nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, veintisiete de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, cedula nacional de identidad N°RUT reservado, trabajadora social y funcionaria de la Dirección del Trabajo en la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la DIRECCION DEL TRABAJO, RUT:RUT reservado, representada por su Director Nacional don PABLO MARCIAL ZENTENO MUÑOZ, RUT: RUT reservado, de profesión abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, RUT: RUT reservado, del giro de su denominación, representada por su Gerente General don nombre reservado, Ingeniero Comercial, cédula de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio legal en domicilio reservado, Región Metropolitana, denunciando la vulneración de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 Nºs 1°, 2°, 3° inciso quinto, y 24 de la Constitución Política de la República, como consecuencia del proceder arbitrario e ilegal del recurrido, en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer: I. ANTECEDENTES DE HECHO QUE MOTIVAN LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN. Con fecha 29 de marzo de 2018 solicitó un crédito en la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, suscribiendo el pagaré Nº 124CON200746009 por la suma de $7.306.569 por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.010. Dicha obligación debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $202.997.- (doscientos dos mil novecientos noventa y siete), venciendo la primera de ellas el 31/05/2018, y la última el 30/04/2022, las cuotas del crédito debían ser descontadas por planilla, pero a mediados del 2018 la Dirección del Trabajo comenzó a aplicar el dictamen N° 3646 de fecha 02-II-2017, de la Contraloría General de la República, sobre “descuento de remuneraciones, créditos sociales, cajas de compensación, límite legal”, pronunciamiento que obliga a los servicios públicos a respetar el límite legal de 15% establecido en el Estatuto Administrativo para descuentos voluntarios, por lo que la Dirección del Trabajo dejó de descontar las cuotas de su remuneración. Es importante mencionar que, debido a problemas económicos y familiares, no pudo seguir pagando la obligación económica adquirida con la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, asunto que fue judicializado por dicha entidad haciendo exigible la totalidad de la deuda mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, causa en actual tramitación en el 3° Juzgado Civil de Temuco. El 20 de enero de 2023, mediante mensaje de correo electrónico, la Coordinadora de Gestión Global de Soporte de la Dirección Regional del Trabajo de la Araucanía, Sra. nombre reservado, informó que el proceso de pago de remuneraciones de enero 2023, fue generado 100% a través del nuevo sistema PyR. Llegado el lunes 23 de enero, ingresó a revisar su liquidación de sueldo, advirtiendo que se había efectuado un descuento de $423.525.- (cuatrocientos veintitrés mil quinientos veinticinco pesos) por concepto “descuento caja”, ante esta situación irregular se comunicó mediante correo electrónico con la Coordinadora nombre reservado, con la Unidad de remuneraciones y con el departamento gestión y desarrollo de personas, quien le respondió lo siguiente: De acuerdo a lo informado por la Jefa de la Unidad de Personal, pongo en su conocimiento: Comentarte que no procede hacer devolución toda vez que se encuentra informada por la Caja de Compensación los Andes, la única forma de detener el descuento es: - Que dicha entidad no la informe en los descuentos. - Carta formal que señale que la morosidad está judicializada, firmada por la entidad.

De la respuesta de la Jefa de la Unidad de Personal de la Dirección Nacional del Trabajo, se desprende claramente que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes sigue informando mes a mes el crédito para que la Dirección del Trabajo realice el referido descuento. Es del caso hacer presente que, en varias oportunidades expresó su negativa a que se cursara dicho descuento en las oportunidades en que se le notificó que se volvería a efectuar, haciendo presente que el servicio debía dar cumplimiento al límite legal del 15%, sin embargo, esta vez el descuento igualmente fue efectuado con fecha 23-01-2023, sin previo aviso. ACTO ARBITRARIO E ILEGAL DEL RECURRIDO. Límite legal para descuentos voluntarios en las remuneraciones de los servidores públicos. Que, el artículo 96 de la ley N° 18.834, en su inciso primero, prohíbe rebajar de las rentas del empleado otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente en las leyes. Luego, el inciso segundo de dicha norma, agrega que el jefe superior de la institución, a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de los emolumentos de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, los que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Por su parte, la Contraloría General de la República en dictamen N° 3.646 Fecha: 02-II-2017, reconsideró toda la jurisprudencia administrativa vigente hasta esa época sobre esta materia, estableciendo que: “Al respecto, es necesario considerar que el artículo 93 de la citada ley N° 18.834 dispone que los funcionarios tendrán derecho a percibir por sus servicios las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la ley, en forma regular y completa, lo que, en armonía con el referido artículo 96 del mencionado estatuto, permite colegir que la intención del legislador, ha sido proteger la integridad de los estipendios de sus servidores, mediante la fijación de un límite a las deducciones voluntarias que puedan afectarlos. Ahora bien, en relación a este punto, es necesario realizar una precisión respecto de cuáles descuentos tienen el carácter de legales, y por ende, quedan, de manera excepcional, exentos del referido límite fijado por la ley. En efecto, según se advierte del tenor del artículo 96 de la ley N° 18.834, dicho precepto distingue, por una parte, los descuentos que tienen su origen en un mandato legal, respecto de los cuales tanto la obligación como el monto de la misma se encuentran expresamente señalados en la norma, de modo que en su determinación no incide la voluntad del deudor; y por otra, las rebajas que deriven de la sola decisión de este último. Así, en el caso de aquellos descuentos que sean permitidos por el legislador, pero cuyo monto específico, en definitiva, sea fijado por acuerdo entre el empleado y su acreedor, éste último elemento es el que define su carácter voluntario, y por ende, hace aplicable a su respecto el límite del 15% antes mencionado.

El descuento realizado por la Dirección del Trabajo a la remuneración a su remuneración (sin autorización), constituye un acto contrario a la ley, toda vez que, el artículo 96 de la ley N° 18.834, en su inciso segundo agrega que, el jefe superior de la institución, a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de los emolumentos de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, los que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración, ahora bien, en este caso particular la Dirección del Trabajo no consideró su negativa a que se cursara el descuento ni el límite legal establecido en el Estatuto Administrativo, ósea, acá el recurrido cursó el descuento a pesar de la inexistencia de los requisitos o presupuestos establecidos en el artículo 96, ya citado, que habilitan al jefe del servicio para efectuar descuentos voluntarios.

Estima que la además, la judicialización del cobro del crédito por parte de Caja de Compensación Los Andes, la inhabilita para realizar su cobro extrajudicialmente informando el descuento de la cuota respectiva al empleador. Lo que aconteció en el caso de autos, es que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, al judicializar el cobro del total del crédito haciendo efectiva la cláusula de aceleración, según consta en causa Rol N° C- 6186-2018, del 3° Juzgado Civil de Temuco, en actual tramitación, sustrajo su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende paralelamente ejercer habiendo transcurrido más de 4 años desde que dedujo la acción de cobro ejecutivo, retomando los descuentos de dicho crédito para obtener el pago de la obligación, la caja en cuestión ha informado mes a mes a la Dirección del Trabajo para que efectué el descuento, intentando revivir un cobro basado en un beneficio que se concede en el artículo 22 de la ley 18.833, ante cobros oportunos, de modo que tratándose de una facultad excepcional que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva. DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE SE HAN CONCULCADO Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona Se funda el presente Recurso de Protección, entre otras, en la vulneración de la garantía establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. Conforme con lo expuesto, los actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, afectan seriamente la garantía señalada, puesto que han generado en la recurrente un quiebre emocional y preocupación sobre su futuro y economía familiar. Lo anterior importa, que la actuación del recurrido, además de ser ilegal, constituye una actuación arbitraria por cuanto no sólo afecta la integridad física y psíquica de la recurrente, sino que también amenaza su vida familiar y emocional, vulnerando no sólo las garantías protegidas por la Constitución, sino que también lo dispuesto en los tratados internacionales antes mencionados. La igualdad ante la ley Se encuentra garantizada en el artículo 19 Nº 2 de nuestra Carta Fundamental, así las cosas, esta garantía ocupa un lugar destacado en nuestro ordenamiento constitucional, asegurando a todas las personas la igualdad ante la ley. Los actos arbitrarios e ilegales de los recurridos afectan la garantía de igualdad ante la ley de la recurrida, desde el momento en que no existe justificación racional o razonable para proceder en forma que lo hicieron, esto es, sin respetar la legislación vigente ni los dictámenes de la Contraloría General de la República sobre la materia. Derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República. La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes cuando informa para descuento las cuotas de un crédito social cuyo cobro se encuentra judicializado, intentando obtener el pago por medio de la autotutela. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. El articulo 19 numero 24 asegura la propiedad en sus diversas especies y, por ello, puede ser individual o comunitaria, particular o estatal; o con todos los atributos del dominio o con solo algunos. Como ya se ha referido, lo que aquí se afecta, en cuanto al derecho de propiedad, es la privación de una parte de su remuneración sin que haya mediado un racional y justo procedimiento que autorice de manera fundada la aplicación del referido descuento, ya que no existe fundamento legal alguno que justifique su proceder discriminatorio y arbitrario.

Por ello pide, acoger el recurso y declarar: definitiva a) Que, se ordene a la Dirección del Trabajo cesar inmediatamente todo tipo de retención o descuento de su remuneración por concepto de crédito social Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y dar cumplimiento al dictamen N° 3646 de fecha 02-II-2017, de la Contraloría General de la República, sobre “descuento de remuneraciones, créditos sociales, cajas de compensación, límite legal”, pronunciamiento que obliga a los servicios públicos a respetar el límite legal de 15% establecido en el Estatuto Administrativo para descuentos voluntarios. b) Que, se ordene a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y/o a la Dirección del Trabajo a restituir a la recurrente los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción. c) Que, se ordene a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes se abstenga de forma definitiva de informar a la Dirección del Trabajo el descuento por concepto de crédito social de la recurrida. d) Que, se adopten las medidas necesarias para que esta recurrente no sea objeto de represalias con ocasión de la interposición de este recurso, tales como despido o un cambio de unidad que vaya en desmedro de mi integridad profesional. e) Que, se condene en costas a los recurridos. Acompaña: 1. Liquidación remuneración mes de enero de 2023. 2. Correo electrónico respuesta de la Coordinadora Sra. nombre reservado. 3. Correos en que manifiesto negativa a que se efectué el descuento caja los andes. 4. Dictamen N° 3646 de fecha 02-II-2017, de la Contraloría General de la República, sobre “descuento de remuneraciones, créditos sociales, cajas de compensación, límite legal”. 5. Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema, el 19 de marzo de 2018, en causa Rol N° 35.110-2017, que rechazó los recursos de protección intentados por las Cajas de Compensación Los Héroes, Los Andes, 18 de Septiembre y La Araucana en contra de la Contraloría General de la República.

A su turno comparece don nombre reservado, abogado, por la recurrida, la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, informando: ANTECEDENTES DE HECHO. La recurrente, funcionaria de la Inspección Comunal del Trabajo de Villarrica, con fecha 29 de marzo de 2018 solicitó un crédito en la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes. Con fecha 9 mayo de 2018, comienza la vigencia de la Circular N°3355 de la Superintendencia de Seguridad Social (ya derogada por la actual Circular 3567 del año 2021), la cual recoge el cambio de la jurisprudencia de Contraloría General de la República (en adelante, Contraloría o CGR), donde se incorporan dos modificaciones de importancia: i) los créditos sociales son voluntarios, y por tanto, el tope de descuentos es del 15% de la remuneración mensual; ii) al ser voluntarios, es necesaria una la petición escrita del interesado al jefe superior del servicio autorizando el descuento. Por lo tanto, al momento de solicitar el crédito, aún se encontraban vigentes las instrucciones anteriores, no siendo aplicable para el caso concreto el cambio jurisprudencial introducido por la CGR. La Sra. nombre reservado informó vía correo electrónico, primero que no autorizaba el descuento ya que realizaría el pago directo a la Caja de Compensación; en un segundo momento, indica que no autoriza el descuento por que iniciaría un Procedimiento de Reorganización establecido en la Ley 20.720; luego, en una tercera instancia en el año 2021, indica por la misma vía que no autoriza el descuento ya que pagaré en que consta el crédito se encuentra prescrito. Cabe precisar que la recurrente no acompañó ningún tipo de antecedente que sustentaran sus afirmaciones. En el año 2022 se vuelve a consultar a la Sra. nombre reservado por el estado de su crédito, ya que la Caja continuaba informando mensualmente el crédito social adeudado. Así en mayo de 2022, la recurrente indica que se acogió al Procedimiento de Reorganización, que está viendo el tema directamente con la Caja, que aún no tiene una resolución judicial que pueda acompañar. En esta ocasión tampoco hace llegar ningún documento o antecedente. Los meses de mayo a julio de 2022, debido a variadas consultas de funcionarios de este Servicio y de las asociaciones de funcionarios, nos dimos cuenta de que la Caja de Compensación tenía “bloqueada” a la Dirección del Trabajo y a todos los funcionarios afiliados (aproximadamente 1200 trabajadores a nivel nacional), debido a deudas pendientes de funcionarios que datan del año 2018. Este bloqueo se tradujo en la imposibilidad para los afiliados de solicitar créditos sociales, créditos educaciones y acceder a otras prestaciones de la Caja de Compensación. Por lo mismo, el 11 de agosto de 2022, se envía una Carta N°1 a la Caja Los Andes, solicitando el desbloqueo por las cobranzas pendientes, ante lo cual recibimos respuesta formal con fecha 27 de septiembre de 2022. Luego de estas comunicaciones, este Servicio comenzó el proceso de regularizar la situación, instando a la reprogramaron de los créditos directa entre los funcionarios y la Caja de Compensación; notando que existían funcionarios que no se encontraban en las planillas de descuento a pesar haber solicitado créditos sociales -dentro de los que se encontraba la recurrente-; sistematizando la fechas de los créditos sociales, para tener claridad cuál era el criterio aplicable en atención a la modificación jurisprudencia de la CGR. A propósito de este proceso de regularización, en enero de 2023 la Caja Los Andes “desbloqueó” a la Dirección del Trabajo, permitiendo a los más de 1.200 trabajadores acceder a los beneficios y prestaciones. Para el mes correspondiente a enero de 2023, la Caja entrega nómina mensual informando las retenciones que deben hacerse, dentro de la cual se encontraba la recurrente. Nuestra obligación como entidad empleadora es retener y enterar los dineros, y si llegase a existir un error o situación especial, es el propio funcionario quien debe levantar estas inquietudes. Por lo mismo, ante el reclamo presentado por la recurrente vía correo electrónico, se le responde que debe acompañar antecedentes que den cuenta del error o ilegalidad que está cometiendo la Caja al incluirla en la lista de funcionarios a quien retener remuneración por conceptos de créditos sociales. Estas nóminas de descuento nos informan tan solo el monto de la deuda, y no tenemos como saber que existen trámites paralelos o pendientes. Por lo mismo es que la única manera de que no se cobre el crédito social, es que i) no sea informado por la Caja ii) que aporte antecedentes que den cuenta que la causa se encuentra judicializada. La Sra. nombre reservado no acompaña antecedente alguno, por lo cual se realizan los descuentos los meses de enero y febrero de 2023. Cabe señalar, que a pesar de haber informado que iba a iniciar un proceso de liquidación voluntaria, nunca presentó documentos al respecto, ni tampoco sobre judicialización de la deuda por parte de La Caja o bien comprobantes de pago directo del crédito. EL ACTUAR DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO ES LEGAL. La actuación de la Dirección del Trabajo se ajusta a la normativa que regula la materia discutida. Dada la fecha de otorgamiento del crédito social solicitado por la recurrente -29 marzo 2018-, no le es aplicable el cambio jurisprudencial de la Contraloría General de la República, por lo cual, tanto el tope del 15% como la autorización escrita de descuento dirigida al jefe superior del servicio público no son límites ni requisitos que deban concurrir para el caso concreto. Para entender de manera clara, a continuación se citan las normas atingentes además de las jurisprudencia administrativa pertinente. En el Estatuto Administrativo, Art. 96, a propósito de la protección de las remuneraciones, establece que: “Artículo 96.- Queda prohibido deducir de las remuneraciones del funcionario otras cantidades que las correspondientes al pago de impuestos, cotizaciones de seguridad social y demás establecidas expresamente por las leyes. Con todo, el jefe superior de la institución, Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, y a petición escrita del funcionario, podrá autorizar que se deduzcan de la remuneración de este último, sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza, pero que no podrán exceder en conjunto del quince por ciento de la remuneración. Si existieren deducciones ordenadas por el sistema de bienestar, el límite indicado se reducirá en el monto que representen aquéllas.” Por su parte, los créditos sociales se encuentran regulados en la Ley 18.833 ESTABLECE UN NUEVO ESTATUTO GENERAL PARA LAS CAJAS DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR (C.C.A.F.). “Artículo 19.- Corresponderá a las Cajas de Compensación la administración de prestaciones de seguridad social. Para el cumplimiento de este objeto desempeñarán las siguientes funciones. 3.- Administrar, respecto de los trabajadores afiliados, el régimen de prestaciones de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias que se establezcan en conformidad a la presente ley; Artículo 22.- Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.” (Destacado propio) A su vez, la Superintendencia de Seguridad Social, establece por medio de circulares la regulación específica de los procedimientos respecto a los créditos sociales. En específico, la Circular N°2052 del 10 abril de 2003. En el año 2017, la Contraloría General de la República, realiza un cambio en su jurisprudencia respecto de los créditos sociales de los funcionarios públicos, por medio del Dictamen N°3646 de 2 de febrero de 2017, complementado por el Dictamen N°8591 de 13 marzo de 2017. Precisa el Dictamen N°3646 que solamente tendrá efectos a futuro: “En consecuencia, se reconsideran, en lo atinente, los dictámenes N°s. 40.227, de 2010 y 25.320, de 2013, de este origen, y todos aquellos que resulten contrarios a lo expuesto en el presente oficio, debiendo agregarse que cuando se verifica un cambio de jurisprudencia, como en la especie, sin perjuicio de favorecer a quienes lo motivaron, el nuevo criterio solo tiene efectos para el futuro. Por lo tanto, es desde esta fecha que son obligatorios para este Servicio los Dictámenes de la CGR. Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social, recoge las modificaciones, y emite la Circular N°3355 de 23 de abril de 2018, que entró en vigencia el 9 de mayo de 2018, una vez que se notificó el decreto que manda a cumplir el fallo de la Excma. Corte Suprema. Esta norma modifica la anterior Circular N°2052 de 2003, en materia de solicitud y otorgamiento de créditos sociales, tratándose de funcionarios de organismos públicos que se rijan por la Ley 18.834, estableciendo que al tratarse de funcionarios públicos i) el porcentaje máximo de descuento mensual no podrá exceder el 15% de la remuneración del afiliado, limite previsto por el Art. 96 del Estatuto Administrativo para los descuentos de carácter voluntario; ii) el funcionario debe solicitar el descuento de manera escrita, dirigida al Jefe de Servicio, quien autoriza el descuento.

En definitiva, el crédito social solicitado por la recurrente, no le aplica el cambio jurisprudencial referido. Así, luego del proceso de regularización ya relatado en el apartado anterior, en enero de 2023, se recibió el listado con todos los funcionarios que corresponde realizar descuento, dentro de los que se encontraba nombre reservado. Es preciso recordar que estos créditos sociales son voluntarios, y se tratan de un acuerdo entre el funcionario público y la Caja de Compensación, donde este Servicio actúa únicamente como entidad que descuenta, retiene y remesa los dineros informados, sin que exista posibilidad de cuestionar o impugnar estos listados, ya que ni siquiera tenemos información detallada ni las características de las prestaciones contratadas entre las partes del crédito social. Así, informado por la Caja de Compensación, ellos deben realizar la retención. Asimismo se afirma que la funcionaria nunca hizo llegar al Servicio antecedente alguno que dé cuenta de la situación planteada, por lo cual no era posible detener los descuentos y retenciones, ya que su crédito social no se encuentra afecto al tope de 15% ni a la necesidad de autorización escrita, por lo cual un correo electrónico negando su autorización para descontar es insuficiente para detener las retenciones, debido a que esto llevaría nuevamente a un estado de incumplimiento con la Caja de Compensación. En este sentido, conviene recordar la doctrina vigente de la Contraloría en la materia, que señala que “Las deudas contraído por los servidores públicos con cajas de compensación por concepto de créditos sociales, no requieren la autorización previa de los interesados, quedando al margen de la restricción impuesta por el inciso segundo del artículo 96 del Estatuto Administrativo, toda vez que su descuento tiene el carácter de mandato legal.” (Dictámenes N°5.912/2012, 73.617/2015, 8.591/2017) EL ACTUAR DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO NO ES ARBITRARIO La actuación de este Servicio no es arbitraria, toda vez que responde a la necesidad de regularizar y permitir el acceso de las prestación y beneficios de todos los funcionarios afiliados a la Caja Los Andes, evitando morosidades e incumplimiento por parte del Servicio a la normativa vigente que puedan acarrear afectación patrimonial de los recursos públicos. En este caso, no basta con que el recurrente este en desacuerdo con la decisión de la autoridad o con los criterios de gestión del Servicio, para que los actos de ésta se tornen irracionales o arbitrarios. No se le puede exigir a esta Dirección que no realice los descuentos con su simple declaración. Como ya se señalado, ellos actúan como entidad retenedora que luego remesa los dineros a quien corresponda, dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Eso es lo que se debe hacer como Servicio y no otra cosa, ya que únicamente actuamos según lo permite la normativa en cuestión. No pueden exceder nuestras atribuciones.

De esta manera, no existe amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales invocadas en su recurso esencial en la acción de protección constitucional, es la existencia de privación, perturbación o amenaza de los derechos del recurrente. Por lo mismo, a continuación, se descarta que el accionar de esta Dirección haya vulnerado los derechos alegados en el recurso.

Por ello pide, tener por informado y rechazar en todas sus partes el recurso de protección en lo que dice relación con la Dirección del Trabajo, con expresa condenación en costas.

Finalmente se apersona don nombre reservado abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, informando: con fecha 29.03.2018, se otorgó a la señora nombre reservado el crédito código 124CON200746009, por la suma de $7.306.569.- en un plazo de 48 meses, y su primera cuota asciende a $202.997.-, cuyo primer vencimiento fue el 31 de mayo de 2018. 2. Las cuotas del mes de mayo de 2018 a abril de 2022, (1 a 48), se encuentran en mora. 3. Esta Caja con fecha 03.02.2023, 07.03.2023 y 03.05.2023., recibió la suma de $423.525 y $195.793.- y $313.194.-, conformando un total por $932.512.- 4. No obstante, a lo anterior, dicha suma no se encuentra imputada en el crédito en cuestión, quedando de esta manera disponible en cajas pagadoras para su devolución al titular, de acuerdo a la orden de no innovar decretada en el recurso de marras. En consecuencia, el crédito es plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Resulta útil señalar que si bien en la actualidad las Cajas de Compensación intervienen como agentes económicos en el mercado financiero otorgando préstamos en dinero, su sistema crediticio, a diferencia de otras instituciones, se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley N° 18.833 les ha determinado. Cabe recordar que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. El régimen de prestaciones de las mismas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, de acuerdo al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de las comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley. En otras palabras, en cuanto a su financiamiento, administración e inversiones, se trata de un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial, pues está destinado al cumplimiento de fines específicos establecidos por la propia ley. Es por ello que el artículo 26 N° 3 de la ley ya citada expresamente prohíbe a las Cajas de Compensación destinar sus recursos a finalidades no autorizadas por ella. Dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Estima que el actuar de su representada responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo, los cuales no resultan obstados por la interposición de una acción ejecutiva, sobre todo si ésta ha sido interpuesta con anterioridad a la reanudación de las retenciones para el cobro de las cuotas adeudadas. LA OBLIGACIÓN ES ACTUALMENTE EXIGIBLE – LA PRESCRIPCIÓN DEBE SER DECLARADA JUDICIALMENTE. Tal como se ha señalado anteriormente en esta presentación, mi representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada. Reitera que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho. Insiste en que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento. DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Respecto a la supuesta vulneración al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, no es procedente debido a que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Por ello, pide tener por evacuado el informe solicitado, y en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección intentado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que no existe controversia entre las partes que el acto denunciado corresponde al descuento de un crédito social solicitado por la recurrente a la Caja de Compensación Los Andes, el cual se encontraría actualmente judicializado.

CUARTO: Que resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento del presente arbitrio constitucional que:

1.- La recurrente solicitó un crédito social en la Caja Los Andes, suscribiendo un pagaré el 29 de marzo de 2018 por la suma de $7.306.569 a favor de la misma Caja de Compensación.

2.- En dicho contexto, esta última informó a la empleadora de la actora, Dirección del Trabajo, Inspección Comunal de Villarrica, esta deuda y solicitó se reanudaran los descuentos por planilla.

3.- Que existe una causa ejecutiva en actual tramitación, rol C-6186-2018 del Tercer Juzgado Civil de Temuco, en la cual la Caja de Compensación Los Andes, habría demandado el pago del pagaré suscrito por la actora.

QUINTO: Que, el artículo 22 de la Ley 18.833, que establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), señala que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Además, dicha normativa también permite que pueda perseguirse el cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social que administra, dirigiéndose en la forma que todo acreedor debe y puede hacerlo para obtener el cobro de sus acreencias.

SEXTO: Que de esta manera, puede concluirse que la empleadora de la recurrente, esto es, la Dirección del Trabajo, al constituirse en un mero agente retenedor, no estaba en condiciones de cuestionar la legitimidad del descuento ordenado por la Caja de Compensación Los Andes a una de sus trabajadoras, por lo que su actuación resulta ser un mecanismo de pago autorizado expresamente por la ley del ramo.

En consecuencia, ninguna ilegalidad ni arbitrariedad puede atribuirse a la recurrida Dirección del Trabajo y por ende, la presente acción constitucional no podrá ser acogida a su respecto.

SEPTIMO: Que distinto es el caso de la acreedora Caja de Compensación Los Andes, puesto que tal como consta de los antecedentes aportados a los autos, dicha institución inició un procedimiento judicial de cobro de pagaré en contra de la deudora nombre reservado, el cual se encuentra en actual tramitación, por lo que al continuar incluyendo dentro de la nómina para descuentos a la actora, aun habiendo iniciado acciones legales en su contra, lo que pretende es perseguir por dos vías coetáneas, el pago de una misma obligación, desde que ha quedado acreditado que la Caja de Compensación recurrida, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo éste del ámbito extrajudicial que ahora insiste en retomar mediante los descuentos de dicho crédito- obtenido en el año 2018- el presente año 2023.

Tal conducta conduce necesariamente a calificar de arbitraria su actuación, al pretender revivir un cobro/descuento basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en el caso de autos, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que –como ya se señaló-, la recurrida interpuso una acción ejecutiva para perseguir el pago de la obligación respectiva, la que se encuentra en etapa de discusión.

OCTAVO: Que, el respeto del principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución y las leyes, excluye la arbitrariedad, debiendo de acuerdo con la función que ejerce la recurrida conducirse de manera motivada y racional, respetando la normativa legal, así como los procesos tramitados por la justicia ordinaria, cuestión que ha ocurrido en el caso planteado en esta Corte a través del presente arbitrio constitucional.

NOVENO: Que, conforme a lo dicho no es posible sino concluir que a la actora se le están descontando de su remuneración cuotas de un crédito cuya exigibilidad está siendo actualmente discutida en juicio, lo que hace devenir dicho acto en arbitrario e ilegal, afectando también el derecho de propiedad de la recurrente garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que dicho acto le impide gozar de la totalidad de la remuneración a que tiene derecho, lo que amerita que la presente acción cautelar deba ser acogida en relación a la mencionada Caja de Compensación Los Andes.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza, el recurso de protección deducido en estos antecedentes en contra de la recurrida Dirección del Trabajo.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación Asignación Familiar Los Andes, disponiendo que la recurrida deberá abstenerse de ordenar descuentos del crédito obtenido por la recurrente de su remuneración mensual, con motivo de la deuda cuya cobro se está discutiendo en la causa Rol C-6186-2018 del 3° Juzgado Civil de Temuco, en tanto dicho litigio no sea resuelto, debiendo además proceder a la devolución de aquellos dineros descontados en razón de dicho crédito a contar del mes de enero de este año 2023, con los reajustes correspondientes hasta la fecha de la efectiva devolución.

Regístrese y archívese.

Redacción de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Protección-392-2023.(fcv)