nombre reservado con SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE

C.A. de Temuco Temuco, trece de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparecen las abogadas Rocío Contreras Aguilar, Paula Barrera Jara y Evelyn Aguilar Garrido en representación de doña nombre reservado, chilena, casada, técnico en nivel superior en enfermería, C.I N°RUT reservado-O, domiciliada en domicilio reservado, quienes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República deducen recurso de Protección en contra del SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE, rut RUT reservado, representada por su director don nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de la Araucanía, o contra quien lo subrogue o ejerza el cargo en calidad de titular; por y con ocasión de los actos ilegales y/o arbitrarios emanados de parte de dicha repartición el virtud del acto administrativo que ordena el traslado de la funcionaria desde el Servicio de Salud Araucanía Norte, ubicado en la comuna de Angol, en comisión de Servicio hasta el Hospital Dino Stagno de la comuna de Traiguén, afirmando que tales actos administrativos, afectan gravemente sus derechos fundamentales no solo como funcionaria, sino que también, a su núcleo familiar, en especial a sus hijas menores de edad, vulnerado así́, un principio rector en derecho de familia el cual es el del interés superior del niño, perturbando, amenazando, y privando el libre ejercicio de los derechos fundamentales de toda la familia, los que se encuentran garantizados en nuestra Carta Fundamental.

Refieren que su representada, con 23 años de servicio en la administración pública, se desempeña desde el año 2020 como tens de imagenología en la red del Servicio de Salud Araucanía Norte, su labor consiste en la toma de exámenes para el camión mamógrafo móvil, cuya base se encuentra en ciudad Angol, añadiendo que debido a fallas recurrentes en el equipo mamógrafo, se ha evidenciado la necesidad de mantenerlo en una ubicación fija para evitar los inconvenientes de los traslados, indicando que durante el año 2025 se toma la decisión por parte de la autoridad que el mamógrafo se dejaría de forma definitiva en la ciudad de Traiguén. Señalan que su representada es jefa de familia, madre de dos hijas menores de edad (de 9 y 15 años), una de ellas con necesidades especiales y cuidadora de su padre, un adulto mayor con discapacidad, manifestando que todo el grupo familiar reside permanentemente en la comuna de Angol, donde las niñas se encuentran escolarizadas, sin con una red de apoyo para el cuidado de las hijas ni de su padre.

Exponen que mediante un correo electrónico con fecha 15 de mayo de 2025, el Jefe del Departamento de Atención Primaria comunicó a la Sra. nombre reservado la situación generada por los desperfectos técnicos del mamógrafo, que a raíz de esta falla, se decidió trasladar el camión mamógrafo al Hospital Dino Stagno de la comuna de Traiguén, añadiendo que este traslado implicaba también la derivación de las funcionarias que integraban el equipo, quienes serían reubicadas en dicho establecimiento hospitalario bajo la modalidad de destinación, una medida que alteraría significativamente sus condiciones laborales, señalando que ante esta inminente situación, su representada, le envió un correo electrónico a su jefatura en el Departamento de Atención Primaria de Salud del Servicio de Salud Araucanía Norte. En su comunicación, la Sra. nombre reservado expuso la imperiosa necesidad de un cambio de funciones y la mantención de ella en el Servicio de Salud, argumentando su situación familiar personal que le impedía, de manera categórica, un cambio de ciudad que implicaba la destinación, indicando que la funcionaria se acogió a los preceptos de la Ley 21.645, referente a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el sector público, buscando amparo legal para su solicitud.

Relatan que la respuesta, recibida el mismo 15 de mayo de 2025 por parte del Jefe del Departamento de Atención Primaria, indicó que se habían realizado las consultas pertinentes al Departamento de Recursos Humanos y a la Directora de Servicios del SSAN, sin embargo, la respuesta definitiva no fue satisfactoria, reiterando la decisión previamente informada y sin ofrecer alternativas que consideraran la situación particular de la funcionaria, señalando que frente a la insatisfactoria respuesta y la persistencia de su situación, su representada solicitó agendar una reunión con la Directora del Servicio de Salud Araucanía Norte en dos oportunidades distintas, su objetivo era exponer personalmente su situación familiar y laboral, buscando una solución directa y humanitaria y lamentablemente, ambas solicitudes de audiencia no fueron atendidas, lo que la dejó en una situación de indefensión y sin la posibilidad de dialogar con la máxima autoridad del servicio.

Señalan que, finalmente, la formalización de la decisión se materializó a través de la Resolución Exenta Nº2670, con fecha 29 de agosto de 2025, emitida por el Servicio de Salud Araucanía Norte, documento oficial en que se le comunicó formalmente a su representada la destinación desde su actual puesto en la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte, al Hospital de Traiguén, a contar del 1 de octubre de 2025, esta resolución ratificaba la decisión inicial, desestimando todas las gestiones y solicitudes previas de la Sra. nombre reservado, destacando que hasta el día 1 de octubre de 2025, fecha en que debía hacerse efectiva la destinación, su representada se encontraba desempeñando funciones de carácter técnico-administrativas en el Servicio de Salud, añadiendo que estas tareas le habían sido asignadas directamente por el asesor del programa de mamografía, con base en el Servicio de Salud Araucanía Norte, en la comuna de Angol, debido a sus otras competencias como secretaria ejecutiva, técnico en radiología, laboratorio y banco de sangre y además como licenciada en trabajo social, lo que refuerza la alteración significativa de sus condiciones laborales y geográficas, indicando que estos hechos reflejan la compleja situación que aqueja a la funcionaria, quien, hasta la fecha de la presentación de este recurso, se encuentra con licencia médica, lo que subraya el impacto negativo de esta decisión en su salud y bienestar.

Consideran que el actuar del Servicio De Salud Araucanía Norte es manifiestamente ilegal, ya que vulnera flagrantemente la normativa laboral vigente en lo que respecta a la protección de la maternidad, argumentando que dicho traslado es absolutamente arbitrario, por cuanto omite considerar las circunstancias personales y familiares que aquejan a la funcionaria hasta el día de hoy. En consecuencia, la orden de traslado emitida por el Servicio de Salud Araucanía Norte no solo desatiende, sino que también transgrede de manera directa la protección a la maternidad y el interés superior del niño, principios fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, añadiendo que las normas relativas a la protección de la maternidad revisten el carácter de orden público, lo que significa que son imperativas, de cumplimiento obligatorio y no pueden ser modificadas ni eludidas por la voluntad de las partes ni por actos administrativos, afirmando que el Servicio de Salud Araucanía Norte ignoró por completo esta consideración esencial, incurriendo en una omisión grave, indicando que el actuar ilegal del servicio no solo infringe derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, sino que también contraviene de manera flagrante la legislación vigente, específicamente el Título II del Código del Trabajo, el cual aborda de manera explícita la protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, vulneración que se agrava al considerar que se trata de derechos irrenunciables y de carácter fundamental.

Refieren que la funcionaria es la única adulta responsable de sus dos hijas menores de edad, de 9 y 15 años respectivamente, por lo tanto, la eventual materialización del traslado afectaría de forma severa e irreparable sus labores maternales, que el desplazamiento diario a la comuna de Traiguén, que implica un trayecto de más de una hora, junto con los horarios y turnos laborales, resultan completamente incompatibles con las exigencias de la crianza de sus hijas en la etapa actual, indicando que como madre, la funcionaria debe estar permanentemente atenta a todas las necesidades de sus hijas, abarcando aspectos médicos, educativos, traslados diarios al colegio y participación en otras actividades extracurriculares, por consiguiente, residir en la comuna de Angol y tener que desplazarse diariamente para trabajar en Traiguén dificulta y perjudica de manera considerable la armonía y el equilibrio entre su desempeño como funcionaria pública y el irrenunciable rol de madre que ha desempeñado hasta ahora, situación que generaría un estrés insostenible y comprometería el bienestar integral de su núcleo familiar.

Reconocen que si bien no desconoce la facultad que posee el Servicio para trasladar a su personal, es imperativo señalar que el ejercicio de dicha prerrogativa no es absoluto, ni discrecional, y que para que estos traslados se lleven a cabo de manera legítima, la institución tiene el deber ineludible de someter su actuar a la Constitución y a las leyes, lo que implica, entre otras cosas, que cualquier decisión de traslado debe ser razonada, fundamentada y, crucialmente, debe tomar en consideración las circunstancias personales y familiares específicas de cada funcionario, afirmando que la omisión de este análisis particularizado convierte el acto administrativo en arbitrario, desproporcionado y contrario a los principios de buena fe y protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente cuando existen responsabilidades familiares ineludibles como la protección de la maternidad y el interés superior de los niños.

Destacan que la funcionaria en cuestión ha sido una integrante activa y valiosa de la red del Servicio de Salud Araucanía Norte, su desempeño se ha centrado en su rol como tens de imagenología, con una labor particularmente relevante en la comuna de Angol, añadiendo que una característica distintiva de su trabajo ha sido su movilidad, desplazándose con el camión de mamografía por diversas zonas de la región, indicando que estos traslados se realizaban en comisión de servicio de manera transitoria, lo que implicaba una compensación adicional a su salario base, específicamente, percibía ingresos extras por concepto de viáticos y cometidos funcionarios, derivados de sus desplazamientos a las diferentes comunas de la zona para operar el mamógrafo móvil, expresando que la reciente interrupción de estos aportes, sumada a la necesidad de asumir a diario el traslado a una comuna distante de su residencia, representa una significativa disminución en su ingreso total y un incremento en sus gastos y tiempos de desplazamiento, impactando directamente su bienestar económico y personal.

Señalan que el hecho de verse trasladada a Traiguén, de manera intempestiva y arbitraria, ha provocado en su representada un cuadro de ansiedad, inseguridad e incertidumbre que afecta gravemente su calidad de vida, situación que se agrava al considerar las responsabilidades indelegables que la funcionaria asume diariamente en el cuidado de sus hijas y de su padre, de quien ejerce el rol de cuidadora principal y permanente, indicando que la incertidumbre sobre cómo conciliar estas responsabilidades familiares con las exigencias del nuevo lugar de trabajo ha tenido un impacto devastador en su salud mental, añadiendo que como consecuencia directa de este estrés y la afectación emocional, actualmente se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y cursando licencia médica hasta el día 4 de noviembre de 2025, evidenciando la severidad del daño ocasionado por la decisión de traslado.

Reproducen lo dispuesto en el artículo 194, inciso 3 del Código del Trabajo, que establece categóricamente: “La protección a la maternidad y la paternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se regirá por las disposiciones del presente título y quedan sujetos a ellas los servicios de la administración pública, los servicios semifiscales, de administración autónoma, de las municipalidades y todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas industriales, extractivas, agrícolas o comerciales, sean de propiedad fiscal, semifiscal, de administración autónoma o independiente, municipal o particular o perteneciente a una corporación de derecho público o privado”, argumentando que disposición legal subraya la obligatoriedad de todos los empleadores, incluidos los servicios de la administración pública como el Servicio de Salud Araucanía Norte, de garantizar y promover la protección de la maternidad, la paternidad y, crucialmente, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de sus trabajadores, la normativa busca salvaguardar el equilibrio esencial entre las responsabilidades laborales y las fundamentales obligaciones familiares, reconociendo el impacto que una desarmonía en este ámbito puede tener en la vida de los empleados.

Sostienen que la recurrida, al dictar esta orden, no se ha hecho cargo de la compleja situación familiar de la funcionaria, la cual incluye la ausencia de otras opciones de cuidado cercano al nuevo lugar de trabajo, la imposibilidad práctica y económica de trasladar a sus hijas a otra comuna, la responsabilidad ineludible del cuidado permanente que esta realiza de su padre dependiente, y el profundo impacto emocional, físico y económico que este traslado impone sobre la funcionaria, recalcando que la funcionaria lleva más de 20 años de servicio en la institución, lo que implica una trayectoria de dedicación y compromiso que no ha sido debidamente considerada en esta decisión, que este traslado no solo ignora sus derechos fundamentales a la conciliación de la vida familiar y laboral, sino que además la somete a una carga desproporcionada que compromete su estabilidad personal, profesional y financiera, indicando que la arbitrariedad radica en la falta de consideración de estos factores críticos y en la ausencia de una justificación que pondere adecuadamente el interés institucional frente a los derechos y el bienestar de una trabajadora con una larga trayectoria y responsabilidades familiares demostrables.

Estiman que la situación personal de la funcionaria no fue debidamente sopesada por el Servicio de Salud Araucanía Norte al momento de resolver su solicitud, toda vez que la decisión adoptada no consideró, en absoluto, los complejos y sensibles aspectos familiares y personales que atraviesa su representada, se omitió un análisis profundo y empático en torno a la fundamental cercanía y al rol protector de madre que ejerce sobre sus hijas, especialmente al considerar que la menor de ellas presenta necesidades especiales que demandan una atención constante y particular, a lo que se suma el crucial rol de cuidadora que la funcionaria desempeña para con su padre, quien también requiere de su apoyo y asistencia, resultando más alarmante, que la recurrente no cuenta con una red de apoyo familiar o social robusta que pueda colaborar eficazmente con los cuidados del núcleo familiar ante cualquier eventualidad o emergencia, carencia que se agudiza al considerar que un eventual traslado la alejaría de su comuna de residencia, Angol, lo que generaría una barrera insuperable para poder atender cualquier urgencia familiar de manera oportuna, señalando que la funcionaria no posee un medio de transporte propio, lo que implicaría una dependencia de terceros o del transporte público, prolongando significativamente los tiempos de traslado y haciendo inviable su presencia en Angol en un lapso prudente, vital para la atención de sus seres queridos, situación en conjunto que configura un escenario de extrema vulnerabilidad que debió haber sido considerado con la máxima diligencia y humanidad por parte del Servicio.

Cita fallo pronunciado por la Ilma. Corte de Temuco en la causa Rol 13679-2023, pronunciamiento judicial que subraya un aspecto fundamental del derecho administrativo y constitucional: la potestad discrecional de la administración no es ilimitada, indicando que si bien las entidades recurridas poseen competencias y atribuciones para organizar sus funciones y dirigir a sus subordinados en aras del cumplimiento del servicio público que les ha sido encomendado por ley, el ejercicio de estas facultades debe armonizarse con un respeto irrestricto a los derechos humanos y a los principios que informan el ordenamiento jurídico, añadiendo que la Corte hizo hincapié en la imperiosa necesidad de proteger a grupos vulnerables, la mención explícita del "interés superior del niño, niña o adolescente" no es menor, este principio, de rango constitucional e internacional (consagrado en diversos tratados ratificados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño), obliga a los órganos del Estado a considerar primariamente el bienestar y desarrollo integral de los menores en todas las decisiones que les afecten, lo que implica que cualquier medida administrativa que pueda tener un impacto, directo o indirecto, en un niño, niña o adolescente debe ser evaluada bajo la lente de este principio rector, añadiendo que la resolución también alude a un "conjunto sistémico de principios tutelares que inspiran la materia", entre los cuales destaca el "principio de protección al más débil", principio general del derecho actúa como un contrapeso a la disparidad de poder que a menudo existe entre la administración y los particulares al reconocer la vulnerabilidad inherente de ciertos grupos, el sistema jurídico impone deberes adicionales de cautela y protección por parte del Estado, señalando que finalmente, la frase "y otras debidamente calificadas.." amplía el alcance de esta doctrina, sugiriendo que la protección especial no se restringe exclusivamente a niños, niñas y adolescentes, sino que puede extenderse a otros grupos o individuos cuyas circunstancias particulares los coloquen en una situación de mayor vulnerabilidad y que justifiquen un resguardo adicional por parte de la autoridad, lo que podría incluir a personas con discapacidad, adultos mayores, o aquellos que enfrentan condiciones socioeconómicas o de salud que los hacen susceptibles a un mayor perjuicio por parte de decisiones administrativas.

Afirman que la acción recurrida perturba y afecta gravemente la "perspectiva de género como garantía de igualdad", un principio fundamental consagrado tanto en nuestra Constitución como en diversos tratados internacionales de derechos humanos, este principio exige un trato idéntico para situaciones idénticas y un trato diferenciado para situaciones desiguales, buscando siempre la equidad y la justicia, en este sentido, el traslado de la funcionaria policial no se ajusta a las denominadas "igualdad formal" ni a la "igualdad material", pilares esenciales de un sistema jurídico justo y equitativo, señalando que la "igualdad formal" implica la garantía de identidad de trato para todos los destinatarios de una norma jurídica, evitando la existencia injustificada de privilegios o discriminaciones arbitrarias, esto significa que la ley debe aplicarse de la misma manera a todas las personas que se encuentren en la misma situación, sin distinciones basadas en género, origen, condición social o cualquier otra característica que no sea relevante para la aplicación de la norma, por lo que el traslado en cuestión, al no considerar las particularidades y el contexto específico de la funcionaria, contraviene este principio al no asegurar una aplicación uniforme y justa de las normativas internas.

Manifiestan que, por otra parte, la "igualdad material" va más allá de la mera aplicación formal de la ley y se traduce en la consideración de la real posición social del individuo frente a la norma jurídica, con el objetivo primordial de evitar injusticias y corregir desigualdades estructurales, este concepto reconoce que las personas no parten de las mismas condiciones y que, en ocasiones, un trato idéntico puede perpetuar o agravar situaciones de desigualdad, señalando que para lograr la igualdad material, es necesario adoptar medidas que compensen las desventajas y promuevan una verdadera equidad de oportunidades, argumentando que en el caso de la funcionaria su traslado sin una evaluación exhaustiva de su situación personal y profesional, incluyendo su género y las posibles implicaciones de esta decisión en su vida, ignora por completo la necesidad de una igualdad material, que buscaría asegurar que la medida no genere un perjuicio desproporcionado o injusto, especialmente en un contexto donde las mujeres pueden enfrentar desafíos adicionales en el ámbito laboral, indicando que la falta de consideración de estos aspectos implica una vulneración de su derecho a un trato justo y equitativo, que tenga en cuenta su realidad individual y las potenciales barreras que pueda enfrentar.

A modo de conclusión, exponen que su representada ha agotado, diligentemente, todos los recursos administrativos disponibles para la resolución de su situación, sin obtener una respuesta satisfactoria ni una corrección a la vulneración de sus derechos fundamentales, que en vista de la complejidad y la trascendencia de la situación planteada, se ve en la imperiosa necesidad de recurrir a esta sede constitucional, haciendo valer sus derechos a través de la presente acción, toda vez que gravedad de los hechos amerita la intervención de la Corte de Apelaciones, a fin de que adopte las medidas conducentes y urgentes para restablecer los derechos que han sido indudablemente conculcados, garantizando así la plena vigencia del ordenamiento jurídico y la protección de sus garantías fundamentales, citando un fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, en causa Rol 211-2013, señalando que es de vital importancia, que esta Corte reitere y garantice la protección que la Constitución Política de la República otorga a la familia, considerándola como el núcleo fundamental de la sociedad, indicando que la conducta arbitraria e ilegal desplegada por la recurrida no solo vulnera derechos individuales, sino que también se aleja de manera flagrante del espíritu de la ley, que consagra la familia como un pilar esencial a ser resguardado por el Estado, siendo inaceptable que el actuar de un órgano de la administración se desvíe de los imperativos constitucionales y legales, los cuales exigen que toda decisión administrativa se someta estrictamente a la Constitución y a las leyes, que la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad pública, especialmente cuando afecta de manera tan profunda la estabilidad familiar y la salud de los individuos, no puede ser tolerada en un Estado de Derecho, y requiere la pronta y enérgica intervención de este tribunal para restaurar la legalidad y asegurar la supremacía constitucional.

En cuanto al derecho, estiman que el actuar de la contraria es arbitrario, e ilegal, ya que la orden de traslado no está fundado ni motivada, carente de fundamentos razonables, objetivos y claros, sumado, que no respeta las normas de protección de la maternidad regulados en el Código del trabajo, constituyendo un traslado ilegal y arbitrario, afectando las garantías del artículo 19 Número 1, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, el numeral 2 la igualdad ante la ley, numeral 3, relativos al debido proceso, todos de la Carta Fundamental, argumentando que un acto administrativo, si no está́ debidamente fundado, ese acto será́ arbitrario, como lo es en el caso en cuestión, además adolece de ilegalidad, ya que infringe las normas sobre Convención de los Derechos del Niño, como también, el artículo 19 nro. 2 de nuestra Carta Fundamental, en torno, a la igualdad ante la ley, ya que el Servicio, si va disponer un traslado, debe considerar los aspectos familiares, ya que en el caso de marras, debe prevalecer el interés superior del niño y a la protección a la mujer, afirmando que la recurrida no observó lo prescrito en los artículos 11 y 41 inciso 3 e inciso 4 primera parte de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo N° 19.880.

Finalmente, solicitan acoger la presente acción cautelar en contra del Servicio De Salud Araucanía Norte, por y con ocasión de los actos ilegales y arbitrarios emanados de parte de dicho Servicio, el acto administrativo que ordena el traslado de la funcionaria en calidad de destinación al Hospital Dino Stagno del a Comuna de Traiguén, y del acto administrativo que rechaza sin fundamentos el recurso de reconsideración, con el fin que se declare la arbitrariedad e ilegalidad de los actos y las decisiones que se han adoptado y, ordenando en definitiva: 1) Dejar sin efecto la orden de traslado respecto la funcionaria al Hospital Dino Stagno de Traiguén; 2) Que la funcionaria sea mantenida dentro del Servicio de Salud de la comuna de Angol; 3) y/o demás medidas que se estime pertinentes esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, en virtud del mérito del proceso.

A folio 5, comparece la abogada Tania Ninette Fernández Núñez, en representación de la recurrida SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA NORTE, quien evacúa el informe requerido solicitando, desde ya, que dicho recurso sea rechazado, señalando que la recurrente omite que las labores por las cuales la funcionaria en comento se encuentra contratada, precisamente se deben a su experticia en materias de radiología, ya que posee título de técnico de nivel superior en enfermería, y título de técnico de nivel superior en laboratorio clínico, banco de sangre e imagenología, es por ello que ella cumplía funciones en el “camión mamógrafo”, indicando que precisamente su labor como tens con conocimiento en imagenología lo realizaba en el denominado “camión mamógrafo”, esto es, un camión que poseía en su interior un equipo de rayos X para efectuar exámenes de mamografía, y dado que se encontraba adosado a un camión especialmente habilitado para dicho menester, ello permitía que dicho móvil se desplazara a las diversas comunas pertenecientes a la red asistencial del Servicio de Salud Araucanía Norte, según lo dispusiera la autoridad en consonancia con el área de Atención Primaria de Salud en conjunto con los respectivos municipios, para con ello dar resolutividad a la gran demanda existente en este tipo de exámenes.

Relata que mediante el camión mamógrafo se buscaba apoyar los esfuerzos tendientes en la reducción del cáncer de mama mediante su detección precoz, cáncer que posee una alta prevalencia en nuestro país, para lo cual resulta de toda utilidad la realización de este tipo de examen (mamografía), favoreciendo con ello, en términos potenciales, a las usuarias mujeres de la red asistencial que este servicio posee en su jurisdicción, que no es otra que las 11 comunas que integran la Provincia de Malleco, la cual posee altos índices de pobreza, población indígena y de ruralidad: Angol, Renaico, Collipulli, Los Sauces, Purén, Lumaco, Traiguén, Ercilla, Victoria, Curacautín y Lonquimay, resaltando que dicha política pública resultaba de especial utilidad si se considera que, de las 11 comunas mencionadas, solo las ciudades de Angol y Victoria poseen centros médicos privados que brindan tales exámenes, y que de los 7 hospitales que posee este Servicio de Salud (Angol, Purén, Collipulli, Traiguén, Victoria, Curacautín y Lonquimay), solo los hospitales de Angol y Victoria brindan dicho tipo de exámenes al poseer un equipo mamógrafo.

Refiere que, tal como lo asevera la recurrente en su libelo, desde que dicho móvil presentó problemas de funcionamiento, obligó al Servicio de Salud a mantener al camión mamógrafo estacionado en la propia Dirección de Servicio, mientras gestionaba desde el nivel central los recursos financieros que permitiesen su reparación, el cual era de un alto costo, dado lo anterior, se procedió a mantener al personal que servía en dicho dispositivo sanitario en otras funciones en dependencias de la Dirección del Servicio de Salud, pero siempre en el entendido en que ello obedecía a una situación transitoria, tal como se manifestó de forma previa, añadiendo que la reclamante fue contratada como tens con conocimientos en imagenología, siendo destinada a prestar servicios al camión mamógrafo, y no para efectuar labores técnico-administrativas en la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte, dadas sus competencias como ”secretaria ejecutiva”, o de “trabajadora social”, y si bien tiene el título técnico de “técnico en radiología, laboratorio y banco de sangre”, tal como la recurrente resalta en su libelo, no efectuaba dichas labores, limitándose a trabajar en el mamógrafo móvil, ingresando a los pacientes y ayudando a la toma de exámenes mamográficos en conjunto con la tecnóloga, todo esto dentro del camión mamógrafo, que es para lo que fue contratada desde un principio, resaltando que la recurrente se mantenía de forma transitoria en dependencias de la Dirección de Servicio, y que ello se encontraba supeditado única y exclusivamente a la reparación del “camión mamógrafo”, de tal forma que cuando ella fue destinada a prestar servicios en el camión mamógrafo que sería ubicado en dependencias del Hospital de Traiguén, según lo dispuesto en Resolución Exenta N° 2670 de fecha 29 de agosto de 2025 de esta Dirección de Servicio, ello fue dispuesto en conjunto con la destinación de la funcionaria doña nombre reservado, de profesión tecnóloga médica con mención en imagenología y física médica, quien precisamente servía en el “camión mamógrafo, al igual que la recurrente, y que también debió ser destinada de forma provisoria, inclusive hacia otros hospitales, a fin de prestar servicios, pero siempre en el entendido que ambas volverían a efectuar sus servicios en el denominado “camión mamógrafo”, por lo que no es correcto lo aseverado por la recurrente, en el punto 8 de su libelo, al afirmar que la administración pretende destinarla “desde su actual puesto”, ya que “su puesto” siempre se encontró ligado al “camión mamógrafo”, ya que las labores técnico-administrativas desempeñadas en el último tiempo por la recurrente fueron eminentemente fortuitas y accidentales.

En cuanto al derecho, sostienen que el Servicio de Salud Araucanía Norte, rechaza tajantemente el haber quebrantado el ordenamiento jurídico, menos en materias sobre protección a la maternidad, con ocasión de emitir la Resolución Exenta N° 2670 de fecha 29 de agosto de 2025 que dispuso la destinación de la recurrente, y de la Resolución Exenta N° 2936 de fecha 26 de septiembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición administrativa impetrado por la propia recurrente en contra de dicha determinación, indicando que al Director de un Servicio de Salud, en su calidad de “gestor de la red asistencial” en su respectivo territorio jurisdiccional, posee la atribución de destinar a sus funcionarios, sean éstos de planta o a contrata, siendo este último caso el de la recurrente, conforme lo establece el artículo 2 inciso segundo de la Ley N° 19.414, citando el artículo 16 del DFL N° 1/2005 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 2.763/1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469, el artículo 23 letra g) del referido DFL N° 1/2005 del Ministerio de Salud que señala: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los Títulos IV y V de este Capítulo, para el desempeño de sus funciones el Director tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: g) Designar a los funcionarios, poner término a sus servicios y, en general, ejercer respecto del personal todas las facultades que correspondan a un jefe superior de servicio descentralizado;…”, el Estatuto Administrativo (DFL N° 29/2004 del Ministerio de Hacienda), que señala en su artículo 73 que: “Los funcionarios sólo podrán ser destinados a desempeñar funciones propias del cargo para el que han sido designados dentro de la institución correspondiente. Las destinaciones deberán ser ordenadas por el jefe superior de la respectiva institución. La destinación implica prestar servicios en cualquiera localidad, en un empleo de la misma institución y jerarquía.”, lo que ha sido reafirmado en la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República en Dictamen N° 72.452/2016, Dictamen N° 72.452/2016 y Dictamen N° 36.150, de 2015.

Manifiesta que en caso alguno con la medida de destinación adoptada ha transgredido respecto de la recurrente lo preceptuado por la Ley N° 21.645, que modifica el Título II del Libro II del Código del Trabajo “De la protección a la maternidad, paternidad y vida familiar y regula un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que indica” reproduciendo su normativa, señalando que el Servicio, al momento de emitir la resolución que destinó a la recurrente (Resolución Exenta N° 2670 de fecha 29/08/2025), no incurrió en ilegalidad alguna a dicho respecto, ya que de los antecedentes consignados no existía constancia de las situaciones que aquejaban a la funcionaria, si bien como ella manifiesta en su recurso trató el tema con su superior inmediato de aquel entonces, es con ocasión de la interposición de su recurso de reposición administrativa en contra de la referida resolución exenta de destinación en la cual se adjuntan una serie de documentos que dan cuenta de la situación existente respecto de sus hijas y de su padre. No obstante ello, en dicho dossier se acompañó un documento denominado “Acta unilateral del cese de la convivencia”, fechado el día 13 de mayo de 2021 el que se encuentra suscrito entre la recurrente y el nombre reservado de Angol del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el cual se establece que la compareciente (esto es, la recurrente), manifiesta su voluntad de poner fin a la vida en común que mantenía con su cónyuge (al día de hoy se mantiene vigente dicho vínculo conyugal) don nombre reservado, indicando que lo anterior implica que la recurrente, al día de hoy, es la jefa del hogar en su familia, que mantiene con sus 2 hijas y su padre, señalando que respecto de sus hijas es ella quien tiene la patria potestad y la custodia física, de tal forma que hace del todo impracticable cualquier medida que el empleador, en este caso la Dirección del Servicio de Salud, pueda adoptar a fin de permitir que ambos progenitores puedan hacer efectivo este principio (parentalidad positiva).

Afirma que el Servicio, con ocasión de la emisión de la Resolución Exenta N° 2670 de fecha 29 de agosto de 2025, que dispuso la destinación de la recurrente, en caso alguno estaba en conocimiento palpable de la situación que afectaba a ésta y fue con ocasión de los antecedentes acompañados a su recurso de protección en el cual se evidenció la existencia de una problemática v familiar, tanto respecto de su cónyuge (ruptura en su relación), en sus hijas (padecimiento de enfermedades de corte psicológico) y respecto de su padre (situación de postración debido a enfermedades relacionadas a su avanzada edad), señalando que no obstante lo anterior, la recurrente acompañó en dicha ocasión un escrito por medio del cual ésta requiere en su parte petitoria: “Se reconsidere y revoque la resolución que dispone mi destinación al Hospital de Traiguén, se acoja mi petición de cambio de funciones y mantenerme en DSSAN, en su caso del área técnica, dada mi situación personal, bajo la ley 21.645 sobre conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el sector público.”

Sostiene que la recurrente, en dicha ocasión, acompañó un documento en que reseñó sus funciones ejecutadas, y una propuesta de cambio de funciones, de 5 hojas, que en base a dicho contexto, y dado que ello se elaboró en base a lo preceptuado en la Ley N° 21.645, se determinó que lo requerido apuntaba a lo estatuido en los artículos 152 quáter o bis y 152 o quáter o ter, los cuales, como se manifestó previamente, apuntan a la posibilidad de otorgar teletrabajo, situación que de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República (Dictamen N° E443.357/2024) no es aplicable al sector público, estimando que lo requerido no se encontraba en ninguno de los supuestos establecidos en la Ley N° 21.645, salvo en lo tocante a la descripción e inclusión de los 3 principios consignado en el nuevo inciso primero y segundo del artículo 194 del Código del Trabajo, entre ellos, el de la “corresponsabilidad social”.

Destaca que lo pretendido por la recurrente no es el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, sino que es el cambio de las funciones por las cuales ella entró a servir en la Administración del Estado, lo cual no se encuadra si se considera que la naturaleza de la relación existente entre ambas partes no es de índole contractual-laboral, sino que se rige por un vínculo de tipo “estatutario”, esto es, regido por el Estatuto Administrativo, añadiendo que la aludida recurrente pertenece a las filas de la administración para cumplir una función pública, la cual la obliga a efectuar sus funciones, en su caso en particular, en diversas comunas del Provincia de Malleco en el denominado “camión mamógrafo”, y ahora, dada la situación técnica de dicho dispositivo, a servir permanentemente en la ciudad de Traiguén, lo cual obedece netamente a una estrategia de índole sanitaria, esto es, a una política pública de salud, siendo precisamente por dicha situación que la Contraloría General de la República estableció que el teletrabajo regulado por la Ley N° 21.645, no es aplicable al sector público.

Señala que de acuerdo con el escrito suscrito y consignado por la recurrente en su recurso administrativo de reposición en contra de la Resolución Exenta N° 2670 de fecha 29 de agosto de 2025, se indica que ésta tiene 2 hijas, de 9 y 15 años, por consiguiente, cualquier política que la Administración en su rol de empleador hubiere adoptado, en virtud de este principio, era inaplicable para este caso en concreto, ya que éste atiende al resguardo de la situación de embarazo y medidas para la lactancia materna, y que ambos progenitores asuman la misma.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que la controversia de autos se circunscribe a determinar si la Resolución Exenta N° 2670, de fecha 29 de agosto de 2025 y la Resolución Exenta N° 2936, de fecha 26 de septiembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición administrativa impetrado por la propia recurrente en contra de dicha determinación, que ordenaron la destinación de la recurrente desde la Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte en la comuna de Angol al Hospital de Traiguén, constituye un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser enmendado por esta vía cautelar.

CUARTO: Que, si bien es efectivo que la autoridad administrativa posee facultades para organizar el Servicio y disponer la destinación de los funcionarios dentro de la institución, conforme al artículo 73 del Estatuto Administrativo, dichas atribuciones no son absolutas, debiendo ejercerse con respeto a la Constitución, a las leyes y a los derechos fundamentales de las personas.

QUINTO: Que, de los antecedentes acompañados en autos, aparece acreditado que la recurrente es madre de dos hijas menores de edad, una de las cuales presenta diagnóstico dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), condición que requiere cuidados especiales, estabilidad en su entorno y una presencia constante de su cuidadora principal, rol que ejerce la recurrente.

En efecto, en atención al mérito del informe de evaluación A DOS-2, escala de observación para el diagnóstico de autismo realizado a nombre reservado, se puede observar que la niña presenta una condición especial que por su naturaleza, exige la presencia constante y la estabilidad del entorno familiar directo, y que, por otra parte, su tratamiento se está ejecutando en el CESFAM Piedra del Águila de Angol, donde la menor ya presenta una evolución favorable y adherencia terapéutica, de manera que en estas condiciones, cualquier modificación en las condiciones laborales de doña nombre reservado que implique su traslado o alejamiento de la comuna de Angol, puede eventualmente repercutir de manera abrupta en el tratamiento de salud mental de su hija.

SEXTO: Que, sobre el particular, se debe tener presente que la Ley 21.545, en su artículo 1° establece: “Objeto. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista; eliminar cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática. Lo anterior, sin perjuicio de los demás derechos, beneficios o garantías contempladas en otros cuerpos legales o normativos y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes”.

A su turno, el artículo 6° de la referida normativa, en lo que atañe a los deberes generales del Estado, establece que: “Es deber del Estado asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con trastorno del espectro autista, a través de las acciones que señala el artículo 7 y de las demás medidas establecidas en la ley.

El Estado deberá asegurar a dichas personas el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con las demás. En especial, asegurará su inclusión social y educativa, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización. En tal sentido, impulsará las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de lo señalado precedentemente.

Asimismo, el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de dichas personas.

Lo dispuesto en el presente Título se realizará de acuerdo con las atribuciones, los medios y los recursos disponibles por los servicios involucrados”.

Por su parte, el artículo 66 quinquies del Código del Trabajo, introducido por la Ley en comento, establece: “Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, aquellos regidos por la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda y por la ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, estarán facultados para acudir a emergencias respecto a su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media”.

SEPTIMO: Que, conforme lo expresado, el ordenamiento jurídico nacional e internacional reconoce el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional ratificado por Chile y vigente, el cual obliga a todos los órganos del Estado a considerar primordialmente el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en todas las decisiones que puedan afectarles.

En el caso de autos se advierte que la resolución administrativa que dispuso la destinación de la recurrente no ponderó ni evaluó adecuadamente la situación particular de su núcleo familiar, especialmente las necesidades especiales de su hija con diagnóstico de TEA, circunstancia que constituye un elemento relevante que debió ser ponderado por la autoridad administrativa al momento de adoptar la medida, teniendo en consideración que el establecimiento educacional donde se se encuentra matriculada la hija de la recurrente se encuentra ubicado en la ciudad de Angol, distante a más de 60 kilómetros de la ciudad de Traiguén, que es donde se pretende mantener destinada a la recurrente.

OCTAVO: Que la omisión de dicha consideración implica que los actos administrativos cuestionados carecen de una debida ponderación de las circunstancias personales y familiares de la funcionaria, configurándose de este modo un ejercicio arbitrario de la potestad administrativa, por cuanto la decisión se adoptó sin atender debidamente a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y protección reforzada que el ordenamiento jurídico reconoce respecto de los niños, niñas y adolescentes, particularmente aquellos que presentan condiciones de discapacidad o necesidades especiales.

Lo anterior resulta aún más relevante si se considera que la recurrente es la cuidadora principal de su hija con diagnóstico dentro del espectro autista, circunstancia que exige una especial consideración por parte de la administración pública, en armonía con los principios de protección a la familia y de conciliación entre la vida laboral y familiar.

NOVENO: Que, en consecuencia, la medida administrativa impugnada aparece como arbitraria, al no haber ponderado adecuadamente las circunstancias antes señaladas, produciendo una perturbación al legítimo ejercicio del derecho consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución, relativo a la integridad psíquica de la persona, así como al principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2, en relación con la obligación estatal de brindar especial protección a las personas en situación de vulnerabilidad.

DECIMO: Que, por lo razonado, el recurso intentado será acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, se resuelve:

I. Que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra del Servicio de Salud Araucanía Norte, solo en cuanto, se ordena a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 2670 de fecha 29 de agosto de 2025, así como la Resolución Exenta N° 2936 de fecha 26 de septiembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición administrativa, que ordenaron la destinación de la recurrente al Hospital Dino Stagno de la comuna de Traiguén, debiendo emitir un nuevo pronunciamiento ponderando todas las circunstancias personales y familiares expuestas por la recurrente en el presente recurso, dentro del plazo de treinta días, debiendo en el intertanto mantenerse la recurrente prestando servicios en la comuna de Angol.

II. Que no se condena en costas a la recurrida por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-3912-2025.(jog)