normal legal, se refiere al informe contenido en el Documento Electrónico Nº 192047228, de 20 de septiembre de 2023, en relación con el art. 66 de la Ley Nº 21.526, referido al teletrabajo, manifestando que dicha norma no es extensible a carabineros. (Lo que es totalmente erróneo)

Que, al tenor de lo anterior, mediante el Documento Electrónico Nº 204625210, de la Subdirección General de Carabineros, se señala que: «Efectuada un revisión y análisis de los antecedentes remitidos, la tramitación previa dada al presente requerimiento, como asimismo, la normativa legal y reglamentaria que gobierna la materia, se comparte el criterio formulado por la sección Asesoría y Análisis Legal de la Dirección Nacional de Personal, estimando que en esta data la solicitud presentada no tiene fundamento normativo, por cuanto uno de los requisitos para optar a la modalidad excepcional flexible de organización de trabajo es la existencia de un Estado de Emergencia sanitario, circunstancia fáctica que no se verifica, lo que impide otorgar dicha autorización. En tal sentido, esta Subdirección General estima que no procede acceder a lo solicitado (…)».

Que, por lo anterior la Dirección Nacional del Personal representada por el General Inspector Don nombre reservado, emana el Documento Final Nro. 204679406, que dispone su notificación solo para conocimiento y sin recursos en contra, conforme al Art. 46 de la Ley 19.880 y conforme al art 25° de la ley 19.880 a contar del día 19 de Abril del año 2024, (se adjunta disposición de notificación) que NO se accedía a su petición, señalando que se procedería a requerir su retiro temporal de la institución, contraviniendo normal legal expresa, lo que dejaría sin efectos el espíritu de la ley y lo señalado por el legislador para prevenir este tipo de actuación.

Que, atendiendo a que esta acción de protección, se interpone dentro del plazo de 30 días contabilizados desde el día que se inicia su afectación conforme a la notificación, y fue notificado en esta ciudad, es que recurro a esa Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, por la decisión del recurrido pues perturba su libre ejercicio de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 2, Nº 3º y N° 4, tuteladas por la acción de protección de acuerdo con lo previsto en el artículo 20º de la Constitución Política de la República.

El DERECHO:

La igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que, en una serie de ámbitos, la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga una justificación racional».

Coherente con la idea presentada, la garantía de igualdad ante la ley supone la de sujeción de la Administración al ordenamiento jurídico, pues constituiría una discriminación arbitraria que, frente a algún particular, las autoridades actuaren con una exigencia y frente a otros, como en el caso que nos convoca, con otra exigencia.

No se está cuestionando la facultad de la Subdirección General o de la Dirección Nacional de Personal, lo que se está solicitando examinar es la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad del ejercicio de tal facultad. En tal sentido, se debe confrontar el razonamiento que comparten dichos estamentos para rechazar la solicitud de este recurrente contra la ley, y ver si es que pueden soportarlo ver expuestos a errores demostrables mediante el solo análisis de las normas jurídico-administrativas vigentes en nuestro país. En este caso, es claro que no soportan dicha confrontación.

Efectivamente en el caso que le afecta a su representado, nos encontramos frente una vulneración de un derecho fundamental, en particular el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, Derecho a la Libertad de Trabajo y su Protección y también conocido como el derecho (principio) fundamental de protección al trabajo.

Al respecto cabe decir: la libertad de trabajo es un derecho fundamental diferente al derecho a la libre elección del trabajo. En efecto, el precepto laboral designa a ambos por separado, como derechos fundamentales diferentes, susceptibles de ser vulnerados en la relación laboral. Por lo tanto, es menester preguntarse ¿Cuál es, entonces, el contenido de la libertad de trabajo reconocida expresamente en el artículo 19 N° 16?

En este orden de ideas la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 3503 de 2020, determinó «En ese mismo sentido, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 63.534, de 2014, de este origen, debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte de la autoridad, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones de la Administración sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación de poder»; y en el Dictamen N° 70.935 de 2011, estableció «En tal contexto, la mencionada resolución exenta N° 2.133, de 2011, se dictó en contravención a lo dispuesto en los citados artículos 11, inciso segundo, y 17, letra f), de la ley N° 19.880, ya que aquel acto administrativo no se encuentra debidamente motivado, vale decir, no expresa las circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que sustentan la decisión al no hacerse cargo de las alegaciones efectuadas por el recurrente de marras, como lo exigen los indicados preceptos a fin de precaver posibles arbitrariedades y de permitir que el interesado interponga los recursos legales con conocimiento de las razones que llevaron a la autoridad a adoptar la medida de que se trata».

Que, así mismo la decisión de no permitir que su representado desempeñe sus funciones mediante teletrabajo obviando disposiciones legales vigentes y aplicables en este caso, produce una afectación de su esfera de resguardo que ha sido producto de una decisión discrecional y arbitraria por parte de la autoridad recurrida que no cumple con la exigencia general de motivación, según lo ordena el inciso 2° del artículo 11 y art. 41 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, en cuando dispone que «los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio».

Que, con la acción de la recurrida de forma arbitraria y sin fundamentos —ilegal— dispone el despojo ilícito del ejercicio de sus funciones, afectando gravemente sus derechos constitucionales ya individualizados.

Que, de la misma forma, el recurrido ignorando la normativa legal que ampara la solicitud de su representado, hace que dicha decisión devenga en un acto ilegal y arbitrario, que infringe el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 Nº 2, al no darme el mismo tratamiento que en este momento gozan personas en su misma condición e ignorar una disposición legal vigente, que se debió tomar en consideración al momento de tomar la decisión, y que ha sido instituida en favor de todos los funcionarios de Carabineros; infringe las garantías consagradas en la CPR en su artículo 19 Nº 3 sobre un proceso justo y racional, al tenerme completamente separado de mis funciones sin haber concluido la investigación administrativa respectiva, y afecta el derecho a la honra previsto en el artículo 19 Nº 4 de la Carta Fundamental.

Que, de este modo aparece necesario restablecer el imperio del derecho, correspondiente para ello ordenar a la recurrida dejar sin efecto la decisión notificada, ordenando que se dé cumplimiento a la ley, se efectué el pago de todas las remuneraciones en caso de estar adeudadas y no pagadas y se le otorguen a su representado los medios para realizar labores administrativas, como teletrabajo.

El recurso de protección es el único medio con que cuenta esta parte para enmendar las vulneraciones que afectan a mi representado privado de libertad, como resultado directo de la ilegalidad que está cometiendo Carabineros de Chile, representada por su alto mando, pues no existe, ninguna otra autoridad ni superior jerárquico que pueda corregir el sentido manifiestamente injusto que han tomado la señalada recurrida.

Pide tener por interpuesta Acción de Protección de Garantías Constitucionales en contra en contra del Director Nacional de Personal de Carabineros, General Inspector Pablo Silva nombre reservado, en favor de Don nombre reservado, por el acto realizado con afectación a sus garantías constitucionales en contra de su persona, ordenando al recurrido dejar sin efecto la decisión contenida en el Documento Electrónico Nº 204625210 y el Documento Electrónico Nº 204660306, que en definitiva se ordene que se dicte la resolución que autoriza a ejercer sus funciones por vía telemática como lo señala la ley y, el pago de todas sus remuneraciones adeudadas y no pagadas o lo que S.S.I estime pertinente conforme a Derecho, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos:

- Documento Electrónico Nro. 204714760 de fecha 17 de abril del año 2024, que contiene de forma agregada los documentos electrónicos señalados en la presente acción.

- Disposición de Notificación con fecha 19 de Abril del año 2024.

- Instructivo N° 3 de la Dirección de Justicia de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre la suspensión de los procedimientos disciplinarios, regulado en el artículo 84 ter, de la Ley nº 18.961, Orgánica de Carabineros de Chile.

- Nota de prensa de Ciper Chile de fecha 25.04.2024, que señala en cumplimiento de la ley nombre reservado, “Oficial en prisión preventiva por apremios ilegítimos sigue cumpliendo funciones en la 20° Comisaría de Puente Alto”.

A folio 13, nombre reservado acompaña informe de Carabineros de Chile, el que es del siguiente tenor:

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

1. - El recurrente, de actual dotación de la Comisaría “Padre Las Casas”, de la Prefectura “Cautín”, se encuentra en calidad de imputado por el delito de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, en causa Rol N° 4517-2023, seguida ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, declarándose a su respecto -previa revocación de 28.03.2024, de la Ilmta. Corte de Apelaciones de Valparaíso, de la sentencia de primera instancia-, la medida cautelar de prisión preventiva, que, actualmente es cumplida en el Anexo Cárcel de la 2a Comisaría “Temuco”.

2. - En razón de lo anterior, la Prefectura “Cautín”, mediante su Resolución Exenta N° 658, de 05.04.2024, dispuso la suspensión del pago remuneraciones del actor, a contar del 30.03.2024.

3. - En tales circunstancias, el día 02.04.2024, el funcionario solicitó se le concediera teletrabajo, invocando al efecto, el contenido del documento electrónico SUBDIGCAR N.C.U. 152801619, de 25.01.2022; y la Orden General DIGCAR N° 2.013, de 2011, que aprueba “Cartilla de instrucciones sobre obligaciones que corresponde adoptar con personal de Carabineros en servicio activo o en retiro a disposición de los tribunales en cuarteles institucionales”.

4. - Así, previo análisis de su requerimiento, la Sección Asesoría y Análisis Legal de esta dependencia, a través del documento electrónico N.C.U. 204367709, de 12.04.2024, estableció que el teletrabajo no procede, en consideración a las razones de hecho y derecho que se explicarán más adelante, lo que fue ratificado posteriormente por la Subdirección General de Carabineros, en su documento electrónico N.C.U. 204625210, de 16.04.2024.

II- ANTECEDENTES DE DERECHO:

1. - El teletrabajo, institucionalmente, y en los términos que nos ocupan, se encuentra regulado, en la Orden General DIGCAR N° 2.751, de 17.03.2020 que “Establece modalidad flexible de teletrabajo por brote de Coronavims (COVID-19), para el personal que realiza labores administrativas”.

Tal documento establece en suma, que el funcionario podrá optar a la modalidad de teletrabajo en determinadas situaciones que consigna su numeral 2), a modo ejemplar, ser inmunodeprimido, ser mayor de 70 años de edad, encontrarse en estado de gravidez, u otras circunstancias debidamente calificadas por la Jefatura directa del funcionario. Lo anterior, por cierto, en el marco de la alerta sanitaria producida por el COVID-19, considerando que tal orden interna fue dictada con miras a evitar la propagación de dicha enfermedad contagiosa.

2. - Luego, tales instrucciones fueron complementadas por medio del documento electrónico SUBDIGCAR N.C.U. 152801619, de 25.01.2022, estableciendo la posibilidad que el personal sujeto a alguna medida cautelar, y en la medida que sus funciones fueran de índole administrativo, pudieran realizar labores remotamente:

“(...) 1.3. Prisión preventiva: la jefatura directa competente del funcionario sujeto a prisión preventiva (Res. Exta. N° 105 de 18.03.2020), previa petición del interesado, en caso de estimarlo procedente, dictará la resolución exenta respectiva que lo autorice a desarrollar sus funciones de manera remota, la que se mantendrá en suspenso hasta que se cumpla con el requisito siguiente. El funcionario sujeto a prisión preventiva en establecimientos institucionales, podrá solicitar al oficial a cargo del recinto, la autorización para desempeñar sus funciones de manera remota, en el lugar en el cual se encuentre privado transitoriamente de libertad y solicitar, además, el empleo de medios tecnológicos para tales efectos, esto es, entre otros, computador, impresora (si es necesario), acceso a internet u otros. Lo anterior procederá sólo en los casos en que el funcionario en servicio activo se encuentre cumpliendo la medida cautelar personal en recintos policiales. En caso de cumplirla en recintos penitenciarios, deberá estarse a lo dispuesto en el decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que “Aprueba el reglamento de establecimientos penitenciarios”.

3. - Tal posibilidad excepcional, se enmarca, otra vez, en el entendido de encontrarse el país en una alerta sanitaria por el brote de COVID-19, como aparece en el acápite I, numeral 1.2), de las instrucciones en estudio:

“(...) La modalidad de trabajo remoto o “teletrabajo”, en el ámbito público administrativo, surgió debido al brote COVID-19, que, de acuerdo a lo señalado por la C.G.R., representa una situación de caso fortuito, la que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población pueda generar, ha habilitado la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado”.

Además, encuentra su sustento en el principio de inocencia de los funcionarios, que se ve matizado a su vez por el dictamen N° E457380, de 2024, de la Contraloría General de la República, el cual señala que si un empleado ha sido sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal y por ello se ausente de sus labores, no puede percibir rentas, pero si el aludido proceso finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas; como asimismo, su similar N° 45.570, de 2015, que dispone que sólo podrá percibir remuneraciones el personal que efectivamente se encuentre prestando los servicios para los cuales fue contratado. Para la percepción de las remuneraciones, esa entidad de control externo ha precisado que es necesario un desarrollo real de las funciones, de modo que tengan su origen en una contraprestación que las justifique, salvo que el servidor se hubiere visto imposibilitado de cumplir sus tareas debido a una fuerza mayor.

4. - Por último, a través del dictamen N° 3.610, de 2020, del Organismo Contralor, se reafirmó lo señalado, en el sentido de indicar que los Jefes Superiores de los órganos de la Administración del Estado, están facultados para disponer, ante esta situación de excepción, que los servidores que en ellos se desempeñan, cualquiera sea la naturaleza de su vínculo jurídico, cumplan funciones mediante trabajo remoto desde sus domicilios u otros lugares donde se encuentren, siempre que tales labores puedan ser desarrolladas por esa vía, según determine la superioridad respectiva.

5. - Luego, la alerta sanitaria por COVID- 19, cesó el día 31.08.2023, así declarado por medio del D/S. (MISAL) N° 28, de 24.08.2023, publicado en el Diario Oficial N° 43.642, de 01.09.2023.

6. - Por tanto, no procede que al actor se le haya concedido la prerrogativa en examen, al no verificarse los supuestos fácticos para su concesión, tratándose por lo demás de una medida excepcional.

7.- Finalmente, cabe hacer presente -fuera del estado de emergencia por COVID-19-, lo dispuesto en la Ley N° 21.391, de 2021, que agregó el nuevo artículo 206 bis, al Código del Trabajo, el cual establece que procederá que los empleadores ofrezcan teletrabajo a los funcionarios, en la medida que se cumplan determinadas hipótesis, esto es:

1. Que la autoridad declare estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública.

2. Que la autoridad declare una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa.

3. Que el funcionario tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar.

4. Que el funcionario tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años, que se vea afectado por medidas que adopte la autoridad que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impida la asistencia a los mismos.

5. Que el funcionario tenga a su cuidado personas con discapacidad.

III- AUSENCIA DE DERECHO INDUBITADO:

1. - Al respecto, cabe señalar que la acción de protección es de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinaria y sumarísima, de tutela de derechos fundamentales, y que tiene por finalidad, restablecer el imperio del derecho, en aquellos casos en que se ocasione una vulneración clara y efectiva a las garantías constitucionales. En consecuencia, y dado su carácter perentorio, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio.

2.- En este sentido, es importante mencionar que para que el recurrente promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones. Pues bien, en el caso de autos, el recurrente no posee un derecho indubitado, toda vez para acceder a teletrabajar, primero, sus funciones deben ser de índole administrativa, además de verificarse los supuestos fácticos para su concesión, en la especie, el de la alerta sanitaria por COVID-19, tratándose, en tales circunstancias, de una medida de carácter excepcional que puede ser dictada por la Jefatura directa de acuerdo a las necesidades operativas y de la calificación que se haga de éstas, de manera que no se trata de un derecho que se ejerce a todo evento. Así las cosas, su situación se enmarca en lo establecido por la Contraloría General de la República, en el sentido que, si en su oportunidad se dicta su absolución en sede penal, se le entregarán todos los emolumentos devengados, en el entendido que ha cesado en funciones por una fuerza mayor.

3.- La acción constitucional de protección fue creada para restablecer el imperio del derecho y resguardar el orden jurídico vigente, si éste se ve alterado a causa de actuaciones arbitrarias o ilegales y, en este contexto, desde el punto de vista conceptual, debe consignarse que la arbitrariedad necesariamente ha de vincularse con la noción de conductas que pugnan con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los administrados, que debe regirse por el principio de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones, y en ningún caso por el mero capricho o veleidad. Asimismo, la existencia de ilegalidad conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho y también, en forma más técnica, el no respeto o infracción de una norma legal, lo que evidentemente no concurre en la especie.

4.- Por tanto, en virtud de los descrito, el recurrente no cuenta con un derecho indubitado, no cumpliendo la acción intentada con el supuesto básico para su procedencia, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho, que en la especie no posee, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad supuesta de un acto.

IV.- ALEGACIONES DEL RECURRENTE:

Señala el actor en su presentación, que la negativa a otorgarle teletrabajo, es vulneratoria de las garantías previstas en el artículo 19, Nros. 2, 3, 4 y 16, del Código Político, sustentando su pretensión en lo establecido en el artículo 84 bis, inciso final de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros:

“(...) El funcionario policial que en ejercicio de su cargo o con ocasión de éste haga uso de su arma de servicio, armamento menos letal o elementos no letales, para rechazar alguna violencia o vencer la resistencia contra la autoridad, no podrá ser separado de sus funciones ni ver afectada su remuneración, mientras no concluya la investigación administrativa respectiva. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la autoridad respectiva para ordenar el desarrollo de labores distintas a las policiales mientras tal investigación se desarrolle”.

Sobre el particular, se estima que el mencionado precepto ha sido respetado, en el entendido que no se ha dispuesto la marginación del recurrente de las filas de la Institución, en circunstancias que para casos similares en que no median los presupuestos fácticos del señalado artículo 84, bien podría realizarse aquello por petición de la Autoridad competente; sino que sólo la suspensión de sus remuneraciones por una fuerza mayor, esto es, a propósito de la decisión jurisdiccional de aplicar en su caso la medida cautelar de prisión preventiva, resolución que escapa al ámbito administrativo.

Así, su situación es precisamente aquella descrita por la Contraloría General de la República en su jurisprudencia administrativa ya analizada: la privación de libertad del funcionario supone la no ejecución de labores, cuya contraprestación final se ve supeditada a las resultas del juicio, pudiendo apreciarse que se ha obrado con apego a las garantías constitucionales, al aplicarse el régimen tutelar previsto en el artículo invocado por el recurrente.

Por otra parte, la Autoridad de Carabineros ha actuado de acuerdo a derecho, por cuanto, como se ha explicado, no se verifica el requisito de encontrarse vigente una alerta sanitaria por COVID-19 (motivo de las instrucciones excepcionales ya analizadas); y porque sus labores, como Oficial del Escalafón de Orden y Seguridad, son esencialmente operativas, de modo que aun cuando se pudiera aplicar la normativa que habilita a los Mandos pertinentes el otorgar teletrabajo en las circunstancias aludidas, esto no sería posible, debido a la naturaleza no administrativa de las labores consustanciales a la relación estatutaria que mantiene el actor, de acuerdo a la misión entregada a Carabineros de Chile, por la Constitución y las leyes, requiriéndose una calificación muy excepcional de sus servicios, para actuar de un modo diverso.

V.- CONCLUSIÓN Y ANTECEDENTES A REMITIR:

1.- En virtud de lo expuesto, se estima que Carabineros no ha incurrido en alguna acción ilegal o arbitraria, teniendo en cuenta que solo se ha limitado a aplicar la normativa del ramo, de acuerdo a los antecedentes objetivos que obran en el caso de estudio. De esa manera, se solicita a S.S. Iltma., tenga por informado el recurso de protección y que en definitiva lo RECHACE, en virtud de las razones aquí desarrolladas.

Se acompañan los siguientes antecedentes:

- Orden General DIGCAR N° 2.751, de 17.03.2020 que “Establece modalidad flexible de teletrabajo por brote de Coronavims (COVID-19), para el personal que realiza labores administrativas”.

- Documento electrónico SUBDIGCAR N.C.U. 152801619, de 25.01.2022.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, el acto contra el cual se reclama es la decisión de la recurrida de negar al recurrente la posibilidad de ejercer sus funciones en modalidad en teletrabajo y la que ordena el retiro temporal.

La recurrente estima contar con los requisitos necesarios para acceder a su solicitud mientras que el recurrido, por el contrario alega que no cumple con ellos.

TERCERO: Que, como puede colegirse de inmediato, el recurrente no cuenta con un derecho indubitado que ameriten el resguardo debido que esta acción amerite.

Es así como, se encuentra discutida la posibilidad de ejercer sus labores en modalidad de teletrabajo del recurrente, por lo que acoger el recurso, conllevaría a que esta Corte emitiese un pronunciamiento de carácter declarativo en relación con dicha materia, lo cual es completamente ajeno a la naturaleza y finalidad del recurso de protección, cual es, una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido, como ya se ha dejado consignado.

CUARTO: Que, además las normas sobre teletrabajo que se invocan fueron habilitadas por la Contraloría General de la Republica para la Administración del Estado durante el período que el país vivió en situación de emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia del Covid19 , situación ya superada, y que por lo mismo no es aplicable al caso, no habiéndose que exista nueva normativa que avale lo solicitado.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, el artículo 84 bis y 84 ter de la Ley 18.861 que se estima amagada no resulta aplicable en la especie por cuanto se refiere a investigaciones administrativas y no penales como acontece en la especie; que conforme a sus propios dictámenes la modalidad de teletrabajo no puede ser utilizada por Carabineros de Chile salvo situaciones excepcionales de pandemia y que aun en el caso de estimar aplicable esta modalidad a funcionarios de Carabineros de Chile, aquello resulta ser una prerrogativa de este organismo, no siendo admisible que esta Corte disponga que dicho ente admita que un funcionario trabaje bajo dicha modalidad, argumentos todos que también habrían derivado en que el recurso sea igualmente rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que SE RECHAZA el deducido a folio 1 en favor de don nombre reservado, en contra del Director Nacional de Personal de Carabineros, General Inspector Pablo Silva nombre reservado.

Redacción del abogado integrante Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-4193-2024. (csd)