nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1, comparece la abogada doña CAROLINA OLAVE ESPINOZA, quien deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, Sargento Primero de Carabineros, Código nombre reservado. 961154-X, de dotación de la 2da. Comisaria de Carabineros "Temuco", dependiente de la Prefectura de Carabineros "Cautín" N° 22, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, representada por el General don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado, por los actos ilegales y/o arbitrarios emanados de parte de dicha alta repartición de Carabineros de Chile, específicamente, el acto administrativo notificado con fecha 1° de mayo de 2024 DOE N° 205457913, que confirma el acto administrativo que dispone el traslado del recurrente contenido en el documento Orden 01 de fecha 05 de enero del 2024, de la Dirección Nacional de Personal, inserta en el Boletín N° 5099 de fecha 08 de enero del 2024, en la cual dispone el traslado desde la 2da. Comisaría Temuco (U) a la 26° Comisaría Pudahuel, la que afecta no solo al funcionario policial, sino que también, a su núcleo familiar, perturbando, amenazando, y privando el libre ejercicio de los derechos fundamentales de toda la familia, los que se encuentran garantizados en nuestra Carta Fundamental.

Comienza señalando que el actor ingresa a la institución con fecha 16 de noviembre del año 2001, contando a la fecha con 22 años y 3 meses de servicios efectivos, siendo trasladado una vez egresado de la Escuela de Formación de Carabineros a diferentes unidades y destacamentos del sur de Chile, en lo especifico en la Isla de Chiloé, para posteriormente ser trasladado hasta la 2da. Comisaría Temuco, dependiente de la Prefectura Cautín N° 22, donde actualmente asentó su domicilio.

Así las cosas, el recurrente desde su ingreso a Carabineros de Chile, ha cumplido con todos los aspectos profesionales para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y normativas reglamentarias institucionales, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y a la comunidad toda, manteniendo siempre un estricto apego al régimen disciplinario que rige a la institución; como también, a los principios morales, éticos y valóricos que deben adornar a cada Carabinero, circunstancia que constan en las respectivas evaluaciones de las calificaciones anuales, anotaciones en la hoja de vida y desarrollo de carrera profesional.

Señala que el actor es casado, en segundas nupcias, siendo su cónyuge doña nombre reservado. Además es padre de filiación matrimonial de NOEMIR ABIGAIL ZARABY y nombre reservado ambas de apellido nombre reservado, de 20 y 15 años de edad respectivamente, la hija menor vive con su progenitora en la comuna de Arauco, quien detenta el Cuidado Personal; y Noemir Abigail vive y estudia en Puerto Montt con su abuela materna. Además, es padre de filiación no matrimonial de ALBANO nombre reservado, de 3 años y 11 meses, quien vive con su progenitora en la comuna de Cañete.

Asimismo, cabe puntualizar que el actor mantiene un régimen comunicacional efectivo con su hija de 15 años, nombre reservado, hija de filiación matrimonial, el que fue acordado y luego aprobado por resolución judicial a objeto se haga efectivo el derecho que tiene el padre de mantener una relación directa y regular con su hija, y el derecho ésta a vincularse con el padre no custodio. Por ello, el régimen pudiere verse amenazado o afectado, dada la distancia existente entre ambas ciudades, pues su representado participa en forma activa en la vida de su hija, forjándose fuertes lazos afectivos que hacen que sea una figura significativa en su vida. A mayor abundamiento, se acordó con su madre, que nombre reservado viviera con él en la ciudad de Temuco durante la Pandemia, años 2020 a 2022, durante los primeros 2 años continuó con sus estudios de forma Online en el Colegio Experimental Artístico Albores, (sexto y séptimo año básico) y en el año 2022 cursó su octavo año básico, de manera presencial en el Escuela Básica Vista Verde de Temuco. Finalizado el año escolar, en diciembre de 2022, por decisión de su madre, nombre reservado se fue a vivir con ella a la comuna de Arauco. Lamentablemente, a contar de entonces mi hija nombre reservado está presentando problemas de carácter psicológico complejos, habiendo incluso atentado contra su vida en 2 oportunidades, lo que ha generado que tenga que estar más al pendiente de ella y estar disponible a viajar de urgencia cuando se requiera, lo que por la cercanía de Temuco no le acarrea problemas, pues en automóvil está a menos de 2 horas y media, situación que no podrá ocurrir desde la destinación efectuada y que en este acto se impugna.

Con Noemir Abigail Zaraby, de 20 años de edad, quien vive en Puerto Montt con su abuela materna, la relación y comunicación es fluida atendido los tiempos de ella, por cuanto ella estudia en dicha ciudad, visitándose mutuamente en la medida que es posible. Respecto al hijo menor de 3 años y 11 meses, no hay aún un régimen de relación directa y regular establecido, atendido a que el término de la relación con su progenitora no fue amistoso, sin embargo, igualmente pudiera verse afectado el derecho del menor a mantener un régimen comunicacional.

El actor respecto de sus 3 hijos, da cumplimiento a su obligación de prestar alimentos, como asimismo, su derecho-deber de relacionarse con ellos, en la medida de las circunstancias, lo que pudiere verse afectado con el traslado dispuesto.

Además, es necesario referir, que su representado mantiene a sus padres, haciéndose cargo de ellos, ya que son personas adultas mayores, de la cuarta edad, a quienes asiste a diario, en la medida que sus turnos laborales se lo permitan, para sus quehaceres domésticos, médicos, sociales, emocionales y económicos, siendo la única persona a la cual pueden acudir en caso de alguna emergencia. Los padres del recurrente son nombre reservado de 84 años y nombre reservado de 82 años, los que padecen de enfermedades crónicas, que requieren de diversas atenciones.

Continuando en lo que dice relación al rubro familiar cabe consignar que después de muchos años de relación, su representado el 22 de febrero de 2023, contrajo matrimonio con doña nombre reservado, con la cual, tiene proyectado tener hijos. Ella es de profesión Abogada y mantiene un vínculo de carácter contractual de PLANTA, hace más de 12 años, en el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de la Araucanía. A su vez, ella es hija única de doña nombre reservado, adulto mayor de la tercera edad, de 77 años, quien padece una serie de patologías crónicas, la cual requiere de la asistencia tanto de su hija como del recurrente, por cuanto su movilidad es reducida y no cuenta con más red de apoyo que los ya señalados.

Finalmente, refiere que con esfuerzo, el actor logró obtener un bien inmueble propio, logrando concretar la animosidad de mantener nuestra residencia en la ciudad de Temuco, haciendo una vida familiar normal.

Explica que los padres del actor como los de su cónyuge, padecen de una serie de patologías, propias de la edad, y que son de carácter permanente, progresivas, y que requieren de asistencia de terceros.

El padre del recurrente don nombre reservado, de 82 años, padece las siguientes patologías: Hipertensión Arterial, Asma, Hipoacusia, diabetes tipo 2, no insulino dependiente, hipotiroidismo. A su turno, su madre doña nombre reservado, de 84 años, padece las siguientes patologías: Hipertensión Arterial, Astigmatismo, Artrosis, Laringitis Crónicas. Ambos se atienden en el CESFAM Amanecer de la comuna de Temuco. Respecto de ambos, que viven solos en la comuna de Temuco, siendo el actor quien asume un rol de cuidador, por cuanto los asiste tanto para los cuidados diarios en el hogar, así como para llevarlos a sus controles, administración de sus remedios, realizar compras para el hogar, y sobre todo compañía y contención.

Si bien su representado tiene una hermana, de 54 años de edad, es de simple conjunción, sólo por parte de padre, pero que su madre reconoció en su infancia, la cual no mantiene contacto ni preocupación hacia ellos, por estar dedicada a su trabajo y familia. Actualmente ella se encuentra radicada en la localidad de Hornopirén por motivos laborales.

Respecto de la suegra del actor doña nombre reservado, de 77 años, padece las siguientes patologías: Hipertensión Arterial, Gonartrosis bilateral, Coxartrosis bilateral, Dislipidemia, Antecedentes de pancreatitis 1999, Cataratas bilateral, Glaucoma, Periodontitis. Por tales patologías se atiende en Cesfam Chivilcán de la comuna de Temuco, Centro Terapéutico del Klgo. nombre reservado de Temuco, Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco, Clínica Oftamédica de Temuco, Clínica Dental Censadent de Temuco. Ella vive sola en la comuna de Temuco. En este caso, al ser su cónyuge su única hija, como se refirió, es ella y el actor, los únicos que constituyen su red de apoyo para todos los efectos referidos.

Respecto de la hija del actor doña nombre reservado de 15 años, ella presenta antecedentes de TEA, además de trastorno del ánimo depresivo, Trastorno del desarrollo de la personalidad. Ello ha gatillado que tenga pensamientos con presencia de ideas de daño, ideación suicida activa, lo que lamentablemente ha concretado con autolesiones físicas y 2 intentos de suicidio con ingesta de fármacos. Actualmente está en tratamiento con neuróloga por su TEA, con terapia psicológica, y farmacológica por sus intentos de suicidio.

Alega que la nueva destinación del recurrente comprendiendo la facultad exclusiva que se encuentra revestida esa Autoridad Institucional resulta arbitraria e ilegal y vulnera diversas garantías constitucionales protegidas por la Carta Fundamental. Pero además, acarrea un sinfín de agravios, tanto a nivel personal como familiar. En efecto, el actor se verá en la obligación de tener que disgregar a su grupo familiar, con las nocivas consecuencias para el desarrollo de sus hijas, vida afectiva de pareja y cuidado de sus padres adulto-mayores, sin considerar el detrimento económico que es el tener que cambiar de destino y solventar el arriendo de una nueva casa y adquirir los enseres necesarios para guarnecer el nuevo inmueble.

Tampoco resulta factible, pues resultaría más perjudicial aún que su representado se traslade con todas su familia troncal y extensa, pues implicaría que su cónyuge renuncie a su trabajo, lo que lleva consigo la pérdida de su fuente laboral que es de carácter indefinida, por cuanto es funcionaria pública de planta, sin posibilidad de que ella postule a traslados, ya que el tribunal especial en que trabaja existe solo uno por región, tienen planta reducida y está completa a nivel nacional. Además, merma de una importante fuente ingreso monetario familiar, por cuanto, aparte de contribuir a los gastos del hogar común, su cónyuge debe pagar su crédito por sus estudios superiores, cubrir los gastos que genera el inmueble donde vive su madre, más la ayuda económica que le brinda. Sumado a lo anterior, se generarían nuevos gastos que se les harían insostenibles, como un arriendo y mantenerse en el nuevo destino, más todos los gastos que el actor ya tiene, tales como: crédito hipotecario, pago de pensión alimenticia por sus 3 hijos, apoyo económico que brinda a sus padres, gastos del hogar común, gastos propios, etc.

Por otro lado, significaría un obstáculo, aunque vencible, de entidad para que su representado pueda mantener el régimen comunicacional con su hija nombre reservado, la cual está pasando por un periodo de inestabilidad emocional importante, con las consecuencias emocionales que podría ocasionar en el desarrollo emocional de la adolescente y vinculo parental, incumpliendo con ello una resolución judicial y transgrediendo con ello el derecho-deber que tiene de estar con su hija y desde la perspectiva de ella, privarla del legítimo derecho que le asiste a tener una relación directa y regular con su progenitor.

Como corolario de lo anterior, el traslado ordenado agravia el único sustento y apoyo, tanto económico como social de sus hijos, de sus padres, de su cónyuge y suegra.

1.- De los hechos descritos, esta parte estima que el actuar de la contraria es arbitrario, ya que la orden de traslado no está fundado ni motivada, carente de fundamentos razonables, objetivos y claros.

2.- Por ello, un acto administrativo terminal que afecta derechos constitucionales de quienes está dirigido, si no está debidamente fundado, ese acto será arbitrario. En este caso, fundar tanto el acto administrativo que dispone el traslado como el acto administrativo que se pronuncia sobre la reconsideración a dicho traslado en una frase genérica denominada: “…Que la institución por razones del servicio se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia personal de quienes son trasladados…”, sin tomar en cuenta el “estudio” que dicha decisión está afectando derechos fundamentales no solo del funcionario, sino que de su hija, debe estimarse arbitraria.

3.- A su turno, el Artículo 9° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 59 de la Ley 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado y recogida por Carabineros de Chile a través de la Circular Digcar N° 1.624 de 10.12.2003, la que tiene por objeto regular los procedimientos administrativos a los cuales debe someterse la Administración Pública, a fin de optimizarlos y, en particular, garantizar los derechos de las personas frente al actuar de sus organismos.

4.- El argumento central, sin perjuicio de las necesidades propias del servicio, debe ser que el funcionario y la familia se mantengan unidos, no existe excusa a contrario sensu, por cuanto, le corresponde velar, por la “familia” y la integridad psíquica de cada uno.

5.- Por ende, la recurrida no observó lo prescrito en los artículos 11 y 41 inciso 3 e inciso 4 primera parte de la ley de bases del procedimiento administrativo N° 19.880, los que señalan: Artículo 11 de la ley 19.880: "Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectar en los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.” Esta norma se relaciona con el artículo 41 inciso 4 primera parte de la citada ley referida: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada.”.

6.- Los actos recurridos fueron dictados exentos de racionalidad y fundamento, vale decir, tienen el carácter de arbitrarios, conforme los argumentos antes expuestos, pues si bien, tiene la facultad de trasladar, no se fundamente ni se explica, ni tampoco se da cuenta de porqué se procede a dicha destinación y no una más cercana a la actual. En efecto, según se lee de la propia resolución de traslado, muchos otros funcionarios en idéntica situación fueron trasladados a otro lugar dentro de la misma región o a una región contigua, lo que evidentemente, causaría muchos menos perjuicios a su representado y, se adecuaría mejor a los derechos constitucionales amagados. Esta parte no cuestiona la facultad de la autoridad de disponer el traslado, pero si resulta arbitrario e ilegal, la forma en que la ejercita, pues, no sólo traslada de ciudad y región sino que hasta casi 700 kilómetros de distancia, máxime si no se fundamenta esa decisión, pudiendo haberse decretado uno más cerca.

7.- Por lo anterior, esta parte considera que la orden de traslado ordenada por Carabineros de Chile, afecta garantías constitucionales de los N° 1 y 2 de la Carta Fundamental.

A.- Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

De conformidad al artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, se asegura a todas las personas: “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. La norma referida aparece consagrando el derecho a la vida y la integridad el que se ha vulnerado en la especie, pues, el actor se ha visto agobiado, afectado y contrariado, en orden a poder buscar la mejor forma de compatibilizar sus intereses profesionales con los personales y familiares, lo que lo ha afectado en su esfera íntima, especialmente psíquica.

Muestra de lo anterior, son los antecedentes que se acompañarán, que han mermado el estado emocional de su representado, quien se encuentra con atenciones psicológicas y médicas.

B.- Igualdad ante la ley.

La Constitución en el inciso 4° del N°3 del artículo 19, contempla la garantía de prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. En efecto, indica que: “2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

La norma referida aparece consagrando la igualdad de trato o consideración, lo que se traduce en el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, como contrapartida el Estado, sus órganos y los particulares en general, tienen el deber jurídico de abstenerse de realizar actos que impliquen un atentado a este derecho o constituyan discriminación.

Si bien la igualdad, puede ser entendida en dos formas, por equiparación (concepción clásica) o por diferenciación, francamente en este cao corresponde aplicar la primera, esto es, considerar la igualdad de trato que debe existir en un caso concreto, en que debe tratarse de forma al menos equivalente. De ello deviene que todos los sujetos que están en condiciones similares deben gozar desde un punto de vista objetivo de un mismo tratamiento, como ocurre con el derecho a la vida, a la libertad de expresión, la seguridad personal, etc. (Vivanco, Ángela. “Curso de Derecho Constitucional, Bases conceptuales y doctrinarias del Derecho Constitucional”. Tomo I. 2da. Edición. Año 2007, p. 46-47.)

Esta garantía se vulnera desde dos aspectos fundamentales. Primero desde el trato dado a su representado que conculca la garantía enunciada y, además, porque la decisión adoptada por la autoridad de Carabineros, carece de fundamentación, la que resulta exigible a toda autoridad al momento de adoptar una decisión de traslado que parece o se asimila a una sanción por las consecuencias perniciosas que tiene.

En el primer aspecto, conforme a lo expresado existe una evidente vulneración a la igualdad ante la ley en contra de quien represento, al ponerlo en una situación desigual en desmedro de otras circunstancias extraordinariamente más graves. Al respecto, cabe indicar que isonomía justa, es decir, no discriminación, “…se trata lisa y llanamente, de que, desde el punto de vista de la psicología social, no haya ninguna distinción entre las diferentes personas y grupos (…)”.

Así las cosas, “…no se podrá autorizar ninguna discriminación arbitraria, se está prohibiendo tratar en forma diferente situaciones idénticas o tratar en la misma forma situaciones diferentes, porque se trata, precisamente, de la discriminación arbitraria”.

En el segundo aspecto, la falta de fundamentación de la decisión vulnera igualmente la garantía indicada. En efecto, como indica el profesor nombre reservado “…el acto administrativo que nace sin motivo alguno que lo justifique, es simplemente arbitrario; en tal evento la voluntad administrativa está viciada y da paso a una eventual declaración de nulidad, y aún más, es posible que existan motivos, pero estos pueden ser abusivos o ilegítimos”. Es decir, la única vía de control a fin de evitar la arbitrariedad y por ende un trato desigual, es el respeto irrestricto a esta garantía y al deber de motivar o fundar las resoluciones judiciales y las decisiones de todo tipo, especialmente las administrativas en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio, como ocurre en la especie.

Como lo ha indicado la jurisprudencia de forma reiterada, el “acto administrativo debe contener los fundamentos en que se sustentan con el fin de legitimar la decisión de la autoridad, razones que no pueden ser meramente formales toda vez que carecerían dentro de la categoría de arbitrarios y, por lo tanto, ilegales” (E.C.S., Rol 27.467-2014).

De lo anterior, fluye que no basta con adoptar una decisión administrativa gravosa, sino que debe, especialmente, fundarse, en antecedentes fácticos concretos en el marco de un procedimiento debidamente tramitado, debiendo motivarla en estos antecedentes, cumpliendo con lo expresado en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, como se indicó anteriormente.

Conforme a lo descrito, es evidente que tanto la doctrina como lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, ha sostenido de manera reiterada la exigencia de fundamentación de los actos administrativos con el propósito de dar legitimación a la decisión adoptada por la autoridad administrativa, fundamentación que es un elemento esencial de éstos, los cuales requieren que expresen las razones de manera clara, basados en actos, hechos o conductas comprobadas debidamente, y no en justificaciones vagas, imprecisas o antojadizas.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección en contra de la Dirección del Personal de Carabineros de Carabineros, representado por el General nombre reservado; por y con ocasión de los actos ilegales y arbitrarios emanados de parte de esta Dirección del Personal, específicamente, el acto administrativo con fecha 1° de mayo de 2024 DOE 205457913, que confirma el acto administrativo que dispone el traslado del recurrente contenido en el documento Orden 01 de fecha 05 de enero del 2024, de la Dirección Nacional de Personal, inserta en el Boletín N° 5099 de fecha 08 de enero del 2024, en la cual dispone el traslado desde la 2da. Comisaría Temuco (U) a la 26° Comisaría Pudahuel, tales actos administrativos, fundándose en un ambiguo, impreciso y genérico fundamento, con el fin que se declare la arbitrariedad de los actos y las decisiones que se han adoptado y, ordenando en definitiva:

1) Dejar sin efecto la orden de traslado, según resolución respecto de la DOE número 205457913, de fecha 1° de mayo de 2024, que confirma el acto administrativo que dispone el traslado del recurrente contenido en el documento Orden 01 de fecha 05 de enero del 2024, de la Dirección Nacional de Personal, inserta en el Boletín N° 5099 de fecha 08 de enero del 2024, en la cual dispone el traslado desde la 2da. Comisaría Temuco (U) a la 26° Comisaría Pudahuel, sin perjuicio de cualquier otra medida tendiente a reestablecer el imperio del derecho y la posibilidad de ordenar se disponga un traslado a un lugar más cercano a su familia, de conformidad con la vía reglamentaria.

2) Se disponga que se condene al recurrido a pagar las costas de la presente acción de protección;

3) Y demás medidas que se estimen pertinentes.

A su informe acompaña los siguientes documentos:

1.- Orden 01 de fecha 05 de enero del 2024, de la Dirección Nacional de Personal, inserta en el Boletín N° 5099 de fecha 08 de enero del 2024, en la cual dispone el traslado desde la 2da. Comisaría Temuco (U) a la 26° Comisaría Pudahuel.

2.- Acta de notificación de 1° de mayo de 2024, en que se notifica decisión de reconsideración presentada.

3.- nombre reservado de Carabineros de Chile 4.- Informe Psicológico nombre reservado.

5.- Informe Psicológico nombre reservado

6.- Nombramiento nombre reservado

7.- Correo electrónico informa imposibilidad de traslado AJS.

8.- Informe psicológico recurrente de noviembre de 2023.

9.- Certificado Médico Plan de maternidad.

10.- Certificado CESFAM Marco Ibañez Lucero.

11.- Certificado CESFAM Maria Barros Mardones 12.- Certificado CESFAM Amanecer.

13.- Certificado CESFAM Pedro de Valdivia (suegra)

14.- Certificado Terapeuta Ocupacional.

15.- Certificado Asistente Social.

16.- Epicrisis y antecedentes de atención médica HIJA recurrente.

A folio 14, evacúa informe don nombre reservado, general inspector de Carabineros, por Carabineros de Chile, en los siguientes términos:

1.- El Sargento Io nombre reservado ingresó a la Institución el 16.11.2001 como Carabinero Alumno, siendo nombrado con el grado de Carabinero el 16.11.2002 y destinado a la Ia Comisaría Ancud. Así, mediando varias destinaciones más, a contar del 02.01.2024, fue trasladado a la 26a Comisaría Pudahuel, de la Prefectura Santiago Occidente.

2.- Mediante la Orden N° 01, de 05.01.2024, de esta Dirección Nacional de Personal, publicada en el Boletín Oficial N° 5099, de 08.01.2024, se dispuso el traslado de diferentes funcionarios, entre ellos del recurrente, a contar del 02.01.2024, con los derechos reglamentarios, desde la 2a Comisaría de la Prefectura Cautín, N° 22, a la 26a Comisaría de la Prefectura Santiago Occidente.

3.- Luego de ser notificado el recurrente de la citada Orden N° 01, de 05.01.2024, de esta Alta Repartición, se manifestó no conforme, y presentó solicitud de reconsideración, la que fue resuelta por orden del Director Nacional de Personal a través del Documento Electrónico N.C.U. 205457913, de 29.04.2024, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), de la Dirección de Gestión de Personas de esta dependencia, denegándose su solicitud, por los siguientes fundamentos:

"(...) Se logra obtener que los antecedentes presentados no ameritan innovar en la destinación ya otorgada, ya que su nueva destinación fue de acuerdo a las necesidades de personal a nivel nacional en conformidad a su grado y déficit de unidades de acuerdo un modelo de jerarquización de demanda de recursos humanos, considerando las variables del índice de cobertura de demanda policial (I.C.D.P) de la "metodología para la determinación de unidades de vigilancia equivalente, con la victimización general ENUSC, el índice de vulnerabilidad social delictual (I.V.S.D.) elaborado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y actualizado por la Institución, el nivel del delito y la demanda de servicios policiales en unidades de vigilancia equivalente (U.V.E.).

En este mismo orden de ideas, se puede manifestar que el Sargento 1 ° nombre reservado, ya cumplió el tiempo de permanencia, conforme a lo estipulado en el nombre reservado General N° 2707, de fecha 13.11.2019, publicado en el Boletín Oficial N° 4847, capítulo IV "Tiempos de permanencia.

Asimismo, se puede mencionar que el citado P.N.I. es de estado civil casado, es por ello que su nueva destinación fue ejecutada con derechos reglamentarios, esto con la finalidad de evitar crear una disgregación familiar por parte de la Institución. (...)" 4.- Con fecha 01.05.2024, se notificó personalmente al funcionario del contenido íntegro del citado documento electrónico, según consta en el Acta de Notificación de la 2a Comisaría Temuco.

5.- Por otra parte, se indica que el actor fue despachado y se presentó el 05.05.2024, en su nueva unidad policial, la 26a Comisaría Pudahuel.

II.- NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA APLICABLE:

1.- La facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ella emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional.

2.- El artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

3.- Lo anterior, se ve reafirmado en el artículo 10, del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, N° 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal.

4.- El Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor.

5.- El referido Manual determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas a Carabineros de Chile por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, atendiendo a las necesidades del servicio.

6.- La señalada obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.

7.- Bajo este contexto y en torno a la prerrogativa esgrimida, la reiterada jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, contenida en sus dictámenes N° 32.071 y 4.181, ambos de 2017, 35.593 de 2016; 25.116 de 2014; 3.263 de 2012; 34.098 de 2010 y 26.374 de 2000, ha sostenido que esta Institución, por razones de buen servicio, se encuentra facultada para destinar a sus funcionarios a las diversas localidades del país, sin que esta atribución pueda verse reducida o limitada por objetivos personales de quienes son trasladados, ya que, el fin perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución y las leyes a Carabineros de Chile.

En esta directriz, es la autoridad competente la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de la medida adoptada, debiendo primar, en el ejercicio de esa facultad, el interés público por sobre el interés particular del servidor.

8.- Este criterio también ha sido recogido por la jurisprudencia mayoritaria de las Cortes de Apelaciones de nuestro país. De manera ilustrativa, podemos citar la Sentencia recaída en causa Rol N° 32.644-2021, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 95938-2021.

9.- De este modo, la atribución institucional en materia de traslados, en orden a decidir discrecionalmente cómo distribuir y ubicar al personal de Carabineros, responde a un proceso de responsabilidad de esta Dirección Nacional de Personal, previa identificación de las competencias, habilidades y aptitudes del recurso humano, con miras a ubicarlo donde mejor respondan a los intereses, demandas y necesidades del personal a lo largo del país, tomando en consideración para ello, variables de carácter profesional y, excepcionalmente, aspectos personales del funcionario.

En este sentido, el punto 2.4.1., del citado Manual, reconoce que las destinaciones del personal, deben constituirse como un medio para ubicar, en cada cargo, al funcionario más idóneo en el cumplimiento de las tareas asignadas.

10.- Por otra parte, los artículos 6° y 7o, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2o, de la Ley N° 18.575, consagran el principio de juridicidad, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado -dentro de los cuales se encuentra Carabineros de Chile-, no pueden ejercer más potestades que las que expresamente les han sido otorgadas.

11.- En tanto, la Contraloría General de la República, acorde con el criterio contenido en el dictamen N° 3503, de 2020, ha manifestado que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte del Director Nacional de Personal, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación del poder.

12.- Por último, cabe manifestar que el Ente Fiscalizador, a través de los dictámenes Nros. 44.791, de 2017 y 45.060, de 2014, ha indicado que los informes jurídicos emitidos por ese Órgano Contralor son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, entre ellos, Carabineros de Chile, y su carácter imperativo encuentra su fundamento en los artículos 6, 7, y 98, de la Constitución Política de la República, y 1, 5, 6, 9, 16, y 19 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, por lo que su incumplimiento por parte de esos organismos significa la infracción de los deberes funcionarios de quienes les corresponde adoptar las medidas necesarias para que ellos sean acatados, comprometiendo su responsabilidad administrativa.

ALEGACIONES EFECTUADAS POR EL RECURRENTE:

Como cuestión previa, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

En tal sentido, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

En este contexto, el traslado dispuesto al recurrente, mediante la Orden Dipecar N° 01, de 05.01.2024 y el Documento Electrónico N.C.U. 205457913, de 29.04.2024, emanado del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.), por orden del Director Nacional de Personal, que rechazó el recurso de reconsideración al traslado dispuesto, no constituye un acto ilegal y arbitrario al no infringir el artículo 19, Nros. 1o y 2o, de la Constitución Política de la República, por las razones que serán desglosadas a continuación.

1.- Alega que el traslado implicaría la disgregación de su grupo familiar, afectación a la salud de su hija menor de edad y pérdida del trabajo de su cónyuge, circunstancias que constituirían una vulneración a la garantía del artículo 19, N° 1° de la Constitución Política de la República, relativa a la vida e integridad física y psíquica de la persona.

1.1.- Como cuestión previa, es dable manifestar que, las razones que motivaron el traslado del funcionario en cuestión, dicen relación con que la autoridad competente pueda, luego de un proceso de evaluación de la situación fáctica institucional y de las necesidades del servicio que, como consecuencia de ello se generen, adoptar una decisión de nombre reservado que estime pertinente, configurándose tal determinación, en una cuestión de mérito propia de la esfera institucional y de su prerrogativa otorgada por ley.

Lo anterior, es plenamente concordante con las observaciones dispuestas por la Contraloría General de la República, al refrendar la imposibilidad de pronunciarse sobre aquellos hechos que justifican la decisión adoptada o las razones de conveniencia u oportunidad ponderadas por la autoridad, sobre la materia. (Aplica dictámenes Nros. 18.966 de 2019; 28.578 de 2017; 25.116 de 2014, entre otros).

1.2.- Respecto a la acción cautelar del Sargento Io nombre reservado, en la causa Rol N° 4168-2024, el actor alega que el documento electrónico N.C.U. 205457913, de 29.04.2024, del Departamento Personal Nombramiento Institucional (P.2.), emitido por orden del Director Nacional de Personal, que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto, habría vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 1, de la Carta Fundamental, pues no habrían sido consideradas las especiales circunstancias relativas a la situación familiar, personal, la salud de su hija nombre reservado, de quince años de edad, quien presenta antecedentes de Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno del ánimo depresivo y Trastorno del desarrollo de la personalidad, la salud de sus padres y el trabajo de su cónyuge.

En ese tenor, cabe tener presente, que la facultad del Mando de Carabineros de Chile de efectuar los traslados de los funcionarios de la Institución, se ejerce teniendo en consideración la idea de evitar la disgregación familiar y la preminencia del principio protector de la familia, consagrado en nuestro Código Político y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Con todo, resulta de importancia manifestar que las circunstancias que aduce el recurrente no resultan determinantes para su traslado, con miras a cubrir las necesidades de personal en las diferentes Unidades del país, de conformidad a las prevenciones contenidas en el Manual de Traslados del Personal de Carabineros de Chile.

1.3.- En relación a la situación de salud de la hija del recurrente, diagnosticada con antecedentes de TEA, y bajo evaluación psicológica, se precisa que actualmente la hija vive con su madre en la ciudad de Arauco y que dichas circunstancias no constituyen una limitante o un impedimento absoluto a la circunstancia de trasladarse con su hija, en caso de que el funcionario desee tener nuevamente el cuidado personal, pudiendo realizar y continuar los tratamientos médicos y de apoyo clínico que su hija demande, en las mismas condiciones que las reciben actualmente en el lugar de su nueva destinación, siendo un hecho público y notorio, que en la Región Metropolitana, destino del traslado dispuesto, cuenta con la mayor cobertura médica del país, ya que le permitirá estar más cerca de los Centros Hospitalarios institucionales, y acceder a la mayor red de convenios, del cual pude hacer uso en razón del especial sistema previsional y de salud al cual adscribió de pleno derecho, por ser integrante de la Institución.

Por lo demás, cabe manifestar que al momento de resolverse la reconsideración al traslado dispuesto, la Autoridad competente tuvo en consideración la situación personal del Sargento 1o nombre reservado, tal como se evidencia en el documento electrónico N.C.U. 205457913, de 29.04.2024, emitido por el Departamento (P.2.), que se acompaña al presente informe, toda vez que los antecedentes presentados por el referido funcionario fueron analizados y ponderados, por parte de un equipo multidisciplinario de esta Dirección Nacional de Personal, e integrado por una Asistente Social de dotación del Departamento Planificación y nombre reservado (B.6.), de la Dirección de Bienestar de Carabineros de esta dependencia, de modo tal, que no existe una razón para dejar sin efecto su traslado, sobre todo si la decisión adoptada, es de aquellas previstas en la reglamentación respectiva y vigente, fundadas en las necesidades propias de Carabineros de Chile. (Aplica sentencia de 24.03.2022, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, causa Rol N° 15-2022, confirmada por Excma. Corte Suprema en sentencia de 29.04.2022, en causa Rol N° 10.611-2022).

1.4.- Respecto a la supuesta disgregación familiar que ocasionaría el traslado en caso de concretarse, cabe precisar que aquello no es efectivo, por cuanto el Sargento Io nombre reservado está entre aquellos funcionarios respecto de los cuales se verifica el traslado "con los derechos reglamentarios", tales como, pasajes, fletes e indemnización por cambio de residencia, conforme a la Orden N° 01, de 05.01.2024, de esta Alta Repartición, los cuales son asumidos financieramente por el Fisco, de manera que desaparece el argumento de la disgregación familiar y revela que la garantía invocada en caso alguno se ve conculcada por la decisión impugnada.

Por otro lado, el hecho que el recurrente manifieste que no cuenta con apoyo y recursos económicos necesarios para solventar los gastos de su grupo familiar, contrayendo así diversas deudas, y que a consecuencia del traslado tenga que descontar de su remuneración los gastos inherentes a alimentación, hospedaje, movilización, entre otros, se precisa que dichas circunstancias, por muy lamentables que sean, exceden por completo las competencias institucionales, puesto que obedecen a una decisión personal de la cual no puede hacerse responsable a Carabineros de Chile.

Además, resulta útil señalar que la Institución cuenta con un Servicio Social desplegado a nivel nacional, dependiente de la Dirección de Bienestar, de esta Alta Repartición, contando con los medios y una red de apoyo para asistir a sus integrantes en los problemas económicos, sociales, morales, jurídicos y educacionales que les afecten, labor que es desarrollada primordialmente por esa Dirección de Bienestar de Carabineros, red institucional cuya actividad está destinada a procurar ayuda material, y orientación social al personal y su grupo familiar.

1.5.- Conforme a lo expuesto, es dable señalar que, de acuerdo a la normativa previamente citada, el recurrente al momento de ingresar voluntariamente a la Institución se obligó al cumplimiento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirven y el interés público prevaleciente, no siendo posible sostener que goce de una suerte de inamovílidad en el ejercicio del cargo en la Unidad de origen.

En tal sentido, la Excma. Corte Suprema, en causa Rol N° 16.124-2022, en su considerando séptimo precisó que: "{...) los miembros de Carabineros de Chile por su solo ingreso, se han comprometido a acatar las destinaciones y desempeñar las tareas y funciones que se les encomienden según las necesidades del servicio, lo cual, no es sino el reflejo de la estructura jerárquica y el sistema disciplinado de la institución, de tal suerte que, la decisión de traslado de los recurrentes se encuentra debidamente fundada y no puede ser considerada ilegal, toda vez que se sustenta no solo en las facultades de la autoridad, sino que también en las circunstancias de buen servicio, sin que tampoco se hayan esgrimido situaciones especiales que constituyan un obstáculo para disponer el cambio de locación, de conformidad a la Orden General N° 2707 de 13 de noviembre de 2019." (aplica sentencia de 16.02.2022, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa Rol N° 3-2022, confirmada por Excma. Corte Suprema en sentencia de 08.03.2022, en causa Rol N° 6568-2022).

1.6.- En la línea de lo antes razonado, se han pronunciado las Cortes de Apelaciones del país, manifestando que las condiciones de salud de los familiares, lo mismo que la situación laboral del cónyuge, no constituyen elementos que por sí mismo, limiten las facultades antes indicadas, cita jurisprudencia.

1.7.- De esta manera, se informa que el movimiento decretado respecto del funcionario, con los derechos reglamentarios, no resulta atentatorio contra la garantía constitucional precitada, por cuanto no se advierte la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de dichas dimensiones personales, toda vez que el actuar de la Institución se enmarca en el ejercicio de una atribución legal y reglamentariamente encomendada a los Mandos intervinientes, aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad, en consideración a necesidades operativas y dentro del marco general de un proceso anual, respecto del cual todo el personal de Carabineros puede ser sujeto, sin distinción alguna, lo que trasciende los intereses particulares del servidor.

2.- Alegación sobre supuesta vulneración al artículo 19 N° 2, inciso primero, de la Constitución Política de la República, que garantiza el "Principio de igualdad ante la ley".

2.1.- A este particular, el actor indica en su presentación que la facultad discrecional entregada por ley al órgano recurrido no habría sido ejercida de manera razonable, ya que al momento de resolverse la reconsideración al traslado dispuesto, esta Dirección Nacional de Personal no habría tomado en consideración los aspectos y circunstancias personales del aludido funcionario y de grupo familiar, conforme a lo establecido en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado por la Orden General N° 2.707, de 13.11.2019, vulnerando - a su parecer- el principio de igualdad ante la ley, por cuanto su situación particular habría sido tratada como situación familiar normal, no siendo tal.

2.2.- Explica que la Orden N° 01, de 05.01.2024, de esta Alta Repartición, y el documento electrónico N.C.U. 205457913, de 29.04.2024, del Departamento (P.2.), que resolvió la reconsideración, consignan los fundamentos de hecho y derecho que, por motivos operativos, permiten a la autoridad competente destinar al personal a las diversas Zonas del país, toda vez que se consideró la necesidad institucional de reducir el déficit de personal y el aumento de la oferta de personal institucional de la Unidad policial de destino, en aras del mejoramiento de la labor operativa de esta Institución Policial.

2.3.- En este orden de ideas, útil es señalar, que el movimiento decretado, con los derechos reglamentarios, a la 26a Comisaría Pudahuel, tuvo como fundamento principal, entre otros, la "Metodología de Categorización de Cuarteles Operativos Territoriales de Carabineros Chile", aprobada mediante la Orden General N° 2.866, de 07.09.2021, de la Dirección General, estableciendo los criterios para definir la dotación óptima de los cuarteles operativos a nivel nacional, correspondiente a Personal de Nombramiento Supremo e Institucional.

Asimismo, la Orden General N° 2.611, de 31.10.2018, de la Dirección General, aprobó la "Metodología para la distribución de Recurso Humano y Vehículos en Unidades Policiales territoriales de Carabineros de Chile", fijando los parámetros que debe utilizar la Dirección Nacional de Personal en la asignación de recursos humanos generadas a partir de los egresos de los Planteles de Formación y de cualquier otro mecanismo de disponibilidad de personal para distribución, como sucedió en la especie al recurrente, viéndose incluido al proceso denominado Plan Anual de Traslados, que obedece a aspectos técnicos establecidos en el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile.

Así las cosas, para la evaluación multifactorial de la demanda de servicios policiales a nivel nacional, la Institución cuenta con la medición de las Unidades de Vigilancia Equivalente (U.V.E) a través de su propia metodología. La U.V.E. permite disponer de un marco referencial y comparativo de la demanda, con el cual es posible realizar una posterior asignación de la oferta en un territorio determinado. Esto surge de la lógica de que todos los territorios requieren de una aproximación distinta acorde a sus necesidades a partir de los cinco factores de la demanda: vigilancia preventiva, procedimientos policiales, fiscalización selectiva, cumplimiento de órdenes judiciales y servicios extraordinarios, los que se encuentran contenidos en la Metodología para la determinación de Unidades de Vigilancia Equivalente.

En este sentido, la oferta de medios de vigilancia también se encuentra cuantificada en U.V.E. generando una instancia donde es posible establecer un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, denominado -índice de Cobertura de Demanda Policial-.

2.4.- Por lo demás, el citado Manual establece que los traslados del Personal son determinados en base a una serie de consideraciones, entre ellas el equilibrio de dotación de las Unidades policiales; los aspectos profesionales de los funcionarios (competencias, desarrollo de carrera, experiencia profesional, antigüedad y condiciones actuales), y finalmente los aspectos personales. De esta manera, las circunstancias personales forman parte de los antecedentes que son tenidos en consideración al momento de disponer el nombre reservado.

Así las cosas, ponderada la situación personal que invoca el funcionario en su reconsideración, se estimó que aquella no reviste del mérito suficiente para innovar en lo ya resuelto, considerando que se ha debido priorizar dar continuidad a la función policial, siendo necesarios sus servicios, atendido su grado, antigüedad y desempeño, en la Unidad de destino.

De esta forma, la determinación de no acceder a la solicitud de reconsideración al traslado dispuesto, obedece al estudio de un conjunto de elementos objetivamente prestablecidos, de este modo, la circunstancia de no compartir dicha decisión, no constituye por sí sola una vulneración a las garantías constitucionales que expone en su acción, pues la discrepancia sostenida en este aspecto se circunscribe a la opinión subjetiva que tiene el recurrente de su propia situación, y no al estudio y evaluación que la Autoridad competente efectúo de las necesidades del servicio, y la planificación estratégica institucional.

2.5.- A mayor abundamiento, el acto administrativo que efectivamente dispuso el traslado institucional del funcionario no resulta ilegal ni arbitrario, ni tampoco obedeció a un traslado efectuado de forma aislada, toda vez que en la reseñada Orden Dipecar N° 01, de 05.01.2024, existe una relación nominal de 304 funcionarios, que fueron trasladados por esta Alta Repartición, a las distintas Reparticiones, Unidades y Destacamentos, no de manera caprichosa o infundada, sino que basada en el interés público, a fin de optimizar las tareas asignadas por la Constitución Política de la República a Carabineros de Chile.

Así, la medida adoptada se fundó en miras satisfacer un eficiente rodaje operativo y en un mejor aprovechamiento de las aptitudes del funcionario, acorde a la evaluación que la autoridad competente efectúe de las necesidades propias de la labor institucional, a objeto de garantizar una presencia policial a nivel nacional, y en resguardo del orden y seguridad pública dentro del territorio.

2.6.- En ese orden de consideraciones, no se aprecia cómo, el actuar de Carabineros haya podido vulnerar el principio de igualdad ante la ley, contenido en el artículo 19, N° 2o, de nuestra Constitución Política de la República, toda vez que los actos administrativos que dispusieron y ratificaron el traslado del recurrente, cumplen con el estándar de fundamentación para todos los actos de autoridad similares, no habiéndose aplicado a su respecto un procedimiento distinto al del resto del personal de esta Institución, en cuya virtud se dispuso algún movimiento por razones de índole operativo que, como se reseñó más arriba, es motivo de suyo suficiente para ser incluido en el Plan Anual de Traslado, toda vez que las destinaciones del personal son de la esencia de Carabineros, por su naturaleza operativa que exige, constitucionalmente, primar el interés general sobre el particular.

2.7.- Resulta útil mencionar que el Órgano de Control, por medio de sus dictámenes Nros. 8195, de 2019, 89.676, de 2015, y 34.159, de 2017, entre otros, ha precisado que el principio de igualdad ante la ley, importa una igualdad de trato para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, en tanto que tal derecho se vulnera cuando se realiza una discriminación arbitraria, lo que no ocurre en la especie, por cuanto, la regulación normativa aplicada - referente al traslado del recurrente - afecta a todos los funcionarios de Carabineros de Chile que se encuentran en la misma condición jurídica.

Lo esgrimido supone una determinación sobre la base de consideraciones objetivas, que excluyen toda posibilidad de arbitrariedad o trato discriminatorio, al resguardarse, tras esa decisión, la función de vigilancia radicada en Carabineros de Chile, conforme a lo indicado en la Ley N° 18.961.

2.8.- De esta forma, el movimiento que reclama el recurrente, tuvo como finalidad efectuar una eficiente administración del recurso humano institucional, para cumplir con el cometido constitucionalmente asignado, dar eficacia al derecho y asegurar el orden y seguridad pública, tarea que se logra en esencial medida a través del constante movimiento del personal a las dotaciones donde sus servicios sean requeridos, no advirtiéndose en ese sentido, en el actuar de Carabineros de Chile una ilegalidad o arbitrariedad en la medida adoptada, respecto a su nueva destinación.

IV.- AUSENCIA DE DERECHO INDUBITADO:

1.- Es importante mencionar que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que -a juicio del recurrente- sería la inamovilidad del cargo que actualmente desempeña en su Unidad de origen y la supuesta arbitrariedad de los actos administrativos que dispusieron su traslado, por lo que aquello que pretende el recurrente, es obtener por parte de esa Iltma. Corte de Apelaciones, la declaración de un derecho que no existe como tal, evidenciando la intención de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

2.- Ello ha sido expresamente reconocido por la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol N° 25.121-2015, y en causa Rol N° 2427-2021, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia.

En consecuencia, como presupuesto básico de esta acción se exige la existencia de un derecho indubitado, lo cual en la especie no concurre.

3.- En este orden de ideas, resulta necesario señalar que la acción de protección siendo de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinaria y sumarísima, tiene por finalidad reestablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que clara y efectivamente se haya vulnerado. En consecuencia, y dado su carácter perentorio, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio.

Al respecto, cabe tener presente lo expuesto por la Excma. Corte Suprema, en fallo dictado en causa Rol N° 1.275-2015, cuyo considerando 6o, indica: "(...) como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrarío a la ley o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen, y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto".

4.- Tal presupuesto, en el caso particular no se verifica, toda vez que no se dispuso arbitrariamente el traslado del funcionario, sino que aquello obedeció a la observancia de la normativa que rige el nombre reservado de Carabineros de Chile, amparado en los criterios sostenidos por Contraloría General de la República, por lo que no se está en presencia de un actuar arbitrario de esta Alta Repartición, no existiendo vulneración alguna a los derechos previamente citados, en los términos esgrimidos por el funcionario.

5.- Así, al no existir la conculcación de las garantías esgrimidas por el recurrente, resulta improcedente la acción constitucional impetrada, toda vez que no se verifican los presupuestos básicos de esta acción, principalmente la supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar de esta Dirección Nacional de Personal, por lo que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo, no puede prosperar.

6.- En definitiva, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, la acción intentada no cumple con el supuesto básico para su procedencia, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el funcionario no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto -supuesto fáctico que, tal como fuera precisado, tampoco se verifica-estimándose que el presente recurso, no resulta procedente.

V.- CONCLUSIÓN 1.- En razón de lo expuesto, se colige que el traslado del Sargento Io nombre reservado, nombre reservado, desde la 2a Comisaría de la Prefectura Cautín, N° 22, a la 26a Comisaría de la Prefectura Santiago Occidente, fue dispuesto con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, junto con haberse procurado el cumplimiento de lo establecido por los dictámenes de la Contraloría General de la República, como jurisprudencia administrativa, los cuales resultan obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, como acontece con Carabineros de Chile, por lo que no se está en presencia de un actuar arbitrario de la autoridad, no existiendo vulneración o afectación a los derechos del recurrente en los términos que indica.

2.- Así las cosas, y al tenor de lo expresado previamente, el funcionario no tiene en su haber un derecho indubitado que reclamar, más aún, queda en evidencia que la verdadera pretensión es transformar esta vía recursiva en una instancia, con el único objeto de obtener la declaración de un derecho que no posee.

3.- En efecto, a la luz de los antecedentes expuestos, se colige que el traslado dispuesto ha sido realizado con expresa sujeción a la normativa legal y reglamentaria de Carabineros de Chile, en el ejercicio por parte de los Mandos facultados para ello, de una potestad pública de la cual se encuentran investidos, ponderando los elementos fácticos que sirvieron para determinar el mérito y conveniencia de la medida que se impugna, dando cumplimiento al principio de igualdad ante la ley, en concordancia, con el resguardo de la misión estratégica entregada por el Legislador a la Institución.

4.- Por lo tanto, conforme a las consideraciones precedentes, se concluye que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio, que permitan acreditar, sustentar y admitir la presente acción constitucional, por lo que se solicita a ese Iltmo. Tribunal de Alzada, tener por informado el recurso de protección y, en definitiva, RECHAZARLO, con costas, en atención a que, en los hechos descritos, Carabineros de Chile, no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

A su informe acompaña los siguientes documentos:

- Orden Dipecar N° 01, de 05.01.2024, de esta Dirección Nacional de Personal.

- Documento electrónico N.C.U. 205457913, de 29.04.2024, del Departamento (P.2.), por Orden del Director Nacional de Personal, que resuelve la solicitud de reconsideración presentada por el recurrente.

- Hoja de Vida del Sargento 1o nombre reservado, nombre reservado.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que, los actos administrativos contra los cuales se recurre, son el notificado con fecha 1° de mayo de 2024, DOE N° 205457913, que confirma aquel que dispone el traslado del recurrente nombre reservado contenido en el documento Orden 01 de fecha 05 de enero del 2024, de la Dirección Nacional de Personal, inserta en el Boletín N° 5099 de fecha 08 de enero del 2024, desde la 2da. Comisaría Temuco (U) a la 26° Comisaría Pudahuel.

Estima la recurrente que dichos actos son arbitrarios e ilegales por cuanto no aparecen como debidamente fundados, lesionando sus derechos constitucionales establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, en primer término y en cuanto a la legalidad del acto, la facultad que tiene el recurrido de disponer del traslado de sus funcionarios, se encuentra dispuesta en el artículo 31 de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, la cual establece que “Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.”

Lo anterior, además, se ve refrendado por el nombre reservado que fuera aprobado por la institución y que regula las formas y efectos de los movimientos a los que puedan verse sujeto su personal.

Entonces, el actuar de Carabineros se encuentra recogido en la legislación por lo que desde este punto de vista, no podría ser tachado de ilegal.

Cuarto: Que, en cuanto a que el acto sea arbitrario, aparece que el decreto que rechaza la reconsideración presentada por el recurrente se encuentra debidamente fundado y da cuenta de las razones técnicas que se tomaron para efectuar el traslado dispuesto.

Por otro lado, también se refiere a las circunstancias familiares que ha referido el recurrente que obstarían para el traslado, haciéndose cargo de las mismas, concediendo prerrogativas para facilitar el traslado del recurrente con su núcleo familiar a su nuevo puesto de trabajo.

Quinto: Que, así las cosas, la decisión de la autoridad recurrida ha sido adoptada en el uso de sus facultades, dentro de los límites de sus atribuciones legales y ha expuesto los fundamentos de la decisión, los que guardan relación con los fines de la institución policial.

Sexto: Que, no puede eludirse el hecho que la recurrida tiene la facultad normativa (Art. 31 de la ley N° 18961, Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros beneficios, Orden General N° 2707 de 13 de noviembre de 2019, que aprobó el nombre reservado), para disponer el lugar geográfico en el que el personal de Carabineros de Chile cumplirá sus funciones, lo que se materializa en un proceso anual de traslados, según los requerimientos de la función policial y que esa facultad se ha ejercido en este caso conforme a los fundamentos que se indican.

Además, todos los miembros de la institución policial se hallan sujetos a traslado y, en el caso del recurrente, no se ha invocado una causal personalísima o excepcional que permita liberarle de este deber funcionario y que el rechazo de la misma, en todo caso fundado, importe entonces una privación, perturbación o amenaza a alguna garantía constitucional amparada por esta acción.

Que por lo demás se advierte de los antecedentes acompañados ante esta Corte que el recurrente ha agotado todas las vías recursivas administrativas, las que no han sido felices.

Séptimo: Que, en este escenario fáctico, el recurso de protección entablado no puede prosperar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que SE RECHAZA el deducido a folio 1 por doña CAROLINA OLAVE ESPINOZA, en favor de don nombre reservado y en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE, Redacción del fallo por Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez.

Regístrese y archívese.

N°Protección-4168-2024. (cwm)