Protección contra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI

C.A. de Temuco.

Temuco, treinta de mayo de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio N°1, comparece María Fernanda Barrios Mejías, abogada, en representación de doña nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad Nº RUT reservado, Ingeniero Comercial y Contador Auditor, interponiendo Recurso de Protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, por la dictación del Decreto N° 2327, de fecha 17 de septiembre de 2025, el que en virtud un Sumario Administrativo, le aplica la medida disciplinaria de destitución.

Expone que, con fecha 26 de mayo de 2025, y mediante Decreto N° 1332, de la Municipalidad de Collipulli, se dispuso instruir Sumario Administrativo en contra de mi representada, doña nombre reservado “…con el objeto de determinar la eventual responsabilidad que pudiera asistir por los hechos denunciados en el oficio N° E82804/2025, de la Contraloría General de la República, División de Fiscalización, de fecha 22 de mayo de 2025, en relación con el Consolidado de Información Circularizada N°9, de la Contraloría General de la República, y en definitiva, investigar los hechos denunciados, en especial si la denunciada habría registrado movimientos migratorios de entrada y/o salida del país en épocas y circunstancias de hallarse haciendo uso de licencia médica; fechas, circunstancias y la eventual responsabilidad que pudiera asistirle en lo denunciado.”. Designa a don nombre reservado como Fiscal. Ello, conforme los folios 1 y 2 del expediente sumarial (en adelante “expediente”).

Refiere que, posteriormente, y con fecha 08 de agosto de 2025, mediante Decreto N° 1944, de la Municipalidad de Collipulli, se ordena instruir Sumario Administrativo a mi representada, doña nombre reservado “…a fin de determinar la eventual responsabilidad que pudiera asistir por los hechos denunciados en el oficio N°E131793/2025, de la Contraloría General de la República, División de Fiscalización, de fecha 05 de agosto de 2025, en relación con el Consolidado de Información Circularizada N°15, de la Contraloría General de la República, y en definitiva, investigar los hechos denunciados, en especial si la denunciada habría concurrido a casinos de juegos mientras hacía uso de licencia médica; fechas, circunstancias y la eventual responsabilidad que pudiera asistirle en lo denunciado, o bien, responsabilidades o eventuales infracciones administrativas en que pudo haber incurrido en las circunstancias denunciadas por Contraloría General de la República.”. Designa como Fiscal a don nombre reservado. Disponiéndose mediante Decreto N°1979, del 11 de agosto de 2025, la acumulación de ambos procedimientos disciplinarios.

Expresa que, con fecha 02 de septiembre de 2025 el Sr. Fiscal cierra la indagatoria y con fecha 4 de septiembre de 2025, le fueron formulados cargos, para luego certificar no haberse evacuado descargos, teniéndosele “en rebeldía”.

Agrega que, como últimas actuaciones, constan Vista Fiscal, emitida por el Sr. Fiscal, en folios S/N y Decreto N° 2327, de la Municipalidad de Collipulli, también en folios S/N, ambos de fecha 17 de septiembre de 2025, resolviendo este aplicar la medida disciplinaria de destitución.

Comenta que, como consecuencia directa e inmediata de la destitución, la Municipalidad declaró la vacancia del cargo de Directora de Administración y Finanzas, a través del Decreto Alcaldicio N° 2734 del 22 de septiembre de 2025.

Destaca que, la destitución coloca a su representada en una situación de pérdida cierta e inminente de un derecho de única oportunidad, cual es la bonificación por incentivo al retiro voluntario de la Ley N° 21.135. Aquello, pues con fecha 13 de octubre de 2025, y mediante Resolución Exenta N° 6911 de la SUBDERE, se la determinó beneficiaria con cupo 2024, pesando, en la actualidad, sobre la Municipalidad la continuación del procedimiento hasta el pago de la bonificación, empero, su destitución es incompatible con la percepción de la misma, la que exige renuncia voluntaria aceptada, de modo que, si se consolidan los efectos del acto de destitución, perderá irreversiblemente este derecho.

Manifiesta que, el Decreto N° 2327, de fecha 17 de septiembre de 2025, de la Municipalidad de Collipulli, que aprueba el Sumario Administrativo y la Vista Fiscal de igual fecha, y aplica la sanción de DESTITUCIÓN a su representada, no es más que el último eslabón de una serie de actos reñidos con la juridicidad vigente que confluyen en la aplicación de la medida disciplinaria señalada, y que son abiertamente ilegales y arbitrarios.

Así expone que, la recurrida se atribuyó competencia para determinar y sancionar una supuesta infracción al artículo 10 de la Ley N° 19.995 —que establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego—, por parte de su representada, en circunstancias que el órgano legalmente competente para conocer, calificar y sancionar tales infracciones es la Superintendencia de Casinos de Juego, en su calidad de órgano técnico regulador del sector, lo que configura un vicio de incompetencia, que infringe los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Añade que, la recurrida se arrogó competencias que, el Decreto Supremo N° 3, del 04 de enero de 1984 del Ministerio de Salud, entrega a las COMPIN e ISAPRE, para investigar y calificar el uso indebido de licencias médicas y el incumplimiento del reposo, configurándose así, un vicio de incompetencia que vulnera el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República.

Expresa que, a la fecha de instruirse los sumarios, ordenarse su acumulación y aplicarse la medida disciplinaria, el Alcalde de la Municipalidad de Collipulli, don Manuel Macaya Ramírez, se encontraba temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo y, por tanto, para dictar los actos administrativos indicados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 18.695 y en el artículo 16 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que en la causa RUC 2310050716-1, RIT N° 1118-2023, ante el Juzgado de Garantía de Collipulli, continuada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, RIT N° 49-2025, el Sr. nombre reservado, tenía calidad de ACUSADO por el delito de desacato del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, por acusación del Ministerio Público del 10 de marzo de 2025 —notificada el día 12 del mismo mes y año—, a la que se suma la acusación particular de 06 de mayo de 2025, manteniendo tal calidad hasta el 20 de octubre de 2025, cuando se dicta veredicto absolutorio.

Indica que, en esas condiciones, se encontraba en la hipótesis del artículo 16 N° 2 de la Constitución Política de la República, que prevé la suspensión del derecho a sufragio de quien se halle acusado por delito que merezca pena aflictiva, lo que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley N° 18.695, implica que la autoridad “se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 62…”.

Comenta que, el Alcalde, don Manuel Macaya Ramírez, pese a estar legalmente obligado a abstenerse de intervenir en el procedimiento disciplinario seguido en contra su representada, en virtud del artículo 12 N° 1 de la Ley N° 19.880, por mantener un litigio pendiente con ella, ordenó la instrucción, dispuso acumulación y, finalmente, dictó el decreto de destitución.

Menciona que, en el caso de marras, concurría plenamente la causal transcrita, pues al tiempo de dictarse los actos administrativos que ordenaron instruir los sumarios, acumularlos y aplicar la sanción disciplinaria de destitución, se mantenía en curso una cuestión litigiosa con su representada, cual es la causa C-5-2025, de cobranza laboral, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Collipulli, originada en el incumplimiento municipal de lo ordenado en sentencia definitiva dictada en juicio de tutela laboral RIT T-14-2022, caratulada “nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI”.

Señala que, el Sumario Administrativo seguido en contra de su representada se tramitó con falta emplazamiento, por infringir sistemáticamente las reglas establecidas en el artículo 129 de la Ley N° 18.883 (en adelante “Estatuto para Funcionarios Municipales”), norma que, por su especialidad, rige en materia de notificaciones en los procedimientos disciplinarios municipales, viciando con ello el Decreto de Destitución y el procedimiento que le precede.

Precisa que, no solo debían llevarse a cabo dos búsquedas, sino que las mismas debían llevarse a cabo en su domicilio, por cuanto su representada en todas las fechas mencionadas se encontraba con suspensión preventiva de funciones —conforme a Resolución N° 01, de 16 de junio de 2022, que ordena dicha medida, en el marco de otro procedimiento disciplinario—; y, solo tras no ser habida en dos días consecutivos en tal lugar, procedía la notificación por carta certificada, que se entiende practicada al tercer día del despacho, lo que no ocurrió en la especie. Además, no consta en expediente la fecha de despacho de la carta certificada, sino solo la recepción en correos.

Sostiene que, sin perjuicio de los anteriores vicios, además, el Decreto de Destitución carece de motivación suficiente por no ajustarse a los estándares exigidos por los artículos 11, 14 y 41 de la Ley N° 19.880, lo que lo torna en ilegal.

Refiere que, primero, el acto terminal que se emite, dicho sea de paso, el mismo día que la Vista Fiscal (17 de septiembre de 2025), no se hace cargo del vicio de falta de emplazamiento que recorre todo el procedimiento; Segundo, el acto terminal adopta como propios, casi íntegramente, los enunciados de la Vista Fiscal, no existiendo valoración por parte de la autoridad; Tercero, aunque el decreto cita dictámenes de Contraloría, esa referencia es genérica y no se traduce en una ponderación real; Cuarto, el acto administrativo expone conclusiones no acreditadas ni contenidas de manera congruente en los cargos.

Manifiesta que, el Decreto N° 2327, incurre en un vicio de falta de congruencia, pues sanciona a mi representada por una conducta más gravosa y distinta de la que fue formalmente objeto de cargo, obviando la correlación que debe existir entre los cargos y decisión sancionatoria, lo que ocurre en el cargo tercero formulado.

Indica que, en la formulación de cargos no se satisface el estándar de claridad, precisión y concreción exigibles y que a todo lo precedente, se agrega el que a su representada se le está sancionando por hechos que no se encuentran probados en el procedimiento.

Menciona que, primero, se le imputa asistir al casino estando con licencia médica y, luego, se le sanciona por asistir estando con licencia médica y por realizar apuestas, en virtud de los Cargos Segundo y Tercero, respectivamente; sin embargo, de la revisión del expediente sumarial, el único hecho que consta efectivamente documentado en el mismo, es que se encontraba con licencia médica entre los días 15 y 29 de enero de 2024, no existiendo documento alguno que pruebe su asistencia/concurrencia a un casino ni menos la realización de apuestas en él; así como tampoco constan el Oficio y Consolidado, de la Contraloría General de la República y que fueran referidos en el decreto que ordena instruir procedimiento disciplinario y en el decreto que sanciona. Y, si bien en Vista Fiscal y en reproducción de la misma en el decreto, se consigna que la licencia médica correspondiente al periodo indicado fue rechazada por incumplimiento del reposo por asistir al casino, lo cierto es que tal rechazo, supuestamente agregado de oficio por el Sr. Fiscal, no consta en el expediente que le fuera entregado recientemente a su representada.

Finalmente expresa que, en la especie, el acto en análisis, priva, amenaza y perturba derechos que se encuentran reconocidos por la Constitución Política de la República y cautelados por la acción de protección, como son los derechos a la igualdad y el debido proceso (este último en su dimensión de igualdad) del numeral 2°, el derecho a la integridad del numeral 1°, libertad de trabajo y su protección del numeral 16° y el derecho de propiedad del numeral 24°, todos del artículo 19, según detalla.

Conforme a ello, solicita acoger el recurso en todas sus partes, ordenando se deje sin efecto el Decreto N° 2327, de fecha 17 de septiembre de 2025, de la Municipalidad de Collipulli, que dispone la destitución; ordenar la reincorporación de su representada a las funciones que desempeñaba antes de la destitución, como Directora de Administración y Finanzas; el pago de las remuneraciones que debió percibir durante todo el tiempo que no pudo realizar sus labores, manteniendo las mismas condiciones que existían al momento en que fue separada de sus funciones; y, ordenar a la recurrida dejar sin efecto todos los actos que hayan tenido por finalidad privar a su representada de la bonificación por incentivo al retiro voluntario Ley N° 21.135, todo ello con expresa condenación en costas.

A folio N°7, emite informe la Contraloría Regional de La Araucanía, expresando que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 53 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los actos administrativos dictados por esas entidades edilicias se encuentran exentos del trámite de toma de razón, sin perjuicio del deber de registrarlos ante este Organismo de Control cuando afecten a funcionarios municipales y que en ese contexto normativo, el acto administrativo por el cual se consulta no ha sido sometido al trámite de toma de razón, ni corresponde que se someta a dicho examen de juridicidad.

A folio 13, evacúa informe la MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, señalando en primer término que, la controversia se aleja de ser una controversia simple, y como tal debe ser contenida y sustanciada en un procedimiento de lato conocimiento adecuado, y este es el recurso de reclamo de ilegalidad Municipal siendo esta la vía idónea y excluyente para estos menesteres, mas no la acción de protección.

Expresa sobre el fondo que, la ley de casinos establece en su artículo 49 la posibilidad de destitución por infracción precisamente del precepto antes citado, según corresponda, lo que da cuenta que la normativa sectorial establece dos cuestiones totalmente diversas: (a) por un lado, la sanción administrativa que se corresponde a la multa de tres a quince unidades tributarias mensuales y, sin perjuicio «de que la infracción constituya, además, (b) causal de terminación del contrato de trabajo o de destitución, según corresponda», lo que implica que tal medida, u otra, corresponden a otras sedes e instancias, como el caso que nos convoca. Es decir, la normativa reconoce expresamente que dicha conducta puede dar lugar a la terminación del vínculo laboral o destitución por parte del empleador público, autónoma y adicional a la multa que aplique, en este caso, la Superintendencia de Casinos y Juegos.

Indica que, la recurrente también alega que el municipio era incompetente para «calificar el uso indebido» de sus licencias médicas, función reservada a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) según el D.S. 3/1984 del MINSAL. A este respecto, es efectivo y no se ignora que existe una delimitación de competencias técnica, pues corresponde a las COMPIN e ISAPRES determinar si una licencia médica fue mal utilizada o si hubo incumplimiento del reposo prescrito, sin embargo – y al igual que lo que sucede con el título precedente – esto no significa que la conducta asociada no pueda ser analizada bajo la óptica disciplinaria, que es lo que en la especie ocurrió.

Comenta que, la municipalidad sí tiene las competencias para investigar y sancionar las conductas imputadas que se remiten a la inobservancia del reposo ordenado en las licencias presentadas, pues dichas conductas transgreden deberes funcionarias cuyo control recae en el propio municipio por mandato legal, de tal manera que la invocación de normas especiales (Ley de Casinos, D.S. 3/1984) no desplaza la potestad disciplinaria municipal, sino que coexiste con ella, cada cual en su esfera.

Agrega en relación con el emplazamiento y las notificaciones que, el argumento esgrimido por la recurrente resulta dilatorio, esto en atención a que, si bien se desprende a que las búsquedas fueron efectivamente realizadas en dependencias de la municipalidad, en el mismo no consta la suspensión de esta por otro proceso, con todo, la notificación por carta certificada fue efectuada en tiempo y forma, lo que aparentemente es pacífico, existiendo una aprehensión más bien por lo acotado de los tiempos, lo que tampoco resulta ilegal en algún sentido.

Indica que, sí se cumplió con las formalidades, es decir, que se realizaron las dos búsquedas requeridas y, al no ser habida, se envió la comunicación escrita al domicilio registrado, otra forma de operar infringiría las normas adjetivas, con todo, en ningún caso se privó a la funcionaria de instancias para ser oída, resultando contradictorio que señale que se enteró del mismo mediante solicitudes de transparencia bastante detalladas.

Manifiesta sobre la motivación del acto final y congruencia de los cargos que, el control judicial vía protección no está destinado a evaluar el mérito o la proporcionalidad si la autoridad actuó dentro de sus atribuciones legales, y el solo viaje al extranjero con licencia médica es, per se, una afectación grave al principio de probidad, pues implica la obtención de beneficios económicos indebidos, remuneración sin contraprestación y sin justificación médica.

Expresa que, el alcalde, en su calidad de jefe del servicio, hace propios los argumentos esgrimidos y expuestos por el fiscal del sumario, no siendo necesaria una lata reiteración de estos. En este sentido, el fiscal tuvo por acreditadas las circunstancias fácticas, que no son otra cosa que, salidas al extranjero de la recurrente y asistencia a Casinos de Juego, todos hechos indubitados.

Añade que, el principal reproche de la recurrente respecto de la congruencia, parte de una situación bastante específica en lo complejo de su situación, según se lee de lo transcrito. Así las cosas, en ningún caso el fiscal establece que apostó; en este sentido el cargo tercero ha señalado «Que, en su calidad de directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Collipulli, habría concurrido a casino de juego mientras hacía uso de licencia médica, (…)» lo que fue refrendado en el considerando 12° transcrito de la vista fiscal en homólogos términos. Ahora bien, esta aprehensión sustantiva representa un aspecto de ponderación, ya que la recurrente, por lo visto en su escrito fundamental, no enerva el hecho de que asistió a un Casino estando con licencia, lo que por sí es suficiente para configurar la causal de destitución, sino que también debemos establecer que la asistencia a un lugar como un Casino de juegos, hace a lo menos presumir que se concurre a lo que la naturaleza del negocio implica, que no es otra cosa que apostar; en este sentido la existencia de otro comercio al interior de dichos locales, de expendio de bebidas y comidas resulta accidental para estos efectos.

Comenta respecto a la Infracción al Estándar de Formulación de Cargos e Imputación y Sanción por Conductas no Acreditadas que, reitera que esta sede no es instancia ni recurso apropiado para analizar el mérito del resultado del sumario, sin embargo aclara que, la resolución recurrida y antecedentes dan cuenta que con fecha 08.09.2025, de oficio se allega resolución de licencia médica de Nueva Masvida, No correlativo 403572454A, No de licencia médica 3-9779L620-B(3), de doña nombre reservado, en virtud de la licencia médica cuyo reposo se extendió durante el L5.O7.2O24 hasta el 29.O1.2O24, época en la que habría concurrido a casinos de juego, señalando que se rechaza dicha licencia médica, por causal de (SIC): "incumplimiento de reposo registra entrada al casino durante su periodo de reposo, de acuerdo a lo informado por SUSESO en Ord, 0-02-5-01344-2025, de fecha 25,08.2025, con entrada a Casino del Mar el día 23.01.2024, subvirtiendo lo señalado.

Sobre la incapacidad de la autoridad refiere que, el Ministerio Público, al presentar acusación, circunscribió su solicitud de pena a 3 años de presidio menor en grado medio, es decir, el fiscal decidió encuadrar la conducta y las circunstancias del caso dentro del rango medio de la pena, no aspirando a una sanción que exceda los 3 años, así, el Ministerio Público en su acusación ha limitado la pretensión punitiva a 3 años de presidio menor (grado medio), lo que implica que no se está persiguiendo una pena superior al umbral de 3 años y un día que define a las penas aflictivas según el Código Penal, en otros términos, la acusación formal no atribuye ni pretende una pena de la magnitud aflictiva, si no que se busca una pena de 3 años, la cual se encuentra dentro de las no aflictivas (presidio menor medio). Lo anterior no resulta peregrino, ya que la pena requerida es exactamente el límite superior de las penas no aflictivas, por lo que no se configura plenamente la hipótesis normativa del artículo 16 N° 2 CPR, en efecto, el alcalde no califica como acusado por delito que merezca pena aflictiva en los términos del precepto señalado.

Agrega sobre la supuesta infracción al deber de abstención que le asistía a la Autoridad que ejerció la potestad disciplinaria que, no podemos hablar de la existencia de un litigio pendiente al momento de dictar la resolución que aprobó la vista y sugerencia fiscal, con todo, el litigio era con la Municipalidad, más no con la persona natural del alcalde, sin perjuicio a las alusiones involucradas.

Finalmente manifiesta que, por todo lo anterior, y considerando que la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de actos administrativos ni para declarar derechos controvertidos, corresponde rechazar el recurso interpuesto, remitiendo a la recurrente al procedimiento especial de reclamo de ilegalidad municipal, donde podrá ejercer plenamente sus derechos y ofrecer la prueba que estime pertinente. En definitiva, nuestra representada ha actuado conforme a derecho, resguardando los principios de probidad y legalidad, y la acción constitucional intentada debe ser desestimada por falta de idoneidad y subsidiariedad, en resguardo del correcto funcionamiento de la administración y la tutela judicial efectiva.

A folio N°16 se trajeron los autos en relación.

Relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

Segundo: Que el acto impugnado corresponde al Decreto Alcaldicio N° 2327 de 17 de septiembre de 2025, que aprobó un sumario administrativo y dispuso la destitución de la recurrente por faltas graves al principio de probidad administrativa, fundadas en el uso de licencia médica incompatible con reposo, salida al extranjero durante licencia médica, y asistencia a casino de juegos en dicho período.

Tercero: Que de los antecedentes aparece que la recurrente impugna:

1. la competencia del órgano administrativo;

2. la validez del procedimiento sumarial;

3. la ponderación de la prueba;

4. la congruencia del acto y su motivación;

5. y la capacidad de la autoridad que dictó el acto.

Todos estos aspectos suponen un examen integral de legalidad y mérito del acto administrativo, que requiere debate probatorio y análisis de fondo.

Que la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema ha establecido que cuando la controversia recae sobre la legalidad de actos administrativos municipales y existe un procedimiento especial —como el reclamo de ilegalidad del artículo 151 de la Ley N° 18.695—, dicha vía resulta la idónea, no siendo procedente la acción de protección.

Cuarto: Que, en la especie, la resolución del asunto exige determinar la existencia o no de vicios de procedimiento en el sumario, analizar la suficiencia de la prueba, ponderar la configuración de infracciones a la probidad administrativa y establecer la concurrencia de causales de nulidad administrativa.

Que tales cuestiones exceden el ámbito cautelar del recurso de protección, por tratarse de materias propias de un procedimiento declarativo y contradictorio.

Quinto: Que, si bien la recurrente invoca afectación a derechos fundamentales, tales alegaciones se encuentran condicionadas a la previa declaración de ilegalidad del acto administrativo, lo cual —según lo razonado— no es posible efectuar en esta sede cautelar.

Sexto: Que a mayor abundamiento, conviene tener presente que el recurso de protección no constituye una instancia de apelación de las decisiones que la autoridad administrativa adopta en el ejercicio de su facultad disciplinaria, sino solamente de revisión de la eventual ilegalidad o arbitrariedad que pudiese afectarlas, a fin de adoptar las medidas urgentes que aparecieren necesarias en caso de constatarse tales contravenciones y el impedimento o restricción que ello significa para el libre ejercicio de las garantías fundamentales protegidas por esta vía.

Séptimo: Que conforme lo expuesto, no se advierte, en consecuencia, la existencia de un acto arbitrario o ilegal manifiesto que permita la intervención inmediata de esta Corte en los términos del artículo 20 de la Constitución.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

Rol N° Protección-4191-2025 (pvb).