nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE

C.A. de Temuco Temuco, quince de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio N°1, comparece Soraya Herrera Bascur, Abogada, en representación de nombre reservado, chileno, soltero, ex funcionario de Gendarmería de Chile, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE y en contra del MINISTERIO DE JUSTICIA, por la dictación de la Resolución Exenta RA Nro. 142/3551/2025, de fecha 03 de octubre de 2025, que aprueba el sumario administrativo ordenado instruir mediante N° 708, de 24 de abril de 2020 y dispone la aplicación de la MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN con efectos inmediatos.

Señala como antecedentes de hecho que, el proceso disciplinario se inicia por Informe de Novedades N° 4, de fecha 23 de abril de 2020, el cual da cuenta de la recepción de un llamado telefónico del Teniente de Carabineros, don nombre reservado, respecto a la eventual infracción de Ley 20.000 por el inculpado.

Indica que, en dicho procedimiento policial y de acuerdo, a lo verificado en la página web del Poder Judicial, en contra del sr. nombre reservado, se dio inició a un proceso judicial monitorio por infracción al Artículo 50 inciso 3° de la Ley 20.000, según consta en los autos RIT 630-2020, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, circunstancia que se genera cuando su representado se encontraba en calidad de “franco”.

Refiere que respecto a la situación funcionaria, no hay registro alguno de la aplicación de una medida disciplinaria con anterioridad a la impuesta por el presente proceso disciplinario y, donde es posible verificar que el inculpado se encuentra en LISTA 1 (período 2018-2019).

Agrega que producto de la naturaleza de los hechos señalados en el punto 1, con fecha 08 de Enero de 2021, en los autos RIT 630-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de La Unión, es dictado Sobreseimiento Definitivo respecto a la persona de mi mandante respecto a los hechos denunciados en dicho proceso judicial.

Manifiesta que con fecha 04 de noviembre de 2020, fue remitido oficio N° 512, ante el Director Regional de Gendarmería de Chile, para el pronunciamiento de la respectiva medida disciplinaria producto de estos hechos en contra del sr. nombre reservado, indicándose en la respectiva Minuta N° 124, de fecha 25 de octubre de 2020, por el sr. Fiscal nombre reservado, sugiriendo la aplicación de una multa ascendiente al 5% de la remuneración del inculpado, sin embargo no es acogida dicha circunstancia, dictaminándose que la medida disciplinaria en contra de mi representado deber ser la DESTITUCIÓN, pues dicha conducta atenta contra los objetivos institucionales definidos en la Decreto Ley nro. 2.859, de 1979, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, lo anterior consta en Resolución Exenta Nro 2611, de fecha 17 de mayo de 2021 y que fuere notificada a mi representado con fecha 13 de julio de 2021.

Comenta que respecto a dicha resolución, con fecha 21 de julio de 2021, se procedieron a interponer los respectos administrativos señalados en el art. 141 del Estatuto Administrativo, remitiéndose los antecedentes ante la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile y Ministerio de Justicia.

Añade que con fecha 03 de octubre de 2025, se procede a dictar la Resolución Exenta RA Nro. 142/3551/2025, de fecha 03 de octubre de 2025, la cual Aprueba el sumario administrativo ordenado instruir mediante Nro 708, de 24 de abril de 2020 y dispone la aplicación de la MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN, siendo notificado su representado de manera personal el día 14 de octubre de 2025 y ordenándose el retiro de manera inmediata de la institución, debiendo hacer entrega de sus elementos de trabajo ante el funcionario competente en Gendarmería de Chile.

Expresa que la Resolución Exenta RA Nro. 142/3551/2025, de fecha 03 de octubre de 2025, la cual Aprueba el sumario administrativo ordenado instruir mediante Nro 708, de 24 de abril de 2020 y dispone la aplicación de la MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN, es una actuación ilegal y arbitraria de parte de los recurridos, aplica la medida disciplinaria más gravosa del ordenamiento jurídico administrativo, donde su interpretación y aplicación debe ser restringida, evitando todo grado de discrecionalidad de su aplicación, y donde las garantías fundamentales no se encuentran exentas.

Dice que la acción desplegada por las recurridas es claramente una acción ilegal y arbitraria que molesta el ejercicio y desarrollo normal de los derechos y garantías constitucionales reconocidos a todas las personas en nuestra Carta Fundamental, pues no existe proporcionalidad alguna en su decisión, más aún cuando ella se encuentra basada en criterios imposibles de ser aplicados al caso concreto, como lo es, comparar la conducta de su representado fuera de sus funciones de Gendarme con aquellas, desplegadas por otro funcionarios en pleno cumplimiento de sus jornadas laborales.

Indica como garantía conculcada el Derecho a la Vida y a la Integridad Física y Psíquica de la Persona (Artículo 19 N.º 1 Constitución Política De La República), precisando que dicha garantía ha sido vulnerada desde el momento en el cual se le ha notificado a mi representado de la Resolución Exenta RA Nro. 142/3551/2025, de fecha 03 de octubre de 2025, la cual Aprueba el sumario administrativo ordenado instruir mediante Nro 708, de 24 de abril de 2020 y dispone la aplicación de la MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN, dado que su representado en la actualidad no cuenta con ningún medio de sustento económico, y de un momento a otro ha sido privado de ejercer de manera inmediata sus funciones como funcionario público, aspecto que le genera una angustia constante y permanente.

Agrega que la situación anteriormente descrita, constituye un acto que afecta el derecho de Igualdad ante la Ley, consagrado en el Artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República, pues para proceder a la desvinculación de su representado o de cualquier miembro de la Institución debe ser efectuada en el marco de Igualdad que nuestra Carta Fundamental exige.

Menciona además como derechos conculcados las normas sobre el debido proceso y el derecho de propiedad es sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales” (Artículo 19 N.º 24 Constitución Política de la República), por cuanto genera un perturbación respecto a sus remuneraciones, pues por un acto ilegal y arbitrario, se le está privando de percibir sus ingresos, derecho que ingresa a su patrimonio formando parte de sus haberes, y no constituye una mera expectativa sino que se trata de un derecho exigible conforme lo dispone la legislación vigente.

Conforme a lo expuesto, solicita Decretar que la Resolución Exenta RA Nro. 142/3551/2025, de fecha 03 de octubre de 2025, la cual Aprueba el sumario administrativo ordenado instruir mediante Nro 708, de 24 de abril de 2020 y dispone la aplicación de la MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN, constituye un acto ilegal y arbitrario; Ordenar a los recurridos efectuar los administrativos que sean permiten a fin de reintegrar a mi representado a Gendarmería de Chile, en el plazo de 5 días desde que el presente fallo que acoja la presente acción, se encuentra firme y ejecutoriado; Disponer que la medida administrativa aplicable a su representado es la multa del 5% de su remuneración, según consta en Minuta nro. 124, de fecha 25 de octubre de 2020, emitida por el respectivo Fiscal nombre reservado; y Disponer el pago de las remuneraciones, bonos e incentivos a los cuales tenga derecho a percibir, desde la época de la destitución hasta la fecha en que se ordene por Usía, su efectiva reincorporación a Gendarmería de Chile.

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos: Copia de expediente sumarial instruido mediante Resolución Exenta nro. 708, de 24 de abril de 2020, por la Dirección Regional de La Araucanía; Copia de Resolución Exenta nro. 2611, de fecha 17 de mayo de 2021, la cual aplica la medida disciplinaria de Destitución por don nombre reservado, Director Nacional de Gendarmería de Chile; Copia de Resolución Exenta Nro. 142/3551/2025, de fecha 03 de octubre de 2025, la cual confirma medida disciplinaria de Destitución del Sr. nombre reservado; y Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial otorgado Notario Público Titular, sr. nombre reservado, de fecha 20 de Julio de 2021, de la ciudad de Temuco.

A folio N°6, la recurrida SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA, informa señalando en síntesis que, Mediante la Resolución Exenta N° 4.915, de 30 de septiembre de 2021, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, rechazó el recurso de reposición presentado por el inculpado, elevándose los autos sumariales para el conocimiento del superior jerárquico. Finalmente, mediante la Resolución Exenta N°3.047 de 25 de septiembre de 2025, esta Cartera de Estado se hizo cargo de las alegaciones referidas y resolvió el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, confirmando la medida de destitución aplicada en su contra.

Expone que, resulta pertinente destacar que la acción de protecci6n pretendida en este caso resulta improcedente, considerando su carácter esencialmente cautelar, extraordinario y excepcional. Este recurso se encuentra limitado a aquellos supuestos en los que constituye la única vía para resarcir un derecho vulnerado. El caso planteado, por el contrario, versa sobre materias de amplio conocimiento cuya resolución impugnada emerge como resultado de un proceso sumarial llevado a cabo conforme a las disposiciones estipuladas en el Estatuto Administrativo, manteniendo en todo momento las garantías derivadas del debido proceso.

Expresa en relación a que el inculpado habría sido sobreseído en la causa seguida en su contra en sede penal que, de conformidad a lo expuesto en la Resolución Exenta N°3047 de 25 de septiembre de 2025, de esa Cartera de Estado, que resolvi6 el recurso de apelación; a fojas 55 y ss., consta la sentencia de 18 de mayo de 2020, del Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, en causa RUC N° 2000424923-3, por medio de la cual, el inculpado fue condenado a una multa de 1 UTM, disponiéndose además, "que conforme al artículo 398 del Código Procesal Penal se suspende la imposición de la condena por el lapso de 6 meses, transcurrido el cual, sin que el inculpado haya sido nuevamente requerido o formalizado por otra investigación, el tribunal dejar sin efecto la sentencia y en su reemplazo declarar^ el sobreseimiento definitivo de estos autos". A su turno, el recurrente acompaña la resolución de fecha 8 de enero de 2021, del Juzgado de Garantía de La Union, que deja sin efecto la sentencia dictada con fecha 18 de mayo de 2020 y declara el sobreseimiento definitivo de la causa. De este modo, es posible apreciar que la resolución que sobreseyó al inculpado, hizo aplicación del beneficio procesal contemplado en el artículo 398 del Código Procesal Penal, referido a la suspensión de la imposición de condena por falta, cuestión que no pone en duda la existencia del hecho materia de cargos administrativos.

Manifiesta que por medio de la presentación de este recurso se produce la desnaturalización de la acción de protecci6n, pretendiendo obtener la creación de una nueva instancia; en circunstancias que los procesos sumariales se encuentran regidos por normas que regulan la tramitación de los mismos, considerando todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa de los inculpados, pues el procedimiento contempla medios de defensa, como la formulación de descargos, solicitud de rendición de prueba y la interposición de recursos que proceden en contra de la sanción dispuesta, todas instancias legales establecidas a favor del recurrente y las cuales pudo hacer valer en la oportunidad correspondiente.

Indica que en consecuencia, no se advierte una acción ilegal causante de vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurso, toda vez que la actuaci6n de esta Cartera de Estado se ha ajustado a la legalidad que exige el entorno regulatorio para este tipo de procedimiento. Así, en virtud del principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y en el artículo 2° de la Ley N°18.575, los 6rganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que deben actuar dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, por lo que, en la especie, se verificaría un actuar contrario a nuestro ordenamiento jurídico, si esta Secretaria de Estado, no hubiese aplicado la jurisprudencia administrativa vinculante, del Ente Contralor.

A folio N°13, emite informe GENDARMERÍA DE CHILE, exponiendo que mediante Resolución Exenta N° 708 de fecha 24 de abril de 2020, la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, Región de La Araucanía, ordenó instruir sumario administrativo en el Centro de Internación Provisoria-Centro de Régimen Cerrado de Cholchol, destinado a esclarecer los hechos y establecer la presunta responsabilidad administrativa que le pudiera asistir al Gendarme nombre reservado, a consecuencia de lo señalado en el Informe de Novedades N° 4, de fecha 23 de abril de 2020, del Suboficial de Guardia del Destacamento de la Unidad Penal citada.

Precisa que el origen de este caso se sitúa en el día 23 de abril de 2020, cuando Carabineros de Chile informó formalmente a Gendarmería que uno de sus funcionarios (el entonces Gendarme nombre reservado) había sido sorprendido portando dos envoltorios contenedores de cannabis sativa durante su desplazamiento en un bus interurbano de la empresa "Pullman Bus". La sustancia se hallaba al interior de su mochila personal y fue incautada conforme a los protocolos policiales, dejándose constancia en parte formal que detallaba el hallazgo, su ubicación y la forma en que la sustancia había sido contenida. Destacó especialmente que los envoltorios fueron elaborados de manera artesanal, lo que revelaba una manipulación previa del funcionario.

Manifiesta que la naturaleza misma de este tipo de hechos (tratándose de un funcionario público) generó una obligación institucional inmediata: la instrucción de un sumario administrativo. Ello responde al imperativo que pesa sobre Gendarmería de actuar con celeridad y rigor frente a cualquier situación que pueda comprometer el estándar reforzado de probidad que exige el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo.

Añade que revisada la pieza investigativa, es posible advertir que en ella se cumplieron cada una de las diligencias establecidas en el D.F.L. N° 29, Que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, realizándose todas las gestiones investigativas, sin existir vicios de procedimiento que incidan en trámites que tengan una influencia decisiva en los resultados de la investigación ni que pudieran afectar la legalidad de la resolución que, en definitiva, aplique una medida disciplinaria, en los términos contemplados en el artículo 144 del referido cuerpo normativo.

Expone que la autoridad disciplinaria competente, en ejercicio de su competencia legal, revisó la totalidad del expediente, ponderó la gravedad objetiva del comportamiento investigado y decidió aplicar la sanción de destitución, al estimar que los hechos configuraban una infracción grave al principio de probidad administrativa, de acuerdo al artículo 125 inciso segundo del Estatuto Administrativo.

Señala que en razón de lo expuesto, es dable observar que por medio de la presentación de este recurso se advierte una desnaturalización de la finalidad propia de la acción de protección, al pretender la instauración de una nueva instancia procesal, contando los procedimientos sumariales con normas específicas que regulan su tramitación y velan por el respeto al debido proceso, incluyendo mecanismos de defensa adecuados para los inculpados.

Indica que dentro de este marco procedimental se contemplan diversas garantías procesales, tales como el derecho a presentar descargos, la posibilidad de requerir la rendición de pruebas y la facultad de interponer los recursos pertinentes frente a las sanciones impuestas. De lo anterior se desprende que durante el proceso disciplinario el reclamante tiene la posibilidad de ejercer los recursos establecidos con el propósito de poner en conocimiento de esta autoridad, como instancia superior jerárquica, las cuestiones de su interés, en virtud del principio de impugnabilidad que rige los actos administrativos, consagrado en los artículos 15 y 59 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos aplicables a los órganos de la Administración del Estado.

Señala que estas instancias legales fueron utilizadas oportunamente por el recurrente, conforme lo reflejan las Resoluciones Exentas N° 4.915 y N° 3.047 previamente identificadas. Por ende, la acción de protección no es la vía para revisar las decisiones de la autoridad cuando están sometidas a un procedimiento especial, como es el presente caso.

Comenta que no se advierte el modo en que esta autoridad pudo haber infringido alguna de las disposiciones constitucionales reseñadas, y, en consecuencia, vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 N° 1 (el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona), pudiendo sostenerse que el recurrente no ha quedado sujeto a un marco regulatorio distinto o diverso de aquel que rige para todo funcionario de la administración o se le ha dado un tratamiento desigual o diferente al cual queda sujeto cualquier funcionario público expuesto a un procedimiento disciplinario, toda vez que, como ya se mencionó previamente, el recurrente pudo hacer uso de todas las instancias procesales a lo largo del procedimiento sumarial.

Refiere respecto a la supuesta vulneración de la garantía de igualdad ante la Ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República que, ese Servicio ha aplicado al protegido la normativa institucional vigente sobre la materia de igual manera que al resto de los exfuncionarios que se han encontrado en su misma condición, no imponiendo sobre el protegido ningún tipo de obligación adicional que lo pudiera beneficiar o perjudicar respecto de la situación disciplinaria en que se vio involucrado.

Indica que en consecuencia, no se advierte una acción ilegal causante de vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurso, toda vez que la actuación de esta Dirección Nacional se ha ajustado a la legalidad que exige el entorno regulatorio para este tipo de procedimiento.

A folio N°15 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

SEGUNDO: Que en el caso sub lite se recurre en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE y en contra del MINISTERIO DE JUSTICIA, por la dictación de la Resolución Exenta RA Nro. 142/3551/2025, de fecha 03 de octubre de 2025, que aprueba el sumario administrativo ordenado instruir mediante N° 708, de 24 de abril de 2020 y dispone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

TERCERO: Que la recurrente sostiene que la acción desplegada por las recurridas es claramente una acción ilegal y arbitraria que vulnera el ejercicio y desarrollo normal de los derechos y garantías constitucionales reconocidos a todas las personas en nuestra Carta Fundamental, pues no existe proporcionalidad alguna en su decisión.

CUARTO: Que sobre el particular, cabe indicar que las normas del sumario administrativo están previstas para la investigación de hechos o situaciones que eventualmente pudieren configurar una causal de destitución del funcionario.

En este sentido, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna; por el contrario, la resolución que se reclama por esta vía se enmarca en un procedimiento administrativo tramitado en forma legal, por quien tiene las facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

A mayor abundamiento, la supuesta falta de proporcionalidad invocada en el presente recurso de protección, también fue esgrimida en el recurso de reposición y posterior apelación ante la autoridad administrativa, que fue rechazado fundadamente, sin que conste, además, que se haya agotado la reclamación ante la Contraloría Regional, conforme lo dispuesto en el artículo 160 de la ley N°18.834.

Al efecto, cabe tener presente que el recurso de protección no constituye una instancia de apelación de las decisiones que la autoridad administrativa adopta en el ejercicio de su facultad disciplinaria, vale decir, no es una revisión de mérito sino solamente sobre de la eventual ilegalidad o arbitrariedad que pudiese afectarlas, a fin de adoptar las medidas urgentes que aparecieren necesarias en caso de constatarse tales contravenciones y el impedimento o restricción que ello significa para el libre ejercicio de las garantías fundamentales protegidas por esta vía.

QUINTO: Que conforme lo expuesto en el considerando anterior no avizorándose que la resolución recurrida sea ilegal ni arbitraria, no queda sino rechazar el presente recurso de protección.

A mayor a abundamiento, la Excelentísima Corte Suprema reiteradamente ha resuelto que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente.

Por ello resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la prueba aportada en el sumario y la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y; finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas Rol N° 97.284-2020, N° 150.201-2020, N° 135.620-2022, N° 137.862-2022 y N°52.153-2025 entre otras).

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE y en contra del MINISTERIO DE JUSTICIA.

En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra titular A. Cecilia Aravena López.

N° Protección-3994-2025. (cwm)