EMPRESAS MAIG CALU SPA con COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, veintiséis de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece don Patricio Ariel Cornejo González, abogado, a favor de EMPRESAS MAIG CALU SPA y de la familia de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD (CGE), por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en efectuar cobros indebidos y cortar el suministro eléctrico, lo que vulneraría las garantías del artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que el día jueves 6 de noviembre de 2025, se efectuó el corte del suministro eléctrico por parte de la recurrida, lo que es calificado por el recurrente como una medida de autotutela ilegal y arbitraria, ejecutada sin aviso previo ni orden administrativa o judicial.

Precisa que un funcionario de la empresa ingresó a la propiedad privada en el sector de Metrenco, comuna de Padre Las Casas, y procedió a cortar y retirar los cables del servicio, evento que fue presenciado por una menor de 11 años, lo cual habría afectado gravemente la integridad psíquica de la familia y vulnerado el interés superior del niño.

Explica que el conflicto se remonta al año 2023, cuando la familia solicitó el cambio de titularidad de persona natural a jurídica para su emprendimiento de eventos, con el fin de regularizar su situación contable y tributaria. A partir de ese momento, los recurrentes denuncian una serie de negligencias administrativas por parte de la CGE, incluyendo la facturación inadecuada bajo tarifas incorrectas, duplicidad de cobros, intereses excesivos que califican de usura y el no reconocimiento de convenios de pago previamente suscritos. Se menciona específicamente el Oficio Ordinario Electrónico N° 206538 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el cual instruyó a la empresa a eliminar ciertos cobros y refacturar periodos específicos debido a errores internos que la propia CGE reconoció como inadvertencias administrativas. A pesar de estas instrucciones, la recurrida habría persistido en los cobros cuestionados, elevando la deuda a una suma superior a los 17 millones de pesos.

Alega que el actuar de la CGE vulnera garantías constitucionales fundamentales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, específicamente el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho de propiedad sobre bienes corporales e incorporales derivados del contrato de suministro. Se argumenta que la empresa ha hecho caso omiso de la normativa que prohíbe el corte de servicio mientras existan reclamos pendientes ante la SEC, actuando con total desprecio por los derechos del consumidor y la autoridad administrativa.

Solicita que se acoja su recurso y en definitiva se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando de forma inmediata la continuidad y reposición del servicio eléctrico.

Acompaña certificados de vigencia de la sociedad y planillas de cálculo de intereses.

A folio 8 evacúa informe la recurrida Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), pidiendo el rechazo del recurso.

En primer lugar, señala que el relato de los recurrentes es confuso y carece de precisión técnica y temporal, por lo que precisa los hechos indicando que la empresa identifica el servicio en disputa como el cliente Nº 2693997, ubicado en Padre Las Casas, el cual registra una deuda vencida de $22.862.489 al 12 de diciembre de 2025.

Respecto al corte de suministro ocurrido el 6 de noviembre de 2025, la compañía sostiene que se realizó conforme a la normativa vigente tras cumplirse los plazos de mora legales y con aviso previo. Además, acredita que el servicio fue reconectado el 18 de noviembre de 2025 en cumplimiento de una orden judicial, siguiendo los protocolos técnicos de seguridad.

En cuanto a las impugnaciones sobre cobros indebidos, la defensa aclara que la facturación se basa estrictamente en los consumos registrados por el medidor, según lo exige el artículo 123 del Reglamento Eléctrico. Explica que las 22 notas de crédito emitidas por un total de $6.632.190 no responden a errores de la empresa, sino al cumplimiento de instrucciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) tras una solicitud de cambio de tarifa realizada por la clienta.

CGE detalla que el servicio cuenta actualmente con la tarifa BT3 (Parcialmente Presente en Punta) desde julio de 2020, y que los recurrentes han sido informados oportunamente sobre sus opciones tarifarias y los plazos legales para modificarlas.

Sostiene la improcedencia de la vía del recurso de protección para resolver esta controversia. Sostiene que no existe un acto ilegal o arbitrario, ya que la empresa ha actuado dentro de sus facultades legales como concesionaria de servicio público.

Subraya que el recurso de protección no es la instancia para declarar derechos en disputa ni para resolver materias técnicas complejas que ya están bajo el conocimiento de la autoridad administrativa competente, en este caso la SEC. Por todo lo anterior, CGE pide que se desestime la acción judicial con condena en costas para la parte recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, en el caso de auto, el recurrente reclama respecto del corte de suministro de energía eléctrica, lo que a su juicio sería un acto de autotutela, por no haber sido precedida de un aviso, dando cuenta que existirían cobros abusivos, afectándose de esa manera la continuidad del servicio de luz eléctrica, pues lo hace depender del pago de deudas improcedentes.

TERCERO: Que a su turno, la recurrida explica que no se han efectuado cobros improcedentes, sino que ha dado estricta aplicación a instrucciones de la SEC, registrando en todo caso una morosidad de registra una deuda vencida de $22.862.489 al 12 de diciembre de 2025, que se apega estrictamente a lo estipulado por el artículo 127 del Reglamento de la ley eléctrica, de manera que se han precisado los cargos, impuestos, gastos asociados al servicio y la existencia de un saldo pendiente.

Explica que el corte de suministro fue debidamente avisado, y obedece precisamente a la deuda de consumo de energía eléctrica impaga, conforme lo faculta la legislación eléctrica.

En esta línea, pide el rechazo del recurso por cuanto, no existen derechos indubitados comprometidos, citando diversa jurisprudencia que apoya su postura jurídica.

CUARTO: Que, conforme se ha patentado, surge de manifiesto que, todas y cada uno de los reclamos de quien acciona han sido rebatidos y negados por la recurrida, lo que desde luego, asienta una duda articulada respecto de que los hechos se configuren de la forma afirmada por la actora, en este punto inicial, que el presente procedimiento, no se erige como uno que posea la forma y etapas de juicio y que brinde a quienes intervienen en el mismo la posibilidad de probar los extremos de sus afirmaciones, por lo que, desde luego se patenta la ineptitud de esta vía constitucional para los efectos pretendidos por el recurrente, en términos de asentar como ciertos los hechos que patenta.

QUINTO: En esta línea, no aparece que sea posible concluir que lo exigido pagar por la recurrida constituya un acto ilegal desde que se que la deuda se arrastra desde enero del año de 2024, como da cuenta estado de cuenta acompañado por la recurrida en su informe, periodo en el cual solo se registra un pago efectuado en abril de 2024, lo que coincide con el único comprobante de pago que acompaña el recurrente.

En este escenario, cabe hacer presente que el propio convenio de pago acompañado por el actor, consta en su cláusula décima que el no pago del servicio de energía eléctrica faculta a la empresa, conforme lo dispone el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos para efectuar la suspensión del servicio de energía eléctrica, por lo que el no pago del consumo, facultaba al corte de servicio que reprocha a la recurrida.

En cuanto a tarifas se refiere, es una materia que se encuentra rigurosamente regulado por normas jurídicas de orden reglamentario, todo lo que, a modo de información también se ofrece al público, lo cual en todo caso, es manifiesto que el presente recurso no resulta la herramienta procesal para dirimir tal disputa jurídica, excediendo manifiestamente los objetivos perseguidos con este mecanismo de amparo constitucional.

SEXTO: Corolario necesario de los antecedentes es que, no es posible apreciar que, la recurrida haya desplegado una conducta ilegal o arbitraria, requisito base de procedencia de la presente acción constitucional, tal como se consignó en el motivo primero, por lo que la misma no podrá prosperar conforme se indicará en lo porvenir.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se resuelve que SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por EMPRESAS MAIG CALU SPA en contra de la Compañía General de Electricidad S.A.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del ministro Sr. José Marinello Federici.

Rol N° Protección-4064-2025 (pvb).