nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco Temuco, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, Abogado, actuando en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de la Araucanía e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A, representado por don nombre reservado, domicilio reservado, Región Metropolitana De Santiago y; la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero que le fue comunicado el siete de octubre de 2025, lo que indica vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que la recurrente de nacionalidad venezolana, solicitó la devolución de sus fondos al amparo de la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros que se encuentren afiliados a un régimen de seguridad social en su país de origen y manifiesten su voluntad de mantener dicha afiliación.

Expone que acompañó los siguientes antecedentes: contrato de trabajo y anexo donde consta su voluntad de mantener afiliación en Venezuela; título profesional; declaración jurada; y constancia electrónica de afiliación emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), documento que contiene código de verificación electrónica y puede ser validado en el portal oficial del organismo emisor, lo que se acredita incluso con capturas de pantalla acompañadas en autos.

Añade que, no obstante, lo anterior, la AFP recurrida rechazó la solicitud señalando que la constancia de afiliación no sería un documento válido, sin fundamentar jurídicamente dicha conclusión ni efectuar verificación del código electrónico incorporado en el certificado.

Agrega que cumple íntegramente los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 18.156, en relación con su artículo 7°, esto es: “Encontrarse afiliada a un régimen previsional extranjero que otorgue cobertura en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y haber manifestado en su contrato la voluntad de mantener dicha afiliación.”

Afirma que la AFP ha incorporado exigencias adicionales no contempladas en la ley —como la apostilla o legalización del certificado— realizando una interpretación excesivamente formalista, contraria a la finalidad de la norma y a la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones, citadas extensamente en el libelo.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye un acto ilegal, por contravenir el tenor de la Ley N° 18.156, y arbitrario, por imponer requisitos no establecidos normativamente, vulnerando: El derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2 CPR) y el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales (art. 19 N°24 CPR).

Finalmente, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto el rechazo impugnado reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos 1. Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado 2. Notificación solicitando constancia válida de nombre reservado 3. Notificación de rechazo de la AFP Modelo de nombre reservado 4. Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado 5. Título profesional apostillado, que acredita profesión de nombre reservado 6. Cédula de identidad venezolana de nombre reservado 7. Certificado de cotizaciones previsionales emitido por la recurrida, que acredita domicilio de domicilio reservado. Carta de aprobación de AFP Cuprum, que autoriza retiro de fondos de pensiones cumpliendo con los mismos requisitos que el recurrente de marras.

A folio 5, la recurrida AFP Modelo, evacúa solicitando el rechazo del recurso.

Funda su petición indicando que la Ley N°18.156, establece la exención de la obligación de cotizar para las y los técnicos extranjeros contratados por una empresa, siempre que se reúnan ciertas condiciones, haciendo mención especial a los artículos 7 y 1, a saber “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley.” y “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Menciona que realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por la Superintendencia de Pensiones.

Añade que, en atención a los documentos aportados por la recurrente, se le solicitó a la recurrente aportar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, en atención a que la constancia electrónica de cotizaciones y declaraciones juradas efectuadas por el mismo trabajador, no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

En este punto agrega que el uso de sus facultades, la Superintendencia de Pensiones ha instruido mediante el Oficio N°21.480 de 20 de septiembre de 2017, señala: “…se deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado, según sea el caso, que acredite que usted cuenta a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N° 18.156…”.

Suma a lo anterior lo establecido en compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, en el Libro II, Título XI, sobre Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten, indica de forma textual lo siguiente:

“b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Agrega que conforme lo dispuesto ene l artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados o apostillados, lo que permite proteger la fe pública.

Agrega que contrato de trabajo contenía manifestaciones contrarias de la voluntad respecto del régimen de previsión social al cual la recurrente deseaba afiliarse, pues en la cláusula séptima manifestaba su decisión de cotizar en el régimen previsional chileno, mientras que en la cláusula octava expresa su voluntad de cotizar en el sistema de previsional de su país de origen, por lo que se le solicitó aportar un anexo en donde manifieste de manera clara e inequívoca su voluntad de cotizar en su país de origen.

Conforme lo anterior tras no aportar a documentación el 08/10/2025 08, se rechazó el ingreso de la solicitud de devolución de fondos previsionales efectuada por la recurrente.

Añade que conforme lo anterior la AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones.

A folio 9, la recurrida Superintendencia de pensiones, evacúa informe solicitando el rechazo del recurso por los siguientes fundamentos.

En primer término, opone como cuestión previa que la materia controvertida excede el ámbito propio del recurso de protección, por cuanto no existiría un derecho indubitado de la recurrente. Sostiene que lo pretendido importa una declaración sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156, cuestión que debe ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento y no por la vía cautelar del artículo 20 de la Constitución. Cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones que han rechazado recursos en situaciones similares, por tratarse de derechos discutido.

En cuanto a los antecedentes de hecho, señala que la recurrente solicitó ante AFP Modelo la devolución de fondos previsionales el 2 de octubre de 2025, siendo rechazada dicha solicitud el 7 de octubre siguiente por “incumplimiento del plazo normativo”. Indica que esta Superintendencia no registra presentación alguna efectuada directamente ante ella por la recurrente respecto de estos hechos, ni ha emitido acto administrativo rechazando el beneficio.

En relación con el fondo, expone que la Ley N° 18.156 establece un régimen de excepción aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1°: afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y manifestación expresa en el contrato de trabajo de la voluntad de mantener dicha afiliación.

Sostiene que la normativa es de carácter excepcional y, por tanto, debe interpretarse restrictivamente.

Afirma que la documentación acompañada por la recurrente no cumple con las exigencias legales, por cuanto la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales carece de firma autorizada, no se encuentra legalizada ni apostillada y no acreditaría de manera suficiente las coberturas exigidas por la ley. Señala que el código de verificación electrónica no sustituye los requisitos formales que el ordenamiento jurídico exige respecto de instrumentos públicos otorgados en el extranjero.

Añade que la declaración jurada acompañada no resulta idónea para acreditar la afiliación previsional, por no emanar de la autoridad competente.

Asimismo, indica que no consta acompañamiento del contrato de trabajo que acredite inequívocamente la voluntad de mantener afiliación en el extranjero. Hace presente que la recurrente registra cotizaciones continuas en el sistema previsional chileno durante el período 2024–2025, lo que evidenciaría que su situación previsional se encuentra consolidada en Chile.

Agrega que la recurrente posee residencia definitiva en el país, lo que —a su juicio— podría generar un eventual perjuicio fiscal si, habiendo retirado sus fondos, posteriormente accediera a beneficios solidarios financiados con recursos públicos.

Concluye que no ha existido acto ilegal ni arbitrario por parte de esta Superintendencia, que no ha intervenido directamente en el rechazo impugnado, y que la improcedencia del retiro no implica pérdida de los fondos previsionales, sino únicamente la inaplicabilidad del régimen excepcional de la Ley N° 18.156, pudiendo la afiliada ejercer en su oportunidad los derechos previsionales conforme al Decreto Ley N° 3.500.

En definitiva, solicita que se declare improcedente el recurso por exceder el ámbito del artículo 20 de la Constitución y, en subsidio, que se rechace en todas sus partes, con condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos 1. Copia de escritura pública donde consta la estructura de poderes de AFP Modelo, de fecha 16 de marzo de 2023, Repertorio 11304- 2023, de la Notaría de doña nombre reservado. 2. Título Profesional del recurrente. 3. Declaración Jurada de la recurrente ante notario. 4. Constancia electrónica de cotizaciones de la recurrente. 5. Contrato de Trabajo de fecha 01 de abril de 2019, suscrito con el empleador WEDIT SPA, RUT RUT reservado

A folio 11, el 06 de febrero de 2026, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, para resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

A mayor abundamiento, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

CUARTO: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida Administradora De Fondos De Pensión Modelo S.A, no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que la actora debía cumplir al efecto, según se ha reseñado.

En cuanto a la recurrida Superintendencia de Pensiones, valga mencionar que no se señala por el recurrente el acto ilegal y arbitrario que a esta se le imputada y constando, además, que no existe decisión o medida adoptada por esta recurrida atingente a los hechos, no quedará sino rechazar el recurso interpuesto en su contra.

QUINTO: Que las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta en favor de nombre reservado y en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIÓN MODELO S.A. y de SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción a cargo del ministro suplente Robinson Villarrreol Cruzat.

N°Protección-4004-2025. (cwm)