nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece ANA EUGENIA FULLERTON CASTRO, Abogada y doña nombre reservado, Abogada ambas domiciliadas en domicilio reservado, quienes dicen:

Que interponenrecurso de protección en favor de don nombre reservado, chofer, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado , en contra de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, representada por su Alcalde don BALDOMERO SANTOS VIDAL, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado, el cual con fecha 03 de octubre de 2022 se le notifica mediante carta certificada el Decreto Alcaldicio N°1101 de fecha 27 de septiembre de 2022, mediante el cual se declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible, dicha resolución es ilegal y arbitraria.

Que, el acto administrativo impugnado es vulneratorio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 Nº 1, 2, y 24,por lo que por medio de esta acción constitucional se solicita a esta Iltma. Corte de Apelaciones reestablecer el imperio del derecho, adoptando las medidas que juzgue necesarias, a fin de que se respeten los derechos y garantías vulneradas en los términos que se desarrollará en el presente recurso, y consecuencialmente, ordenar se invalide el acto administrativo impugnado.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO EN QUE SE FUNDA ESTA ACCION:

1.- Don nombre reservado, en adelante el funcionario, comenzó a prestar funciones en la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, en calidad de contrata desde el año 2005 al año 2008 en Calidad de Contrata y desde el año 2015 a junio de 2018 en la misma calidad, con fecha 01 de julio de 2018 es nombrado en Calidad de Planta, Escalafón Auxiliar, Grado 15º .

2.- El funcionario desempeño funciones como chofer del camión municipal de la Municipalidad de nombre reservado hasta el año 2021, al asumir la nueva administración municipal lo destina a prestar funciones en el aparcadero municipal, se le asignan trabajos de carpintería.

3.- LICENCIAS MÉDICAS El funcionario el 8 de noviembre del año 2020, se le detecta CORONAVIRUS, se le otorgan 14 días de licencia médica, que al terminar dicha licencia presenta sintomatología respiratoria persistente por COVID sin tener mejoría fue derivado a hospitalización al hospital de Nva. Imperial, donde es tratado y se le da el alta medica médica retomado sus funciones con normalidad.

En el año 2021, consulta a un psiquiatra debido a que se sentía muy angustiado debido a que con el cambio de administración municipal, se modifican sus funciones y esto le genera un cuadro depresivo , tras la evaluación de un médico especialista, este decidió otorgarle licencia médica, la cuales fueron por periodos acotados, siguiendo un tratamiento farmacológico, se reincorporó a sus funciones durante el 2021 y 2022, sin embargo volvía a presentar recaída en su sintomatología y se le otorgaban licencias médicas.

Que se hace presente que el funcionario se reincorporó a sus funciones al termino de cada licencia y su ultima licencia fue otorgada el 29 de septiembre de 2022.

Cabe destacar, que el funcionario se encontraba tramitando su jubilación, a la cual postulo en Mayo de 2022.

Es menester hacer presente que se solicita por parte de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se evalué el estado de salud del funcionario a fin de determinar su recuperabilidad, que mediante Resolución de evaluación folio Nº 15491681 de fecha 19 de agosto de 2022, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, informa que don nombre reservado presenta un estado de salud recuperable.

Las licencias médicas presentadas por el funcionario obedecen a una situación puntual que afecto al funcionario en relación al COVID-19 y complicaciones en relación a esa enfermedad y en relación a su cuadro depresivo se encuentra en tratamiento se ha reincorporado a sus funciones mientras sigue su tratamiento por consiguiente está haciendo todo lo necesario para recuperarse.

4.- El 03 de octubre de 2022, se le notifica el Decreto Alcaldicio N°1101 de fecha 27 de septiembre de 2022 que declara vacante cargo por salud incompatible.

Se trata entonces de una facultad privativa y discrecional del Alcalde, pero discrecionalidad no significa arbitrariedad, y el ejercicio de estas facultades debe hacerse con respeto de las garantías constitucionales. 1 2.- Que consta que en la Resolución de evaluación folio Nº 15491681, de fecha 19 de agosto de 2022, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que el estado de salud del funcionario es recuperable, que el funcionario se había reincorporado en sus funciones en diversos periodos . Ahora la pregunta es saber qué elementos se consideraron para determinar que su estado de salud era incompatible con el cargo. Lo único que considero la recurrida fue número de días de licencia médicas, por cuanto no se realizó ningún peritaje o informe con el objeto de evaluar si su salud es compatible o no con el cargo, es más el funcionario nunca fue citado por la comisión de ausentismo, es más nunca se le pregunto si quiera si sus patologías dificultaban el cumplimiento de sus funciones.

3.- Ahora bien, se debe tener presente, que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compín, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para la Municipalidad y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Nuestro ordenamiento jurídico no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal Alcalde, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, cuestión que en este caso no ocurre. si se toma en cuenta que las ausencias del recurrente fueron ocasionadas por situaciones puntuales de las cuales se encuentra recuperada, que la misma COMPIN señala que no adolece de estado de salud irrecuperable y que se encontraba desempeñando sus funciones con absoluta normalidad.

4.- Ahora bien, como se señaló el acto impugnado fue dictado por la autoridad competente en el marco de sus potestades legales; artículos 147 y 148 de la Ley N° 18.883.

Que es esta parte no discute que el acto impugnado fue dictado por la autoridad competente en el marco de sus potestades legales y que es efectivo que la funcionario hizo uso de licencia médica por un lapso discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, por cuanto en este periodo acumula un total de 316 días de licencias médicas, lo que excede el plazo señalado en el estatuto para que el cargo del funcionario pueda ser declarado vacante por salud incompatible.

Que no obstante lo anterior, la forma en que se procedió a ejercer dicha potestad no controvertida por esta parte aparece como sorpresiva, antojadiza, carente de fundamento si se toma en cuenta que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez señala que el recurrente tiene un estado de salud recuperable y que durante este periodo se reincorporo sus funciones.

Por tanto el acto administrativo, como el impugnado, debe basarse en motivos que deben explicitarse, más allá de la simple referencia a normas y/o hechos, que en este sentido carece absolutamente de fundamentación, ya que si bien hace referencia a normas y hechos, lo que justificaría especialmente las facultades de quien lo dicta, respecto de la fundamentación nada dice y, después de declarar la salud incompatible con el desempeño de su función, deja establecido que el funcionario presenta al momento de la notificación un total de 316 días de licencias médicas. Y aún en este último caso no queda claro si esa es la razón por la que toma tan drástica decisión, ya que aparece mencionado como un hecho de la causa, pero no precisa ni es categórico que esa sea la razón para tomar la decisión.

De esta manera, nunca dice porque concluye que la salud es incompatible con las funciones que desempeña el trabajador, dejándolo en la más absoluta indefensión y no considerando que su salud es recuperable.

VULNERACION DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA DE LA RECURRENTE El proceder de la recurrida ha vulnerado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 No 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, al declararse vacante su cargo por salud incompatible.1 Como se señaló el actuar de la recurrida únicamente se basó en el tiempo de las licencias y no tuvo ningún otro antecedente respecto de su salud, lo que le ocasiona un perjuicio físico y psíquico, por cuanto la declaración de salud incompatible, por sí misma afecto de modo directo la salud psíquica de la recurrente, que no tenía por qué ver en peligro su futuro económico y laboral por un acto que no respondió a una razón atendible, según se explicó en los motivos precedentes.

VULNERACION DEL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY El artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental prescribe como garantía fundamental para todas las personas el derecho a “La igualdad ante la ley”, añadiendo que “No hay personas ni grupos privilegiados. [...] Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Este derecho, dada su trascendencia para el ordenamiento jurídico, es reconocido como principio fundamental del mismo.

El Principio de Igualdad exige conferir un trato igualitario a quienes se encuentran en una misma situación, igualdad que es tanto en el derecho y ante el derecho.

La igualdad ante la ley como derecho es el fundamento de todos los derechos esenciales de las personas.

Ello porque en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de funcionarios que tienen salud recuperable y que hacen uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años VULNERA DERECHO DE PROPIEDAD Artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República: "La Constitución asegura a todas las personas:

N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales." Nuestra carta fundamental reconoce a todas las personas, derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo.

Qué cómo se señaló se ha privado del legítimo derecho a mantener su contrato indefinido, por una decisión arbitraria de la autoridad.

Solicita se sirva tener por interpuesto, acción constitucional de protección en contra del Decreto Alcaldicio N°1101 de fecha 27 de septiembre de 2022, la cual le fuera notificado con fecha 03 de octubre de 2022, emanado de la Ilustre Municipalidad de nombre reservado, decretando los actos que estime pertinente para el restablecimiento del derecho, debiendo dejar sin efecto el Decreto impugnado y se reincorpore a la recurrente en su cargo y se proceda al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condenación en con costas.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Decreto Alcaldicio N°1101 de fecha 27 de septiembre de 2022 2.- Certificado de antigüedad A folio 13 informa FELIPE GALLARDO GUEVARA, por la recurrida MUNICIPALIDAD DE nombre reservado, quien dice:

La recurrente acciona de protección en contra de mi representada a fin de que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio 1101 de fecha 27 de septiembre de 2022, mediante el cual se declara su salud incompatible, sosteniendo que dicha medida es ilegal y arbitraria.

Agrega que si bien es cierto está dentro de las facultades del alcalde el tomar la decisión que se ataca, pues efectivamente ha hecho uso de más de 180 días de licencias continuas o discontinuas en los últimos dos años, agregando que lleva 316 días de licencias médicas en los últimos dos años, la decisión sería ilegal y arbitraria al tomar en cuenta que su salud es recuperable y ningún otro parámetro que justifique la decisión tomada.

Al respecto hay que precisar previamente el contexto en que se dicta la resolución o acto administrativo impugnado y respecto a la recurrente en específico.

El recurrente prestaba servicios para mi representada como conductor de camiones en calidad a contrata desde el año 2015 pasando tener la calidad de planta desde el año 2018 en escalafón auxiliar grado 15, presentando licencia médica por enfermedad común, sumando 316 días de licencias médicas continuas en total, se reincorpora algunos días intermitentemente y presentando licencias nuevamente hasta la fecha de término de vinculación con el municipio.

El alcalde, en el desempeño de sus facultades legales pide a la COMPIN, Comisión Medica Preventiva de Invalidez la correspondiente declaración de salud irrecuperable, que fue declarada como recuperable por medio de evaluación Folio 15125971 de fecha 29 de junio de 2022.

Cabe precisar que el artículo 148 de la ley 18.883, fue modificado precisamente incorporando esta evaluación y certificación por parte de la COMPIN un órgano externo e independiente de los involucrados para que la decisión de declarar la salud del funcionario, no sea consecuencia de un simple y frio computo de los días de licencia médica en el periodo que indica la norma, sino que obedezca a un examen técnico de la situación en particular.

El funcionario en cuestión al ser evaluado se enfrentará a dos escenarios distintos, en caso de declararse irrecuperable su salud, debe dar comienzo a los tramites de jubilación por incapacidad laboral y en el segundo que es lo que ha ocurrido, de declararse recuperable, podrá ser declarada incompatible su salud con el servicio, que es lo que se ha hecho a través de la dictación del correspondiente decreto 1101 de fecha 27 de septiembre de 2022.

Con fecha 27 de septiembre de 2022, se dicta el Decreto Alcaldicio 1101, que declara la salud incompatible de la recurrente por haber hecho uso de 316 días de licencia médica en los últimos 2 años, se toma para estos efectos el periodo 23 de septiembre de 2020 a 23 de Septiembre de 2022, pero este decreto no se dicta como se pretende en la acción constitucional como un mero capricho o con la sola contabilización del plazo, muy por el contrario, es previa declaración de salud recuperable por parte de la Comisión de Medicina Preventiva E Invalidez Compin, y no puede ser de otra manera pues de declararse salud irrecuperable, la correspondiente entidad a la que se encuentre adscrito el funcionario debe tramitar la correspondiente declaración de invalidez total o parcial, para los efectos de cesar en el cargo por ese motivo. Por el contrario y como es el caso, ante la declaración en sentido de ser recuperable la salud, el alcalde queda facultado para declarar la salud incompatible con el desempeño del cargo, conforme lo dispone el artículo 148 de la ley 18.883, al señalar: ”El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.” La única condición que impone la ley al alcalde para ejercer esta facultad está contenida en el inciso tercero del mismo artículo pre citado, al disponer: “ El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario, respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.” Esta obligación fue cumplida, según se desprende de la Resolución de Evaluación Folio Nº 15491681 de 19 de Agosto de 2022 de la Comisión Preventiva, el que dictamina: “ Se resuelve que presenta un estado de salud recuperable, lo que se deja establecido para los fines estatutarios correspondientes”.

Este organismo es independiente del Municipio y tiene la experticia suficiente, ahora cumplido el requisito legal, el alcalde en uso de las facultades legales dicta el correspondiente acto administrativo declarando la vacancia del cargo, teniendo en cuenta que en 2 años la recurrente presenta 316 días de licencia médica. Ahora bien , según se desprende del recurso, no se desconoce la facultad del alcalde en este ámbito ni tampoco haber efectivamente hecho uso de licencia médica por más de 6 meses en 2 años, lo que estaría entonces fuera de la acción, y lo que se ataca seria únicamente lo que dice relación con la falta de una evaluación y por considerar que el ejercicio de la potestad legal del alcalde lo es de forma sorpresiva, antojadiza y carente de fundamento, agregando que se vulnera el artículo 19 N.º 1, 2 y 24 de la Constitución Política de La República.

La ley solo contempla la exigencia de la certificación respectiva de COMPIN, y ello se cumplió, el decreto Alcaldicio impugnado, cumple con la formalidad de dar su fundamentación de derecho en los vistos y de hecho en sus considerandos, que aun cuando la recurrente pretende minimizar, el hecho de las extensas licencias médicas y como se expone en el decreto, son los que fundamentan la decisión, no es lo mismo dictar un acto en que el funcionario lleva 200 o 300 días de licencias médicas en 2 años, pero en este caso estamos ante 316 días de licencias médicas, cantidad que habla por sí misma. Lo cierto es que el criterio medico lo cumple la Compin, cuando señala en su notificación: y es por ello la exigencia de la ley, ahora la decisión del alcalde se encuentra dentro de sus facultades conforme a la ley, y el fundamento de ello radica en el extenso periodo de licencias médicas, qué duda cabe del funcionario, ya que el Alcalde está obligado al buen recaudo de las arcas fiscales, ello está contenido el acto atacado pues se hace especial hincapié en la cantidad de días de licencias médicas.

Cabe precisar que el artículo 148 de la ley 18.883, exige precisamente esta evaluación y certificación por parte de la COMPIN un órgano externo e independiente de los involucrados para que la decisión de declarar la salud del funcionario, no sea consecuencia de un simple y frio computo de los días de licencia médica en el periodo que indica la norma, sino que obedezca a un examen técnico de la situación en particular. El funcionario en cuestión al ser evaluado se enfrentará a dos escenarios distintos, en caso de declararse irrecuperable su salud, debe dar comienzo a los tramites de jubilación por incapacidad laboral y en el segundo que es lo que ha ocurrido, de declarar recuperable, podrá ser declarada incompatible su salud con el servicio, que es lo que se ha hecho a través de la dictación del correspondiente decreto 1101 de fecha 27 de septiembre de 2022.

Todo lo anterior en perfecta armonía con el Dictamen Nº017351N18 de la Contraloría General de La Republica La decisión no es ilegal, y ello queda claro del tenor del recurso, desde que reconoce la facultad del alcalde de tomar la medida, desde que también la recurrente reconoce que no es necesario que sea dictado previa audiencia, y no es arbitrario cuando se toma la decisión en base a la correspondiente evaluación y declaración de salud recuperable por parte de la COMPIN respectiva, considerando además que del periodo considerado de 2 años o sea 730 días presenta 316 ininterrumpidas con licencias, como ya se ha señalado.

EN CUANTO A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES CONCULCADAS.

No se ha vulnerado ninguna de las garantías señaladas en el recurso, desde que se ha tomado igual decisión con los demás funcionarios que se encuentran en la misma situación, como son el caso de nombre reservado, doña nombre reservado y nombre reservado, quienes por encontrarse en idéntica situación se ha dictado acto similar al de la recurrente. No existe trato discriminatorio ni desigual. En cuanto a la integridad síquica o física de la recurrente, mi parte no ha desarrollado actividad alguna que afecte o pueda afectar la salud de la recurrente, menos con la dictación del acto recurrido el que responde al ejercicio de una facultad legal, y regido por el principio de la legalidad los actos de la administración está obligado además el alcalde al buen recaudo de los dineros fiscales. Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, lo cierto es que la función pública, el acceso y el término de la relación esta regulados en la ley y en este caso se está aplicando la normativa legal vigente que establece precisamente una causal legal del término de la relación del funcionario y la Municipalidad, no se infringe esta garantía. Por todo lo expuesto procede el rechazo del recurso deducido en contra de mi representada, con costas.

Solicita se sirva tener por evacuado informe del recurso de protección deducido por don nombre reservado, rechazándolo en todas sus partes con costas.

A folio 26 recurrido acompaña: Acompaño certificado de salud recuperable del recurrente emitido por COMPIN.

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho. Que, de ello aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto, la jurisprudencia de los Tribunales superiores de Justicia ha sostenido que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

SEGUNDO: Que para la acertada resolución del asunto es menester detenerse en el tenor de la norma del artículo 148 de la ley 18.883 que aprobó el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, cuyo actual texto (luego de la reforma introducida por la ley 21.050) es el que sigue: “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. No se considerarán para el cómputo de los seis meses señalado en inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 114 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

TERCERO: Que, la forma de conciliar lo indicado en los incisos 1º y 3º de la norma trascrita, consiste en que, para declarar a un funcionario afecto a salud incompatible con el ejercicio de su cargo, el Alcalde debe requerir siempre y de manera previa el pronunciamiento de la Compin competente en relación a una eventual irrecuperabilidad, en términos de que si así fuera se habrá de seguir el camino dado por dicha la declaración de salud irrecuperable regulado en el artículo 149 de la misma ley; en tanto que si la salud fuere estimada como recuperable podrá procederse – en su caso- al ejercicio de la prerrogativa establecida en el primer inciso de la norma del artículo 148.

CUARTO: Que asentado lo expuesto, cabe revisar los términos del Decreto objeto de la acción. En dicho documento, se hace referencia al Dictamen N.º 17.351 de la Contraloría General de la República, a un Oficio en que se solicitó una evaluación de antecedentes del Sr. nombre reservado y el pronunciamiento de la Compin, indicándose que se está ante un caso de salud incompatible con el desempaño del cargo, procediéndose en su parte resolutiva a declarar vacante el cargo servido por aquel de Planta, Escalafon Auxiliar, grado 15.

QUINTO: Que resulta fundamental, en consonancia con el mandato legal, el que el acto administrativo se encuentre debida y suficientemente fundado, pues es sólo en dicha virtud que se explicitan cuáles han sido las razones o fundamentos (no sólo legales sino también fácticos) que han conminado a la Administración a decidir en tal o cual sentido. Ello es exigido por la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplicable en la especie en mérito del inciso 1º artículo 2), dado el tenor del artículo 11 inciso 2º y 41 inciso 4º.

SEXTO: Que, ha de tenerse en cuenta el fin u objetivo que se persigue con la dictación del acto administrativo – decreto o resolución – y, es en razón de ese fin que el legislador habilita expresamente con poderes públicos de imposición a un órgano determinado y en razón de ello es que emite unilateralmente una decisión que se impone al destinatario del acto. En ese mismo sentido, debe destacarse que es la necesidad pública, el motivo del acto administrativo, es aquella que el legislador ha estimado en un momento determinado.

SÉPTIMO: Que, claro está que el Decreto Alcaldicio fue dictado por la autoridad competente y, en uso de sus facultades, sin embargo de la sola lectura de éste, se advierte que no cumple con la motivación y fundamentación suficiente, para que sea un acto jurídicamente idóneo, preciso y adecuado. La autoridad administrativa debe indicar las razones técnicas, políticas, económicas o de cualquier índole que la llevaron a tomar la decisión, de tal forma no sólo debe constatarse el período de licencias médicas presentadas por la recurrente, sino que especificarse la o las razones que hacen necesario la declaración de vacancia en el caso concreto; y porque la salud del recurrente es incompatible, con el cargo, más aún cuando COMPIM, señala que su salud es recuperable y volvió a trabajar.

Así lo establece expresamente el artículo 41 inciso 4° de la Ley N° 19.880: “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. 9°) Que, en estas circunstancias, careciendo el Decreto impugnado de motivación suficiente, se ha vulnerado la garantía consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin considerar los elementos de capacidad e idoneidad en el ejercicio del cargo que la actora ha desempeñado desde el año 2018, como Planta.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la decisión de la autoridad recurrida no se encuentra apoyada en motivación suficiente que explique razonadamente los fundamentos que se tuvieron en cuenta para su dictación, más allá que la sola constatación del período de licencia, razón por la cual el recurso será acogido.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido por en favor de don nombre reservado, en contra de la Municipalidad de nombre reservado, y en consecuencia se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1101/2022 de fecha 27 de septiembre de 2022.

Redacción del abogado integrante Sr. Ricardo Fonseca Gottschalk.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección-40478-2022.(fcv)