Protección contra DIRECTORA REGIONAL DEL TRABAJO

C.A. de Temuco Temuco, trece de julio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece nombre reservado GUSTAVO nombre reservado, Abogado, domiciliado en domicilio reservado, de Temuco, en representación de R Y M SPA, quien expresa que interpone Recurso de Protección en contra de la DIRECTORA REGIONAL DEL TRABAJO , REGION DE LA ARAUCANIA, doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de Temuco, señalando que su representada es una empresa Pyme que en el mes de Octubre de 2022 y que, su representante legal recibe una llamada telefónica de su contadora , nombre reservado, en la cual les comunica que la empresa aparecía como deudora en la Tesorería General de la República, por una multa cursada por el fiscalizador de la inspección del Trabajo de Temuco, don nombre reservado, misma que, por las averiguaciones posteriores que se hicieron, correspondía a una sanción aplicada por dicho fiscalizador por supuestas infracciones cometidas por su representada, en el transcurso de un proceso de fiscalización.

Dado que a esa fecha su representada no tenía conocimiento de dicha multa, toda vez que no había sido notificada de ninguna resolución por parte de la Inspección, concurrió hasta ella solicitando copia de la resolución de dicha multa y su correspondiente notificación. Ante dicho requerimiento la inspección procedió a remitirle copia de la resolución de dicha multa, resolución de fecha 04 de marzo de 2022, N°8216/22/7, así como también copia del correo electrónico por medio del cual se efectúo la supuesta notificación.

Hace presente que la multa aplicada en dicha resolución, resulta ser abusiva por su cuantía, el tamaño de la empresa y por la supuesta infracción. El monto asciende a la suma de $7.196.221.

Indica que, efectuada la revisión de dicha documentación su representada se percató que la notificación de la resolución señalada, lo fue a su contadora, aun cuando el fiscalizador tenía su correo electrónico, por medio del cual se comunicó con ella a raíz de este proceso de fiscalización, y que dicho notificación no fue tampoco materializada, toda vez que en el correo enviado para la notificación señalada, cuya copia se acompaña, se indica como correo electrónico de la contadora correo reservado, correo que a todas luces es erróneo toda vez que falta la letra l en Gmail, lo que evidentemente debió significar un error que impidió su envío y recepción.- Añade que conforme a ello su representada se apersona hasta la inspección y solicita una reunión con la Directora Regional, recurrida de autos, le informa de lo antes señalado y esta le indica que debe presentar un recurso de revisión a efectos de revisar la procedencia de revertir tal situación- Con fecha 10 de noviembre de 2022, precisa que su representada interpone formalmente tal recurso, y recién con fecha 31 de enero de 2023, se le notifica nuevamente a la contadora, esta vez al correo correctamente escrito, de la resolución N° 150 de fecha 29 de diciembre de 2022, en la cual se le informa que se rechaza su recurso, por las razones que en dicha resolución se señala.

Patenta que la resolución N° 150, al rechazar la reclamación, es una abiertamente arbitraria e ilegal, contraria a derecho, toda vez que conculca derechos que se encuentran establecidos en nuestra constitución política, infringe el derecho al debido proceso, garantizado en el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, además del derecho de propiedad establecido en el N° 24 de la Constitución referida, toda vez que lo priva de una parte importante su patrimonio, sin derecho a reclamar del acto sancionatorio, por las vías a que tenía derecho de ejercer, de haber sido efectivamente notificado de la resolución que aplicó las multa ya mencionadas, alterando con ello, además el derecho de bilateralidad de la audiencia, que se encuentra contenido dentro de los alcances del debido proceso, derecho que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que se erige como una directriz formativa de los procedimientos, cuya finalidad se relaciona con la garantía que tiene toda parte de ser oída en juicio, permitiéndole a los individuos presentar sus cargos y descargos, para que posteriormente sean juzgados, y se tome una decisión en base al análisis de sus pretensiones.

La primera manifestación de esta garantía en la línea temporal de los procedimientos se constituye por el derecho al debido emplazamiento, el cual asegura que exista una debida notificación a los individuos que son partes de un proceso, ya sea judicial o administrativo.

Una vez que las partes tienen conocimiento del proceso, se desplegarán las demás aristas de la bilateralidad de la audiencia, permitiéndoseles de esta forma presentar las defensas de sus pretensiones, respaldarlas con pruebas y con la posibilidad de controvertir los hechos que se le imputan como infraccionados.

Sumado a lo anterior la resolución reclamada, estima infringe, también las normas establecidas en la ley 9880, Bases de la Administración del Estado, en especial respecto de su artículo 10, esto es el principio de contradictoriedad, que señala que los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

Es evidente, sostiene que, la infracción también a esta norma toda vez que la no efectiva notificación de la resolución de Multa Administrativa N°8216.22.7, de fecha 04/03/2022, le ha impedido a mi representada ejercer los derechos de contradicción a la multa cursada.- Por último, hace presente que consta en los correos acompañados, que la representante legal de mi representada hizo llegar al fiscalizador vía su propio E mail, diversos documentos materia de la fiscalización y que dicho fiscalizador, en correo de 16 de Febrero de 2022, enviado directamente a la representante legal de la requirente, doña nombre reservado, le comunica de la recepción de dichos documentos, y que de ser necesario la citara, a través de esta misma dirección de correo electrónico: correo reservado . Pues bien, ninguna citación posterior llegó a dicho correo como tampoco la resolución de aplicación de la multa ya señalada.- Solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra nombre reservado en su calidad de Directora Regional del Trabajo, de la Región de La Araucanía, por la resolución N° 150 ya señalada, acogerlo en todas sus partes declarando como arbitraria e ilegal dicha resolución, dejándola sin efecto en razón de que la resolución de aplicación de la multa N°8216.22.7, de fecha 04/03/2022, no le fue notificada a mi representada, ordenando que se practique dicha notificación, o se la tenga por notificada al momento en la sentencia de este recurso se encuentre ejecutoriada, restableciendo de esa manera el imperio del derecho, todo con expresa condenación en costas.- Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Copia de escritura pública de mandato judicial.

2.- Acta de notificación requerimiento de documentación.

3.- Carta reiterando resultado recurso de revisión.

4.- Certificado de deuda tesorería por multa de Inspección.

5.- Constancia ingreso recurso de revisión.

6.- Correo electrónico enviado por fiscalizador a representante legal de la recurrente.

7.- Correo notificación de resolución y multa.

8.- Correo notificación resolución N° 150.

9.- Notificación inicio de fiscalización.

10.- Recurso de revisión.

11.- Resolución N° 150.

12.- Resolución de multa N°8216.22.7 13.- Doce correos con documentos enviados a fiscalizador.

A folio 11 informa CAROLYN EVANGELISTA CONCHA SALAZAR, en representación de la Dirección Regional del Trabajo, del siguiente modo:

DE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR EL RECURRENTE RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN N° 150 EMANADA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO.

La resolución N° 150, es aquella emanada de la Directora Regional del Trabajo, Región de la Araucanía, que resuelve la solicitud de recurso de revisión planteada por la contraría. Dicha petición la sustenta en que producto de la fiscalización realizada el 11 de febrero de 2022 y debido de un error involuntario de digitación en el ingreso del correo electrónico no pudo ser notificado del proceso administrativo que se estaba desarrollando, lo que impidió realizar descargos y ejercer su derecho a apelación, lo que terminó con una multa que, como PYME, no le es posible asumir. El 12 de febrero envío varios correos electrónicos al fiscalizador, en los que aportó y adjuntó la mayor cantidad de antecedentes, a fin de colaborar con el proceso de fiscalización, recibiendo como respuesta “revisaré los antecedentes digitales que me envío, sin embargo, de ser necesario la citaré por este medio en fecha a informar”, jamás tuvo respuesta lo que le dio a entender que con lo aportado era suficiente. Que en una audiencia con la Directora Regional supo que el proceso había concluido y verificó que su contadora ingresó erróneamente el correo electrónico (correo reservado).

La Directora Regional del Trabajo, resuelve que de la revisión de los antecedentes que obran en el respectivo expediente de fiscalización queda de manifiesto que la fiscalización se efectúo de manera presencial, que a la empresa se le extendió requerimiento de documentación y citación para el día 15 de febrero de 2022, que el empleador no comparece, pero envía correo electrónico con parte de la documentación solicitada argumentando que los antecedentes restantes se encuentran en posesión de la contadora, la cual regresará los primeros días de marzo del 2022. El fiscalizador acepta la presentación electrónica de los antecedentes y queda en espera de la documentación restante en la fecha señalada en el correo del empleador, sin embargo, no se recibe más documentación laboral, frente lo cual se cursa multa por no exhibir la documentación laboral necesaria para las labores de la fiscalización, según detalle consignado en la resolución de multa. Queda de manifiesto entonces, que el fiscalizador atendió el requerimiento de la empresa en cuanto a extender el plazo para la presentación de los documentos, sin que ésta cumpliera.

Indica que, la orden de Servicio N° 1 de marzo de 2022 que dicta instrucciones en la materia, señala que recae sobre el usuario la responsabilidad de mantener la dirección electrónica que registra en la plataforma habilitada para esos efectos, actualizada, sin fallas y con el espacio de almacenamiento suficiente para recibir la información que este Servicio les remita. Recayendo en el usuario también la responsabilidad de revisar periódicamente la bandeja de correo no deseado o spam. Por lo mismo, el incumplimiento de dichas responsabilidades no obsta a la validez de las notificaciones, citaciones o comunicaciones que se realicen al correo electrónico registrado, toda vez que cualquier circunstancia ajena a la Dirección del Trabajo que no permita al usuario recibir el correo, no anula la diligencia efectuada.

Es por lo anterior que, determina rechazar el recurso de revisión presentado, ya que en los hechos no se configuraría la causal alegada del Artículo 60 de la ley 19.880.

Indica que así las cosas, no es efectivo lo indicado por la recurrente en cuanto a que no fue notificada de ninguna resolución, olvidando que dicha notificación sí se efectúo al correo electrónico registrado por la empresa en la NCC de la Dirección del Trabajo, (notificaciones, citaciones y comunicaciones), plataforma en donde todo empleador debe registra su casilla de correo electrónico, ello en cumplimiento de lo señalado en el artículo 515 del Código del Trabajo que indica que todo empleador deberá mantener registrado en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo una dirección de correo electrónico, la cual se considerará vigente para todos los efectos legales, mientras no sea modificado en el mismo sitio.

Queda de manifiesto, precisa, que la notificación de la multa n° 8216/2022/7 de fecha 4 de febrero de 2022, se efectúo a la casilla que efectivamente tenía registrada la empresa en la NCC, si la dirección de correo electrónico indicada por ellos no era la correcta o tenía error en su digitación, no es responsabilidad de la Dirección del Trabajo, es exclusiva responsabilidad del empleador que realiza dicho registro, quien además tiene la posibilidad de modificarlo las veces que estime pertinente. Así, la Inspección del Trabajo, cumplió estrictamente con el mandato legal del artículo 515 del Código del Trabajo y con las instrucciones administrativas vigentes.

DE LA NO VULNERACIÓN A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INVOCADAS POR EL RECURRENTE:

Precisa que la recurrente señala que se habrían conculcado el derecho al debido proceso y su derecho de propiedad, garantizados en el Artículo 19 n° 3 y 24 respectivamente, indicando someramente respecto del primero que lo deja sin derecho a reclamar del acto sancionatorio, de haber sido notificado efectivamente de la multa y respecto del derecho de propiedad señala que lo priva de una parte importante de su patrimonio, sin desarrollar ni explicar cómo, de qué manera esta autoridad administrativa recurrida habría vulnerado esos derechos.

Respecto a la garantía del debido proceso el que consiste en el conjunto de principios e instituciones que tiene por objetivo garantizar la igualdad ante la ley y la protección en el ejercicio de los derechos de las personas, descartar absolutamente que esta garantía haya sido conculcada por esta administración de manera alguna, como ya se dijo no es efectivo que no se haya notificado a la recurrente de la multa, lo que habría significado, según sus dichos, no poder reclamar, se cumplió tanto en la forma como en el fondo, lo que pasa es que la recurrente cometió un error en el registro de su correo, del que quiere eludir responsabilidad y pretende trasladarla a esta Dirección del Trabajo, lo que no es procedente bajo ningún punto de vista, ya que como se dijo el registro y control de las casillas de correos electrónicos, es de responsabilidad de los empleadores, la Dirección del Trabajo, cumple con notificar a la casilla que se encuentra registrada al momento de efectuar la notificación, si dicha dirección de correo está mal registrada o anotada, no puede responsabilizarse de ello a esta autoridad, ya que no se tiene ninguna injerencia en aquello.

En punto al derecho de propiedad, sostiene que resulta importante enfatizar que hasta la fecha la multa no ha sido pagada por la recurrente, por lo que mal podríamos estar en presencia de la vulneración señalada, ya que no es efectivo que lo haya privado de una parte importante de su patrimonio, de nada lo ha privado, no ha salido de su patrimonio monto alguno que signifique una eventual conculcación a su derecho de propiedad.

Requiere rechazar la acción constitucional interpuesta en todas sus partes, con expresa condena en costas de la recurrente.

Allega a su presentación, los siguientes documentos:

1.- Copia de Resolución n° 150, de fecha 29.12.2022.

2.- Copia de documento denominado Consulta Actualización de datos MIDT, que da cuenta de la historia de correos electrónicos registrados por la recurrente.

3.- Copia de informe de exposición.

4.- Copia de Resolución de multa 8216/2022/7 5.- Copia de correo electrónico de fecha 29.04.22 por el que se notifica la multa al recurrente con impresión de consulta actualización de datos MIDT, en donde se señala el correo registrado a dicha fecha por parte de la empresa para las notificaciones de la DT.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como es indubitado el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Lo anterior significa que, para que prospere la acción de protección, se requiere para su configuración la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos:

a) Una conducta –por acción u omisión- ilegal o arbitraria.

b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto.

c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional.

d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que, en la especie el acto recurrido consiste en la resolución N° 150 emanada de la Dirección Regional del Trabajo de esta región, misma que no acoge la petición de la recurrente en orden a anular la notificación de la resolución N° 8216/2002/7 que le impuso una multa.

TERCERO: Que, el centro del reclamo sostenido por quien pretende amparo constitucional, dice relación con que, al desestimarse el recurso extraordinario de revisión relacionado con la resolución de multa precedentemente indicada, se afectaría diversas garantías constitucionales( de los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República) como aquella del debido proceso y propiedad, pues los deja en situación de no poder impugnar la actuación administrativa que los sanciona, señalando muy fundamentalmente que, debe considerarse que la misma nunca fue notificada válidamente desde que se habría remitido a un correo electrónico erróneo.

CUARTO: Que, en consecuencia es menester vislumbrar si la resolución N° 150, emanada de la Directora Regional del Trabajo, Región de la Araucanía, se encuentra ajustada a derecho y está debidamente fundada, a fin de descartar cualquier ilegalidad o arbitrariedad en que pudiere haberse incurrido en su dictación, y sobre esta materia debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 19.880, que dispone que: "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

QUINTO: Que, consta en estos antecedentes que la recurrente, durante la etapa de fiscalización, fue requerida para que entregara determinados documentos a la Inspección del Trabajo- es más consta que se le extendió el plazo a ese efecto-, constando que en dicho procedimiento la representante de la recurrente-fiscalizada ( su contadora señora nombre reservado), indicó como casilla electrónica la siguiente: correo reservado. Mismo que, luego se admitió, por la recurrente en la etapa administrativa, era erróneo, ya que la expresión gmai acusaba la ausencia de una L final.

Lo precedente debe tenerse en especial consideración, pues el cumplimiento de mantener una dirección electrónica para los empleadores es una obligación que tiene sus fundamentos precisamente establecidos en el artículo 515 del Código del Trabajo, de manera que, evidentemente, la responsabilidad de la exactitud de aquel es una materia que compete a quien otorga y habilita dicho medio de comunicación.

SEXTO: Que examina la resolución que se pretende ilegal y arbitraria, la misma contiene fundamentos de hecho y de derecho, se encuentra redactada en términos claros, y ha sido dictada por la autoridad pertinente en ejercicio de sus facultades legales de forma ella que no puede visualizarse en la misma ninguna ilegalidad; asimismo, los fundamentos en virtud de los cuales no accede a lo peticionado aparecen correctamente desarrollados, por lo que menos puede pregonarse que la misma sea infundada o carente de razonamiento, lo que lleva a concluir en consecuencia que, menos es posible sostener que la misma sea una actuación administrativa de carácter arbitraria.

Es manifiesto, en consecuencia, que así las cosas no concurre, en los hechos una acción u omisión que sea ilegal o arbitraria, base para proceder a acoger este tipo de acción constitucional.

SEPTIMO: Que, en todo caso, debe reiterarse que, consta que efectivamente la recurrida envío al correo proporcionado por la señora contadora la resolución que impuso la multa, cuestión distinta es que, aquella haya incurrido en un yerro, lo que no permite visualizar una actividad del ente administrativo apartada de la legalidad y carente de fundamento, por el contrario aquel ha dado integro cumplimiento al deber de comunicar la imposición de la multa a la dirección electrónica que le fuera proporcionada y que por lo tanto debía entenderse como válida para esos efectos.

OCTAVO: Que atendido lo razonado no se visualiza por esta Corte la existencia de una arbitrariedad o ilegalidad, habiéndose enmarcado lo actuado por la Inspección del Trabajo dentro del ejercicio de sus facultades, encontrándose suficientemente fundamentada dicha decisión, por lo que se procederá a desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías Constitucionales, se declara:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de R Y M SPA, en contra de DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO de Temuco.

Anótese y notifíquese.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial Sr. nombre reservado.

N°Protección-401-2023. (sac)