nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece LUIS nombre reservado SEGUEL MORA, abogado, quien interpone Recurso de protección a favor de doña nombre reservado, y en contra de don nombre reservado.

I) Antecedentes de hecho:

Indica que la recurrente, es dueña de un predio ubicado en el lugar Quifo, comuna de Saavedra, constituida por un retazo de terreno de 30 hectáreas de superficie que deslinda NORTE: Con nombre reservado e Hijuela adjudicada a nombre reservado; ORIENTE: Con resto de hijuela de que forma parte, perteneciente al vendedor nombre reservado; SUR: Con reducción Paillalef y resto Quifo; Y PONIENTE: con resto de la hijuela primitiva, dividida ahora en lotes C, D, Y E.- El dominio se encuentra inscrito a fojas 432N°388 en el registro de propiedad del Conservador de Bienes raíces de Carahue del año 2016.

Refiere que la recurrente quien es una anciana de más de 85 años de edad, concurrió a su predio el día 8 de febrero del presente año percatándose que el recurrido don nombre reservado, quien es un vecino, empresario y agricultor de la zona, quien ha adquirido un predio colindante al predio de la recurrente y quien realiza permanentemente actos hostiles y de acoso en contra de ella, procedió esta vez a destruir una parte de los cercos y alambradas de los predios colindantes, sin razón alguna u orden judicial, puesto que las estacas que soportan los alambrados fueron arrancados de cuajo, y completamente destruidos en extensiones de 20 metros.

El recurrido desde que llegó al sector de manera prepotente y agresiva jamás ha respetado la propiedad de la recurrente, sus hectáreas y títulos e informes legales que lo acreditan, ha realizado de manera frecuente conductas en el tiempo tales como, adulteración de los deslindes, es decir, corriendo permanentemente los cercos que delimitan los terrenos, también en actos anteriores el recurrido de manera abusiva, ha impedido el acceso al lugar al bloquear la entrada de la propiedad de la recurrente encadenando el portón el cual es el único acceso por camino de servidumbre que cuenta el predio de la recurrente, debiendo está tener que interponer frecuentemente acciones legales y de protección a fin de que se corrijan dichos actos ilegales recursos que respecto del portón de acceso han sido felizmente acogidos por esta Corte anteriormente.

Estos actos ilegales de destruir cercados y no respetar los límites prediales, no solo atentan en contra del derecho de propiedad de la recurrente, si no también le acarrea a esta última, un evidente perjuicio económico por cuanto, realiza en su propiedad actividades propias del rubro agrícola y forestal que consiste en siembra y cultivos de trigo y cereales, crianza de algunos animales vacunos, tala de árboles para venta de leña y madera, asimismo plantaciones forestal, etc.

En razón a la alteración de deslindes, falta de delimitación que el recurrido se esmera en mantener no cercando él el predio y cometiendo destrucción de cercos y alambrados que es por donde ingresan animales al predio destruyendo cultivos, deteniendo las faenas forestales el trabajo de operarios, trabajadores y compradores, manteniéndose las faenas detenidas cada vez que ingresan estos animales para así evitar accidentes y destrucción de las plantaciones, estos hechos son frecuentes y siempre se producen por el actuar del recurrido al hacer justicia por su propia mano y resolver los conflictos que él mantiene con la recurrente fuera del margen la ley, no sometiendo ningún asunto al conocimiento de nuestros tribunales de justicia. Todo lo anterior, está produciendo un gravísimo perjuicio a la recurrente ya que la falta de cercos e ingreso de animales a su predio está perdiendo el año agrícola de no mediar una urgente resolución.

Indica que la recurrente adquirió su inmueble muchos años antes que el recurrido, con todos sus usos, costumbres y servidumbres, que el predio de su representada siempre ha contado con camino propio para acceder a la vía pública que pasa por el predio del recurrido, el predio de la recurrente siempre ha “metiendo sus deslindes y cercados claros”(sic) correspondiente a su extensión territorial dada por sus títulos de dominio e informes topográficos, y siempre ha sido el recurrido quien ha mantenido una conducta agresiva, prepotente, arbitraria e ilegal en contra de la recurrente causándole frecuentemente de manera intempestiva y sin causa justificada daños a sus bienes y angustias físicas y psicológicas al verse afectada en sus bienes y trabajo, pues su terreno es la única fuente de ingresos para ella.

II). -Garantías constitucionales afectadas El acto arbitrario e ilegal del recurrido le ha causado a la recurrente una perturbación y privación de sus derechos constitucionales garantizados en el artículo 19 N°3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

1.- La Autotutela está prohibida. – Art 19 N°3 inc. 4.- “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

En efecto, el recurrido mantiene una conducta constante en el tiempo, en cuanto a resolver sus diferencias limítrofes con violencia, de manera arbitraria e ilegal, desconociendo por completo a la autoridad jurisdiccional, al no someter sus supuestos conflictos al conocimiento y fallo de nuestros tribunales de justicia, sino que, al contrario, pues es el recurrido quien intenta resolverlos ilegalmente procurados su propia justicia.

A mayor abundamiento, existen derivaciones al ministerio público de procesos llevados ante esta Ilustrísima Corte, por denuncia de desacato al no cumplir el recurrido con las órdenes impartidas en recurso de protección interpuesto por la recurrente en contra del recurrido por hechos anteriores que dan cuenta que dicha conducta arbitraria e ilegales son un constante en el tiempo.

2.- El Derecho a desarrollar una actividad económica.

El artículo 19 N° 21 de la Constitución asegura el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

El acto ilegal y arbitrario ha privado a mi representada del derecho a ejercer su actividad económica pues como se dijo, en su inmueble realiza faenas, plantación y cosecha de pequeños cultivos, crianza de ganado y eventualmente forestal a pequeña escala, que son sus únicos sustentos para ella y su familia, la cual no puede ejercer al no poder trabajar libremente a su predio impidiéndosele con ello desarrollar libremente dicha actividad económica perjudicándola gravemente.

3.- El Derecho de Propiedad.

El N° 24 del Artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas “el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Añade el mismo numeral que “sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.”

Para asegurar este derecho constitucional el mismo numeral establece la garantía de que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador”.

Indica que la recurrente es dueña del inmueble respecto al cual ilegalmente se le impide explotar, inmueble que forma parte del patrimonio de su representada el cual no puede usar ni gozar, no puede acceder ni menos comercializar sus frutos, causándole graves perjuicios, por cuanto el recurrido en forma arbitraria e ilegal y haciendo justicia por mano propia sin causa justificada no solo ha limitado sino impedido el ejercicio de las facultades de dominio que detenta la actora en su propiedad al destruir cercos, alambrados, y adulterar constantemente deslindes prediales.

Afirma que existe un grave acto arbitrario e ilegal emanado del recurrido que ha privado gravemente a su representada de las garantías constitucionales, del derecho a desarrollar una actividad económica libremente y el derecho de propiedad sobre su inmueble.

Pide ordenar de inmediato al recurrido que cese con la destrucción de los cercos y alambradas, como así mismo que cese con la adulteración de deslindes realizado irregularmente y sin permiso de la autoridad correspondiente, o bien las providencias que esta Corte determine para el restablecimiento del derecho.

Acompañó siguientes documentos: A) Titulo de dominio a favor de doña nombre reservado; B) Certificado de zonificación Rol: 544-11; C) Plano predio Rol: 544-11; D) set fotográfico; E) Informe topográfico.

A folio N°12 evacua informe el recurrido nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que doña nombre reservado recurre de protección en contra de don nombre reservado por “destruir constantemente deslindes y cercados del predio de la recurrente”, lo que le impide realizar “siembra de trigo y cereales, talaje de árboles, crianza de animales. Todas estas acciones arbitrarias e ilegales, las realiza el recurrido a fin de “apoderarse sin resolución judicial de parte del terreno de la recurrente.”

Afirma la recurrente que es dueña de un predio de 30 hectáreas, que se encuentra inscrito a su nombre a fojas 432, bajo el Nº 388, del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue.

El recurso describe un hecho supuestamente ocurrido el día 8 de febrero de 2023, por el cual su vecino colindante y recurrido don nombre reservado “procedió esta vez a destruir una parte de los cercos y alambradas de los predios colindantes…en extensiones de 20 metros.” Agrega que el recurrido “ha realizado de manera frecuente conductas en el tiempo tales como, adulteración (sic) de deslindes, es decir, corriendo permanentemente los cercos que delimitan los terrenos…”.

Reitera la actora que estos supuestos hechos le impiden sembrar cereales, criar animales, talar árboles, vender leña, etc.

Sin embargo, al final de la página 2 de su recurso (última línea), la actora involuntariamente reconoce tácitamente un hecho relevante, cuál es, el que en realidad no existe cerco divisorio, - (porque el que existía desde hace décadas fue sacado y destruido por la misma recurrente) -, ello porque afirma, que el recurrido se esmera en mantener la falta de delimitación, “no cercando él el predio y cometiendo destrucción de cercos y alambrados.” Ahora bien, en esta última afirmación (que se encuentra en la primera línea de la foja 3ª del recurso), la actora incurre derechamente en una contradicción pues, en primer lugar, reconoce tácitamente que no hay cerco (aunque omite señalar que ella misma destruyó el cerco original) y, en segundo lugar, porque a reglón seguido afirma que el recurrido destruye cercos y alambrados. Ello resulta incluso ininteligible pues la actora, en primer lugar, afirma que el recurrido destruyó el cerco en una extensión de 20 metros, para posteriormente reconocer tácitamente que no hay cerco y que el recurrido no cerca y se esmera en mantener la falta de delimitación.

Finalmente, la reclamante alega como garantías afectadas las de los numerales 3º, 21, y 24 del artículo 19 de la CPR.

RESPECTO DE LOS HECHOS.

En primer lugar, hay que advertir que la actora alega tener un derecho de propiedad indubitado en su patrimonio y que recae sobre un inmueble supuestamente de 30 hectáreas de superficie, que adquirió por partes iguales junto a su hermana nombre reservado, inscrito según ella a fojas 432, bajo el Nº 388, del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue. Se adjunta la inscripción a la que hace referencia el recurso.

Como se desprende de la sola lectura de dicha inscripción se trata en realidad de una reinscripción de un título inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial de fojas 3 vuelta, bajo el Nº 4, del Registro de Propiedad del año 1965, época en la que aún no se creaba el Conservador de Bienes Raíces de Carahue. En consecuencia, el inmueble al que hace referencia la recurrente y que tendría una superficie aproximada según dicha inscripción de 30 hectáreas, fue adquirido por partes iguales por doña nombre reservado, junto con su hermana nombre reservado el año 1965. En consecuencia, el inmueble en cuestión fue adquirido el año 1965, e inscrito en el Registro Conservatorio de Nueva Imperial; y el año 2016, es decir, 51 años después, fue reinscrito en el Registro Conservatorio de Carahue.

Esta inscripción, la del año 1965 de Nueva Imperial, reinscrita el 2016, en Carahue, es la que utiliza la actora para afirmar que lo comprado junto a su hermana asciende a 30 hectáreas, superficie total que no posee por la acción reiterada de su vecino don nombre reservado quien se ha apropiado de parte de sus 30 hectáreas.

En efecto, esta es la sexta acción que deduce la recurrente en contra del recurrido por los mismos hechos y fundándose en los mismos títulos. Así se desprende de las causas Rol 61-2016, 185-2017, 43-2019, Rit 558-2017, y que corresponden a una acción reivindicatoria, de demarcación y cerramiento, de denuncia de obra nueva, y criminal por el delito de usurpación, respectivamente, seguidas todas ante el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue. Además, del Recurso de Protección Rol 4073-2021, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, por exactamente los mismos hechos. En todas estas acciones la peticionaria alegó como título de su supuesto derecho indubitado la inscripción del año 1965 y posterior reinscripción del año 2016. En todas ellas alegaba haber comprado conjuntamente con su hermana nombre reservado un terreno de 30 hectáreas, de los cuales sólo poseían 23.2 hectáreas, faltándole aproximadamente 6.8 hectáreas, las que habrían sido ocupadas indebidamente por mi representado. Ahora bien, las acciones se rechazaron principalmente tras sendos peritajes que se realizaron por instrucción del referido tribunal, los cuales concluyen que efectivamente el terreno de la actora y de su hermana tiene una superficie aproximada de 23.2 hectáreas, pero que el terreno de propiedad del recurrido Sr. nombre reservado, también tiene una superficie real inferior a la que describen sus títulos. En efecto, el recurrido compró esa propiedad recién el año 2016, según se desprende de la inscripción anotada a fojas 60, bajo el N° 57, del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue; y, según dicho título el inmueble que compró tenía una superficie supuesta de 15.50 hectáreas. Sin embargo, por los peritajes que se realizaron en las causas a las cuales ya hemos hecho referencia se concluyó que el inmueble de mi representado tiene una superficie de aproximadamente 13.42 hectáreas y no de 15.5, como rezan sus títulos. En otras palabras, tanto el recurrido como la recurrente tienen menos superficie real que las descritas en sus respectivos títulos.

Ahora bien, esta es una situación habitual respecto de los inmuebles rústicos o rurales que derivan de inscripciones de antigua data y es el principal motivo por el cual los contratos de compraventa se realizan bajo la modalidad de venta ad-corpus o como especie o cuerpo cierto. Al respecto el artículo 1831 del Código Civil dispone: “Un predio rústico puede venderse con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto.” Se vende con relación a la cabida cuando esta se expresa del cualquier modo en el contrato, por ejemplo, colinda al Norte, en doscientos metros con XX; al Sur, en ciento cincuenta metros con NN, etc., lo que sumado da, como en el caso que nos interesa, 30 hectáreas. Ahora bien, cuando la superficie del inmueble no ha sido un elemento esencial del contrato, pues los contratantes no han descrito con precisión la extensión de sus deslindes, se entiende que la venta se ha realizado como una especie o cuerpo cierto. Dicho esto, la actora hace referencia a un título del año 1965, en donde si bien se señala someramente que el retazo que compraba conjuntamente con su hermana ascendía a 30 hectáreas, no se realiza ninguna descripción de la extensión de sus deslindes por lo que indudablemente la compra la realizó como especie o cuerpo cierto y no con relación a su cabida. Esto es aún más claro al observarse que las partes contratantes lo estipularon además expresamente (tercera foja, línea N° 5, de su copia de inscripción del año 1965), en donde se estipula que: “La venta se hace ad-corpus en el estado en que actualmente se encuentra el retazo de terreno vendido con todo lo edificado y plantado en él”. De modo que no puede más que concluirse que lo que adquirió la recurrente el año 1965 fue un cuerpo cierto, en el estado en que se encontraba al momento de la compra. Resulta jurídicamente irrelevante, en consecuencia, que con posterioridad haya advertido que el predio que adquirió conjuntamente con su hermana tenía una superficie menor a la declarada y no resulta válido, en consecuencia, que 58 años después de que compró el inmueble quiera completar sus supuestas 30 hectáreas a costa de su vecino colindante por el límite Oriente, quien compró recién el predio colindante el año 2016. Así las cosas, aun cuando se indique someramente en su inscripción que el referido inmueble tiene una superficie de 30 hectáreas, como, en tales títulos no se determina con precisión la extensión de cada deslinde, no puede sino concluirse que la actora compró un retazo de terreno como especie o cuerpo cierto y no 30 hectáreas con relación a su cabida, como tantas veces infructuosamente afirma. Omite señalar, en todo caso, la solicitante en su recurso que la compra que realizó conjuntamente con su hermana lo fue bajo la modalidad de especie o cuerpo cierto y no con relación a su cabida, de modo que, lo que compró, nunca tuvo en realidad una superficie de 30 hectáreas, sino que siempre tuvo una superficie real de 23,2 hectáreas.

Dicho esto, y teniendo presente que la peticionaria siempre se ha fundado en su título del año 1965, para accionar en seis oportunidades en contra de su representado, corresponde ahora informar el antecedente más relevante y que denota derechamente que la actora ha actuado siempre de mala fe, maliciosamente, y ocultando información con el único objeto de lucrarse indebidamente a costa de su representado.

REGULARIZACIÓN DEL INMUEBLE DE LA RECURRENTE CONFORME A LAS NORMAS DEL D.L. N° 2695, DANDO ORIGEN A UNA NUEVA INSCRIPCIÓN, Y CANCELÁNDOSE LA INSCRIPCIÓN DEL AÑO 1965.

Con fecha 29 de septiembre de 1982, doña nombre reservado, junto con su hermana nombre reservado, presentaron ante la Secretaria Regional Ministerial del Ministerio de Bienes Nacionales solicitud de regularización del mismo inmueble que habían adquirido por compraventa realizada el año 1965, acompañando los certificados respectivos, sus títulos y realizándose los informes técnicos y jurídicos correspondientes. Ante dicha solicitud representantes del Ministerio de Bns. Nacionales concurrieron al predio, realizaron la medición del mismo y procedieron a confeccionar el plano catastral N° IX-2-3308, por el que se grafica que el predio originalmente adquirido por las hermanas – supuestamente de 30 hectáreas – se dividió en 2 hijuelas; la hijuela N° 1, de 11.70 hectáreas de superficie, cuya posesión se le reconoce a doña nombre reservado; y, la hijuela N° 2, de 11.50 hectáreas de superficie, cuya posesión se le reconoce a doña nombre reservado. Como resulta evidente, la suma de ambas hijuelas da un total de 23.20 hectáreas, que es la superficie real del predio que ambas hermanas compraron el año 1965.

Como resultado de estas solicitudes, la Seremi de Bienes Nacionales dictó dos resoluciones, la N° 684, de 18 de enero de 1983; y la, N° 1463, de 27 de enero de 1983, por las cuales se ordenó inscribir a nombre de doña nombre reservado y de doña nombre reservado, respectivamente, el inmueble denominado como Hijuela N° 1 (a nombre de doña nombre reservado), y el N° 2 (a nombre de doña nombre reservado), de 11.70, y 11.50 hectáreas respectivamente, individualizados ambos lotes según Plano catastral N° IX-2-3308-S.R.. Las referidas resoluciones disponen, además, expresamente que: “El dominio anterior se encuentra inscrito a fojas 3 vuelta, número 4, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial correspondiente al año 1965. Por Resolución N° 684 (y N° 1463), se CANCELA la inscripción citada anteriormente.”

Las mentadas Resoluciones se inscribieron, finalmente, a nombre de doña nombre reservado a fojas 399, bajo el N° 364; y a nombre de doña nombre reservado a fojas 400, bajo el N° 365, ambas del Registro de Propiedad del año 1983, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue.

Por lo tanto, desde la fecha de dictación de la Resolución del Ministerio de Bienes Nacionales o, en el peor de los casos, desde la fecha de la nueva inscripción regularizada, esto es, desde el 16 de febrero de 1983, el título de doña nombre reservado es el inscrito a fojas 400, bajo el N° 365, del Registro de Propiedad del año 1983, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue; pero, en ningún caso, el titulo antiguo de fojas 3 vuelta, con el número 4, del Registro de Propiedad del año 1965, del CBR de Nueva Imperial, toda vez que, como dijimos, dicha inscripción fue cancelada por disposición de las Resoluciones N° 684, y 1463, del Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la época.

En consecuencia, la reinscripción del título del año 1965, realizada ante el Conservador de Bienes Raíces de Carahue de fojas 432, bajo el Nº 388, del Registro de Propiedad del año 2016, no es más que una “avivada” de la actora, quien sabía a ciencia cierta a lo menos desde el año 1982, que la superficie real del predio que compró junto a su hermana no superaba las 23.2 hectáreas.

El motivo por el cual logró reinscribir en el Conservador de Carahue el año 2016, un título del año 1965, que había sido cancelado por dos Resoluciones del Ministerio de Bienes Nacionales del año 1983, debe ser investigado criminalmente.

Ahora bien no puede olvidarse que mi representado compró a don nombre reservado, el predio colindante al de la solicitante recién el 26 de enero de 2016; y que, la actora requirió la reinscripción de la propiedad adquirida el año 1965, el 13 de abril de 2016; cuando ya no podía hacerlo, pues la Resolución N° 684 del Seremi de Bienes Nacionales que ella misma requirió, dispuso la cancelación de aquella inscripción del tan nombrado año 1965. Esto demuestra que la intención de reinscribir un título cancelado desde el año 1983, tuvo sólo por objeto reclamar indebida, y abusivamente, porciones de terreno a un vecino recién llegado, respecto del cual vio la oportunidad de lucrarse indebidamente.

La mala fe de la requirente se demuestra por el hecho de haber ocultado siempre la circunstancia de haber regularizado el inmueble que compró conjuntamente con su hermana el año 1965. En todas las acciones, entiéndase las causas Rol 61-2016, 185-2017, 43-2019, Rit 558-2017, y que corresponden a una acción reivindicatoria, de demarcación y cerramiento, de denuncia de obra nueva, y criminal por el delito de usurpación, respectivamente, seguidas todas ante el Juzgado de Letras y Garantía de Carahue; además, del Recurso de Protección Rol 4073-2021, de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, la recurrente siempre argumentó y fundó sus pretensiones en el tantas veces citado título del año 1965, inscrito en Nueva Imperial, omitiendo voluntaria y decididamente que ella misma junto a su hermana habían regularizado sus títulos el año 1983, y sabían, a ciencia cierta, que la superficie real del predio que compraron ascendía a 23.2 hectáreas y no a las 30 hectáreas que tanto reclama. Su comportamiento antijurídico no puede tener justificación desde que la regularización ante el Ministerio de Bienes Nacionales se realizó a petición de ella misma, acompañando antecedentes de una posesión pacífica y continua desde el año 1965, sin disputas con colindantes, consciente de que se trataban en realidad de 23.2 hectáreas y no de 30 hectáreas, reclamo que comenzó a realizar recién el año 2016, cuando mi representado compró el predio colindante.

La recurrente ha omitido y ocultado información no sólo ante el tribunal de letras y garantía de Carahue, sino que también ante esta Corte, toda vez que en el recurso de protección anterior Rol 4073-2021, y en estos autos, la solicitante nuevamente oculta la información relativa a su proceso de regularización que culminó con una nueva inscripción porque sabe que de proporcionarla, su pretensión para completar las soñadas 30 hectáreas se desmorona desde que se ha hecho cierto que conoce la verdadera extensión de su predio a lo menos desde el año 1983.

Por otro lado, así como oculta el hecho más relevante de haber saneado su propiedad y contar con una nueva inscripción, oculta igualmente que fue ella misma la que sacó el cerco divisorio de antigua data existente entre ambos predios, hecho que realizó el 8 de septiembre de 2020, y el cual dio lugar a una investigación penal seguida en contra de la misma actora por los delitos de alteración de deslindes, hurto y usurpación actualmente vigente bajo el RIT 1433-2021, del Juzgado de Letras y Garantía de Carahue.

Afirma que no es efectivo que haya alterado deslindes medianeros mediante la destrucción de cercos y alambrados, como tampoco es efectivo que pretenda apropiarse de parte alguna del terreno de la recurrente. Por el contrario, resulta indiscutible que el cerco medianero fue quitado por la solicitante el 08 de septiembre de 2020, época desde la cual no existe cerco divisorio entre ambos predios y que desde el año 2016, tras haber logrado reinscribir un título cancelado por resolución del Seremi de Bienes Nacionales, la actora ha pretendido de mala fe, dolosa y maliciosamente apropiarse de una superficie de terreno de aproximadamente 6.80 hectáreas de propiedad de mi representado para así completar las oníricas 30 hectáreas, respecto de las cuales sabe con total y absoluta certeza a lo menos desde el año 1983, que en realidad sólo correspondían a 23.2 hectáreas, de modo que, sobre el supuesto saldo de 6.8 hectáreas no tiene ni ha tenido nunca derecho alguno, por lo cual, sólo pretende lucrarse indebidamente a su costa.

Acompañó los siguientes documentos: Reinscripción de fojas 432, bajo el Nº 388, del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue; Inscripción de fojas 3 vuelta, bajo el Nº 4, del Registro de Propiedad del año 1965, del Conservador de Nueva Imperial; Inscripción a nombre de doña nombre reservado de fojas 400, bajo el N° 365, del Registro de Propiedad del año 1983, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue; Copia de la Resolución de la Seremi de Bienes Nacionales N° 684, de 18 de enero de 1983; por la cual se ordenó inscribir a nombre de doña nombre reservado el inmueble denominado como Hijuela N° 1, de 11.70 hectáreas, junto al Plano catastral N° IX-2-3308-S.R., archivados al final del Registro de Propiedad del año 1983, con el N° 361; Inscripción a nombre de doña nombre reservado de fojas 399, bajo el N° 364, del Registro de Propiedad del año 1983, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue; Copia de la Resolución de la Seremi de Bienes Nacionales N° 1463, de 27 de enero de 1983; por la cual se ordenó inscribir a nombre de doña nombre reservado el inmueble denominado como Hijuela N° 2, de 11.50 hectáreas, junto al Plano catastral N° IX-2-3308-S.R., archivados al final del Registro de Propiedad del año 1983, con el N° 360; Inscripción de dominio del recurrido sobre el predio en cuestión anotado a fojas 60, bajo el N° 57, del Registro de Propiedad del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Carahue.

A folio N°15 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

nombre reservado: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario, consistiría en la destrucción de los deslindes que separa los predios de las partes, que habría realizado el recurrido, refiriendo la actora que el día 8 de febrero del presente año 2023 concurrió a su predio, percatándose que el recurrido don nombre reservado, quien ha adquirido un predio colindante al predio de la recurrente y realiza permanentemente actos hostiles y de acoso en contra de ella, según señala en su arbitrio, procedió esta vez a destruir una parte de los cercos y alambradas de los predios colindantes, sin razón alguna u orden judicial, puesto que las estacas que soportan los alambrados fueron arrancados de cuajo, y completamente destruidos en extensiones de 20 metros.

Sin embargo, no se han allegado antecedentes que permitan poder imputarle dicha acción al recurrido, quien por su parte ha cuestionado su autoría e incluso se la ha atribuido a la propia recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, ampara derechos no controvertidos o indubitados de actos u omisiones arbitrarias carentes de razonabilidad, lo que en la especie no acontece, toda vez, que no se acreditado que el recurrido haya realizado actos u omisiones ilegales o caprichosas que atenten contra el derecho de propiedad que le asiste al recurrente o contra algún otro derecho.

CUARTO: Que, en este escenario, solo cabe rechazar el recurso de protección, según se dirá.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, además, la conflictiva suscitada entre las partes, que resulta ser de antigua data, se encuentra bajo el imperio del derecho, lo que fluye de las múltiples acciones que se han ejercitado ante el Juzgado de Letras y Garantía y de Carahue, razón por la que el recurso igualmente ha de ser rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Luis Seguel Mora, a favor de doña nombre reservado, y en contra de don nombre reservado.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Rol N° Protección-417-2023.(jog)