HELICÓPTEROS DEL PACIFICO LTDA. con SEREMI SALUD REGION DE LA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 03 de agosto del año 2018, comparece doña ANDREA GUARDA MOLINA, abogada, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en representación de HELICÓPTEROS DEL PACIFICO LTDA., sociedad del giro de servicios aéreos, Rol Único Tributario número 78.023.270-6, representada legalmente por INVERSIONES SAN SALVADOR LIMITADA, R.U.T. N° RUT reservado, la que a su vez es representada por por don nombre reservado, piloto comercial, todos con domicilio en domicilio reservado, Ruta S-30, de la comuna y ciudad de Temuco, quien interpone acción de protección, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, entidad representada por la Secretaria Regional Ministerial de Salud, señora nombre reservado, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en domicilio reservado, o quien lo reemplace o subrogue legalmente; y/o bien cualquier otra persona o personas, funcionarios o autoridad, que sean los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger por intermedio de la presente acción, por haber emitido en forma arbitraria y/o ilegal, la Resolución Exenta Nº J1-029455, de fecha 02 de noviembre de 2017, notificada a su parte el día 04 de julio de 2018, dictada en Sumario Sanitario RIJ Nº 1569/2014, Expediente Nº 944/2014, por medio de la cual se aplicó una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que provoca una amenaza, privación y/o perturbación de las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y/o 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene dejar sin efecto la citada resolución y/o adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, con costas.

En cuanto al trabajo aéreo de aplicación de pesticidas que motivaron el sumario sanitario, sostiene que la empresa Helicópteros del Pacifico Ltda., la que posee más de 28 años de trayectoria en servicios aéreos, con buena imagen de seriedad y prestigio específicamente en el combate de incendios forestales y el transporte del personal de combate, aplicación área de plaguicidas, escuela de vuelo, entre otras actividades del rubro aéreo, empresa que encuentra su centro de operaciones básicamente en la Región de la Araucanía, contando con la debida autorización emanada de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de la Araucanía, la cual mediante Resolución Exenta N° A20/014991, de fecha 14 de octubre de 2014, autoriza el funcionamiento de Helicópteros del Pacifico como empresa aérea aplicadora de pesticida.

Agrega que la Sociedad Agrícola Alejandro nombre reservado y Hermanos Ltda., a través del Sr. nombre reservado, encarga aplicación aérea de fungicida e insecticida en el Fundo La Bastilla, comuna de Cunco, trabajo aéreo que se realizó definitivamente los días 21 y 22 de octubre de 2014, después de posponerse por condiciones meteorológicas adversas.

Afirma que las respectivas notificaciones de aplicación, así como las actualizaciones de la misma por los cambios descritos, fueron debidamente enviadas al Sr. nombre reservado, Jefe Unidad Salud Ocupacional en SEREMI de Salud Araucanía, al mail correo reservado; según el procedimiento que se indicó para estas instancias, en que todos los procedimientos de aplicación se ejecutaron según la Reglamentación Sanitaria y Procedimientos de Fumigación aprobados por la Dirección de Aeronáutica Civil. En ningún momento se efectuaron aplicaciones fuera de los cultivos en tratamiento, respetándose fielmente los límites de los potreros sembrados, así como las franjas de seguridad establecidas En relación a la Fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial asevera que el día 27 de octubre de 2014 un funcionario fiscalizador de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, realizó visita inspectiva en el domicilio de la empresa Helicópteros del Pacifico, Km. 17,5, Ruta S-30, Sector Rengalil, Labranza, Temuco, levantándose el acta de fiscalización N° 15664, 15665 y 15666, por los motivos que transcribe textualmente, y que luego de efectuado los descargos, con fecha 21 de abril de 2015, se dicta la Resolución Exenta N° J1-29455 por parte de la recurrida, aplicando en definitiva una multa de 50 UTM a la empresa Helicópteros del Pacifico, señalándose en dicha resolución, lo siguiente: “Que, finalmente, se hace presente al infractor que es de su responsabilidad dar estricto cumplimiento a la normativa sanitaria, evitando generar factores de riesgo que pudieren afectar a la salud de la población, pues si bien no se pudo constatar a ciencia cierta que su conducta haya provocado problemas de salud a las personas que declararon haber sido afectadas, lo cierto es que sí se constataron falencias en su proceder, específicamente la falla de precisión en los planos a entregar y la indicación en ellos de todos los elementos exigidos por la normativa, además de no informar oportunamente la población que se ubique dentro de los 200 metros siguientes desde el borde de la franja de seguridad, razón por la cual se aplicará multa, según se dirá”.

Manifiesta que con fecha 12 de mayo de 2015, interpone Recurso de Reposición, contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880, en contra de esta Resolución que resuelve Sumario Sanitario RIJ Nº 1569/2014; Expediente Nº 944/2014, de esta Subsecretaria Ministerial de Salud, la que fuera notificada con fecha 06 de mayo de 2015, en base a los fundamentos que transcribe, dictándose con fecha 02 de noviembre de 2017, por la SEREMI recurrida, la resolución N° J1-29455, la que fuera notificada a su representada con fecha 04 de julio de 2018, es decir después de 3 años 8 meses y 7 días de iniciado el Sumario Sanitario, esto es el 27 de octubre de 2014, mediante la cual se hace lugar a la solicitud de reposición, sólo en cuanto se rebaja la multa aplicada, quedando en la cantidad de 15 UTM, que transcribe en su parte pertinente.

En cuanto al actuar arbitrario e ilegal ue atribuye a la Seremi De Salud, refiere que la Resolución N° J1-29455, constituye un acto arbitrario y/o ilegal por dos grandes razones: 1) La sanción pecuniaria de 15 UTM impuesta a la empresa Helicópteros del Pacifico, está viciada por cuanto se ha dictado en un proceso administrativo claramente irregular en cuanto a la vigencia de su tramitación; y 2) existe una manifiesta falta de razonabilidad, congruencia y/o fundamentación en la resolución dictada por la SEREMI recurrida.

En cuanto a la dilación indebida en el procedimiento administrativo realizado por la autoridad sanitaria, sostiene que la sanción pecuniaria de 15 UTM impuesta a Helicópteros del Pacifico, está viciada por cuanto se ha dictado en un proceso administrativo claramente irregular en cuanto a la vigencia de su tramitación, ya que el sumario sanitario se inició por Acta de Inspección de 27 de octubre de 2014 y ha concluido exactamente 3 años, 8 meses 7 días después. Señala que la lentitud con que se ha tramitado este expediente o proceso administrativo escapa a toda consideración lógica y a los más mínimos criterios de eficiencia administrativa, por cuanto al iniciarse este sumario sanitario .ya se encontraba vigente la Ley Nº 19.880 que entró en vigencia el 29 de mayo de 2003. Manifiesta que esta actitud administrativa de tramitar con extrema lentitud y desidia un proceso administrativo que no reviste gran complejidad respecto de los hechos que se investigan, durante 3 años 8 meses, contraviene el principio de celeridad establecido en el artículo 7 de la referida ley de procedimientos administrativos, en cuanto a que los funcionarios de los órganos de la administración del Estado deben actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento y prosecución, haciendo expeditos los trámites y removiendo cualquier obstáculo que pudiere afectar su pronta y debida decisión, concluyendo que existió de parte del órgano administrativo extrema lentitud principalmente en la dictación de la sentencia en este proceso, como así también en la notificación de la resolución que se pronuncia en relación a la reposición, todo lo cual atenta contra el mencionado principio de celeridad establecido para los actos administrativos y lesiona el derecho de su representada a ser juzgada dentro de los plazos legales establecidos al efecto, por lo que no existiendo fundamento ni antecedente alguno que avalen tal decisión por parte del órgano fiscalizador, es que su lentísima actuación en este proceso sumarial es simplemente contraria a la lógica y a la razón, lesiva para los derechos de su representada, siendo por tanto arbitraria.

En segundo lugar, el acto administrativo recurrido también resulta ser ilegal, conforme a los artículo 1 de la Ley 19.880, inciso 3° del artículo 3 del referido cuerpo legal, el art. 18 y art. 23 del referido cuerpo legal establece en forma perentoria la obligatoriedad de los plazos y términos legales que ella dispone, al señalar que: "los términos y plazos establecidos en ésta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de la Administración en la tramitación de los asuntos, así como los interesados en los mismos". Por último, el ya citado artículo 27 de la ley 19.880 expresa que "salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final".

En consecuencia, señala que el sumario sanitario instruido por la Seremi de Salud en contra de Helicópteros del Pacifico, queda afecto en su tramitación a lo dispuesto en la ley Nº 19.880, como norma supletoria de las disposiciones establecidas en el Código Sanitario, y lo preceptuado en el la normativa aplicable, correspondiente al D.S. N° 5 del Ministerio de Salud, por mandato del artículo 1 de dicha norma legal. Las decisiones finales que el órgano administrativo ha tomado en este sumario son todas ellas del tipo Resolución, procedimiento administrativo que ha concluido con un acto administrativo terminal, cual fue la Resolución Nº 29455 de fecha 02 de noviembre de 2017. Y finalmente, a falta de norma expresa en contrario establecida en el Código Sanitario, se aplica en la especie lo dispuesto en el artículo 27 de la citada ley de Bases de Procedimientos Administrativos, que dispone que el procedimiento administrativo no puede exceder de seis meses.

Es por ello que estima que la Resolución recurrida adolece también de ilegalidad por cuanto establece una sanción pecuniaria impuesta en un procedimiento administrativo viciado en razón de haber excedido con creces su plazo legal de tramitación. De esta forma la Seremi de Salud, se aparta del mandato constitucional establecido en el artículo 7 de la Constitución Política de la República de que todo órgano administrativo actúa válidamente dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, y en la especie, la forma de actuar lo prescribe la Ley 19.880, que dispone en su artículo 27 que los procesos administrativos no pueden durar más de seis meses desde su iniciación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, norma legal plenamente aplicable al sumario sanitario RIJ N° 1569/2014. Aún más, relata que podría estimarse que tal Resolución es nula de nulidad de derecho público, por ser contraria a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Constitución Política de la República. En efecto, el artículo 6 de la Constitución Política establece que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas jurídicas dictadas conforme a ella, y el artículo 7 de la Carta Fundamental expresa que los órganos estatales actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

A continuación, argumenta acerca de la falta de razonabilidad, congruencia y/o fundamentación de la resolucion exenta N° J1-29455, señalando que todo acto administrativo debe fundarse en circunstancias materiales o fácticas que le anteceden y que justifican la emisión de éste, y al respecto, la doctrina señala dos exigencias básicas: (1) el motivo debe existir y (2) debe estar jurídicamente bien calificado.

Indica que, por un lado, que el motivo exista quiere decir que sea concreto y cierto, lo que no ocurre en la especie, por cuanto es la propia resolución la que establece categóricamente que la norma era imprecisa y confusa, señalando: “Que, se evidencia en los antecedentes del presente sumario que efectivamente el Decreto 5 del año 2010, Reglamento sobre aplicación de plaguicidas, fue modificado por el Decreto Nº 120 del año 2015, ya que la redacción de la norma en lo referido a la franja de seguridad era imprecisa y confusa, estableciéndose con posterioridad que el área mínima de 200 metros de seguridad que debe existir entre el sitio de aplicación de un plaguicida y un área sensible debe ser medido desde el borde exterior del área sensible hasta el área de aplicación; entendiéndose que la sumariada en su oportunidad siempre tuvo voluntad por cumplir con la normativa vigente y las falencias habrían ocurrido como consecuencia de la imprecisión misma de la norma, la que fue aclarada en el citado decreto del año 2015”.

De esta forma, sostiene que el acto administrativo por el cual se recurre es carente de toda razonabilidad, lo que lo transforma en un acto arbitrario, no se vislumbra porque se le aplica una multa a mi representada, cuando se reconoce expresamente que la norma era imprecisa y confusa, existiendo siempre la voluntariedad en cumplir con la normativa vigente.

Agrega que la falta en relación a este acto administrativo este segundo requisito, por cuanto la resolucion J1-29455 no está jurídicamente bien calificada, ya que del análisis del acta de fiscalización, realizada con fecha 27 de octubre de 2014, que da inicio al sumario sanitario RIJ N° 1569/2014, sólo se refiere a que su representada habría infringido el articulo 13 del Decreto Nº 5 del año 2010, que aprueba el Reglamento sobre Aplicación aérea de plaguicida, que establece la obligación de informar a la población existente en el lugar, mediante la distribución de volantes informativos de la próxima aplicación de plaguicidas, cuando existan casas establecimientos educacionales, cualquier agrupación humana, colmenares o concentración de animales o aves, en un radio de 200 metros medidos desde el borde externo de la franja de seguridad.

Sin perjuicio de ello, se determina en la resolucion por la cual se recurre, lo siguiente: “No obstante ello, lo cierto es que sí se constataron otras deficiencias en su proceder, específicamente la falta de precisión en los planos entregados y la indicación en ellos de todos los elementos exigidos en la normativa, situación que significa un factor de riesgo que pudo afectar a la salud de la población”. Sostiene que esa aseveración merece hecerse las siguientes interrogantes: 1. ¿Cuáles son las otras deficiencias en su proceder? 2. ¿Cuál es la norma que su parte vulnera? 3. ¿De que forma la falta de precisión en el plano acompañado significa un factor de riesgo que pudo afectar a la salud de la población? Todo este análisis particular y estas interrogantes que no tienen respuesta, hacen que la resolucion J1-29455 y la sanción pecuniaria que esta establece, obedezcan a una manifiesta falta de fundamentación y congruencia, ya que el acta que da inicio al sumario sanitario establece que la Empresa aplicadora de plaguicida Helicópteros del Pacífico no dio cumplimiento al artículo 13 del D.S. N° 5/2010, y la resolucion final termina señalando que existen otras deficiencias, sin indicar la norma infringida, ni la forma en que se pudo afectar la salud de la población.

En cuanto el Derecho Constitucional conculcado, esgrime, en primer lugar, la igualdad ante la Ley y La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.

Afirma que se está ante una arbitrariedad cuando los fundamentos de una decisión de un ente estatal o de un particular carecen de razonabilidad, y con mayor razón cuando éste carece de fundamentación, como es el caso de la resolucion recurrida, pues no explica detalladamente el porqué de su decisión, más aún si se trata de una sanción pecuniaria, por lo que no cabe duda alguna de que los actos desarrollados por los recurridos son evidentemente arbitrarios, por atentar en contra de la igualdad en la ley.

Agrega en relación al deber de fundamentación de las resoluciones administrativas que aún cuando la constitución por medio del recurso de protección no protege el inciso sexto del artículo 19 Nº 3 de la Constitución, debe tenerse en consideración que mantener la resolución que se impugna por medio del presente recurso de protección, haría que un acto que ha sido dictado contra lo dispuesto en nuestra Constitución, siga teniendo efectos, lo cual, haría que los derechos consagrados en nuestra carta fundamental sean meras declaraciones bien intencionadas para los ciudadanos.

Asevera que en el presente caso, las resolucion de la SEREMI recurrida, establece una fundamentación carente de razonabilidad, reconoce que la norma es “imprecisa y confusa”, pero igualmente aplica una multa, señalando que habrían otras falencias en su proceder, pero sin indicar, cual sería la norma infringida, ni la forma en que ésta sería vulnerada, siendo una argumentación antojadiza, irracional y de mero capricho, contrariando completamente el debido proceso, el cual por aplicación de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, tiene aplicación directa. En este mismo sentido, se contraviene por parte de los recurridos, lo señalado en el artículo 41 de la Ley 19.980 que Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, señalando: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. Lo que en la especie no ocurre, resolución que contraviene abiertamente la disposición legal citada, siendo entonces actos que aparte de tener una arbitrariedad evidente, son a la vez ilegales, es decir contrarios a derecho, contraviniendo disposición legal expresa.

En segundo lugar, considera el Nº 24 del Artículo 19 de la Constitución Política de la Republica que consagra el derecho de propiedad, en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales Concluye, luego de afirmar el cumplimiento de los requisitos del recurso de protección tener por interpuesto el presente Recurso Constitucional de Protección en favor de HELICÓPTEROS DEL PACIFICO LTDA., en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, ya individualizada; o bien cualquier otra persona o personas, funcionarios o autoridad, que sean los causantes del acto u omisión arbitraria y/o ilegal, que haya podido producir privación, perturbación y/o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger por intermedio de la presente acción, ordenando a la recurrida emitan informe en un plazo perentorio que Ssa. Iltma., fije para tal efecto, y se acoja dicho recurso en todas sus partes; y en definitiva, se dejen sin efecto la Resolución Exenta N° J1-029455, de fecha 02 de noviembre de 2017 y/o adoptando de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado; con costas En un otrosí, acompaña los siguientes documentos: 1) Resolución Exenta N° J1-029455, de fecha 02 de noviembre de 2017, emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región De La Araucanía; 2) Acta de notificación de fecha 04 de julio de 2018, en relación a la notificación de la Resolución Exenta N° J1-029455; 3) Resolución Exenta N° J1-06267, de fecha 21 de abril de 2015, emitida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía; 4) Acta de fiscalización N° 15664, 15665 y 15666., de fecha 27 de octubre de 2014 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de La Araucanía; 5) Recurso de Reposición, contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880, en contra de Resolución Exenta Nº J1-06267, de fecha 12 de mayo de 2015; 6)

Carta de Helicópteros del Pacifico en Respuesta Acta Fiscalización N° 15664, 15665 y 15666, de fecha 12 de noviembre de 2014; 7) Formulario tipo de notificación de aplicaciones aéreas de plaguicidas DS 5, de fecha 20 de octubre de 2014; 8) Resolucion Exenta N° A20/014991, de fecha 14 de octubre de 2014, que autoriza el funcionamiento de Helicópteros del Pacifico como empresa aérea aplicadora de pesticida A folio 5, con fecha 24 de agosto del año 2018, comparece doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud (S) de la Región de la Araucanía, quien informa que el presente recurso de protección, y luego de hacer referencia a los presupuestos del recurso de protección, sostiene que dicha acción constitucional no es la vía idónea para resolver el asunto planteado por la recurrente, por cuanto de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 del Código Sanitario, las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrán reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y sumaria. Es decir, si se considera que lo resuelto por la Autoridad Sanitaria carece de razonabilidad, congruencia o fundamentación, la acción que corresponde es la de reclamación judicial de multa sanitaria establecida en la norma antes citada, concluyendo que fue el propio legislador quien ha establecido el mecanismo de impugnación del acto administrativo en comento, esto es, la reclamación judicial de multa sanitaria, siendo competente el juzgado civil respectivo, quien conocerá en juicio sumario, acción que no ha sido ejercida por el recurrente, siendo ella la vía idónea para reclamar la falta de razonabilidad, congruencia o fundamentación de la resolución impugnada. Por tanto, lo que se presenta en el recurso, excede a las materias que deben ser conocidas por el Recurso de Protección, atendida su naturaleza cautelar, toda vez que aquellos deben ser discutidos y probados en el procedimiento judicial correspondiente, ante el cual podrán hacerse las alegaciones respectivas, condiciones en la que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el N° 2 del auto acordado sobre tramitación y fallos del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo, alega la recurrente que el procedimiento sería ilegal por cuanto habría existido en él una dilación excesiva al haberse demorado la dictación de la resolución 3 años, 8 meses y 7 días, lo cual escaparía de toda lógica e infringiría el principio de celeridad establecido en la Ley N° 19.880 y el artículo 27 del mismo cuerpo legal, el cual establecería el plazo de 6 meses para la tramitación de un procedimiento administrativo, señala que si bien es cierto el artículo 27 de la Ley N° 19.800 señala que "salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final", y que de acuerdo al artículo 23 del mismo cuerpo legal los plazos establecidos en la ley obligan a las autoridades y personal del servicio de la administración, no es menos cierto que los plazos establecidos en la ley no son fatales para la administración, así lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia de Contraloría General de la República, por ejemplo en Dictamen N° 74086 del año 2012, conforme al cual, en lo pertinente, "... la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que, salvo disposición legal expresa en contrario, los plazos que la ley establece para las actuaciones de la Administración, no son fatales, toda vez que ellos tienen por finalidad principal el logro de un buen orden administrativo para dar cumplimiento a las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo. (Aplica dictámenes N°s. 36.246, de 2009; 61.059, de 2011, y 20.306, de 2012, entre otros)". Por otro lado, el ente contralor ha sostenido que "...cabe tener presente que de acuerdo al inciso segundo del artículo 13 de la ley N° 19.880, que regula el principio de la no formalización, el vicio de procedimiento o de forma en un procedimiento administrativo sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado, pudiendo la Administración, conforme lo prescribe el inciso tercero de la citada norma legal, subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros" y que se produce un vicio que afecta un requisito esencial del procedimiento "si el vicio que se alega hubiera influido decisivamente en la decisión adoptada por el órgano emisor, esto es, si de haberse cumplido en la forma prescrita por la ley hubiese llevado a la Administración a manifestar su voluntad en un sentido diverso al expresado".

Afimra que desde un punto de vista práctico, la demora en la dictación de la resolución no se ha producido por un mero capricho de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, sino por el hecho de contar con escaso recurso humano para realizar dicha tarea, contando esa Institución hasta julio del año 2017 con solo dos abogados dedicados tanto a la resolución de los sumarios sanitarios como también a la resolución de los recursos de reposición interpuestos en contra de las resoluciones que se dicten en dichos procedimientos, además de las tareas administrativas internas que les encarguen, dando cuanta de ingresos totales y anuales de ingresos, manifestando que no puede estimarse que el procedimiento que concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N° Jl- 29455, que se impugna, haya estado viciado o haya sido irregular y por tanto que dicha resolución sea ilegal.

Sobre la supuesta falta de razonabilidad, congruencia y/o falta de fundamentación de la resolución impugnada, es necesario señalar que omite la recurrente señalar que fue sancionada por infringir dos artículos del Decreto 5 de 2010 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento sobre aplicación aérea de plaguicidas, esto es, los artículos 8 y 13. Toda la argumentación de la recurrente gira en torno a la poca claridad del artículo 13 del cuerpo legal citado y al hecho de que con posterioridad a la dictación de la Resolución Exenta N° Jl- 6267 del 21 de abril de 2015 se modificó dicha norma aclarando su sentido y alcance. Señala que precisamente en base a dicha aclaración es que al resolverse el recurso de reposición interpuesto y dictarse la Resolución Exenta N° J1-29455, es que se accede parcialmente al recurso rebajando la multa, señalando expresamente dicha resolución que "no obstante ello, lo cierto es que sí se constataron otras deficiencias en su proceder, específicamente la falta de precisión en los planos entregados y la indicación en ellos de todos los elementos exigidos en la normativa, situación que significa un factor de riesgo que pudo afectar la salud de la población", señalándose, contrario a lo indicado por la recurrente, cuáles son esas otras deficiencias: falta de precisión en los planos entregados y la indicación en ellos de todos los elementos exigidos en la normativa, deficiencias que ya habían sido indicadas, incluyendo la norma vulnerada, en Resolución Exenta N° J1-6267, del 21 de abril de 2015, desvirtuándose de esta forma, además, un supuesta vulneración al derecho de igualdad ante la ley, por cuanto la resolución recurrida si se encuentra suficientemente fundamentada, descartándose la supuesta "arbitrariedad" que alega la recurrida y que constituye su argumento principal para invocar la vulneración a tal derecho fundamental. Es importante recordar que "el principio de igualdad aplicado al derecho no significa que todos los sujetos han de gozar o tener unos mismos derechos o verse compelidos por iguales obligaciones, ya que resulta evidente que el derecho, como técnica social que orienta y sanciona la conducta humana, diferencia las situaciones o hechos y asigna consecuencias jurídicas también diferentes o desiguales. Ello es la única manera, por lo demás y, aunque resulte paradójico, de cumplir, en determinadas hipótesis, con el principio de igualdad, que supone tratar no a todos por igual ni estipular todo por igual, sino tratar a quienes corresponda de modo igualitario y a otros, en otros contextos, de modo desigual. El derecho reconoce la idea de diferencia y desigualdad y opera, estableciendo distinciones normativas". En la especie, señala que no se verifica en ningún caso un atentado a la igualdad ante la ley, desde que se confunde dicha garantía con la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que le atribuye al acto, en atención a que acoger el recurso debe estar dirigido a realizar un examen de legalidad del acto, y como consecuencia de ello, de forma automática nos encontraríamos ante la vulneración de la igualdad ante la ley. El actor no es capaz de señalar en forma precisa y clara, de qué forma se estaría afectando esta garantía, no siendo suficiente a este respecto una mera enunciación del derecho para acreditarlo.

Finaliza solicitando que se rechace el recurso interpuesto al haber actuado la Secretaría Regional Ministerial de Salud dentro de sus competencias y el marco legal que la ampara, y por estormar que no la Resolución impugnada no se trta de un acto arbitrario e ilegal, sino del resultado del legítimo ejercicio de las facultades otorgadas a esa Institución dictada ajustándose a todas las normas procesales y de fondo que rigen la dictación de dichos actos administrativos, que en caso alguno vulneran la igualdad ante la ley de la recurrente toda vez que, como ella misma señala, se trata a todos los que estén en la misma circunstancia de la misma manera, ni tampoco vulnera el derecho de propiedad ya que la legítima imposición de una sanción pecuniaria no puede significar per se la vulneración de dicha garantía constitucional, y que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a esta parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.

Se acompañaron al informe los siguientes documentos: a) Acta de Fiscalización N° 15664, de fecha 27.10.2014; b) Resolución Exenta N° Jl-06267, de fecha 21.04.2015; y c) Resolución Exenta N° Jl-029455, de fecha 02.11.2017.

A folio 12, con fecha 21 de septiembre de 2018, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones arbitrarias o ilegales que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Lo anterior supone estar en presencia de un derecho indubitado de que sea titular el afectado y que la amenaza o privación sea actual, por manera que, en caso de acogerse la acción, esta Corte pueda adoptar las medidas adecuadas para reparar el agravio.

SEGUNDO: Que la recurrente HELICÓPTEROS DEL PACIFICO LTDA., ha denunciado como actuación ilegal o arbitraria, la dictación de la Resolucion Exenta N° J1-29455, de fecha 02 de noviembre de 2017, mediante la cual se hace lugar a la solicitud de reposición, rebajando la multa aplicada e imponiendo la cantidad de 15 UTM, fundado en que el procedimiento administrativo es ilegal en atencion al tiempo en su tramitación, y asimismo, respecto a su razonabilidad.

TERCERO: Que así, en cuanto a la vigencia del procedimiento, es un hecho indubitado lo siguiente:

1.- Que con fecha 27 de octubre de 2014 un funcionario fiscalizador de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, realizó visita inspectiva en el domicilio de la empresa Helicópteros del Pacifico, Km. 17,5, Ruta S-30, Sector Rengalil, Labranza, Temuco, levantándose el acta de fiscalización N° 15664, 15665 y 15666, iniciándose el sumario administrativo.

2.- Que con fecha 21 de abril de 2015, se dictó la Resolucion Exenta N° J1-29455, aplicando en definitiva una multa de 50 UTM.

3.- Que con fecha 12 de mayo de 2015, la reclamante interpone Recurso de Reposición, contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880.

4.- Que con fecha 02 de noviembre de 2017, la SEREMI dictó la Resolución N° J1-29455, siendo notificada con fecha 04 de julio de 2018, haciendo lugar a la solicitud de reposición, sólo en cuanto se rebaja la multa aplicada, quedando en la cantidad de 15 UTM, que transcribe en su parte pertienen.

CUARTO: Que si bien es cierto es efectivo que el procedimiento sancionatorio se prolongó por más de dicho plazo desde su inicio hasta la dictación de la resolución impugnada, no es posible soslayar la interpretación reiterada que la Excma. Corte Suprema ha hecho de esta norma, señala que dicho plazo no es fatal y que su contravención sólo acarrea responsabilidad administrativa. Por su parte, la Contraloría General de la República, siguiendo esa misma interpretación ha agregado "que los plazos que la ley establece para los trámites y decisiones de la Administración no son fatales, toda vez que tienen por finalidad el logro de un buen orden administrativo, para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos, y que su vencimiento no implica, por sí mismo, la caducidad o invalidación del acto respectivo, de modo que la expiración de dichos términos no impide que las correspondientes actuaciones se lleven a cabo con posterioridad a ella", lo que precisamente es lo que ha ocurrido en la especie. (Sentencia Corte Suprema de 19 de octubre de 2015 dictadas en causa Rol 9605-2015).

QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, el artículo 1° de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos dispone que en aquellos casos en que la ley establece procedimientos administrativos especiales, esta se aplicará en el carácter de supletoria. En la especie, las normas aplicables son aquellas contenidas en los artículos 155 y siguientes del Código Sanitario, en las cuales no se establece plazo especial para dictar la respectiva sentencia ni para notificarla, razón por lo que no resulta aplicable la normativa aludida.

SEXTO: Que a mayor abundamiento, incluso teniendo presente que la Fiscalización se inició el 27 de Octubre del año 2014, iniciando el sumario sanitario, se resolvió éste con fecha 21 de abril del año 2015, es decir, dentro del término de seis meses, procediéndose posteriormente a deducirse recurso de reposición interpuesto por la reclamante, lo cual fue resuelto con fecha 02 de noviembre del año 2018, no observándose ilegalidad alguna.

SÉPTIMO: Que ahora bien, en cuanto al fondo del procedimiento, consta que la Resolucion Exenta N° J1-29455, dispone lo siguiente: “Que, finalmente, se hace presente al infractor que es de su responsabilidad dar estricto cumplimiento a la normativa sanitaria, evitando generar factores de riesgo que pudieren afectar a la salud de la población, pues si bien no se pudo constatar a ciencia cierta que su conducta haya provocado problemas de salud a las personas que declararon haber sido afectadas, lo cierto es que sí se constataron falencias en su proceder, específicamente la falla de precisión en los planos a entregar y la indicación en ellos de todos los elementos exigidos por la normativa, además de no informar oportunamente la población que se ubique dentro de los 200 metros siguientes desde el borde de la franja de seguridad, razón por la cual se aplicará multa, según se dirá”.

OCTAVO: Que de esta forma, alegando el recurrente la falta de fundamentación legal de los hechos denunciados y sancionados de la lectura de la referida Resolución deja en evidencia que sí se encuentra motivada puesto que en ella se contienen cargos de la autoridad y los descargos de la reclamante, mismos que son desestimados en virtud del análisis de la prueba rendida, señalándose expresamente las razones por las que se considera insuficiente las probanzas rendidas para desvirtuar los hechos que da constancia el acta de fiscalización.

NOVENO: Que de esta forma, por las motivaciones expuestas, no se advierte que se haya verificado en el presente caso alguna actuación arbitraria o ilegal por parte de la recurrida, razón por la cual la presente acción será rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña doña nombre reservado, en representación de HELICÓPTEROS DEL PACIFICO LTDA., representada legalmente por Inversiones San Salvador Limitada, en contra de la SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don José Martínez Ríos.

Rol N° Protección 4177-2018 Se deja constancia que no firman Ministro Sr. Julio César Grandón Castro y Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.