nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE CHOL-CHOL

C.A. de Temuco Temuco, nueve de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°. A folio 1 comparece don ELIAZER POBLETE TORRES, abogado, en representación de doña nombre reservado, trabajadora social, profesional grado 8 del personal de planta perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Cholchol, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Interpone acción constitucional de protección en contra de la IMLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL, por la dictación del Decreto Alcaldicio N° 1.040 de fecha 03 de septiembre de 2025, notificado a SU representada con fecha 02 de octubre de 2025, y en virtud del cual se ordenó la destitución de aquella de su cargo.

En su escrito el recurrente organiza su exposición en tres partes. Primero desarrolla los fundamentos constitucionales que subordinan a la Administración al control judicial. Luego analiza la naturaleza y alcance del recurso de protección como herramienta de fiscalización. Finalmente exponga el caso concreto, estimando que el decreto alcaldicio impugnado contraviene los principios de proporcionalidad, legalidad y humanidad.

En cuanto al tercer aspecto, que centralmente interesa a efectos de la presente resolución, sostiene que el procedimiento ha estado plagado de errores, omisiones y faltas de fundamentación suficiente.

Añade que, durante la investigación, su representada no negó los hechos materiales relacionados con su concurrencia al Casino Dreams de Temuco en diversos días de 2023. Sin embargo indica que explicó, documentó y acreditó que dicha conducta respondía a un cuadro médico de ludopatía diagnosticada y tratada por especialista psiquiátrico. Enfatiza que, por otra parte, se auto excluyó voluntariamente el 27 de junio de 2023 de la posibilidad de continuar asistiendo al mismo.

Explica que La concurrencia al casino se producía en horarios próximos al término de la jornada laboral. Reconoce que en cuatro casos asistió a medio día. En 180 días acudió 14 veces al casino en horario de trabajo, pero en el límite de su horario de salida. Ella era administradora municipal y, por tanto, no tenía horario de asistencia a su trabajo.

Reprocha que, pese a todo lo señalado, el órgano investigador no ponderó ninguna de las atenuantes establecidas en el artículo 11 del Código Penal, ni los principios de colaboración, irreprochable conducta anterior y falta de intención, consagrados en el derecho administrativo sancionador.

Por otra parte, hace presente que los funcionarios de control interno de la Municipalidad difundieron deliberadamente antecedentes de la investigación a terceros. Esto fue denunciado por la ahora recurrente el 28 de agosto de 2025, por vulneración del secreto sumarial.

Estima que la sanción de destitución constituye una medida disciplinaria excesiva y desproporcionada que, por tanto, es arbitraria en los términos expresados en el artículo 20 de la Constitución chilena.

Especificando, sostiene que se vulneró el principio de proporcionalidad porque la municipalidad optó por la máxima sanción posible, sin ponderar: (1) la inexistencia de perjuicio patrimonial al erario, (2) la enfermedad mental diagnosticada, (3) la colaboración activa de la funcionaria y (4) su hoja de vida intachable.

Enfatiza que la ludopatía altera las funciones cognitivas y emocionales, reduciendo la capacidad de control de impulsos.

Pide considerar que detrás de este expediente no hay un número de funcionario, sino una mujer, madre, hija y servidora pública.

Concluye solicitando que se acoja la acción constitucional deducida y que se declare nulo el acto impugnado.

Acompaña los documentos que detalla.

2°. A folio 11 evacúa informe la Ilustre Municipalidad de Cholchol.

En primer lugar argumenta que la acción de protección fue deducida en forma extemporánea. Recuerda que el acto recurrido es el Decreto Alcaldicio N° 1.040 de fecha 3 de septiembre de 2025, de la Municipalidad de Cholchol, que aprueba vista fiscal y sumario administrativo ordenado mediante el Decreto Alcaldicio Nº 626 de fecha 04 de junio 2025 y a su vez, resuelve aplicar a la actora, doña nombre reservado, inculpada en dicho sumario administrativo, la medida disciplinaria de destitución, resuelve denuncia y ordena su notificación.

Al respecto niega que dicho Decreto Alcaldicio haya sido notificado el 2 de octubre de 2025, como afirma la recurrente. En realidad le fue notificado en forma personal el mismo día 3 de septiembre de 2025. Adjunta imagen del documento en que consta la notificación, firmado por la ahora recurrente, precisamente de fecha 3 de septiembre de 2025. Por tanto, concluye, se ha excedido el plazo de 30 días corridos, establecido por el Auto Acordado de la Corte Suprema, para deducir esta acción constitucional.

En segundo lugar, y en cuanto al fondo, hace presente que, en virtud de diversas denuncias, la Contraloría Regional de La Araucanía emitió el Oficio N° E91582/2025 de fecha 04 de junio de 2024. En este documento, la CGR abordó los antecedentes denunciados y estableció observaciones respecto a las materias analizadas. El órgano contralor evidenció que en 14 ocasiones dentro de un plazo de 180 días del año 2023, doña nombre reservado asistió al casino, lo que ocurrió durante su jornada laboral. De este modo, contravino el principio de probidad administrativa, el deber de cumplir con la jornada de trabajo y el desempeño permanente del cargo. Por lo mismo, dispuso que la Municipalidad instruyera el respectivo procedimiento disciplinario.

La misma Contraloría ordenó que se determinaran los montos adeudados por aquella inasistencia a sus funciones por parte de la recurrente. Y, además resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público.

Enseguida denuncia las omisiones del recurrente en su escrito: la asistencia al casino fue en horario laboral, se vulneró el principio de probidad administrativa y el mandato expreso de la Contraloría en orden a instruir el sumario.

En cuanto a la ludopatía alegada por la recurrente, afirma que el único antecedente médico adjunto, Informe Diagnóstico Médico Psiquiatra de junio de 2025, fue emitido con posterioridad a los hechos investigados (año 2023). Además, solo sugiere iniciar psicoterapia. Empero, no prueba que la funcionaria estuviera enferma o en tratamiento en las fechas de las 12 visitas al Casino constatadas en el sumario. Se refiere también a las dos testigos presentados por la ahora recurrente, ninguna de las cuales tenía conocimiento de incumplimientos en la jornada de trabajo de esta última para asistir al casino. Por último, respecto del certificado de autoexclusión del casino, emitido por la Superintendencia de Casinos de Juegos, entiende que no reemplaza un certificado médico que acredite la patología alegada.

Enfatiza que el sumario concluye que la medida disciplinaria de destitución resulta pertinente, necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos, por haberse infringido gravemente la probidad administrativa. Concluye también que en el ordenamiento jurídico se contempla una sanción específica para quienes incurren en graves infracciones a la probidad: la destitución conforme al Artículo 120, letra d), de la Ley N° 18.883.

Recuerda también que la ahora accionante de protección dedujo recurso de reposición con fecha 9 de septiembre de 2025, en contra del Decreto Alcaldicio N° 1.040, que aplicó la sanción de destitución. Mediante Decreto Alcaldicio N° 1.127 de fecha 2 de octubre de 2025 se rechaza dicho recurso de reposición.

A continuación rechaza las alegaciones de falta de fundamentación, destacando que la recurrente no explica en qué habría consistido aquello. Por el contrario, la fundamentación se encuentra en el requerimiento de la Contraloría Regional y en los antecedentes acreditados durante la sustanciación del sumario.

Destaca que la parte recurrente nunca individualizó ni alegó formalmente ninguna atenuante durante el sumario administrativo, tal como consta en el expediente.

Por último, y en cuanto a la deliberada entrega de antecedentes del sumario a terceros por parte de funcionarios de control, no es una afirmación temeraria. En efecto, aquella denuncia se presentó el 1 de agosto de 2025, pero la vista fiscal fue entregada al Alcalde el 27 de agosto del mismo año, concluyendo en esta fecha la función de la fiscal sumarial. Por lo demás, la información supuestamente difundida no formaba parte exclusiva del secreto sumarial.

Concluye solicitando que se rechace el recurso de protección por extemporáneo o, en su defecto, por improcedente y no afectarse derechos fundamentales de la recurrente.

Adjunta la documentación que detalla.

3°. Con fecha 4 de marzo de 2026 se procedió a la vista de la causa, oportunidad en la que alegó el abogado Eliazer Poblete, por el recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Acto u omisión ilegal o arbitrario, derechos vulnerados y pretensión del accionante. De acuerdo con lo señalado en lo expositivo de la presente sentencia, la acción que se considera ilegal o arbitraria es la dictación del Decreto Alcaldicio número 1.040 de fecha 03 de septiembre de 2025, de la <Municipalidad de Cholchol, en virtud del cual se ordenó la destitución de la recurrente de su cargo.

Los hechos denunciados constituyen, a juicio del accionante, una vulneración de los derechos fundamentales estatuidos en el artículo 19, números 2, 3, inciso quinto, 4, en relación a la honra, y 24 de la Constitución Política de la República.

A partir de tales alegaciones, y en suma, solicita que se deje sin efecto el acto administrativo municipal impugnado.

SEGUNDO: Procedencia de la acción de protección. La acción constitucional de protección se encuentra prevista en el artículo 20 de la Constitución. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por un tercero a su nombre.

Los requisitos de procedencia de esta acción cautelar, expresados en el mencionado artículo 20, son los siguientes:

1) Que exista una acción o una omisión que pueda ser sometida a la acción de protección.

2) Que la conducta sea ilegal o arbitraria, esto es, contraria al ordenamiento legislado o que sea consecuencia del mero capricho, o que carezca de razonabilidad, lógica o proporcionalidad.

3) Que la conducta lesione, mediante privación, perturbación o amenaza, el legítimo ejercicio de derechos fundamentales incluidos en el artículo 20 de la Constitución.

Para que la Corte pueda acoger la acción de protección deducida es necesario que se cumplan cada uno de los señalados requisitos. Por ello, deberán analizarse en ese mismo orden.

A lo mencionado deben agregarse ciertas exigencias procesales. Entre ellas, y en lo que interesa a la presente causa, la acción debe deducirse “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos” (Auto Acordado N° 94-2015, de la Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, de fecha .17 de julio de 2015, párrafo 1°).

La Corte se pronunciará, en primer lugar, sobre la alegada extemporaneidad de la acción deducida. Solo una vez despejada dicha cuestión se pronunciará sobre los problemas de fondo planteados por las partes.

TERCERO: Extemporaneidad en la interposición de la acción de protección. La Municipalidad de Cholchol ha alegado extemporaneidad en la interposición de la acción constitucional de protección.

Funda esta alegación en que el Decreto Municipal impugnado es el N° 1.040 de fecha 03 de septiembre de 2025. Según imagen que acompaña, dicho acto administrativo municipal habría sido notificado con la misma fecha. En consecuencia, su notificación a la ahora recurrente no se habría producido el día 2 de octubre de 2025, como alega esta última.

Al respecto esta Ilustrísima Corte hace presente que la propia Municipalidad reconoce que el referido Decreto Alcaldicio fue impugnado mediante recurso de reconsideración por la propia sancionada. Esto ocurrió con fecha 9 de septiembre de 2025. Y mediante Decreto Alcaldicio N° 1.127 de fecha 2 de octubre de 2025 se rechazó dicho recurso de reposición.

Pues bien, el presente proceso constitucional es de carácter desformalizado y con efecto de cosa juzgada formal. En dicho contexto, lo relevante es el cómputo del plazo desde el acto terminal que supuestamente lesiona los derechos fundamentales del recurrente. Es este acto el que confirma la sanción que se desea revertir. Y es el que en definitiva lesionaría los derechos fundamentales invocados por el accionante de protección, que es la cuestión a dilucidar por parte de esta Ilustrísima Corte.

De este modo, el cómputo del plazo puede entenderse iniciado en la fecha del acto de término, es decir, el 2 de octubre de 2025, y no en la fecha de notificación del Decreto Alcaldicio que fue mencionado en el recurso.

Por lo expuesto deberá rechazarse la alegación de extemporaneidad invocada por la Municipalidad, debiendo analizarse el fondo de la acción de protección. Esto implica evaluar los tres requisitos cuya copulativa concurrencia permitiría acoger este remedio constitucional.

CUARTO: Hechos del caso. Son hechos no controvertidos en la presente causa constitucional los siguientes:

1) Que la Sra. nombre reservado concurrió al casino Dreams de Temuco, a jugar y apostar, en 14 oportunidades dentro del primer semestre de 2023 y durante su jornada de trabajo.

2) Que la Municipalidad instruyó un sumario administrativo por tales hechos, a requerimiento de la Contraloría Regional de La Araucanía.

3) Que durante la sustanciación del referido sumario la sumariada y ahora recurrente pudo formular sus alegaciones y descargos, como así también presentar prueba a su favor.

4) Que no existe documentación médica que acreditara que la recurrente padeciera la enfermedad denominada ludopatía a la época en que se verificaron los hechos indicados en el precedente número 1).

QUINTO: El decreto Alcaldicio que cierra un sumario como objeto de la acción de protección. Un primer problema que debe ser resuelto por esta Ilustrísima Corte consiste en determinar si el Decreto Alcaldicio mediante el cual se adopta una sanción disciplinaria en el marco de un sumario administrativo, puede ser sometido a revisión constitucional mediante la acción de protección. En otras palabras, se trata de determinar si esa clase de actos administrativos municipales se encuentran incluidos en la expresión “acción u omisión” a que se refiere el artículo 20 de la Constitución.

Al respecto se debe hacer presente que la expresión “acción u omisión” incluida en el artículo 20 de la Constitución incluye tanto actos materiales como jurídicos. Estos últimos, por su parte, pueden provenir de sujetos particulares o de entidades públicas. En el caso de estas últimas, es especialmente aplicable a todos los órganos y servicios que forman parte de la Administración del Estado.

SEXTO: Posición de la Corte Suprema. Sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, conviene recordar la jurisprudencia constante asentada por la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia. En particular, respecto de la evaluación que debe hacer esta Ilustrísima Corte en casos como el presente.

En este sentido, el tribunal vértice de la jurisdicción ordinaria ha declarado que la revisión en sede de protección no puede extenderse a cuestiones de mérito de las actuaciones desarrolladas durante un sumario administrativo. En particular, a la proporcionalidad de la medida aplicada.

Por el contrario, la evaluación en sede de protección sí debe extenderse a revisar el cumplimiento de la legalidad y razonabilidad en la sustanciación y decisión del sumario.

Al respecto ha expresado la Corte Suprema:

“Que, a mayor abundamiento, esta Corte Suprema reiteradamente ha resuelto que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades (causas Rol N° 18.823-2019, N° 97.284-2020, N° 150.201-2020, N° 135.620-2022 y N° 137.862-2022, entre otras)” (sentencia de fecha 23 de enero de 2026, recaída en la causa rol 55.211-2025, considerando cuarto).

En el presente caso el recurrente pretende, precisamente, que se evalúe el mérito de la actuación del ente municipal, es decir, si la ponderación que condujo a la sanción es adecuada o no a los hechos no controvertidos.

SÉPTIMO: Improcedencia de revisar los demás requisitos de la acción de protección. De acuerdo con lo expuesto, no se cumple el primero de los requisitos que hace procedente la acción de protección deducida. Por ese solo hecho deberá ser desestimada, tornándose innecesaria la revisión de los demás requisitos de procedencia de la acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, SE DECLARA:

Que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección deducida en esta causa por don ELIAZER POBLETE TORRES, abogado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Sentencia redactada por el abogado integrante señor Luis Iván Díaz García.

Rol N° Protección-3927-2025.(jog)