nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

A folio 1, comparece Pedro Antiman Manquilef, abogado, domiciliado en domicilio reservado, a favor de nombre reservado, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección contra la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA específicamente por actuaciones efectuadas por el organismo dependiente de dicha Universidad y denominado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera, alegando como conculcadas las garantías del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

El hecho que denuncia como arbitrario e ilegal consiste en que durante el proceso de devolución de impuesto a la renta del presente año, la Tesorería General de la República le retuvo del total de la misma, la suma de $701.178.- por concepto de deuda de Crédito Universitario con la Universidad de La Frontera, tomando conocimiento de este hecho el 14 de Mayo de este año al consultar el Estado de Declaración de Renta 2020 en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos.

Sostiene que la retención a la devolución de impuestos efectuada sería ilegal por cuanto no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 297 del año 2009, del Ministerio de Educación “Reglamento que Fija Procedimiento para Retención de la Devolución del Impuesto a la Renta por parte de la Tesorería General de la República”, que dispone que los administradores del Fondo Solidario de Crédito Universitario, de las respectivas Universidades, no pueden seguir con el procedimiento de retención a la devolución de impuestos, sin antes haber notificado al deudor respectivo, y lo cierto es que, respecto de su representada, ésta no fue notificado en la forma señalada en el artículo 3°del Decreto 297, hace una distinción entre los casos en que “consta el domicilio del deudor” y los casos en que “no consta o no existe domicilio conocido del deudor”, donde en el primer caso la notificación se realiza mediante carta certificada, y en el segundo caso mediante aviso en diario de circulación nacional.

- Afirma que no consta registro alguno de que se haya notificado a su representada a través de algún diario de circulación nacional; y en el domicilio de su representada, no hay constancia alguna de carta certificada que haya llegado con esta información sobre deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario, por lo que se puede concluir que dicha notificación no se efectuó en forma legal.

-Si bien es cierto la Universidad no tiene la obligación de averiguar un domicilio actualizado de los deudores, ésta sola circunstancia no convierte la eventual notificación realizada en legalmente válida para efectos de tomar conocimiento de una retención de impuestos, afectando naturalmente las posibilidades de actuación de su representada - Cabe agregar que, las formas de notificación del artículo 3° del Decreto 297, son excluyentes la 1.- de la 2.- (ya que la norma distingue 2 hipótesis diferentes: si consta o no consta el domicilio), y en este sentido, cualquier otra forma que haya intentado la Universidad recurrida, de comunicar la información de deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario respecto de mi representada, no puede reemplazar ni sustituir la notificación que se exige en la normativa al respecto.

Por lo anterior, a su juicio, existiría un actuar arbitrario e ilegal por parte de la Universidad recurrida, por cuanto el presente año 2020, esta Institución ha continuado con el procedimiento establecido en el Decreto 297 del año 2009, del Ministerio de Educación, en circunstancias que no debió hacerlo, ya que su representada no ha sido válidamente notificada, por sus deudas vencidas e impagas del crédito solidario universitario, y en definitiva ésta, se ha visto impedida, el recién pasado 13 de mayo, de recibir su devolución de impuestos, que por derecho le correspondía percibir. Y esta privación de su dinero le está causando serios perjuicios, al ser una devolución con la que contaba para mantenerse económicamente por este mes, dado que es una funcionaria de salud contratada a honorarios, que percibe sus remuneraciones en forma diferida cada año, esto es, percibe sus ingresos de la primera parte del año generalmente en el mes de julio, debiendo recurrir a sus ahorros para cubrir sus necesidades en esa primera parte del año, y dado el contexto de crisis sanitaria que vive nuestro país, evidentemente los dineros provenientes de la devolución de impuestos son esperados más que nunca por los ciudadanos, como lo indica también las medidas adoptadas a nivel gubernamental a fin de adelantar el proceso de devolución en este año 2020.

Alega como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

1.- El derecho contemplado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República: “La igualdad ante la ley”.

El hecho que la Universidad recurrida haya continuado con el procedimiento de retenciones a la devolución de impuestos, establecido en el Decreto 297 del año 2009, del Ministerio de Educación, en circunstancias que falta la notificación válida a mi representada, está obstaculizando el pleno ejercicio de los derechos de esta parte recurrente, ya que se le ha privado a mi representada, la posibilidad de haber interpuesto una aclaración ante el Administrador de Fondo Solidario respectivo, en la forma y dentro del plazo señalado en el Decreto 297 antes indicado, y de esa forma, él haber podido, ante el Fondo de Crédito respetivo, intentar aclarar su situación, solicitar la concesión de plazos de espera o derechamente convenir en algún mecanismo que permita la solución efectiva y en su justo plazo del pago del crédito universitario impago, posibilidad que si tienen el resto de los deudores válidamente notificados.

2.- El derecho contemplado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

El hecho que este 13 de mayo, mi representada no haya podido recibir la devolución de impuestos, la cual había solicitado el pasado mes de abril ante el Servicio de Impuestos Internos, sin duda está afectando su derecho de propiedad, toda vez que se le está privando, dentro de la esfera de su Patrimonio, a recibir y disponer libremente del monto de dinero, que por derecho le correspondía por concepto de devolución de impuestos año tributario 2019.

Pide que se acoja su recurso de protección y en definitiva, se ordene a la Universidad De La Frontera, que reintegre a esta parte, los fondos retenidos que corresponden a la devolución de impuestos de la operación renta año tributario año 2020, con expresa condenación en costas.

A folio 9, evacúa informe la recurrida Universidad de La Frontera, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

La recurrente habría firmado pagaré en favor de la Universidad de La Frontera con fecha 14 de marzo de 2016, por una suma de 37,54 UTM, pagadero en las formas y condiciones que la ley 19.287 lo establece.

Es del caso, que la deuda invocada tiene una regulación especial, cual es la establecida en la ley 19.287 y sus modificaciones y no es regulada por el derecho común. En efecto, establece el artículo 1 de la Ley 19.989, lo siguiente:

Artículo 1º.- Facultase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador. Si el monto de la devolución de impuestos fuere inferior a la cantidad adeudada, subsistirá la obligación del deudor por el saldo insoluto.

Por otro lado, el Reglamento aprobado por el Decreto 297 del Ministerio de Educación del año 2009, establece el tiempo y forma en que las administradoras de Fondos de Crédito deben hacer entrega de las nóminas de deudores morosos de créditos universitarios regulados por la ley 19287.

Las normas legales antes indicadas, imponen una obligación a las instituciones a informar a la Tesorería General de la República, cada año, la nómina de los deudores morosos de crédito universitario en conformidad a la ley 19.287, por lo que las Universidades, a través de los administradores de fondos respectivos, por su parte no tienen otra opción que informar a quienes se encuentren en esta situación, lo que ha ocurrido en el caso de autos con el Recurrente.

Es preciso señalar que ante la falta de pago de la Srta. nombre reservado, la Universidad de La Frontera se vio en la obligación legal de informar su situación, en conformidad a la normativa señalada.

Que la notificación a la recurrente se hizo con fecha 6 de marzo de 2020, mediante el envío de carta certificada a su domicilio. Además, de los días 01 de febrero de 2020 al 15 de febrero de 2020, se realizó la Publicación en el Diario Financiero, medio de circulación Nacional, el listado de morosos conjuntamente con todas las Universidades del Consejo de Rectores.

Todo lo anterior fue acreditado por el Ministerio de Educación, mediante certificado de conformidad emitido por dicho organismo, con fecha 3 de abril de 2020, el cual se acompaña en otrosí de esta presentación.

Que la deuda invocada, se encuentra actualmente vigente y su prescripción no ha sido declarada por sentencia judicial, es más, a la fecha no se ha solicitado ante los Tribunales de Justicia, la declaración de prescripción de la misma.

Por lo anterior, el supuesto accionar arbitrario e ilegalidad que reclaman de mi representada, ha sido conforme a derecho, cumpliendo un imperativo legal y no hay ninguna acción u omisión arbitraria e ilegal en su actuar.

Es necesario hacer presente que los montos retenidos ya se encuentran en los fondos universitarios, por cuanto Tesorería General de la república los habría remitido a mi representada con fecha 13 de mayo de 2020, y fueron imputados a la deuda con esa misma fecha, antes de que éste recurso y la respectiva orden de no innovar fueran notificados a esta parte, por lo cual no fue posible dar cumplimiento a ésta por falta de oportunidad.

Solicita el rechazo del recurso por carecer de fundamento jurídico, toda vez que el actuar de mi representada se ha ajustado siempre a la normativa vigente y su proceder no ha sido discriminatorio, arbitrario ni ilegal por lo tanto no hay ninguna garantía fundamental de los recurrentes que se haya afectado.

Acompaña: 1. Informe de deuda crédito solidario Ley 19.287, emitido por don nombre reservado, Administrador General de Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera.

2. Certificado de conformidad emitido por el Ministerio de Educación, de fecha 03 de abril de 2020.

3. Certificado emitido por la Empresa correos de Chile en la cual consta envío de carta certificada a la recurrente, a su domicilio.

4. Publicación en Diario Financiero de Aviso con nómina de deudores que serán sujetos de retención de devoluciones de impuestos año 2020 del Consejo de Rectores 5. Copia de aviso con nómina de deudores que serán sujetos de retención de devoluciones de impuestos año 2020.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, por lo que esta es una acción de urgencia de carácter tutelar, que permite a este Tribunal, examinar y sin forma de juicio y por vía simplemente indagatoria, sin se han producido situaciones que amenacen el legítimo ejercicio de los derechos que hace procedente esta cautelar.

Que, la Excma. Corte Suprema ha precisado que es requisito indispensable de esta acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 ° del Código Civil, o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado precedentemente, afectando una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis de decisión de cualquier recurso, como el que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que la acción en estudio constituye un arbitrio constitucional destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos.

TERCERO: Que en el presente caso, el acto arbitrario o ilegal por el cual se recurre, consistiría en haber realizado el procedimiento de retención a la devolución de impuestos, sin antes haber notificado a la recurrente, en la forma señalada en el artículo 3°del Decreto 297. Luego se estima conculcada entre otras garantías, el derecho de propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto se afirma que la recurrida al retener la Tesorería General de la República la suma de $ 701.178 por concepto de deuda de Crédito Universitario con la Universidad de La Frontera, se afectó dicha garantía constitucional.

CUARTO: Que, teniendo en consideración lo antes razonado procede analizar si de los antecedentes reunidos en estos autos es posible tener por establecido que se ha configurado un acto u omisión arbitrario o ilegal, que implique una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio del derecho que el actor dice conculcado en especial el de propiedad que tiene el recurrente respecto del dinero afectado.

QUINTO: Luego, y de conformidad al artículo 1° de la Ley N° 19.989, faculta en términos amplios a la Tesorería General de la República, para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287, que creó el fondo solidario de créditos, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida. Además que, sostiene, la redacción del inciso final del artículo 12 de la Ley N° 19.848, agregado por el artículo 2° de la Ley N° 19.989, confirma el carácter amplio que le dio el legislador a la facultad de retener por parte de Tesorerías al señalar que “son considerados deudores de los créditos solidarios todos aquellos que resulten de la aplicación de las leyes N° 18.591, 19.287 y 19.848, entre los cuales se encontraría el recurrente”. Luego el DFL N° 4 del 20/01/81 del Ministerio de Educación crea el Crédito Fiscal Universitario (en relación a la Ley N° 19.083), invocada por el recurrente como aquella bajo la cual habría suscrito el pagaré que dio inicio a la retención en cuestión, establece normas sobre reprogramación de deudas del Crédito Fiscal Universitario, regulado en la Ley N° 18.591, por lo que le sería plenamente aplicable la normativa contenida en el artículo 1° de la Ley 19.989, que posibilitó la retención de la devolución de impuestos de los deudores de la referida entidad acreedora. Lo anterior se explica por lo siguiente: En el año 1987 y con la dictación de la Ley N° 18.591, todas las deudas que los deudores mantenían a la fecha con la Tesorería General de la República fueron traspasadas a las Universidades mediante la creación, por ley del Fondo de Crédito Universitario, cuyo patrimonio se formó, en parte, sobre la base de los créditos fiscales originados con anterioridad a su dictación.

SEXTO: Que, a su vez, el artículo 3° del Decreto 297 del año 2009, del Ministerio de Educación “Reglamento que Fija Procedimiento para Retención de la Devolución del Impuesto a la Renta por parte de la Tesorería General de la República”, señala: “Para todos los efectos del presente Reglamento, las notificaciones a los deudores, se realizarán de la siguiente manera:

1.- En caso de constar el domicilio del deudor respectivo, la notificación se realizará mediante carta certificada, entendiéndose notificado el deudor en este caso, a contar del tercer día de la recepción de dicha carta en la oficina de correos.

2.- En caso de no constar o no existir domicilio conocido del deudor, la notificación se realizará por medio de un aviso, entendiéndose notificado el deudor desde la fecha de la respectiva publicación en un diario de circulación nacional.

En ese aspecto, junto a la presentación del informe de rigor, la Universidad de la Frontera, acompañó un certificado emitido por la Empresa de correos de Chile con fecha 17 de junio de 2020, en el cual se certifica lo siguiente: “La Empresa de Correo de Chile, certifica que el envío N° 1180565712620, remitido por la Universidad de la Frontera y destinado según nómina entregada por el cliente el día 03-03-2020, a nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, de acuerdo a nuestros registros. Fue entregado el día 06-03-2020, a nombre reservado, RUT RUT reservado”.

De dicho certificado, se puede desprender que la recurrente fue notificada por parte de la Universidad de la Frontera, respecto del procedimiento de retención a la devolución de impuestos, en los términos señalados en el artículo 3° del Decreto 297.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, y teniendo presente los antecedentes anteriores en especial que Ley N° 19.989 se aplica en forma amplia a todos los créditos universitarios anteriores a la dictación de dicha ley.

OCTAVO: De lo anterior, antecedentes expuestos y normativa citada, no se vislumbra la vulneración de las garantías constitucionales denunciadas, por cuanto la recurrida actuó dentro de sus atribuciones, en el marco legal permitido y sin arbitrariedad alguna, por lo que esta Corte no estima como ilegal y/o arbitraria la actuación de la Universidad de la Frontera, por lo que la acción constitucional deducida no podrá prosperar toda vez que ésta actuó dentro del marco legal.

Por estos fundamentos y lo dispuesto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema en la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, específicamente por actuaciones efectuadas por el organismo dependiente de dicha Universidad y denominado Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de La Frontera.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Marcelo Neculman Muñoz.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-4006-2020. (sac)