Protección contra Superintendencia de Salud y la SEREMI de Salud de la Araucanía

C.A. de Temuco Temuco, veinticuatro de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado en favor de nombre reservado, médica cirujana chilena de 78 años, quien interpone recurso de protección contra la Superintendencia de Salud y la SEREMI de Salud de la Araucanía, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en negar autorización para ejercer su profesión en Chile, al exigirle la aprobación de EUNACOM, lo que vulneraría las garantías constitucionales fundamentales, principalmente el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y la libertad para desarrollar actividades económicas.

Afirma que las autoridades recurridas han impedido sistemáticamente que la doctora nombre reservado ejerza su profesión en Chile al exigirle la aprobación del examen EUNACOM, mientras que simultáneamente han otorgado autorizaciones para trabajar a cientos de médicos extranjeros y chilenos que tampoco cuentan con dicho examen aprobado.Presenta un listado de profesionales que se encontrarían en esta situación de privilegio entre los años 2020 y 2025, lo que califica como una discriminación arbitraria y una violación a la igualdad de trato por parte del Estado.

Precisa que la actora obtuvo su título de médica en 1975 en la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba de Moscú y se especializó en traumatología y ortopedia en la Unión Soviética en 1980.

Refiere que regresó a Chile en 2008 tras enfrentar amenazas de secuestro en Colombia, país donde ejerció por tres décadas. Alega que desde su retorno, ha enfrentado múltiples obstáculos burocráticos, incluyendo el cuestionamiento de la legalidad de sus títulos rusos y notificaciones tardías para inscribirse en los exámenes requeridos.

Reprocha que a la doctora nombre reservado no se le aplicó la denominada Ley de Retorno ni los tratados que beneficiaron a otros exiliados por el régimen militar para validar sus estudios en el extranjero. Afirma que esta situación le ha causado un perjuicio económico estimado en 360 millones de pesos por ingresos no percibidos durante una década, y esta suma se justifica dado el hecho de que su nivel o categoría cada 2 años aumentaba en 400 mil pesos y nombre reservado ingresó con nivel 15 luego terminó con nivel 13 en su último trabajo y eso sin contar el año que trabajó en DIRECCION000.

Acusa además de un severo daño a su integridad física, psíquica y moral, afectando su autoestima y salud mental.

Pide tener por interpuesto Recurso de Protección contra la SEREMI DE SALUD DE LA ARAUCANÍA y la Superintendencia de Salud; acogerlo a tramitación ordenando a los recurridos que valoren la solicitud de nombre reservado, y le den el mismo trato que a los centenares de médicos que sin aprobar el EUNACOM se les ha dado autorización para trabajar, aplicándosele a nombre reservado los mismos beneficios otorgados al resto de los médicos aludidos en el presente Recurso, y que se aplique la “Ley Retorno”; y en general se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña copia de sus títulos profesionales y certificado de registro social de hogares.

A folio 8 evacua informe el Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de La Araucanía, pidiendo el rechazo del recurso.

En primer término, detalla el marco normativo que rige sus facultades para autorizar el ejercicio de médicos titulados en el extranjero que no han validado su título en Chile. Se cita el artículo 112 del Código Sanitario, el cual permite excepcionalmente el desempeño de estos profesionales en "lugares apartados", islas o barcos. Esta normativa se complementa con dictámenes de la Contraloría General de la República y circulares de la Subsecretaría de Salud Pública, que definen "lugar apartado" como aquel de difícil acceso y establecen que estas autorizaciones son transitorias y proceden ante la escasez crítica de médicos locales y tras intentos fallidos de reclutamiento de profesionales con el examen EUNACOM aprobado. Asimismo, se menciona el Decreto N° 1490/2016, que identifica específicamente a comunas como Carahue, Saavedra y Toltén como zonas rezagadas y apartadas.

En cuanto al caso de nombre reservado, la SEREMI de Salud niega haber vulnerado el principio de igualdad o haber impedido el ejercicio profesional, por cuanto no existe registro de ninguna solicitud formal de autorización presentada por ella que haya sido rechazada recientemente.

Por el contrario, destaca que, entre los años 2009 y 2018, la institución otorgó múltiples autorizaciones para que la recurrente se desempeñara como médico en las comunas de Padre Las Casas, DIRECCION001 y DIRECCION000.

Alega que la recurrente confunde las competencias de la SEREMI con las de otras entidades como la Superintendencia de Salud o la administración del examen EUNACOM (gestionado por ASOFAMECH), sobre las cuales la autoridad sanitaria regional no tiene injerencia alguna.

Por todo lo anterior, el Secretario Regional solicita a la Corte el rechazo del recurso de protección, adjuntando como prueba los decretos, circulares y las resoluciones previas que beneficiaron a la recurrente A folio 13 informa la Superintendencia de Salud, pidiendo el rechazo del recurso.

En primer término, alega falta de legitimación pasiva, argumentando que el objeto del recurso es ajeno a sus atribuciones legales, por cuanto la recurrente, nombre reservado, busca obtener una autorización para ejercer como médico en Chile sin haber obtenido un título por una Universidad reconocida por el Estado, ni aprobado el examen EUNACOM, basándose en que otros profesionales extranjeros han recibido dicho trato por parte de la SEREMI de Salud, en circunstancias que la Superintendencia no otorga dichas autorización por lo que ningún acto u omisión ilegal ni arbitraria puede cometerse por quien no tiene dentro del haz de sus facultades legales la atribución para realizar lo pedido por la recurrente.

En cuanto al fondo, explica que la función de la Superintendencia, ejercida a través de la Intendencia de Prestadores de Salud, se limita exclusivamente a mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales para efectos de publicidad.

Por mandato legal, solo pueden inscribirse en dicho registro quienes ya posean un título profesional otorgado por una universidad chilena reconocida por el Estado o que hayan revalidado legalmente un título extranjero ante la Universidad de Chile. Se enfatiza que la inscripción no constituye una habilitación para trabajar, sino que es una herramienta de información pública.

Respecto a la situación de la recurrente, aclara que, aunque posee un título de médico obtenido en la antigua URSS, este no ha sido revalidado ante la Universidad de Chile ni tampoco ha aprobado el EUNACOM.

Precisa que si bien la profesional figuró anteriormente en el registro, esto se debió a autorizaciones transitorias y excepcionales otorgadas por las SEREMI de Salud del Maule y la Araucanía entre los años 2014 y 2018, las cuales ya no se encuentran vigentes.

Detalla que existen tres vías legales para que la recurrente regularice su situación: a) realizar el proceso de revalidación ante la Universidad de Chile, que tiene la facultad privativa para ello; b) aprobar el examen EUNACOM, que otorga revalidación automática; c) certificar su especialidad en traumatología y ortopedia ante la CONACEM, por cuanto, conforme la Ley 20.985, los médicos con especialidad certificada pueden quedar eximidos del EUNACOM para ejercer exclusivamente en el sector público.

Finalmente, la Superintendencia sostiene que no ha cometido actos ilegales ni arbitrarios, ya que no tiene competencia para otorgar permisos de ejercicio profesional ni para intervenir en los procesos de evaluación de conocimientos. Por estas razones, solicita el rechazo del recurso de protección con expresa condenación en costas, reafirmando que su proceder se ajusta estrictamente al ordenamiento jurídico vigente Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que la recurrente nombre reservado, médica cirujana chilena de 78 años, quien interpone acción de protección contra la Superintendencia de Salud y la SEREMI de Salud de la Araucanía, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en negar autorización para ejercer su profesión en Chile, al exigirle la aprobación de EUNACOM, lo que vulneraría las garantías constitucionales fundamentales, principalmente el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y la libertad para desarrollar actividades económicas.

TERCERO: Que en este entendido, cabe hacer presente que el artículo 112 del Código Sanitario dispone: “Sólo podrán desempeñar actividades propias de la medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y restablecimiento de la salud, quienes poseen el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus profesiones. Asimismo, podrán ejercer profesiones auxiliares de las referidas en el inciso anterior quienes cuenten con autorización del Director General de Salud. Un Reglamento determinará las profesiones auxiliares y la forma y condiciones en que se concederá dicha autorización, la que será permanente, a menos que el Director General de Salud, por resolución fundada, disponga su cancelación. No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con la autorización del Director General de Salud podrán desempeñarse como médicos, dentistas, químico-farmacéuticos o matronas en barcos, islas o lugares apartados, aquellas personas que acreditaren título profesional otorgado en el extranjero.”

CUARTO: Por otra parte, el artículo 143 de la Ley 21.325 sobre Migraciones establece: “Reconocimiento de títulos. Sin perjuicio de lo prescrito en el artículo 6 del decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1981, que establece los estatutos de la Universidad de Chile, y en lo dispuesto en los tratados internacionales, las universidades del Estado con un mínimo de cinco años de acreditación tendrán la atribución de reconocer y revalidar títulos y grados académicos obtenidos en el extranjero y convalidar actividades curriculares cursadas en una institución de educación superior extranjera. Las universidades que participen en la revalidación y convalidación de títulos señalada en el presente artículo deberán acogerse a los aranceles y reglamentos fijados para estos efectos por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación reglamentará el procedimiento de reconocimiento y revalidación de títulos profesionales, técnicos y grados académicos obtenidos en el extranjero y la convalidación de actividades curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior.

Las instituciones de educación superior que reconozcan o revaliden títulos técnicos o convaliden actividades curriculares conducentes a éstos, deberán ser preferentemente estatales o de reconocida trayectoria que cuenten con un mínimo de cinco años de acreditación. El Ministerio de Educación siempre podrá establecer, de la forma que se determine en un reglamento, el reconocimiento y revalidación de títulos profesionales y técnicos y grados académicos, y convalidar actividades curriculares cursadas en una institución extranjera de educación superior que cuente con la respectiva habilitación profesional en su país, cuando corresponda. En caso de ejercer esta facultad, el Ministerio de Educación deberá contar con un listado actualizado de los títulos a los cuales se les aplicará la presente disposición, el cual deberá ser publicado en el sitio electrónico de dicho Ministerio. El Ministerio podrá efectuar el reconocimiento, revalidación y convalidación por sí, o a través de convenios con Instituciones de Educación Superior señalados en el inciso primero. Los reconocimientos, revalidaciones o convalidaciones efectuados conforme a lo señalado en el inciso precedente mantendrán dicha calidad, aun cuando el Ministerio de Educación no los considere para futuros reconocimientos, revalidaciones y convalidaciones.”

QUINTO: Que el artículo 1° de la ley 20.261 dispone “Establécese, como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud creados por el artículo 16 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005; en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6º de la ley Nº19.650, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes. Las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen.

Se entenderá que los profesionales que aprueben el examen único nacional de conocimientos de medicina, habrán revalidado automáticamente su título profesional de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún otro requisito para este efecto.

Los médicos cirujanos, para otorgar las prestaciones de salud a los beneficiarios del régimen que regula el Libro II del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Salud, de 2005, en la modalidad de libre elección, deberán haber obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, a lo menos, la puntuación mínima en el examen a que se refiere el inciso anterior, de lo que deberá dejarse constancia en el respectivo convenio.

El examen único nacional de conocimientos de medicina será una prueba diseñada y administrada por la asociación que reúna al mayor número de escuelas de medicina del país, de entre aquellas que tengan, a lo menos, una promoción de graduados y cuyas carreras y programas de estudio hayan sido acreditados conforme a lo establecido en el artículo 27 de la ley Nº 20.129.

Un reglamento, dictado por intermedio del Ministerio de Salud, establecerá los criterios generales destinados a garantizar la adecuación del examen de conocimientos establecido en el presente artículo con el perfil profesional requerido para el cumplimiento de los objetivos de la política nacional de salud, así como también, aquellos que aseguren la objetividad, transparencia, igualdad y adecuada publicidad en su diseño y administración, y, en general toda otra materia relacionada con su exigencia, aplicación y evaluación. Asimismo, el reglamento determinará la puntuación mínima requerida ya sea a través de una nota, calificación, porcentaje, u otro factor análogo de medición, para efecto de lo dispuesto en esta ley, y, en general, contendrá toda otra norma necesaria para la adecuada y eficiente aplicación del presente artículo. Para la dictación y aplicación de este reglamento, el Ministerio de Salud deberá previamente oír la opinión e informe técnico de la Comisión Nacional Docente Asistencial de Salud, creada por el decreto supremo Nº 110, de dicho Ministerio, de 1963, sin perjuicio de las modificaciones o adecuaciones que sobre su integración u otra materia se efectúen al decreto supremo precedentemente referido.

A lo menos cada cinco años, el Ministerio de Salud, oyendo a la Comisión referida en el inciso anterior, revisará los criterios generales que se establezcan en el reglamento, así como la puntuación mínima que se determine. Con todo, dicha revisión no podrá efectuarse con una antelación inferior a noventa días de la fecha fijada para aplicación del examen respectivo. La actualización efectuada se hará por decreto del Ministerio de Salud y sólo regirá a contar de su realización, abarcando todos los exámenes que se rindan entre dicho período y la próxima actualización”.

SEXTO: Por otra parte, el inciso 2° del artículo 2 bis de la Ley N°20.261, dispone que: “El examen único nacional de conocimientos de medicina a que se refiere el artículo 1 de esta ley no será exigible a médicos cirujanos que hayan obtenido la certificación de su respectiva especialidad o subespecialidad de conformidad con las normas establecidas en el número 13 del artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469. Las entidades certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud, en virtud del citado artículo 4, podrán certificar la especialidad o subespecialidad de quienes hayan obtenido su título profesional de médico cirujano en el extranjero, que no se encuentren habilitados para ejercer su profesión en Chile y que no cuenten con el examen único nacional de conocimientos de medicina. A los médicos que, encontrándose en estas circunstancias, obtengan la certificación de su especialidad o subespecialidad tampoco les será exigible el examen. Con todo, el ejercicio de su profesión quedará limitado al de la especialidad o subespecialidad que le fuere certificada, y sólo para el sector público”.

SÉPTIMO: Que como se observa del marco normativo descrito en los considerandos precedentes, el ejercicio de la profesión médica se encuentra reglado, existiendo diversos procedimientos para quienes hayan obtenido títulos en el extranjero, puedan ejercer la medicina en nuestro país, a saber, revalidar su título ante la Universidad de Chile u otras Universidades Estatales con cinco años a lo menos de acreditación; aprobar el EUNACOM ; u obtener la certificación de la especialidad médica ante CONACEM.

OCTAVO: Que, seguidamente, debe apuntarse que el artículo 121 numeral 6° del DFL N°1 del año 2005 del Ministerio de Salud estatuye en el título sobre la Intendencia de Prestadores de Salud, que “Le corresponderá a la Superintendencia, para la fiscalización de todos los prestadores de salud, públicos y privados, las siguientes funciones y atribuciones, las que ejercerá a través de la Intendencia de Prestadores de Salud: 6-. Mantener registros nacionales y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud, de sus especialidades y subespecialidades, si las tuvieran, y de las entidades certificadoras, todo ello conforme al reglamento correspondiente”.

NOVENO: Que, atendido lo relacionado, sólo resta concluir que la incorporación al registro de prestadores individuales de salud, obedece a la materialización de resoluciones u autorizaciones previas, donde la única finalidad es conferir publicidad a la decisión primitiva de la entidad certificadora de competencias, ya sea mediante revalidación, aprobación de EUNACOM o certificación de especialidad médica, y siempre sobre la base de la información entregada por aquellas.

DÉCIMO: Que la recurrente no ha acreditado haber efectuado ninguno de los procedimientos señalados en los considerandos precedentes, por lo que no ha acreditado encontrarse habilitada para el ejercicio de la profesión de médico en Chile.

UNDÉCIMO Que del relato de la recurrente, es claro que pretende que se ordene a los recurridos eliminar aquellos requisitos establecidos en los procedimientos de habilitación para el ejercicio de la medicina en Chile , petición que resulta del todo improcedente, por cuanto esta Corte carece de facultades para inmiscuirse en aquellas políticas y reglamentaciones públicas establecidas por las autoridades de la República, más aún si se trata de procedimientos que establecen, de forma imparcial, los requisitos requeridos para el ejercicio de dicha profesión.

Tampoco resulta procedente compelir a la SEREMI de Salud a que ejerza su facultad privativa establecida en el inciso tercero del artículo 112 del Código Sanitario que le permita desempeñarse como médico en barcos, islas o lugares apartados.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, siendo los recurridos titulares las debidas competencias legales y administrativas para proceder como lo hicieron, no se vislumbra la existencia de un derecho de carácter indubitado, requisito de procedencia de la acción cautelar.

Puntualmente, en el caso de la Superintendencia de Salud, no puede entenderse que la negativa a la inclusión de la recurrente en el registro de prestadores, que solo confiere publicidad a cierta información, sea la que atente contra alguna de las garantías de la profesional recurrente, desde que tal acción no determina las habilidades o competencia de ésta, sino que solo se limita a incorporar al mismo a quienes hayan acreditado sus competencias ante las instituciones competentes, que no es el caso de la actora, quien no se ha sometidos a ninguno de los procedimientos al efecto.

DÉCIMOTERCERO: Que, en consecuencia, no se constata por esta vía la concurrencia de un actuar ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías invocadas; y, por el contrario, se aprecia que la controversia propuesta remite principalmente a materias propias de los Órganos Públicos de Salud, que se debe sustanciar de acuerdo a los procedimientos y normativa técnica latamente expuesta, lo que excede el marco de la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Superintendencia de Salud y la SEREMI de Salud de la Araucanía.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor José Marinello Federici.

N° Protección-4013-2025. (cwm)