nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A. representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado y contra la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario de fecha 29 de octubre de 2025, mediante el cual se comunicó el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente en aplicación de la Ley N° 18.156, alegando que se ha vulnerado las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República y pide que se deje sin efecto el acto recurrido y se le de tramitación a su solicitud considerando como válida la documentación acompañada.

Expone que con fecha 24 de octubre de 2025 ingresó la solicitud de devolución por el régimen previsto en la Ley N° 18.156 a través del portal web de AFP Modelo; acompañó, entre otros documentos, su título profesional certificado (apostillado), una constancia electrónica de cotizaciones expedida por el IVSS (la cual contiene un código alfanumérico de verificación y una indicación de vigencia), una declaración jurada y el contrato de trabajo junto a un anexo en que se consigna la voluntad de mantener afiliación en el exterior; con fecha 27 de octubre de 2025 la administradora informó que la solicitud quedó en estado “pendiente de ingreso” requiriendo la presentación, en el plazo de cuatro días hábiles, de pasaporte vigente o certificado de ampliación de visa y de un “certificado de seguridad social extranjero” debidamente legalizado o apostillado que indicara las coberturas mínimas (enfermedad, invalidez, vejez y muerte), advirtiendo que la constancia electrónica aportada “no corresponde a un certificado de afiliación”, no señalaba prestaciones específicas, no estaba firmada por la entidad emisora ni apostillada; vencido el plazo, con fecha 29 de octubre del 2025, la administradora comunicó el rechazo de la solicitud.

Alega que la constancia electrónica emitida por el IVSS es un documento público expedido por la autoridad previsional competente y verificable en línea mediante el código que figura en su parte inferior, por lo que, en su criterio, satisface la exigencia de acreditar afiliación y cobertura previsional en el país de origen; agrega que la exigencia de legalización o apostilla resulta en la práctica imposible o gravosa por la falta de representación diplomática venezolana en Chile y por la crisis institucional que dificulta la obtención de documentos, de modo que imponer esa formalidad adicional configura una barrera injustificada que vira en arbitrariedad, vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2) y el derecho de propiedad sobre sus ahorros previsionales (art. 19 N°24), pues la finalidad de la Ley N° 18.156 es precisamente permitir que técnicos extranjeros, que mantienen cobertura en su país, no queden sometidos a doble cotización ni privados arbitrariamente de sus fondos.

Argumenta que en casos similares se ha resuelto en el sentido de considerar que la verificabilidad electrónica de las constancias del IVSS puede constituir medio idóneo de acreditación cuando concurre dificultad real para obtener legalizaciones o apostillas y cuando la propia constancia permite comprobar cobertura y períodos cotizados. En dicho sentido añade que la recurrida realiza una interpretación en exceso formalista de los requisitos exigidos por la ley 18.156 y no fundamenta la decisión de considerar los documentos acompañados como no válidos, considerando que emanan el organismo público venezolano competente obrando dentro de sus facultades y que son verificables de manera electrónica, lo que estima constituye una arbitrariedad e ilegalidad de la recurrida.

Sostiene que la exigencia de la administradora de un certificado institucional legalizado/apostillado y de firma del emisor constituye un requisito formal adicional no previsto por la ley, y que tal exigencia resulta imposible o desproporcionada dada la falta de representación diplomática venezolana, por lo que el rechazo vulnera su igualdad ante la ley (art. 19 N°2) y su derecho de propiedad sobre los ahorros previsionales (art. 19 N°24), al exigírsele requisitos no contemplados en la ley y privarlo de sus fondos al rechazar el retiro de estos.

Finalmente solicita que se acoja el recurso ordenando a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de retiro de fondos, y dentro de un plazo razonable, realizar la devolución de los fondos de pensión de la recurrente.

Junto con su recurso acompañó como prueba documental la Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado; Notificación de rechazo de la AFP Modelo; Declaración jurada simple, emitida por la AFP Modelo de nombre reservado; Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado; Título profesional apostillado, que acredita profesión de nombre reservado; y el Certificado de cotizaciones emitido por la recurrida, que acredita domicilio de nombre reservado

Con fecha 27 de noviembre del 2025, a folio 5, evacuó el informe la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A. Señala la recurrida que, con fecha 24 de octubre de 2025, la recurrente ingresó una solicitud de devolución de fondos prevista en la Ley N° 18.156, acompañando un título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada y contrato de trabajo. Tras el examen de los antecedentes, la administradora requirió a la recurrente la presentación de documentación complementaria —pasaporte vigente o certificado de ampliación de visa y certificado de afiliación o seguridad social extranjero con el detalle las coberturas exigidas, tales como enfermedad, invalidez, vejez y muerte, debidamente legalizado o apostillado—, haciéndole presente que la constancia electrónica aportada no cumplía los requisitos exigidos por la ley, por no tratarse de un certificado de afiliación, no explicitar las prestaciones, carecer de firma autorizada y no estar legalizada o apostillada). Luego de lo anterior, la recurrente acompañó los mismos documentos, y la AFP Modelo procedió al rechazo administrativo de la solicitud el 29 de octubre de 2025.

Expone que AFP Modelo rechazó las solicitudes de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente acompañó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” el cual no cumple con las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela, no se encuentra firmado por la persona que emite el documento y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según corresponda. Por su parte, la declaración jurada en la que señala encontrarse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento que no cumple con las exigencias contenidas en la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ni su jurisprudencia administrativa, toda vez que, dicha normativa señala que el cumplimento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156 debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Añadió que no obstante, la Superintendencia de Pensiones ha señalado que, de manera excepcional, se puede acreditar este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Hace presente que la recurrida no ha obstaculizado en forma alguna el proceso ni realizado una interpretación arbitraria de la norma, muy por el contrario, su representada ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones y el espíritu de la norma que para que proceda la devolución de fondos, es menester que se reúnan todos los requisitos.

Considera que su representada no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

En cuanto al Derecho, reprodujo lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley N° 18.156, que establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones, indicando que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que establece los requisitos copulativos que tiene que cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales, citando un fallo pronunciado por la Excelentísima Corte Suprema en la sentencia dictada en causa rol Civil 28299 – 2025.

Luego, señala que las Administradoras de Fondos de Pensiones son sociedades anónimas cuyo objeto único y exclusivo es la administración de fondos de pensiones, además de otorgar los beneficios y prestaciones establecidos en el D.L. 3.500 de 1980. La supervigilancia, control y fiscalización de estas sociedades corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en adelante la Superintendencia, según lo establece el artículo 52 del Reglamento del D.L. 3.500 de 1980. Conforme a lo dispuesto por el artículo 94 del D.L. 3.500, a la Superintendencia de Pensiones, como órgano contralor del sistema de pensiones chileno, le corresponde, además de las atribuciones y obligaciones que establece la ley.

Alude a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio Ordinario N°3141 de fecha 20 de febrero de 2024, mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, lo que se encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Sostiene que todo trabajador técnico extranjero que pretenda acogerse a la exención establecida en dicha ley o que quiera retirar los fondos ya enterados, deberá necesariamente dar cabal cumplimiento a los requisitos exigidos. En este caso, y en virtud de los antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que la recurrente no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley Nº 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, ni tampoco la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Por otra parte, cita lo dispuesto en el artículo 46 y de la Ley 19.882, relativo a las funciones y atribuciones de las Superintendencias de Pensiones, explicando que tal organismo es el organismo regulador y fiscalizador de todas y cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones del país, por lo que AFP Modelo, debe dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en el D.L. N 3.500, Compendio de Normas del ° Sistema de Pensiones, Normas especiales, y Oficios Ordinarios emitidos por la Superintendencia de Pensiones, puesto que, en caso de incumplimiento de dicha normativa, arriesga amonestaciones y/o sanciones pecuniarias.

Expone que el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República y para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso y, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones, por lo que estima que su representada no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al Recurrente, por lo que solicita finalmente que se tenga por evacuado informe para el presente recurso de protección y rechazarlo con expresa condena en costas.

Con fecha 11 de diciembre del 2025, a folio10, evacuó el informe la Superintendencia de Pensiones, argumentando que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, ya que conforme prescribe el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, la acción de protección tiene por finalidad poner en ejercicio las facultades jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato.

Argumenta que por esta vía es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y prexistentes, no un pronunciamiento declarativo. El tenor literal del recurso de autos, refleja que lo que pretende la parte recurrente no es otra cosa que una declaración de un eventual derecho a retirar sus fondos previsionales, porque no está conforme con lo resuelto por esta Superintendencia, olvidando que no acreditó cumplir con los requisitos normativos para acceder a tal devolución.

Considera que existe una controversia acerca de los certificados presentados por el recurrente, lo que demuestra con claridad que ésta debiera ser materia de un juicio declarativo, pues el procedimiento generado por la interposición de la acción de protección es de tipo inquisitivo, de emergencia, rápido, no apto para discutir y declarar derechos, como tampoco resulta susceptible que, por ésta vía, se pretenda reemplazar un procedimiento de lato conocimiento, situación que, claramente, acontece en la especie, lo que implica desviar la acción que nos ocupa con fines constitutivos o declarativos ajenos a sus fines.

Luego señala que doña nombre reservado no registra ante dicho organismo solicitud alguna respecto de los hechos que motivan la presente acción cautelar, por lo que no existen antecedentes referentes a la acción de protección que se informa.

En cuanto al Derecho, hace presente que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la Ley N°18.156, luego, reproduce lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la referida normativa, estimando que el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N°18.156, es de carácter esencial y sólo se entiende cumplido cuando, en el contrato individual de trabajo celebrado por el técnico extranjero y su empleador, se contiene, además de las estipulaciones obligatorias a que se refiere el artículo 10 del Código del Trabajo, una que exprese inequívocamente la voluntad del trabajador de mantener su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, estimando que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales es un régimen de excepción sólo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales, que, además, den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en la Ley N°18.156.

Añade que la Ley N°18.156 es de carácter excepcional y tiene como objetivo evitar la doble cotización para los técnicos extranjeros que prestan servicios especializados en nuestro país, permitiendo, además, la continuidad de su sistema previsional internacional. En el presente caso, para cumplir con el requisito establecido en la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, el recurrente debía haber presentado documentación que acreditara su afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, el cual le otorgue, al menos, prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, debía manifestar de manera clara e inequívoca su voluntad de mantener dicha afiliación. Esto, conforme a los términos de la Ley N°18.156, le permitiría quedar exento de la obligación de cotizar en el sistema previsional chileno. Sin embargo, en este caso, la documentación presentada por la recurrente no cumple con los requisitos establecidos, citando jurisprudencia correspondiente a fallo pronunciado la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, en recurso de protección Rol N°436-2025.

En cuanto a la legalidad del acto impugnado y ausencia de arbitrariedad, considera que conforme a las normas legales y reglamentarias señaladas, queda establecido que esta Superintendencia no ha cometido arbitrariedad ni ilegalidad, toda vez que no ha intervenido de modo alguno en los hechos que motivan la acción cautelar, al no haber emitido pronunciamiento alguno rechazando el beneficio requerido. Ahora bien, el hecho de no cumplir con los requisitos para retirar los fondos previsionales por parte de una persona que desea acogerse a dicha ley, no implica la pérdida de sus Fondos de Pensiones, sino solamente que no tiene derecho a un beneficio excepcional y específico para técnicos extranjeros, improcedencia de derecho que deja indemne el ejercicio de la totalidad de los derechos previsionales establecidos en el D.L. 3.500, de 1980, por lo que, en su oportunidad y conforme con sus normas generales, podrá disponer de sus saldos previsionales destinándolos a pensión o a los beneficios consagrados en el D.L. N°3.500, de 1980, como todos los afiliados al Sistema, sean chilenos o extranjeros.

Manifiesta que conforme con los antecedentes acompañados por la parte recurrente en su recurso de protección, y con el fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos para retirar sus fondos en calidad de técnico extranjero, es posible advertir que el Certificado de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de firma autorizada y no ha sido legalizado ni apostillado. El hecho de incorporar un código de verificación electrónica no sustituye los requisitos legales vigentes, más aún cuando el ordenamiento jurídico exige expresamente la legalización de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero para que produzcan efectos en el territorio nacional, citando el Oficio Ordinario N°12.954, de fecha 17 de julio de 2025 y fallo pronunciado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 3 de noviembre de 2025, Rol N°4932-2025.

Argumenta que la Declaración Jurada acompañada por la parte recurrente no resulta idónea para acreditar la cobertura previsional en el extranjero, toda vez que dicho documento debe ser emitido por la autoridad previsional competente del país respectivo. Finalmente, si bien la Ley N°18.156 no consigna expresamente la exigencia de apostilla, ello no exime del cumplimiento de las normas generales sobre el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero, especialmente tratándose de antecedentes que inciden directamente en la verificación sustancial de los requisitos exigidos para acceder al beneficio solicitado, en dicho sentido el mismo Oficio N°12.954 señala que, respecto de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, tampoco serán útiles para estos efectos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, dado que estas deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura. En el caso que nos ocupa, la parte recurrente suscribe un contrato de trabajo el 7 de abril de 2020 con el empleador COMERCIAL GENIAL LIMITADA. En él, se establece expresamente que el trabajador enterará cotizaciones en el régimen previsional chileno. Posteriormente, el 16 de octubre del 2025 se suscribe un anexo de contrato en el que se indica que la recurrente estaría afiliada al régimen previsional de su país de origen, lo que significa una contradicción en las declaraciones hechas por la recurrente que no permite verificar una voluntad inequívoca de su parte, por lo quede conformidad a lo dispuesto por la ley 20.255, en caso de existir manifestaciones de voluntad contradictorias, debe primar la voluntad de mantenerse afiliado al sistema previsional chileno, por cuanto se corresponde con la regla general, que es la de enterar las cotizaciones en el lugar donde se prestan los servicios.

Considera que la Superintendencia no ha incurrido en actos de privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales fundamento del recurso. No hay imputación alguna a dicho Servicio, por lo que solicita que se tenga por cumplido lo ordenado, declarando improcedente el recurso de protección deducido por la parte recurrente en contra de esta Superintendencia, porque la materia por la que se recurre excede el ámbito de la acción de protección; y en subsidio de lo anterior, que esta Corte se pronuncie rechazando el recurso de protección deducido en contra de esta Superintendencia, con expresa y ejemplificadora condena en costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas. Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

QUINTO: Que, la Excma. Corte Suprema de justicia en reciente fallo, causa Rol N° 33946-2025, ha reconocido precisamente las facultades legales de la recurrida para negar – en similar situación - la reclamación de la recurrente al señalar: “Octavo: Que de lo reseñado hasta ahora se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, y por el contrario, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos. Luego, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado”.

SEXTO: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido por don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A. y contra la Superintendencia de Seguridad Social, sin costas.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el abogado integrante, Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

N°Protección-4055-2025. (csd)