SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA COSTA ARAUCANIA con CONTRALORÍA REGIONAL ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, quince de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece nombre reservado, Chileno, Abogado, en representación según se acreditará del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA, del giro de su denominación, representado por don nombre reservado, Profesor, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, quien dice:

Que interpone recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada por el Contralor Regional Marcello Limone Muñoz, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía, por el Dictamen Folio E258645/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022, emanado de dicho órgano del Estado, resultando vulnerados una serie de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, específicamente el artículo 19 en sus siguientes números:

1. Número 2, relativo a la igualdad ante la ley y a la prohibición de establecer diferencias o discriminaciones arbitrarias, 2. Número 3, relativo a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y al derecho a un debido proceso, y 3. Número 24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

CAPÍTULO I. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL El acto arbitrario e ilegal cometido por la recurrida consiste en el Dictamen Folio E258645/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022, notificado a esta parte con fecha 21 de septiembre de 2022, el cual señala lo siguiente:

Esta acción constitucional de protección está siendo presentada dentro del plazo señalado en el número 1 del Auto Acordado respectivo, de treinta días corridos desde que he tomado conocimiento del acto ilegal y arbitrario de la recurrida. En efecto, con fecha 21 de septiembre del año en curso, esta parte tuvo conocimiento de los actos ilegales y arbitrarios de la Contraloría Regional de La Araucanía que motivan este recurso, según consta con el timbre de recepción de la oficina de partes, como verá en otrosí de esta presentación. En consecuencia, recurrimos de protección dentro del plazo.

ANTECEDENTES La pretensión de la Contraloría Regional de La Araucanía es, como lo expresa el dictamen que ha sido íntegramente reproducido ut supra, obligar a este Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía al reintegro de una ex trabajadora, doña nombre reservado, quien se encontraba contratada bajo las normas del Código del trabajo y que fue despedida con fecha 17 de mayo del 2022 y, asimismo, el pago de las remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio.

Es decir, la Contraloría General de la República, en buenas cuentas, determinó que un despido efectuado con arreglo a las normas del Código del Trabajo, es injustificado y, por lo tanto, debe ser dejado sin efecto y, a mayor abundamiento, se le debe pagar remuneraciones “por el tiempo intermedio”, sin que ella haya trabajado y, además, habiendo pagado un finiquito.

ACTOS ARBITRARIOS E ILEGALES La Contraloría Regional de La Araucanía actúa en forma arbitraria e ilegal, desde el momento en que, por medio del Dictamen Folio E258645/2022, de fecha 21 de septiembre de 2022, intenta ordenar a este Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía llevar a efecto la reincorporación de doña nombre reservado, extrabajadora válidamente despedida en virtud de las normas del Código del Trabajo.

Es necesario precisar que la trabajadora referida se rige por el Código del Trabajo y las normas de terminación de contratos que contempla dicho Código, lo que implica que su vínculo laboral con el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía cesa con arreglo a las causales y de acuerdo con las formalidades allí reguladas, cuya eventual omisión no invalidaría el despido, sino que daría acción para, en sede jurisdiccional, el trabajador que así lo considere, demande a su ex empleador para que el tribunal competente declare el despido como injustificado, indebido o improcedente.

La decisión de la contraloría es ilegal, por cuanto va contra el texto expreso de la norma contenida en el artículo 21° B de la Ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que expresa: “Artículo 21º B. La Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.”

Entonces, si se examina el tenor y sentido del citado Dictamen Folio E258645/2022, de fecha 21 de septiembre de 2022, NO es muy difícil advertir que el órgano contralor, contrario al mandato del referido artículo 21 B, emite tal pronunciamiento que invadió atribuciones que el constituyente asigna de manera exclusiva a los tribunales de justicia, llegando al extremo de tratar de dejar sin efecto un finiquito laboral, actuación viciada al tenor de lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

El artículo 76 de la Carta Fundamental prescribe que la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. En tanto que esa ley, el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, dispone que “a los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera que sea su naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes”. Todavía más, el artículo 420 del Código del Trabajo establece que “Serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.”

Ahora bien, la misma Constitución Política de la República contempla en su artículo 98 que “Un organismo autónomo con el nombre de Contralor a General de la República ejercerá el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades; llevará la contabilidad general de la Nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva”. Por otro lado, el inciso 1 del artículo 1 de la Ley 10.336 regula las atribuciones y competencias naturales de Contraloría General de la República, constituidas sustancialmente por su misión de fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración. Empero, adquiere particular relevancia para este caso el límite o restricción que dimana de lo contemplado en el artículo 21 B de dicha ley, según el cual “La Contralor a General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

En efecto, parece indudable que el proceder cuestionado comporta dirimir un asunto de naturaleza laboral, decidir sobre la procedencia de una causal de término de un contrato del trabajo, interpretar normas laborales y, lo que es aún más relevante, decidir sobre un eventual conflicto de naturaleza laboral, que como se dijo-, esta – entregado única y exclusivamente a los Tribunales del Trabajo. En suma, se incurre en una ilegalidad que lesiona el derecho de propiedad de la recurrente y que vulnera su garantía del derecho al debido proceso.

En consecuencia, de todo lo expuesto es que la Contraloría General de la República ha actuado en forma arbitraria e ilegal, vulnerando el principio de legalidad, al actuar con evidente exceso en el uso de sus atribuciones, en definitiva, importa una gravísima y aberrante vulneración al principio de separación de los poderes del Estado y una flagrante contravención a las bases mismas de nuestra institucionalidad republicana.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS El actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, que violenta los principios de legalidad y de separación de los poderes del Estado, por las razones explicadas anteriormente, importa una vulneración, perturbación y amenaza de las siguientes garantías constitucionales, las cuales, por cierto, pueden ser alegadas tanto por personas naturales como por personas jurídicas, como es el caso del SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA:

1. La del número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala: “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”

Esta vulneración se configura, con claridad, ya que el término de la relación laboral de un funcionario regido por el Código del Trabajo, esta entregada a la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo.

2. La del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala: “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

… Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.”

La vulneración de la garantía antes citada, en cuanto a la prohibición –de rango constitucional- de ser juzgado por comisiones especiales y a la obligatoriedad de un debido proceso, se ve patente y cristalina, desde el momento que la Contraloría General de la República, actuando, precisamente como una comisión especial, crea derecho, ordenando a este Servicio Público el reintegro de una ex trabajadora y, asimismo, el pago de sus remuneraciones por servicios no prestados, estableciendo, en forma administrativa una “nulidad de despido” y un “despido injustificado” que no existe en el ordenamiento jurídico nacional y, por lo tanto, arrogándose funciones jurisdiccionales en forma grosera, trasgrediendo los límites que la propia ley le ha establecido e interpretando en forma laxa normas legales, dando nacimiento a una sanción inexistente, sin considerar que las sanciones son, por definición, de derecho estricto y, por lo tanto, no pueden ser interpretadas en forma analógica. Así, donde no existe una norma expresa que establezca que el “no satisfacer” (si se quiere) a la Contraloría General de la República en cuanto a la justificación del despido de un trabajador regido por el Código del Trabajo acarrea una suerte de despido injustificado y una nulidad del despido y que este no pone término al contrato, no puede la Contraloría General de la República, actuando como legislador, dar origen a esta sanción y, después, actuando como un tribunal ad hoc, dictar una especie de sentencia –contenida en un simple oficio- por la cual, con claro abuso de sus facultades, obligue a este Servicio, a su vez, actuar contra derecho.

3. La del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que señala:

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.”

La consecuencia de las vulneraciones señaladas en los acápites anteriores es, precisamente, que se violente esta garantía constitucional. Ello, sencillamente, porque de acatar este arbitrario e ilegal acto administrativo de la recurrida, sin norma que lo permita ni fundamento racional que lo justifique, este Servicio Público tendría que reincorporar a un trabajador válidamente desvinculado, el cual ha, inclusive, aceptado el pago del finiquito, disponiendo patrimonialmente este Servicio en dicho sentido, sin perjuicio de que, además, debería pagarle una cuantiosa suma de dinero, con cargo al presupuesto fiscal, en razón de labores no desempeñadas por el ex trabajador y servicios no recibidos por este Servicio, creando, a la vez, una situación de enriquecimiento sin causa y, por ello, ilícito, lo cual es –en algo que repugna al derecho, la justicia y el más mínimo sentido común- promovido por la propia entidad que, luego, controla el actuar y dicta cientos de dictámenes determinando, precisamente, que no puede haber este tipo de enriquecimiento incausado. El derecho de dominio que tiene el SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA sobre su presupuesto, proveniente de la ley, y se ve vulnerado, turbado y violentado por un acto administrativo carente de asidero jurídico y legal, de razón y sentido y que, en buenas cuentas, no es más que una monstruosa aberración antijurídica, propia de estados totalitarios y de administraciones antidemocráticas, lo cual obliga a este Servicio a recurrir ante SS Ilustrísima, para que ponga orden ante esta situación y restablezca el imperio del Derecho, instruyendo, con facultad de imperio, a la Contraloría General de la República, para que ciña su actuar a la Constitución Política de la República y las leyes vigentes en forma estricta e irrestricta, se abstenga de crear derecho y de juzgar como comisión especial y por cierto se apegue como en derecho corresponde, al principio de legalidad que por misión fundamental debe promover y vigilar.

Además de las normas ya mencionadas, existiría una infracción de la Ley Nº21.395, que establece el Presupuestos (Ingresos y Gastos) del Sector Público Año 2022, ordenando (mandato legal) en su partida 09, capitulo 22, programa 01, para el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía una dotación máxima de personal que corresponde a 90 funcionarios, y a los artículos 6°, 7° y 100 de la Constitución Política; 2° y 5° de la ley N° 18.575; 56 de la ley N° 10.336 y en el decreto ley N° 1.263, de 1975.

Solicita tener por presentado este recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, por los actos ilegales y arbitrarios cometidos con motivo del Dictamen Folio E258645/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022, en términos que constituyen privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política, números 2, relativos a la igualdad ante la ley y a la prohibición de establecer diferencias arbitrarias, 3, referido a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y al derecho a un debido proceso y 24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo en su totalidad, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto el aludido dictamen, determinando que la recurrida no tiene atribuciones que el constituyente asigna de manera exclusiva a los tribunales de justicia; tampoco puede, por esas razones, reincorporar a la ex trabajadora, doña nombre reservado ni pagarle, en forma retroactiva, remuneraciones por períodos no servidos, por ser estas determinaciones arbitrarias e ilegales, todo con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Dictamen Folio E258645/2022, de fecha 21 de septiembre de 2022.

2.- Dictamen N° E213009/2022, de fecha 12 de mayo de 2022.

3.- Ordinario N°422, de fecha 18 de julio de 2022.

4.- Resolución Exenta N° 1144, de fecha 17 de mayo 2022.

A folio 14, informa CONTRALORÍA REGIONAL ARAUCANÍA:

La acción de autos ha sido deducida en contra de la Contraloría Regional de La Araucanía por la emisión del oficio N° E258645, de 21 de septiembre de 2022, por el cual se atendió la solicitud de reconsideración deducida por el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía -en adelante SLEP-, en contra del oficio N° E233984, del 12 de julio de 2022, de este origen. Al respecto, cabe señalar que a raíz de una presentación efectuada por una recurrente que mantenía un contrato de trabajo como profesional del equipo de gestión administrativa del SLEP, señora nombre reservado, en la que consultaba si le asistía el derecho a percibir la asignación de modernización establecida en el artículo 1° de la ley N° 19.553, esta Contraloría Regional, a través del oficio N° E213009, de 12 de mayo de 2022, concluyó que conforme con lo señalado en el inciso tercero del artículo 47, de la ley N° 21.040, el personal que se desempeñe en los Servicios Locales de Educación, que no corresponda a profesionales o asistentes de la educación, debía regularse por las normas de esa ley, sus reglamentos y por las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, motivo por el cual el SLEP debía proceder a regularizar su situación jurídica y la de todo el personal que mantuviese contratado en esas condiciones bajo las normas del Código del Trabajo.

Sin embargo, haciendo caso omiso a lo instruido por esta Entidad Regional de Control, el SLEP resolvió poner término a la contratación de la señora nombre reservado, argumentando para ello la imposibilidad de regularizar su situación jurídica mediante su designación en la planta o a contrata, por lo cual, la referida trabajadora denunció esa situación ante esta Contraloría Regional, por considerar que el error en que había incurrido esa repartición al contratarla bajo las normas del Código del Trabajo no podía ser subsanado con la afectación de sus derechos. Luego, atendiendo la reclamación antes señalada, este Organismo de Control, mediante el referido oficio N° E233984, de 2022, concluyó que no se había ajustado a derecho la decisión del SLEP de poner término a la relación laboral que lo unía con la recurrente, debiendo reincorporarla en sus funciones, por cuanto lo instruido en el precitado oficio N° E213009, de 2022, decía relación con adecuar su condición funcionaria vigente a las normas de la ley N° 18.834 y porque los errores en que había incurrido el Servicio al contratarla bajo un estatuto jurídico diferente al que le correspondía, no podían perjudicar a quien había actuado de buena fe. En dicho contexto, el SLEP solicitó la reconsideración del anotado oficio N° E233984, de 2022, alegando que de dar cumplimiento al mismo incurriría en una infracción al principio de legalidad del gasto público, puesto que ya había alcanzado la dotación máxima de personal permitida por la ley N° 21.395, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022, y no podía utilizar para ello los recursos provenientes de la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial. Luego, a través del oficio N° E258645, de 21 de septiembre de 2022, que se impugna mediante la presente acción de protección, esta Entidad Regional de Control resolvió desestimar la solicitud de reconsideración planteada por el SLEP, atendido, como ya se dijo, que los errores en que incurre la administración no pueden perjudicar a quienes de buena fe han actuado en el convencimiento de haber procedido dentro de un ámbito de legitimidad, y que la propia ley N° 21.395, en su artículo 10, inciso primero, establece que no obstante la dotación máxima de personal o de horas semanales fijadas en ese presupuesto a los servicios públicos, esta podrá aumentarse con cargo a la disminución de otro u otros, por decreto dictado en la forma dispuesta en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975, esto es, mediante decreto del Ministro de Hacienda, bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”. Como podrá advertir V.S. Iltma., mediante el oficio impugnado, esta Contraloría Regional se limitó a desestimar los argumentos expuestos por el SLEP de Costa Araucanía para no dar cumplimiento al ya citado oficio N° E233984, de 12 de julio de 2022, relativos a una presunta vulneración del principio de legalidad del gasto público, sin que se aprecie que a través de dicho requerimiento, el anotado servicio hubiese objetado las facultades de este Organismo de Control para ordenar la reincorporación de la trabajadora recurrente, como ahora lo pretende al deducir la presente acción de protección. II. Extemporaneidad. Corresponde señalar que el recurso intentado es manifiestamente improcedente, puesto que ha sido interpuesto fuera del plazo fijado por el Auto Acordado respectivo. En este sentido, si bien la presente acción constitucional está dirigida formalmente en contra del oficio N° E258645, de 21 de septiembre de 2022, de esta Contraloría Regional, lo cierto es que de los términos del libelo se desprende con claridad que el acto que en definitiva impugna la parte recurrente -y que habría causado el supuesto perjuicio a las garantías constitucionales que invoca-, es el oficio N° E233984, de 12 de julio de 2022, de este mismo origen. En efecto, como se detalla en el acápite precedente, fue este último oficio el que señaló que no se ajustó a derecho la decisión del SLEP de poner término a la relación laboral que lo unía con doña nombre reservado, y le ordenó reincorporarla en sus funciones. Así se desprende, por lo demás, del tenor de la solicitud de reconsideración planteada por el SLEP que dio origen al dictamen recurrido, en que se advierte que sus argumentos dicen relación con la eventual transgresión al principio de legalidad del gasto público que traería aparejado el cumplimiento del citado oficio N° E233984, de 2022, que precisamente ordenó la reincorporación de la trabajadora ya mencionada. De esta manera, aun cuando el SLEP se dirige formalmente en contra del oficio N° E258645, de 2022, aquel sólo viene a dar respuesta a la solicitud de reconsideración planteada por éste respecto del oficio N° E233984, de 2022, el cual le fue notificado por correo electrónico con fecha 13 de julio de 2022, es decir, tuvo conocimiento del acto que le habría generado el perjuicio que alega, con al menos tres meses de anticipación a la fecha de interposición de la presente acción de protección, por lo que ésta resulta totalmente extemporánea. Luego, siendo el anotado oficio N° E233984, de 2022, el acto que el recurrente estima ilegal o arbitrario y que le habría causado la perturbación, amenaza o privación de derechos que alega, el plazo para interponer el recurso de protección comenzó a correr el día en que aquel tuvo conocimiento del mismo.

El asunto planteado es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección. La acción de protección ha sido contemplada como un mecanismo de emergencia, rápido y eficaz frente a manifiestas violaciones de ciertos derechos garantizados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, los cuales deben ser indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso. Pues bien, en la situación de que se trata, el servicio recurrente ha impugnado -a través de la presente acción procesal- un pronunciamiento emanado de esta Contraloría General en el cumplimiento de funciones que le son propias, advirtiéndose del tenor del respectivo libelo que lo pretendido por aquella va más allá de la defensa de una garantía constitucional determinada, pues lo que busca, en definitiva, es discutir las facultades que posee este Órgano de Control sobre sobre los servicios sujetos a su fiscalización, en particular, sobre el control de legalidad de sus actos, el que se manifiesta -entre otros mecanismos-, a través de la emisión de dictámenes, evacuados en cumplimiento de su obligación de velar por el irrestricto respeto del ordenamiento jurídico.

Como vuestra Iltma. Corte puede advertir, lo pretendido por el recurrente no se condice con la naturaleza del recurso interpuesto, pues se trata de un asunto que excede el ámbito de la acción de protección, debiendo plantearse, por consiguiente, en otras instancias y a través de un procedimiento adecuado. IV. Ausencia de ilegalidad o arbitrariedad. Cabe tener presente que la admisibilidad de la acción de protección presupone que exista una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se señalan en el artículo 20 de la Constitución Política. En la especie, no se advierte de qué manera el oficio N° E258645, de 2022, pudo vulnerar alguna de las garantías que el recurrente invoca, desde el momento en que aquel solo se limitó a desestimar la solicitud de reconsideración de lo concluido en el oficio N° E233984, de 2022, el cual, a su vez, se pronunció sobre la correcta interpretación de la normativa aplicable al personal de los Servicios Locales de Educación Pública, según el artículo 47 inciso tercero de la ley N° 21.040, con ocasión de una consulta efectuada sobre la materia por una trabajadora dependiente del SLEP de Costa Araucanía. Así, de forma alguna podría catalogarse ninguno de los pronunciamientos aludidos como producto de un mero capricho por parte de este Organismo de Control. Luego, al emitir el oficio impugnado en autos, esta Entidad de Control únicamente ha ejercido las facultades y cumplido con las funciones que le corresponden, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Constitución Política, 1°, 6°, 9° y 16 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República; funciones que han sido debidamente delegadas por el Contralor General de la República a los Contralores Regionales por medio de la Resolución N° 1.002, de 2011.

En efecto, en virtud del artículo 98 de la Carta Fundamental, a este Organismo Superior de Control le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades y de las demás entidades y servicios que determinen las leyes, y desempeñar las demás funciones que le encomiende su ley orgánica. Por su parte, los artículos 1°, 6°, 9° y 16 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General, le confieren a esta Entidad la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, entre otros mecanismos, mediante la emisión de dictámenes, debiendo pronunciarse, en forma exclusiva, sobre los asuntos que se relacionen con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, para efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. Pues bien, entre los actos sometidos al control amplio de legalidad de esta Contraloría General están aquellos que emanan de los Servicios Locales de Educación Pública, dada su calidad de organismos públicos integrantes de la Administración del Estado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 16, de la ley N° 21.040 y lo preceptuado en el artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.575. Así, en el marco de las atribuciones y deberes previamente anotados, esta Contraloría Regional emitió el oficio recurrido, a través del cual únicamente se desestimó reconsiderar lo manifestado con anterioridad en el oficio N° E233984, de 2022, oportunidad en la que, aplicando la normativa que regula la materia, se precisó que no se había ajustado a derecho el término de la relación laboral de doña nombre reservado, por cuanto el error en que había incurrido el SLEP de Costa Araucanía al mantenerla contratada bajo las normas del Código del Trabajo desde octubre de 2019, no podían perjudicar a quien de buena fe había actuado convencida de haber procedido dentro de la legalidad. De acuerdo a lo expresado, no se advierte la existencia de ningún hecho concreto que perturbe ni impida al recurrente los derechos que reclama -de igualdad ante la ley, de no ser juzgado por una comisión especial, de un justo y racional procedimiento, y de propiedad-, como tampoco la existencia de una actuación ilegal o arbitraria de este Organismo de Control. V. Falta de legitimación activa. Según se reseñara en el acápite anterior, la relación jurídica entre el Servicio recurrente y esta Contraloría General se configura, especialmente, por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política, y 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la ley N° 10.336, los que le atribuyen a este Organismo de Control facultades y funciones en orden a que, entre otros asuntos, vele por el irrestricto respeto al ordenamiento jurídico por parte de los organismos sometidos a su fiscalización, pudiendo para tales efectos emitir dictámenes jurídicos sobre todas las materias sujetas a su control, siendo obligatorios estos pronunciamientos para dichas entidades. Pues bien, dado que el SLEP de Costa Araucanía constituye un servicio sometido a la fiscalización de esta Contraloría General, se encuentra en el deber de adecuar sus actuaciones al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia administrativa de este origen, lo que lo priva de legitimación activa para interponer el recurso de protección con el objeto de sustraerse del cumplimiento de los pronunciamientos de este Organismo de Control, los cuales, al interpretar la norma administrativa, integran el bloque de juridicidad en el que deben enmarcar sus actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de la ley N° 18.575. Aceptar que un organismo de la Administración sujeto a la fiscalización de esta Entidad de Control, como es el SLEP de Costa Araucanía, pueda impugnar sus dictámenes que por disposición legal le son obligatorios, a través de la acción constitucional de protección cada vez que no los comparta, menoscaba gravemente las facultades exclusivas que, en cuanto Órgano Superior de Control, le confiere el ordenamiento jurídico, y coloca al servicio fiscalizado en una situación de rebeldía e incumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, en el caso de la presente acción de protección, se desvirtúa su sentido, el cual no es otro que cautelar los derechos esenciales de las personas, y en ningún caso servir como un instrumento para que un organismo público pueda eximirse de una obligación legal o cuestionar determinadas funciones o atribuciones que la Constitución Política y la ley le atribuyen a la Contraloría General, solo por el hecho de no compartir una interpretación jurídica. En este sentido se ha pronunciado la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta, en su sentencia de fecha 3 de septiembre de 2020 -causa rol N° 3599-2020-, señalando que “Es preciso establecer que los dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios para los órganos de la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 98 de la Constitución y por los artículos 6 y 19 de la Ley N°10.336. En este caso, el citado oficio N° 1.443 de 14 julio de 2020, contiene una decisión de la Contraloría General de la República, por ende, está emitiendo pronunciamiento sobre la constitucionalidad y legalidad de la resolución exenta N°344, de 28 de noviembre de 2019 del Gobierno Regional de Antofagasta, vigilando el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo, por tanto, al resolver como lo ha hecho, solamente está dando estricto cumplimiento al objetivo del órgano contralor establecido en el artículo 1° de la ley 10.336”.

Lo anterior en caso alguno significa que los órganos de la Administración no puedan impugnar los pronunciamientos de esta Contraloría General cuando aquellos tienen una opinión o interpretación de la normativa que difiere de lo que haya manifestado esta Entidad de Fiscalización, siendo la vía idónea al efecto el recurso de reposición o de reconsideración correspondiente, a través de los cuales pueden revisarse sus decisiones. En la situación de la especie el SLEP así lo entendió, al requerir oportunamente la reconsideración del oficio N° E233984, de 2022, por no compartir el criterio contenido en este. Cuestión distinta es que, con posterioridad, al no obtener el resultado esperado y habiéndose desestimado tal requerimiento, aquel haya accionado de protección, siendo claramente este un mecanismo inadecuado de impugnación del pronunciamiento de que se trata. IV. En cuanto al fondo del asunto planteado. 1.- El estatuto jurídico bajo el cual la trabajadora recurrente fue contratada por el SLEP de Costa Araucanía, no se ajustaba a lo establecido en la ley N° 21.040. Como ya se mencionó en el acápite referido a los antecedentes del recurso, a propósito de una presentación efectuada por doña nombre reservado, funcionaria que se encontraba contratada bajo las normas del Código del Trabajo como profesional del equipo de gestión administrativa del SLEP de Costa Araucanía, sobre si le asistía el derecho a percibir la asignación de modernización establecida en el artículo 1° de la ley N° 19.553, esta Contraloría Regional, mediante el precitado oficio N° E213009, de 2022, ordenó a dicho Servicio, adecuar su calidad jurídica a las normas contempladas en la ley N° 18.834. Lo anterior, por cuanto el artículo 47 de la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, ubicado en el párrafo 5°, de su título III, referido al régimen del personal de los Servicios Locales de Educación Pública, establece, en lo pertinente, el personal que se desempeñe en los Servicios Locales de Educación, que no corresponda a profesionales o asistentes de la educación, debe regularse por las normas de esa ley, sus reglamentos y por las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. En tal sentido, se precisó que, según el criterio contenido, entre otros, en los dictámenes N°s. 80.928, de 2014 y E16096, de 2020, de este origen, las entidades que contraten funcionarios bajo un régimen jurídico que no les resulta aplicable de acuerdo con las funciones que desempeñan, deben proceder a regularizar sus contrataciones, sometiéndolos a las normas que de acuerdo a la ley le corresponden.

De ello, se sigue que la decisión posterior del SLEP de poner término al contrato de trabajo que lo unía con la trabajadora denunciante, fundado -como consta en el oficio N° 303, de 17 de mayo de 2022, de ese Servicio-, en la necesidad de dar cumplimiento al aludido oficio N° E213009, de 2022, de esta Contraloría Regional, en ningún caso se ajustó a lo instruido en tal pronunciamiento, el que, como se dijo, dispuso que se regularizara su vínculo laboral, no que se finalizara. 2.- El oficio impugnado en autos no evaluó aspectos de mérito o conveniencia de la decisión del SLEP de Costa Araucanía de poner término a la relación laboral que mantenía con la trabajadora recurrente. Sostiene el recurrente, que el citado oficio N° E258645, de 2022, de este origen, que desestimó su solicitud de reconsideración, sería ilegal y arbitrario, por cuanto le habría ordenado reincorporar a una trabajadora válidamente despedida, infringiendo la prohibición establecida en el artículo 21 B, de la ley N° 10.336, que impide a este Órgano de Control, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Al respecto, es necesario reiterar que el oficio recurrido se limitó únicamente a desestimar los argumentos expuestos por el Servicio recurrente para reconsiderar el oficio N° E233984, de 2022, de este origen, los cuales decían relación con la presunta infracción al principio de legalidad del gasto público en el que incurriría el SLEP de Costa Araucanía de dar cumplimiento al mismo, producto del límite máximo de personal en la dotación establecido en la ley de presupuestos para el año 2022, y la imposibilidad de utilizar los recursos contemplado en la ley N° 20.248, de Subvención Escolar Preferencial. En efecto, de la simple lectura del oficio N° E258645, de 2022, se advierte que para desestimar la pretensión de reconsideración del recurrente, aquel únicamente se refirió a las disposiciones legales que permiten aumentar la dotación máxima de personal fijada en la ley de presupuestos y la forma de procurarse los recursos para gastos en personal, a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias, sin que se aprecie en dicho documento, la existencia de un análisis o pronunciamiento sobre los aspectos de mérito o conveniencia de la decisión del Servicio de poner término al contrato de trabajo que mantenía con la trabajadora denunciante. Ahora, si en el fondo la alegación del recurrente va dirigida en contra de lo resuelto por esta Contraloría Regional en el oficio N° E233984, de 12 de julio de 2022 -en cuyo caso la presente acción de protección habría sido deducida indudablemente en forma extemporánea-, se debe indicar que en dicho instrumento tampoco se infringió la prohibición de evaluar los aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas del servicio, pues la instrucción de reincorporar en sus funciones a la trabajadora despedida obedeció a la errónea aplicación que aquel efectuó del oficio N° E213009, de 2022, de este origen, que le ordenó adecuar el régimen jurídico de su contratación al contemplado en la ley N° 18.834, al fundamentar su despido, y a lo concluido por la jurisprudencia de esta Entidad de Control, en el sentido de que los errores en que incurre la administración no pueden perjudicar a los terceros de buena fe, sin que aquello pueda ser calificado como una valoración de la oportunidad o conveniencia de la decisión del SLEP de Costa Araucanía de poner término a su contratación. 3.- Lo resuelto por esta Entidad de Control en el oficio impugnado, no ha invadido las atribuciones y competencias que le corresponden a los Tribunales de Justicia. Del mismo modo, alega el recurrente que esta Entidad Regional de Control, al emitir el aludido oficio N° E258645, de 2022, resolviendo sobre la procedencia de una causal de término de un contrato de trabajo, y en definitiva, sobre un eventual un conflicto de naturaleza laboral, habría invadido las competencias que el constituyente asigna exclusivamente a los Tribunales de Justicia, pues la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Sin perjuicio de lo ya señalado en el numeral anterior, cabe hacer presente a V.S. Iltma., que el oficio impugnado se emitió a requerimiento del propio SLEP, quien -sin cuestionar en dicha oportunidad la presunta invasión de competencias que ahora denuncia-, solicitó la reconsideración del oficio N° E233984, de 2022, atendida la supuesta vulneración al principio de legalidad del gasto público en el que incurriría de dar cumplimiento al mismo, por lo que el oficio recurrido se limitó a desestimar dicho argumento, sin referirse o extenderse a la procedencia o no de la causal de término de contrato aplicada. En este contexto, resulta importante destacar que este Órgano Fiscalizador se encuentra constitucional y legalmente facultado para emitir pronunciamientos jurídicos con respecto a los asuntos vinculados con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, sin que la sola circunstancia de referirse ello a situaciones de naturaleza contractual que mantienen los servicios con sus funcionarios, importe que tal asunto revista el carácter de litigioso. En tal sentido, no por el sólo hecho de recaer la materia consultada sobre el término de la relación laboral que mantenía el SLEP con una de sus funcionarias, va a implicar que se trate, per se, de un asunto litigioso o controvertido que obligue a esta Entidad de Control a abstenerse de intervenir en el asunto planteado, como pretende el recurrente, más aún cuando éste ni siquiera expuso en su solicitud de reconsideración, la supuesta controversia existente.

Por su parte, se debe señalar que el asunto planteado ante esta Entidad de Control se encuentra dentro del ámbito de las facultades de fiscalización que le corresponden por mandato constitucional y legal, en su deber de informar sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen. Así, en el oficio impugnado, y al igual que en los que le precedieron, esta Sede Regional de Control se limitó a ejercer la potestad fiscalizadora y dictaminante, en virtud de las cuales debe pronunciarse e interpretar los asuntos que se relacionen -en lo que interesa al caso particular- con el funcionamiento de los servicios sometidos a su fiscalización y sobre aquellos relacionados con el Estatuto Administrativo, lo que ha realizado de acuerdo con la habilitación que los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República, y artículos 1°, 5°, 6°, 9° y 16 de la ley N° 10.336, le han otorgado. Finalmente, cabe señalar que, de acogerse la acción deducida, ello implicaría que esta Entidad de Control se encontraría impedida de intervenir en cualquier asunto que recaiga sobre materias relacionadas con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los Servicios Públicos sometidos a su fiscalización, lo que afectaría severamente el ejercicio de la facultad dictaminante que constitucional y legalmente le han sido conferidas a la Contraloría General, lo que, a su vez, redundaría en una alteración artificial de nuestro sistema administrativo, que impactaría negativamente en el funcionamiento de la Administración del Estado en general. V. Derechos constitucionales presuntamente vulnerados. 1.- Derecho constitucional contemplado en el artículo 19 N° 2, de la Constitución Política. Sobre el particular, la garantía invocada debe ser entendida como una igualdad jurídica que impide que se establezcan en los textos legales o reglamentarios, o en las aplicaciones que hagan de estos las autoridades, excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en similares circunstancias, proscribiéndose, en definitiva, las distinciones arbitrarias, esto es, aquellas que no se funden en la razón o la justicia, que no propendan al bien común, que solo representen un mero capricho y carezcan de una motivación o fundamento racional. Asimismo, los Tribunales de Justicia, interpretando el sentido y alcance del derecho constitucional en comento, han expresado que la igualdad ante la ley es el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que en una serie de ámbitos la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga justificación racional. Agrega dicha jurisprudencia judicial, que por discriminación arbitraria debe entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable. En la especie, no se divisa en los argumentos de la parte recurrente el supuesto establecimiento de diferencias arbitrarias que se habría producido con la emisión del oficio recurrido ni con aquellos que lo precedieron -N°s. E213009 y E233984, ambos de 2022-, ni se comprende cómo alguno de dichos actos podrían afectar el legítimo ejercicio de la garantía en comento, en circunstancias que por su intermedio se ejerció una de las facultades con que cuenta este Organismo de Control, aplicando la normativa vigente existente acerca de la materia, que establece que el personal que se desempeñe en los Servicios Locales de Educación, que no corresponda a profesionales o asistentes de la educación, debe regularse por las normas de la ley 21.040, sus reglamentos y por las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. En efecto, la igualdad ante la ley ha sido absoluta y estrictamente respetada por este Organismo de Control, toda vez que, en la especie, haciendo uso de su potestad dictaminadora, se emitió el acto cuestionado, instancia en la que se aplicó la normativa y jurisprudencia que regula la materia, reconociendo que el estatuto jurídico aplicable a la trabajadora recurrente era el contemplado en la ley N° 18.834 y no el Código del Trabajo, y que en tal sentido, de acuerdo con el criterio contenido en el dictamen N° E16096, de 2020, las entidades que contraten funcionarios bajo un régimen jurídico que no les resulta aplicable de acuerdo a las funciones que desempeñan, deben proceder a regularizar sus contrataciones, sometiéndolos a las normas que de acuerdo a la ley le corresponden, agregando que, la regularización de la condición funcionaria no supone disponer el término de la relación laboral anterior, sino que adecuar esta última a la profesión y a la naturaleza de las tareas que efectivamente se ejercen. Lo anterior, por cuanto conforme al criterio contenido, entre otros, en los dictamenes N°s. 85.185, de 2013 y 13.720, de 2018, de este origen, quienes actúan de buena fe, no pueden verse perjudicados por un error en que ha incurrido el Servicio, debiendo tenerse presente que las personas actúan sobre la base del proceder regular de la Administración y con la confianza y expectativa de que su situación se consolidará como en derecho corresponde.

En consecuencia, si esta Entidad Fiscalizadora hubiese resuelto de un modo diferente, ello sí habría constituido una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley que se invoca. De esta forma, lo que plantea el recurrente es que por el hecho de invocar que se trata de un asunto controvertido, este Órgano Fiscalizador debe abstenerse de conocer la materia, lo cual resulta absurdo. 2.- Derechos constitucionales contemplados en el artículo 19 N° 3, incisos quinto y sexto, de la Constitución Política. Sostiene el recurrente, que el oficio impugnado en autos, que desestimó su petición de reconsideración del oficio N° E233984, de 2022, de este origen, habría vulnerado su derecho constitucional a no ser juzgado por comisiones especiales y a la existencia de un debido proceso, al ordenarle reincorporar a una ex trabajadora y enterarle las remuneraciones que dejó de percibir durante el tiempo que permaneció separada de sus funciones, arrogándose este Organismo Fiscalizador facultades jurisdiccionales de las cuales carece. Sobre el particular, cabe precisar que del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, sólo se encuentra amparada por el recurso de protección la garantía contemplada en el inciso quinto, en lo relativo a que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, de manera que sólo se atenderá lo que respecta a dicho inciso, y no al inciso sexto, también invocado erróneamente por la actora. Luego, no se advierte de que manera éste Órgano de Control podría haber vulnerado la referida garantía constitucional, toda vez que jamás efectuó para ello una labor de juzgamiento ni se ha erigido como una comisión especial para dichos efectos, sino que ejerció las potestades que la Constitución Política y su ley orgánica le confieren, aplicando la normativa y la jurisprudencia administrativa vigentes sobre la materia, limitándose a resolver una solicitud expresa del propio actor según se ha expuesto en el presente informe. Lo anterior, por cuanto como ya se ha mencionado latamente en este informe, a este Organismo de Control le corresponde pronunciarse sobre el régimen jurídico aplicable a los funcionarios de los órganos sujetos a su fiscalización, como acontece, por cierto, con los funcionarios dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública, cual es el caso, como asimismo, por cierto, para atender los reclamos que dichos servidores formulen ante este Organismo de Control por vulneración de sus derechos.

Por consiguiente, no se observa como esta Contraloría Regional podría haber vulnerado la garantía constitucional prevista en el artículo 19, N° 3, inciso quinto, toda vez que jamás se ha erigido como una comisión especial en el asunto en análisis, sino que se ha limitado a ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere 3.- Derecho constitucional contemplado en el artículo 19 N° 24, de la Constitución Política. Sobre este aspecto, el SLEP de Costa Araucanía se limita a señalar que en virtud de lo instruido en el oficio que impugna, tendría que reincorporar a una trabajadora, disponiendo patrimonialmente en tal sentido, sin perjuicio de que, además, debería pagarle las remuneraciones por labores no desempeñadas, lo que configuraría una causal de enriquecimiento sin causa. Al respecto, cumple con manifestar que si bien el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República reconoce a todas las personas "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorpórales", para contar con la protección constitucional es preciso que el derecho reclamado ingrese válidamente al patrimonio del afectado, lo que no se aprecia en la especie En efecto, no resulta atendible que el SLEP alegue la privación de un derecho de propiedad sobre bienes muebles o inmuebles cuyo dominio, en su opinión, le pertenecería, dado que, en este caso, se trata de remuneraciones de las cuales se ha visto privada la señora nombre reservado, como consecuencia del proceder indebido de tal servicio. Así, no se puede entender que la actividad de esta Contraloría Regional haya afectado el derecho de propiedad del SLEP, ya que éste nunca ha podido ejercer dominio sobre sumas de dinero correspondientes a remuneraciones de terceros, siendo oportuno considerar que el recurso de protección ha sido concebido para cautelar el legítimo ejercicio del derecho de propiedad, por lo que quien carece de un título válido no puede ejercer ni reclamar legalmente lo que no le pertenece. En consecuencia, no se advierte cómo la conducta de esta Sede Regional, realizada dentro de las atribuciones que constitucional y legalmente le competen, podría haber vulnerado el derecho de propiedad del SLEP. VI. Conclusión. Atendidos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriormente expuestos, teniendo presentes las atribuciones que constitucional y legalmente competen a este Organismo Regional de Control, procede que esa Iltma. Corte de Apelaciones desestime el recurso de protección deducido en estos autos en contra de esta Contraloría Regional. VII. Documentos.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1. Presentación formulada por doña nombre reservado, de fecha 16 de marzo de 2022, ingresada bajo la referencia N° W007354, de 2022, con sus respectivos antecedentes.

2.- Copia del oficio N° E213009, de 12 de mayo de 2022, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

3.- Reclamo formulado por doña nombre reservado, con fecha 22 de mayo de 2022, ingresado bajo la referencia N° 92.589, de 2022, con sus respectivos antecedentes.

4.- Copia del oficio N° E233984, de 12 de julio de 2022, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

5.- Correo electrónico de la oficina de partes de la Contraloría Regional de La Araucanía, por el cual se notifica el oficio N° E233984, de 2022.

6.- Oficio N° 422, de 18 de julio de 2022, del SLEP de Costa Araucanía, ingresado bajo la referencia N° 903.842, de 2022, correspondiente a solicitud de reconsideración deducida en contra del oficio N° E233984, de 2022, de la Contraloría Regional de La Araucanía.

7.- Copia del oficio N° E258645, de 21 de septiembre de 2022, de la Contraloría Regional de La Araucanía 8.- Copia de los dictámenes N°s. 46.208, de 2006; 75.490, de 2010; 45.875, de 2012; 85.185, de 2013; 80.928, de 2014; 15.890, de 2017; 13.720, de 2018 y E16096, de 2020, todos de la Contraloría General de la República.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en la especie se denuncia por el recurrente es el dictamen FOLIO E258645 de fecha 21 de septiembre de 2022, que rechaza reconsideración de oficio E233984 de fecha 12 de julio de 2022, que ordenó la reincorporación de doña nombre reservado, por cuanto su desvinculación no se ajustó a derecho.

Afectado la garantía contenida en el artículo 19 N°3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la recurrido, esta será rechazada por cuanto el presente recurso de protección se interpone en contra del el dictamen FOLIO E258645 de fecha 21 de septiembre de 2022 y el presente recurso de protección fue presentado con fecha 19 de octubre de 2022.

CUARTO: Que, en lo medular, el órgano recurrido informó que no existe ilegalidad, porque la actuación impugnada, esto es, el dictamen FOLIO E258645 de fecha 21 de septiembre de 2022, fue emitido en ejercicio de las competencias y atribuciones que la Constitución y la ley asignan a la Contraloría General de la República.

QUINTO: Que, como es sabido, uno de los postulados fundamentales del Estado de Derecho, es la sumisión de la Administración al ordenamiento jurídico, lo cual constituye una formulación muy general del Principio de Legalidad, reconocido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y en el artículo 2º de la Ley 18.575. En efecto, el artículo 6 obliga a todos los órganos del Estado a “someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”. Por su lado, el artículo 7 indica que “los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley”; por lo que, bajo sanción de nulidad y responsabilidad, “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”. Este principio de competencia es reiterado en el artículo 2º de la ley 18.575, Sobre Bases Generales de la Administración del Estado, conforme al cual “los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y las leyes”; debiendo actuar dentro de su competencia; razón por la cual “no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico”. Más específicamente, el artículo 98 de la Carta Fundamental, establece que “la Contraloría General de la República ejercerá el control de legalidad de los actos de la Administración del Estado, fiscalizará el ingreso y la inversión de los fondos del Fisco, de las municipalidades…”; principio reconocido en el artículo 1 de la Ley N° 10.336, Ley Orgánica que dispone: “La Contraloría General de la República, independiente de todos los Ministerios, autoridades y oficinas del Estado, tendrá por objeto fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del Fisco, de las Municipalidades…”.

SEXTO: Que las disposiciones citadas llevan a concluir que la entidad controladora recurrida actuó en el ejercicio de sus potestades legales, dentro del ámbito de su competencia y en la forma que prescribe la ley, al haber emitido el FOLIO E258645 de fecha 21 de septiembre de 2022, desprendiéndose, además, del contenido del acto impugnado que en él se expresa acabadamente los fundamentos en que se sustenta, los que son concordantes con los criterios sentados en su propia jurisprudencia administrativa, de modo tal que no resulta posible reprochar en su contra ilegalidad ni arbitrariedad, motivos suficientes para concluir que el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar. En efecto, recae en el órgano contralor la vigilancia de la legalidad de los actos del Servicio Local Educación Pública Costa Araucanía, que rigen a los funcionarios públicos, sin importar que estos se encuentren vinculados por contratos regidos por el Código del Trabajo, toda vez que tal vínculo laboral tiene una esfera pública, relacionada no sólo con la función que desempeñan sino que también en relación al erario de tal naturaleza que es desembolsado para pagar sus remuneraciones. Es así, como el órgano sujeto a fiscalización, debe observar en la emisión de todos sus actos administrativos el principio de juridicidad, que es aquello que, precisamente, fiscaliza el órgano contralor.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA COSTA ARAUCANÍA en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL ARAUCANÍA.

Redacción del abogado integrante Reinaldo Osorio Ulloa.

Regístrese.

Rol N° Protección-40941-2022 (pvb).