Recurso de protección

C.A. de Temuco.

Temuco, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1 comparecen José Alejandro Martínez Ríos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, ingeniero civil industrial, de su mismo domicilio, interponiendo acción de protección en contra de nombre reservado, ingeniera agrónoma, domiciliada en domicilio reservado, e-mail correo reservado, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho:

Comienza su presentación describiendo los siguientes hechos: 1.- Por Resolución Exenta Nº NUM000 del 14 de octubre de 2024, del Rector de La Universidad de La Frontera, se instruyó sumario administrativo para efectos de investigar la instrucción de los hechos que dieron origen al déficit financiero de la Universidad de La Frontera, y asimismo determinar la responsabilidad administrativa, si procediere. 2.- Por Resolución Exenta Nº NUM001 de fecha 29 de abril de 2025 dictada por el Rector Subrogante de la Universidad de La Frontera Sr. nombre reservado se le aplicó a don nombre reservado medida disciplinaria de destitución prevista en el artículo 121 en relación al 125 letra de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo. 3.- Dentro de plazo, por don nombre reservado se dedujo recurso de reposición y, en forma subsidiaria, interpuso recurso de apelación, de conformidad con lo prevenido en el artículo 10 del Manual de Funcionamiento Interno de la Junta Directiva, aprobado por Resolución Exenta N°2261 de 2006. 4.- Por Resolución Exenta N° NUM002, de 09 de julio de 2025, del Rector Subrogante de la Universidad de la Frontera Sr.

nombre reservado, se rechazó recurso de reposición presentado en contra de la Resolución Exenta N° NUM003 de fecha 29 de abril de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a don nombre reservado y acogió a tramitación recurso de apelación subsidiario ordenando elevar los antecedentes ante la Junta Directiva de la mailto:correo reservado

Universidad de La Frontera para que ésta conozca y resuelva el recurso de Apelación Especial deducido. 5.- Sin embargo, a pesar de haberse concedido el recurso de apelación para el conocimiento y resolución del recurso de apelación especial deducido y, por lo tanto, habiéndose producido el desasimiento del Rector de la Universidad de la Frontera para pronunciarse acerca del presente sumario, el cual se encontraba bajo el conocimiento de la Junta Directiva al haberse concedido el recurso de apelación y encontrándose pendiente de su resolución, aconteció que la Rectora subrogante doña nombre reservado, careciendo de competencia para ello, actuado fuera del ámbito de sus facultades, y de manera ilegal a través de la de la Resolución Exenta Nº NUM004 de fecha 16 de octubre de 2025 procedió, en lo pertinente, a declarar concluido el procedimiento para que la Junta Directiva conozca de los recursos de apelación interpuestos en el sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 14 de octubre de 2024, por la imposibilidad legal sobreviniente de que estos recursos sean conocidos por la Junta Directiva y confirmar la medida disciplinaria de destitución aplicada a nombre reservado. 6.- Dicha resolución fue puesta en conocimiento mediante correo electrónico remitido por la Secretaría General de la Universidad de La Frontera de fecha 23 de octubre de 2025. 7.- El fundamento que se tuvo en cuenta para ello consistió en que con fecha 20 de agosto de 2025, el compareciente, en representación de don nombre reservado, presentó escrito solicitando a la Honorable Junta Directiva que siete de sus nueve miembros (señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; señoras nombre reservado M.

nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado) declaren su inhabilidad para conocer del recurso de apelación interpuesto en favor de su representado, por concurrir el deber jurídico de abstención, y que según certificado emitido con fecha 22 de septiembre de 2025, el Secretario General dejó constancia que ocho de los nueve miembros que integran la Honorable Junta Directiva, declararon de oficio su inhabilidad para intervenir, conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos en el sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 14 de octubre de 2024, por don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado. Dichas inhabilidades, fueron presentadas en razón al principio de imparcialidad (Artículo 11 de la Ley N°19.880) y al principio de obtención (Artículo 12 de la Ley N°19.880), por lo que considera que la Honorable Junta Directiva ha quedado sin el quórum necesario para sesionar y conocer los recursos de apelación interpuestos, por lo que se habría configurado una imposibilidad legal sobreviniente para conocer de los recursos de apelación.

Considera que la actuación recurrida infringe el principio de legalidad contemplado en los artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República desde que la Rectora Subrogante de la Universidad de la Universidad de la Frontera carece de facultades para “Declarar concluido el procedimiento el procedimiento para que la Junta Directiva conozca de los recursos de apelación interpuestos en el sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 14 de octubre de 2024, por la imposibilidad legal sobreviniente de que estos recursos sean conocidos por la Junta Directiva”.

Alega que también se vulnera el principio de inexcusabilidad contemplado en el artículo 76 inciso segundo de la Constitución Política de la República que señala que “Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometidos a su decisión” y en el artículo 14 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, que dispone lo siguiente: “Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”.

Razona que no es el órgano llamado a conocer de la apelación el que ha declinado el conocimiento del asunto, en este caso la Junta Directiva de la Universidad de la Frontera, sino que es la Rectora de la Universidad de la Frontera, en este caso el órgano respecto del cual se recurre, es quien de manera insólita ha procedido a declarar la “imposibilidad legal sobreviniente”, y por ende la “excusabilidad” del órgano competente para conocer del recurso de apelación.

Arguye una lesión al principio del desasimiento atendido que contemplado en los artículos 182 al 185 del Código de Procedimiento Civil, de manera tal que habiéndose entregado el conocimiento del asunto a la competencia de la Junta Directiva de la Universidad de la Frontera, en la medida que no exista un pronunciamiento de dicho órgano, y existiendo la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 29 de abril de 2025, acogió a tramitación recurso de apelación subsidiario ordenando elevar los antecedentes ante la Junta Directiva de la Universidad de La Frontera para que ésta conozca y resuelva el recurso de Apelación Especial deducido, no es posible que la rectoría recobre el conocimiento y competencia para seguir conociendo del asunto, en tanto no exista un pronunciamiento del órgano que tiene la competencia para conocer de la apelación.

Identifica como vulneradas las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 2 y Nº 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos en cuanto nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. La primera por darse mi representado un trato clara y ostensiblemente discriminatorio y desigual que aquel que se le da al resto de los funcionarios públicos, en la medida que pueden ejercer durante el procedimiento administrativo todos los derechos que franquea la ley, incluyendo el derecho al recurso de apelación de la medida de destitución para que sea conocido por la Junta Directiva de la Universidad de la Frontera, de manera que las sanciones o medidas disciplinarias le han impuestas se ajustan y son efectuadas con arreglo a los procedimientos legales establecidos y ajustándose a las exigencias del debido proceso.

La segunda garantía la considera afectada por la recurrida, al impedir que el conocimiento del recurso de apelación por la Junta Directiva, y reasumir la competencia que había perdido al momento de concederse la apelación, de manera que habiéndose elevado el conocimiento del presente asunto a la Junta Directiva de la Universidad, al decretar “la conclusión del procedimiento” se ha erigido de esta forma en una especie de comisión especial, la que se encuentra proscrita por la Constitución.

Pide se deje sin efecto la Resolución Exenta N° NUM004 de fecha 16 de octubre de 2025, en aquella parte que declaró concluido el procedimiento para que la Junta Directiva conozca de los recursos de apelación interpuestos en el sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 14 de octubre de 2024, por la imposibilidad legal sobreviniente de que estos recursos sean conocidos por la Junta Directiva y confirmar la medida disciplinaria de destitución aplicada, entre otros a nombre reservado, por carecer de facultades para ello; Se condene en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de la Resolución Exenta N° NUM004 de fecha 16 de octubre de 2025. 2.- Copia correo electrónico de fecha 23 de octubre de la Secretaría General por el que se puso conocimiento de la Resolución Exenta N° NUM004 de la Resolución Exenta Nº NUM005 de fecha 17 de marzo de 2022 dictada por el Rector de la Universidad de La Frontera Sr. nombre reservado. 3.- Copia de Resolución Exenta N° NUM002, de 09 de julio de 2025, del Rector Subrogante de la Universidad de la Frontera Sr.

nombre reservado, se rechazó recurso de reposición presentado en contra de la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 29 de abril de 2025.

A folio 13 comparece Natalia Cecilia Calderón Orias, abogada, en representación de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA y de nombre reservado evacuando informe del siguiente tenor:

Expone que en el marco de un sumario administrativo seguido respecto del recurrente éste dedujo recurso de reposición y, en forma subsidiaria, interpuso recurso de apelación. Sin embargo, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 09 de julio de 2025, el Rector Subrogante de la Universidad de la Frontera Sr. nombre reservado, rechazó recurso de reposición presentado en contra de la Resolución Exenta N° NUM001 de fecha 29 de abril de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a don nombre reservado y acogió a tramitación recurso de apelación subsidiario ordenando elevar los antecedentes ante la Junta Directiva de la Universidad de La Frontera para que ésta conozca y resuelva el recurso de Apelación Especial deducido.

Hace presente que sanción antes indicada se aplicó al recurrente por “[…]De acuerdo al mérito de los autos, a éste fiscal le asiste la convicción de que la inculpado es autor de los cargos formulados. - Incurrió en una infracción de la más alta gravedad administrativa, tanto por el cúmulo de hechos que se le atribuyen, como por el impacto institucional, presupuestario y normativo que tales hechos han generado. - El análisis de los ocho cargos formulados permite establecer que su conducta se caracterizó por una inaceptable tolerancia frente a prácticas irregulares reiteradas, la adopción de decisiones estratégicas sin respaldo técnico ni evaluación de impacto, la convalidación de información financiera parcial o distorsionada, y la falta de acción oportuna para contener el progresivo deterioro financiero de la Universidad, aun cuando su cargo le otorgaba plenas atribuciones para dirigir, controlar y corregir el rumbo de la gestión financiera institucional. - La documentación reunida acredita que, durante su gestión, se utilizaron fondos públicos con destinación específica para fines no permitidos, se emitieron certificados de disponibilidad presupuestaria sin respaldo efectivo, se formalizaron decisiones presupuestarias estructurales sin estudios de sostenibilidad, y se permitió la ejecución de operaciones críticas sin cumplir con requisitos legales esenciales, como la toma de razón institucional, todo lo cual condujo a una crisis de proporciones en la administración financiera de la Universidad. - Particularmente grave resulta que el encartado, pese a contar con los medios, la jerarquía y la información necesaria para intervenir, no adoptó medida alguna para frenar o revertir esta situación, ni tampoco advirtió formalmente a la Rectoría, a la Junta Directiva ni a la comunidad universitaria de los riesgos que se estaban consolidando. - Su defensa, centrada en la delegación técnica y la colegialidad de las decisiones, no logra desvirtuar su rol activo en la conducción de las políticas que hoy se encuentran cuestionadas, ni su responsabilidad jerárquica y funcional sobre las unidades directamente involucradas. Asimismo, su participación en la validación de proyecciones financieras inexactas, su falta de control efectivo sobre la emisión de documentos institucionales críticos, y su rol como promotor de decisiones de alto impacto presupuestario sin evaluación de viabilidad, comprometieron severamente la probidad, la transparencia y la legalidad de la gestión universitaria, generando consecuencias que aún afectan la estabilidad y el prestigio institucional. - Por todo lo anterior, esta Fiscalía estima que la conducta del encartado no solo quebrantó los deberes esenciales de su cargo, sino que lo hizo de forma reiterada, consciente y con grave perjuicio institucional, lo que exige que su responsabilidad sea ponderada con el máximo rigor administrativo, conforme a los principios de legalidad, probidad, responsabilidad y eficiencia que rigen el ejercicio de la función pública. b.-Circunstancias atenuantes o agravantes: - Atenuantes: el inculpado presenta como atenuantes su irreprochable conducta anterior. - Agravantes: De acuerdo al mérito de los autos, al inculpado no le afectan […]”

Relata que con fecha 20 de agosto de 2025, el abogado don José Alejandro Martínez Ríos, en representación de don nombre reservado, presentó escrito solicitando a la Honorable Junta Directiva que siete de sus nueve miembros —señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado; señoras nombre reservado M. nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado—declaren su inhabilidad para conocer del recurso de apelación interpuesto en favor de su representado, por concurrir el deber jurídico de abstención, en base a los argumentos que se indican en dicha presentación.

Explica que ello derivó en que Sr. Secretario General de la Universidad de La Frontera, certifico la inhabilidad de los siguientes miembros de la Junta Directiva: a) Sr. nombre reservado, con fecha 28 de agosto de 2025. b) Sr. nombre reservado, con fecha 26 de agosto de 2025. c) Sr. nombre reservado , con fecha 27 de agosto de 2025. d) Sr. nombre reservado, con fecha 27 de agosto de 2025. e) Sra. nombre reservado, con fecha 27 de agosto de 2025. f) Sra. nombre reservado, con fecha 27 de agosto de 2025. g) Sra. nombre reservado, de fecha 28 de agosto de 2025. h) Sra. nombre reservado, de fecha 30 de agosto 2025.

De esta forma, concluye que lo que impide alcanzar el quorum para sesionar y resolver válidamente. Por lo anterior, no existe ningún órgano superior a la junta directiva dentro de la estructura de la Universidad de La Frontera que pueda asumir el conocimiento y resolución de los recursos de apelación presentados por los Sres. nombre reservado entre otros en la forma prescrita en el DFL 156/81 del Mineduc y en la normativa interna universitaria. Lo cual, fue certificado con fecha 22 de septiembre de 2025.

Argumenta que conforme a la Ley N° 19.880, los principios de imparcialidad y abstención por inhabilidad son imperativos para resguardar el debido proceso, por lo que no resulta jurídicamente posible que la Junta Directiva conozca de los recursos con miembros inhábiles, sin vulnerar tales garantías. Asimismo, el principio de inexcusabilidad, previsto en el artículo 14 de la citada ley, no puede extenderse más allá de las competencias que la ley establece, no siendo jurídicamente exigible a la Junta Directiva pronunciarse sobre el fondo cuando resulta material y legalmente imposible constituirse válidamente. Que, a su vez, el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8° de la Ley N°19.880, impone el deber de poner término al procedimiento administrativo mediante un acto expreso, aun cuando no pueda resolverse sobre el fondo por falta de constitución del órgano competente.

Agrega que dado que la Junta Directiva no pudo constituirse por falta de quórum, a raíz de las inhabilidades declaradas por la mayoría de sus integrantes, el recurso de apelación no puede ser resuelto en el fondo, configurándose una imposibilidad material sobreviniente conforme al artículo 40 de la Ley N° 19.880. Por esta razón, corresponde declarar la conclusión del procedimiento recursivo, manteniéndose firme la decisión recurrida, sin que ello implique prejuzgamiento sobre el mérito de la apelación ni afecte las demás vías de impugnación externas que pudieran corresponder al interesado. por lo anterior se emite la Resolución Exenta Nº NUM004 de 2025 de fecha 16 de octubre de 2025 que procedió, declara concluido el procedimiento para que la Junta Directiva conozca de los recursos de apelación interpuestos en el sumario administrativo instruido mediante Resolución Exenta N° NUM000, de 14 de octubre de 2024, por la imposibilidad legal sobreviniente de que estos recursos sean conocidos por la Junta Directiva y procedió a confirmar la medida disciplinaria de destitución aplicada a nombre reservado.

Considera se aplicó correctamente los artículos 8, 14 y 40 de la Ley N.º 19.880, dictando un acto expreso que puso término al procedimiento recursivo, sin resolver el mérito del recurso ni sustituir a la Junta Directiva en sus atribuciones. Asimismo se respetó el principio de inexcusabilidad, en cuanto evitó la paralización indefinida del procedimiento y dejó a salvo las vías externas de impugnación, entre ellas la reclamación del artículo 160 de la Ley N.º 18.834.

Pide tener presente lo informado, rechazando el recurso de protección interpuesto por nombre reservado: en contra de la Universidad de La Frontera, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta Nº NUM000, de fecha 14 de octubre de 2024. 2. Resolución Exenta N° NUM001, de fecha 29 de abril de 2025. 3. Resolución exenta Universitaria N° NUM002 de 9 de julio de 2025. 4. Certificado emitido con fecha 22 de septiembre de 2025, el Secretario General. 5. Resolución Exenta N°NUM004, de fecha 16 de octubre de 2025.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección.

I. En cuanto al acto impugnado:

Segundo: Que, la acción de protección constitucional se dirige contra la Resolución Exenta Nº NUM004 de fecha 16 de octubre de 2025 dictada por la Rectora Subrogante que procedió a declarar concluido el procedimiento en el que se encontraba pendiente que la Junta Directiva de la Universidad de la Frontera conociera del recurso de apelación del recurrente contra la sanción de destitución de la que fue objeto en el marco de un sumario administrativo.

Tercero: Que, asimismo consta que, previo a la resolución del recurso de apelación, ocho de los nueve integrantes de la Junta Directiva se declararon inhabilitados para conocer del recurso del recurrente, lo que fue certificado por el Sr. Secretario de la Universidad, generándose así la imposibilidad de reunir el quórum necesario para sesionar.

Cuarto: Que en dicho contexto se dictó la Resolución Exenta N°NUM004, que declaró concluido el procedimiento recursivo y mantuvo la decisión sancionatoria.

II. En cuanto a la alegada falta de competencia (principio de legalidad):

Quinto: Que, el recurrente sostiene que la autoridad recurrida carecía de facultades para declarar concluido el procedimiento.

Sexto: Que, del análisis del ordenamiento jurídico aplicable - especialmente la Ley N°19.880- aparece que la Administración se encuentra obligada a dictar resolución que concluya el procedimiento conforme a sus artículos 8, 14 y 40.- Séptimo: Que, sobre el particular se debe tener presente que el artículo 40 de la Ley N°19.880 contempla la hipótesis de imposibilidad material o legal de continuar el procedimiento, facultando a la Administración para ponerle término al procedimiento administrativo.

Octavo: Que, en la especie se acreditó la imposibilidad de constituir el órgano competente para resolver la apelación, por la inhabilidad de la mayoría de sus miembros, sin que exista mecanismo normativo de integración supletoria.

Noveno: Que, en tales circunstancias, la actuación de la autoridad recurrida no aparece carente de fundamento legal, sino inserta dentro de las potestades que el ordenamiento confiere para enfrentar situaciones de imposibilidad jurídica sobreviniente.

III. En cuanto al principio de inexcusabilidad:

Décimo: Que, el recurrente sostiene que la recurrida habría vulnerado el principio de inexcusabilidad ya que no existe excepción alguna para que la obligación del órgano competente para resolver el asunto sometido a su conocimiento.

Undécimo: Que, se debe tener presente que dicho principio no implica la obligación de resolver el fondo de un asunto en cualquier circunstancia, sino la de emitir un pronunciamiento dentro del ámbito de las competencias legales.

En ese orden de ideas, no puede exigirse a un órgano colegiado pronunciarse cuando no puede válidamente constituirse sin infringir las reglas de imparcialidad y abstención.

Duodécimo: Que, en consecuencia, la autoridad recurrida dio cumplimiento al principio invocado al dictar un acto expreso que puso término al procedimiento, en este caso por causa sobreviniente.

En cuanto al principio de desasimiento:

Décimo Tercero: Que, el recurrente invoca como infringido el principio de desasimiento puesto que la Rectoría no puede recobrar el conocimiento de un asunto que ya se había elevado a la Junta Directiva.

Décimo Cuarto: Que, dicho principio es propio del ámbito jurisdiccional, no siendo directamente aplicable a procedimientos administrativos que se rigen por la Ley N°19.880.- Décimo Quinto: Que, en todo caso, la resolución impugnada no constituye una reapertura del conocimiento del fondo del asunto, sino un acto procedimental que constata la imposibilidad de continuar la tramitación del recurso.

IV. Garantías constitucionales eventualmente infringidas:

Décimo Sexto: Que, la alegada vulneración de igualdad ante la ley no se configura, desde que la situación del recurrente deriva de circunstancias excepcionales —inhabilidad del órgano revisor— y no de un trato discriminatorio.

Décimo Séptimo: Que, tampoco se advierte infracción al derecho al debido proceso ni la prohibición de comisiones especiales, por cuanto la recurrida no asumió competencia para resolver el fondo del recurso, limitándose a dictar un acto terminal de procedimiento.

Décimo Octavo: Que, además, consta que se han mantenido vías externas de revisión, lo que excluye la existencia de indefensión.

Décimo Noveno: Que, en consecuencia, no se ha acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales invocadas, por lo que el recurso de protección deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida por el abogado José Alejandro Martínez Ríos, en representación de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot.

Rol N° Protección-4173-2025 (pvb).