nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Temuco.

Temuco, trece de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, chileno, casado, trabajador, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Caja De Compensación de Asignación La Araucana, corporación de derecho privado, RUT N° RUT reservado, representada legalmente por su gerente general nombre reservado, cédula de Identidad N° RUT reservado, o quien haga las veces de tal, ambos domiciliados en domicilio reservado

Señala que durante el año 2006 solicitó un crédito a la recurrida, por la suma de $300.000 pagadero en 12 cuotas, el que se iba a descontar automáticamente de sus remuneraciones, sin embargo, a finales del año 2006 quedó sin trabajo por lo que no pude seguir pagando el referido crédito, indicando que posteriormente, el 15 de febrero de 2023 comenzó a trabajar como conserje en el edificio Centro Lagos, donde continúa ininterrumpidamente hasta el día de hoy.

Sostiene que en su liquidación del mes de octubre de 2025, se percató que le descontaron la suma de $28.757, de su remuneración que, al consultarle a su empleador, le indica que corresponde al crédito del año 2006, recién descrito, afirmando que no tiene noticias que hasta el día de hoy haya sido requerido judicialmente por dicha deuda contraída hace 19 años, respecto de la cual concurren los elementos para que se declare su prescripción, derecho que se reserva expresamente para discutir en otras instancias judiciales, señalando que este descuento efectuado en su remuneración luego de 19 de años de inactividad resulta un ejercicio arbitrario y abusivo de la prerrogativa que tiene la caja de compensación recurrida al tenor de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 18.833, por cuanto se requiere que dicho cobro sea oportuno, citando diversos fallos pronunciados por la Corte Suprema en los roles N°s 6.928-2021; 30.294-2021; 71.519-2021; 65.946-2021; 65.973-2021; 1791-2022, entre otras, afirmando que la recurrida ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.

Argumenta que el ejercicio de tal prerrogativa, en la especie, resultaba improcedente, por cuanto debió la recurrida ejercer las acciones ordinarias que corresponda, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio, como se dijo, de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, citando un fallo pronunciado por la Corte Suprema en causa Rol 35.466-2024, señalando que la Ley N ° 18.833 en su artículo 22 establece, “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra este las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas. En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de la liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas: 1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito. 2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masas. Para estos efectos se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral, por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por termino de contrato a que tenga derecho el trabajador.”

Conforme lo expuesto, considera evidente la presencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera su garantía constitucional establecida en el 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, el derecho de propiedad, pues se ha realizado un descuento por planilla de su remuneración, sin que se haya dado noticias e información de manera previa, motivada y racional, existiendo un actuar de improviso, realizando un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, citando fallos pronunciados por la Corte Suprema, en causas rol N° 130802018 y 41.479-2017, resaltando que con su actuar la recurrida pretende por un lado, solucionar 19 años de inactividad frente al cobro de este crédito y por otro, desatenderse de la vía judicial civil, en la que se pueda discutir dicho cobro, lo cual deviene en un actuar arbitrario, estimando que ambos fines que resultan inaceptables.

Finalmente, solicita que se tenga por interpuesta acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, admitirla a tramitación y acogerla en todas sus partes, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando el cese en los descuentos por planilla de mi remuneración, la devolución de aquellos ya descontados, debidamente reajustados, todo lo anterior, con costas.

A folio 5, comparece el abogado don Julio César Villalobos Villarroel, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, RUT N.°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien evacúa el informe requerido en estos autos, solicitando su rechazo.

Señala que según consta en los sistemas de Caja La Araucana, el señor nombre reservado, mantiene 01 crédito moroso con Caja La Araucana, N° 092-000496922, el que fue otorgado el 11 de octubre de 2006, por la suma de $262.506, en 12 cuotas de $28.757, añadiendo que en atención a esta deuda, es que en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 18.833, Caja La Araucana, le solicita al empleador afiliado a esta, Comunidad Edificio Centro Lagos, Rut N° RUT reservadoel descuento de las cuotas morosas del crédito otorgado.

Indica que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes: legales de carácter previsional y de prestaciones de bienestar social, en este último se encuentran los créditos sociales, créditos que conforme Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar del 2023, emanado de la Superintendencia de Seguridad Social se definen como “un beneficio de bienestar social consistente en préstamos de dinero, cuya finalidad está orientada a contribuir y a satisfacer necesidades del trabajador y del 1 pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar, relativas a: vivienda, bienes de consumo durables, trabajo, educación, salud, recreación, contingencias familiares y otras necesidades de análoga naturaleza”. Agrega que, el artículo 1.546 del Código Civil, señala: “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”, en concordancia con el artículo 1.545 del Código Civil que dispone: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes…”, afirmando que al celebrar un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia o que haya operado respecto de la obligación alguno de los otros modos de extinguirlas conforme lo dispuesto en el artículo 1.567 del Código Civil, lo cual no ha acontecido, atendido que la recurrente no acompaña documento demostrativo al efecto.

Sostiene que dicho argumento es compartido por la Superintendencia de Seguridad Social conforme Dictamen 2659- 2020 de 12 de agosto de 2020, que dispone en su inciso final lo siguiente: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”, añadiendo que dicho criterio tiene sustento, en fallo pronunciado por la Corte Suprema, en causa Rol N° 464-2025 de fecha 30 de abril de 2025, en la cual la dicho Tribunal confirma la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 16758-2024 de fecha 06 de diciembre de 2024, la que rechaza recurso de protección presentado en contra de la recurrida, señalando que dicho criterio se reitera en sentencia dictada en causa Rol 2462-2024, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Corte Suprema en sentencia Rol N° 37.972-2024 de fecha 08 de mayo de 2025, y en el mismo sentido las sentencias dictadas en Causa Rol 3350-2025 y 5148-2025, pronunciadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, confirmada por la Corte Suprema conociendo apelación en causa rol N° 35.955-2025 de fecha 11 de septiembre 2025, entre otros que reproduce en su presentación.

Afirma que en virtud de lo expuesto que C.C.A.F. La Araucana, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un descuento ilegal que afecte ya sea la igualdad o la esfera de dominio de la recurrente, ni expropiación alguna de parte de su pensión, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación de seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico, de manera que en estas circunstancias solicita el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto los cobros realizados, no son arbitrarios o injustificados, en atención de que las obligaciones existen, fueron reprogramadas y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos, y los mismos se encuentran ajustados al máximo permitido, solicitando finalmente que se tenga por evacuado el informe requerido, rechazando la acción de protección incoada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto que se reprocha en autos consiste en el descuento efectuado por planilla en la remuneración del recurrente, a solicitud de la recurrida, por concepto de un crédito social otorgado en el año 2006, afirmando el recurrente que la conducta de la Caja constituye un uso abusivo de dicha facultad, pues intenta revivir unilateralmente un crédito antiguo (2006) y evitar el ejercicio de acciones judiciales ordinarias, donde podría discutirse la eventual prescripción de la deuda, cuestión que se reserva para alegar en la sede judicial correspondiente.

CUARTO: Que el artículo 22 de la Ley N° 18.833, establece: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas”.

De la norma transcrita, se desprende claramente que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, norma que establece un mecanismo legal destinado a facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de créditos sociales.

QUINTO: Que de los antecedentes allegados al recurso aparece que el recurrente efectivamente contrajo un crédito social con la recurrida, manteniendo cuotas impagas derivadas de dicha obligación, circunstancia que no ha sido controvertida en autos, y que, por otra parte, la recurrida se ha limitado en su proceder a hacer uso de la facultad que le confiere el artículo antedicho, pues no está discutido que la recurrente mantiene una deuda con la Caja de Compensación recurrida, producto de un préstamo que esa institución concedió a la compareciente.

SEXTO: Que en consecuencia, los descuentos efectuados en la remuneración de la recurrente se fundan en una disposición legal expresa y en obligaciones contractuales válidamente contraídas, por lo que no es posible calificarlos como actos arbitrarios o ilegales en los términos que exige la procedencia de la presente acción cautelar.

SÉPTIMO: Que en cuanto a la alegación del actor relativa a la eventual prescripción de la deuda, constituye una materia que requiere ser discutida y resuelta en el procedimiento judicial correspondiente, atendido que conforme al artículo 2493 del Código Civil la prescripción debe ser alegada por quien pretende aprovecharse de ella y declarada por sentencia judicial, no pudiendo ser declarada de oficio.

OCTAVO: Que, en consecuencia, mientras no exista una declaración judicial que establezca la prescripción de la obligación o su extinción por alguno de los modos previstos en la ley, la deuda derivada del crédito social subsiste y puede ser cobrada conforme a los mecanismos legales establecidos, por lo que en estas condiciones, el actuar de la recurrida, al solicitar al empleador del actor el descuento de las cuotas adeudadas conforme a la normativa vigente, no puede estimarse ilegal ni arbitrario, desde que se funda en una facultad expresamente prevista por la ley.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento, el conflicto planteado por el recurrente dice relación con la vigencia y exigibilidad de una obligación contractual, cuestión que excede el ámbito cautelar y de urgencia propio de la acción de protección, debiendo ser ventilada en el procedimiento declarativo que corresponda.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-3930-2025 (pvb).