nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que compareció doña Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en representación de nombre reservado, quien dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A., por estimar que el acto consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, notificado el 13 de octubre de 2025, fue ilegal y arbitrario, conculcando las garantías establecidas en los artículos 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Expuso que la recurrente, de nacionalidad venezolana y con residencia definitiva en Chile, prestó servicios en el país como trabajadora dependiente y, pese a haber manifestado en su contrato de trabajo su voluntad de mantener su afiliación previsional en el extranjero conforme al artículo 1° de la Ley N°18.156, se le practicaron descuentos y se enteraron cotizaciones previsionales en una AFP chilena. Señaló que, en tal contexto, el 13 de octubre de 2025 ingresó a través del portal web de la recurrida una solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo del artículo 7° del mismo cuerpo legal, acompañando, entre otros antecedentes, una constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una declaración jurada.

Indicó que ese mismo día fue informada del rechazo de su solicitud, fundado en que el certificado de afiliación previsional extranjero no se encontraba apostillado o legalizado, exigencia que —a su juicio— resultó imposible de cumplir por la inexistencia de representación consular venezolana en Chile y por las limitaciones del sistema de apostilla electrónico de su país de origen. Agregó que, con fecha 14 de octubre de 2025, formuló reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, el que motivó una respuesta posterior de la AFP reiterando el criterio de rechazo, basado en el Oficio Ordinario N°12.954 de dicho organismo fiscalizador.

Sostuvo que la exigencia impuesta por la AFP constituyó una interpretación restrictiva y formalista de la Ley N°18.156, no prevista expresamente por el legislador, toda vez que —afirmó— la constancia electrónica acompañada emanaba de la autoridad previsional competente, era verificable en línea y acreditaba la existencia de cobertura previsional en su país de origen por los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. En ese entendido, alegó que el rechazo vulneró su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales y la igualdad ante la ley, al imponerle condiciones adicionales y de cumplimiento imposible, impidiéndole disponer de bienes de su titularidad.

Fundó el recurso en lo dispuesto en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, en relación con los artículos 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República, y citó diversa jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que, a su entender, habría acogido acciones similares, ordenando la devolución de fondos previsionales a trabajadores extranjeros en situaciones análogas.

Pidió en definitiva que se acogiera el recurso, se declarara que el acto impugnado fue ilegal y arbitrario, se dejara sin efecto el rechazo informado por la AFP, se reconociera como suficiente la documentación acompañada, y se ordenara a la recurrida dar curso a la solicitud y devolver los fondos previsionales dentro de un plazo razonable, adoptando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

La recurrida AFP PlanVital S.A., al evacuar informe, solicitó el rechazo de la acción, sosteniendo que su actuación se ajustó estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa obligatoria impartida por la Superintendencia de Pensiones. Señaló que la ley invocada es de carácter excepcional y exige el cumplimiento copulativo de los requisitos del artículo 1°, debiendo la cobertura previsional extranjera acreditarse mediante certificación emitida por la autoridad competente, que dé cuenta específica de los riesgos cubiertos durante todo el período trabajado en Chile y que se encuentre debidamente legalizada o apostillada, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y a la Convención de la Haya sobre Apostilla.

Indicó que la constancia electrónica y la declaración jurada acompañadas por la recurrente no constituyeron medios probatorios idóneos, por no encontrarse apostilladas ni consignar de manera específica la cobertura exigida por la ley, circunstancia que fue expresamente reiterada en el Oficio Ordinario N°12.954 de la Superintendencia de Pensiones. Añadió que el rechazo impugnado no fue un acto definitivo ni privó a la actora de su derecho, por cuanto podía subsanar la solicitud presentando los antecedentes exigidos, tratándose de un trámite administrativo susceptible de corrección, razón por la cual el recurso de protección resultó improcedente.

A su turno, la Superintendencia de Pensiones, al informar por oficio a requerimiento de esta Corte, expuso el marco normativo aplicable y reiteró su interpretación administrativa uniforme, en orden a que para acreditar el requisito de cobertura previsional extranjera previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 se requiere una certificación formal, legalizada o apostillada, emanada de la autoridad previsional competente del país de origen, no siendo suficientes constancias electrónicas genéricas ni declaraciones juradas. Señaló, además, que tanto dicho criterio como la actuación de la AFP recurrieron han sido ratificados reiteradamente por los Tribunales Superiores de Justicia, incluyendo pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema que han rechazado recursos deducidos en situaciones similares.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Segundo: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Tercero: Que previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A mayor abundamiento, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Cuarto: Que conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación; especificación de prestaciones cubiertas y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que la actora debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

Quinto: Que las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-4054-2025.(jog)