Protección contra Prefectura de Carabineros “Cautín” N° 22

C.A. de Temuco Temuco, veintiuno de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

A folio 1, con fecha 10 de enero de 2020, comparece nombre reservado, Abogado, en representación de la SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN MAIHUE LTDA. ambos domiciliados en domicilio reservado y deduce acción de protección en contra de la Prefectura de Carabineros “Cautín” N° 22, Oficina de Seguridad Privada OS 10, representada por su Prefecto, Coronel de Carabineros, nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, solicitando se acoja el recurso, ordenando que se renueve la autorización para la Prestación de servicios de capacitación en materias inherentes a seguridad privada, y se decreten todas medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos de su representada, con expresa condenación en costas.

Indica que con fecha 20 de septiembre del 2017, la Prefectura de Carabineros “CAUTIN” N°22, autorizó a la SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN MAIHUE LTDA., a desarrollar “Prestación de servicios de capacitación en materias inherentes a seguridad privada”, por medio de Resolución N° 117. Para proceder a dicha autorización, la sociedad que representa debió cumplir con las exigencias y requisitos que dicha autoridad fiscalizadora solicitaba, y que se encontraban contenidos en la página web respectiva, y en específico, en la Guía de Acreditación de Empresas. Dicha autorización tenía una vigencia de 2 años, para posteriormente, solicitar a la autoridad fiscalizadora OS10, dependiente de la Prefectura de Carabineros “CAUTIN” N°22, la renovación respectiva.

Manifiesta que por oficio de fecha 13 de agosto del 2019, la SOCIEDAD DE CAPACITACIÓN MAIHUE LTDA., solicitó la renovación respectiva a la Prefectura de Carabineros “CAUTÍN” N°22, y en específico, a la autoridad fiscalizadora OS10, para lo cual, se adjuntaron los documentos necesarios exigidos por la oficina OS10. Con fecha 02 de septiembre del 2019, se respondió a las observaciones señaladas previamente, indicando que, la Sociedad de Capacitación Maihue Ltda., se remitió específicamente a los requisitos señalados en la página web corporativa, de la autoridad fiscalizadora, donde, no se exigen más requisitos que los señalados en dicha guía, y que la exigencia de la Póliza de Responsabilidad Civil, es exigible a las empresas que tengan vigilantes privados en la calidad de trabajadores dependientes, tal como lo dispone el artículo 16 inciso 2°, del Decreto N° 1773 del año 1994, que señala: “Las entidades empleadoras deberán contratar un seguro de vida en favor de cada vigilante privado, cuyo monto no podrá ser inferior a doscientas cincuenta unidades de fomento, el que cubrirá sus riesgos mientras desempeñe sus funciones de tal.”

Además de lo anterior, se le señaló a la autoridad fiscalizadora que la exigencia de la Declaración Jurada y Simple, que debe presentarse conforme a lo establecido en el Artículo quinto del Decreto N° 867, del 2017, no es aplicable a esa empresa, por cuanto, dicho artículo hace referencia exclusiva a las personas naturales que presten servicios personales en materia de seguridad privada; y que también, como se trata de una renovación de la autorización para desarrollar actividades de capacitación, el set fotográfico no es pertinente solicitarlo, por el hecho que, las instalaciones siguen siendo las mismas en las cuales se autorizó previamente, y, además, porque la Guía de Acreditación, la hace exigible para una Iniciación o Ampliación.

Destaca que el oficio N° 43 de fecha 20 de agosto del 2019, de la Autoridad Fiscalizadora, no hace mención alguna respecto a que se deba enviar el set fotográfico por Iniciación o Ampliación, sino por el contrario, en el objeto del oficio señala textualmente: “SOCIEDAD DE CAPACITACIONES MAIHUE LTDA.: Representa observaciones para RENOVAR actividades.” A su vez, en el oficio previamente señalado, se menciona en el N° 2 que, “Una vez subsanadas las observaciones y efectuada nuevamente la presentación de los antecedentes esta Autoridad Fiscalizadora, procederá a dar curso al trámite administrativo correspondiente, debiendo considerar la presentación de documentos sujetos a vigencia.”

Refiere que producto de lo anterior, por medio de Oficio N° 56 (ES 59) de fecha 15 de octubre del 2019, de la Prefectura de Carabineros “CAUTIN” N°22, autoridad fiscalizadora OS10, se representaron nuevas observaciones, y en este caso fueron las siguientes:

a.

Cédulas de Identidades: Debe presentar fotocopias legibles del Sr. nombre reservado.

b.

Declaración Jurada Simple: Suscrita por el Sr. nombre reservado, para demostrar la Idoneidad Cívica (Numeral 5, del Artículo Undécimo, del Reglamento sobre nuevos estándares, para personas, personal y empresas que reciben servicios o realizan actividades de seguridad privada).

c.

Declaración Jurada Simple: Suscrita por el representante legal, de no haber sido condenada la persona jurídica mediante sentencia firme por delitos contemplados en la ley N° 20.393.

d.

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, otorgado por la Inspección del Trabajo: Debe ampliar el código de actividad económica a materias inherentes a seguridad privada.

e.

Iniciación de Actividades ante el Servicio de Impuestos Internos: Debe adjuntar Declaración Jurada de inicio de actividades ante el SII.

f.

Set Fotográfico: Debe remitirlo de todas las instalaciones, a color y con buena resolución, identificando con nombre cada dependencia.

g.

Patente Municipal: Debe ampliar el giro comercial a “Materias Inherentes a Seguridad Privada”

h. Póliza de Responsabilidad Civil: Bajo las condiciones y términos que señala el numeral 3) del artículo undécimo, Título III, del Decreto N° 867, del 2017.

Agrega que con fecha 02 de diciembre del 2019, se reiteró nuevamente, la solicitud de renovación, dando cumplimiento a las nuevas exigencias y requisitos, aun cuando, correspondían a requisitos exigidos a empresas que inician actividades de capacitación.

Por otra parte, a mediados el mes de diciembre del 2019, recibió el llamado telefónico del Coronel de Carabineros, Sr. nombre reservado, Asesor de Seguridad de la autoridad fiscalizadora OS10, dependiente de la Prefectura de Carabineros “CAUTIN” N°22, quien le habría señalado que, debía concurrir a conversar con la Sra. nombre reservado, Jefa del Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad de Temuco, quien solucionaría el problema de la patente comercial de la sociedad. Al concurrir a entrevistarse con la Sra. nombre reservado, le indicó que ella había hablado con el Coronel nombre reservado, y que había sido clara en cuanto a que no podía hacerse una ampliación del giro, por cuanto, dicho giro comercial no existía en la Municipalidad de Temuco.

Finalmente, con fecha 17 de diciembre de 2019, se emitió Oficio N° 89 por la Prefectura de Carabineros “CAUTIN” N°22, por el cual, nuevamente representaba observaciones, y en específico, respecto a la obligación que la patente municipal se amplíe a “Materias Inherentes a Seguridad Privada”. Dicho Oficio se le notificó recién con fecha 20 de diciembre del 2019.

En cuanto al derecho, indica que las actitudes adoptadas por la autoridad fiscalizadora de la Prefectura de Carabineros “CAUTÍN” N°22, han incurrido en una falta al principio de economía procedimental, señalado en el artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, así como al principio de imparcialidad, toda vez que el ente fiscalizador se limitó a exigir nuevos requisitos, sin sustento legal alguno.

Refiere que se ha incurrido en conductas arbitrarias e ilegales, que atentan gravemente contra las Garantías Constitucionales del artículo 19 Nº 2, esto es, “La Igualdad ante la ley”, pues tal conducta significa una discriminación arbitraria en contra de la recurrente. Añade que también se ha vulnerado el artículo 19 N° 3, “La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.”, en el entendido que, al imponer exigencias no contempladas en la ley ni en disposiciones reglamentarias significa alterar, en un caso particular, para el recurrente su derecho a un justo y racional procedimiento que la ley ha predeterminado y que la Constitución reconoce y asegura. Finalmente la del artículo 19 N° 24, derecho de propiedad, ya que por el solo hecho de exigir en forma permanente nuevos requisitos y documentos, alejados de toda lógica y razón legal, ha generado un perjuicio patrimonial, puesto que, sin la autorización respectiva, es imposible de realizar los cursos de capacitación para guardias de seguridad, vigilantes privados y supervisor de seguridad.

Acompaña documentos a su presentación.

A folio 8 informa la recurrida: hace una relación de los acontecimientos e indica que el Prefecto de la Prefectura Cautín N° 22, o quien le subrogue, ejerce el cargo de autoridad fiscalizadora de la referida repartición. En el desempeño de dicho cargo, entre otras labores, debe plantear observaciones, autorizar o denegar las solicitudes de quienes se desenvuelven en materias inherentes a seguridad privada, como ocurre en la especie con la empresa Sociedad de Capacitación Maihue Ltda, agregando que efectivamente se hicieron observaciones para la solicitud de renovación porque la actividad de acuerdo a la Patente Municipal que mantiene la recurrida es "oficina de asesorías y capacitación", por tanto, la observación que se le efectuó fue de ampliar su giro comercial agregando Materias Inherentes a Seguridad Privada, siendo esto lo que se mantiene pendiente.

Agrega que respecto al requerimiento efectuado por el Sr. nombre reservado, no existe un acto decisorio, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en consecuencia, no se trata de un acto conclusivo que de término al procedimiento, sino únicamente mediante los oficios que se indicaron se le informaba al recurrente cuáles eran las observaciones que debía corregir para dar lugar a la autorización de su renovación. Asimismo, en caso de tratarse de un acto terminal, mantiene las instancias administrativas respectivas contempladas en la Ley N° 19.880, no siendo el presente recurso la vía idónea para el efecto.

Indica que siempre se le destacó al recurrente que subsanadas las observaciones efectuadas, se daría lugar a la renovación solicitada.

Refiere que la seguridad privada, constituye uno de los tantos mecanismos adicionales contemplados por el legislador, para asegurar la debida protección social, encontrándose subordinada a las respectivas fuerzas de seguridad y orden público. En este sentido el inciso final del artículo 3°, de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, establece que la Institución tiene a su cargo, en la forma que determine la Ley, la fiscalización y el control de las actividades de Vigilancia Privada, y por mandato del Decreto Ley N° 3.607, de 1981, tal regulación se extiende a la totalidad de las actividades de Seguridad Privada.

Asimismo, de conformidad con lo dictaminado por la Contraloría General de la República, corresponde a Carabineros de Chile calificar el cumplimiento de los requisitos prescritos por las normas sobre vigilancia y seguridad privada, en su calidad de organismo fiscalizador de esa actividad y quien en definitiva tiene la facultad de otorgar o rechazar las autorizaciones que le son solicitadas.

Concluye señalando que en la especie no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, pues los requisitos son exigidos por el legislador a todos los que se desempeñen en la materia, sin excepción, no habiendo un trato discriminatorio en contra del recurrente y estos derechos deben encontrarse incluidos en los límites que establece la ley, de manera que dichos derechos no permiten eximirse de los requisitos y autorizaciones que establecen las normas jurídicas que regulan cada materia, sino que por el contrario, el legítimo ejercicio de tales derechos, sólo nace cuando el interesado cumple con los requisitos y se le han conferido las autorizaciones pertinentes.

Acompaña documentos a su presentación.

A folio 16 informó la Municipalidad de Temuco, remitiendo informe elaborado por el Departamento de Rentas y Patentes Municipales que señala que la recurrente posee 2 patentes (Rol 2-26258, España Nª460 of.2013:Actividad económica de oficina asesorías y administración / Rol 2.25678, Dinamarca Nª621 of 807: Actividad económica de oficina OTEC), que respecto de ninguna de ellas es posible agregar la glosa capacitación de personas en materias inherentes a seguridad privada, toda vez que son de oficina y no para capacitación, no permiten salas de clases.

Se trajeron los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales debidamente comprobados, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

En dicho orden de ideas son requisitos para que la acción de protección pueda prosperar, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado en forma precedente, que priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado. Asimismo, ha de concurrir una relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional que se dice vulnerada, y que exista la posibilidad actual del órgano jurisdiccional, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

SEGUNDO: Que, en la especie, y de acuerdo a lo expuesto en el libelo recursivo, se reclama del actuar que la recurrida que la actora considera arbitrario e ilegal, consistente en imponerle el cumplimiento de una serie de requisitos en razón de su solicitud de que se renueve la autorización para la prestación de servicios de capacitación en materias inherentes a seguridad privada, a los que, no obstante considerar que no eran procedentes, por tratarse de exigencias ajenas a la legalidad, fue dando cumplimiento, con excepción de la exigencia contemplada en la letra g) del Oficio N° 56 (ES 59) de fecha 15 de octubre del 2019, de la Prefectura de Carabineros “CAUTIN” N°22, autoridad fiscalizadora OS10, en cuanto se le exige, en relación a la Patente Municipal, que debe ampliar el giro comercial a “Materias Inherentes a Seguridad Privada”, habiendo sido informado en la Municipalidad de Temuco, que no podía hacerse una ampliación del giro, por cuanto, dicho giro comercial no existía, misma exigencia que la recurrida reiteró con fecha 17 de diciembre de 2019, al emitir Oficio N° 89.

La entidad recurrida, por su parte, ha indicado que ha obrado dentro del ámbito de sus facultades legales y reglamentarias, explicando la razón de las observaciones que ha formulado a la solicitud de la actora las que, en todo caso, pueden ser subsanadas y sometidas a análisis para decidir la renovación de la autorización para la prestación de servicios de capacitación en materias inherentes a seguridad privada, toda vez que no se trata de actos conclusivos, señalando en relación a la patente de la actora, que ésta corresponde a “oficina de asesorías y capacitación", por tanto, la observación que se le efectuó fue de ampliar su giro comercial agregando “Materias Inherentes a Seguridad Privada” siendo esto lo que se mantiene pendiente.

TERCERO: Que a efectos de resolver el presente recurso debe tenerse presente la normativa atingente, en particular, lo dispuesto en el inciso final del artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que establece; “Asimismo, la Institución tendrá a su cargo, en la forma que determine la ley, la fiscalización y el control de las personas que desarrollen actividades de vigilancia privada”, lo que debe relacionarse con el Decreto Ley Nº 3.607, referido a Nuevas Normas Sobre Funcionamiento de Vigilantes Privados, que dispone en su artículo 5° bis, inciso primero, que “Las personas naturales o jurídicas que realicen o tengan por objeto desarrollar labores de asesoría o de prestación de servicios en materias inherentes a seguridad, o de capacitación de vigilantes privados, deberán contar con la autorización previa de la Prefectura de Carabineros”, a lo que debe aunarse lo previsto en el inciso sexto de la última norma señalada, en la que se indica que: “Las personas naturales o jurídicas que desarrollen alguna de las actividades a que se refiere el inciso primero, deberán cumplir con las siguientes exigencias y condiciones, en lo que fueren aplicables: a) Contar con la autorización de la Prefectura de Carabineros respectiva; b) Acreditar su idoneidad cívica, moral y profesional, como asimismo la del personal que por su intermedio preste labores de nochero, portero, rondín u otras de similar carácter, manteniendo permanentemente informada a la correspondiente Prefectura de Carabineros acerca de su individualización, antecedentes y demás exigencias que determine el reglamento; …”.

CUARTO: Que, por su parte, el Decreto Supremo 867 del Ministerio del Interior publicado el 17 de marzo de 2018 que dicta el reglamento sobre nuevos estándares para personas, personal y empresas que reciben servicios o realizan actividades de seguridad privada, en su Título III denominado “sobre Las Empresas de Seguridad Privada”, hace referencia a los requisitos para actuar como tal, en tanto en el inciso final del artículo 11° señala que “se faculta a la Autoridad Fiscalizadora en materia de Seguridad Privada, para requerir a las empresas de seguridad, cualquier otro antecedente que le permita formarse convicción acerca de la idoneidad cívica, moral y profesional de la persona jurídica que solicita su acreditación, la de sus socios y sus representantes legales.”

QUINTO: Que, de las disposiciones legales y reglamentarias a las que se ha hecho referencia, queda de manifiesto que atendida las características de la actividad de que se trata, esto es, respecto de materias inherentes a seguridad privada, se le han otorgado a la recurrida, facultades especiales, para revisar la idoneidad de las personas que deseen desempeñarse en dicha actividad, para así formarse convicción sobre su idoneidad moral, cívica y profesional, exigencias que se hacen extensivas al proceso de renovación de una autorización antes concedida como la que pretende la actora.

SEXTO: Que, en tales circunstancias no se vislumbra la existencia de un actuar ilegal por parte de la recurrida, en tanto ha obrado en conformidad a diversas disposiciones legales y reglamentarias en cuya virtud se encuentra debidamente facultada para efectuar observaciones a la solicitud de la actora de renovación de la autorización para desempeñarse en la Prestación de servicios de capacitación en materias inherentes a seguridad privada, pudiendo solicitar cualquier antecedente que le permita formarse convicción acerca de la idoneidad cívica, moral y profesional de la persona jurídica que solicita su acreditación, la de sus socios y sus representantes legales, tal y como ha ocurrido en el presente caso en que se solicita a la actora contar con la patente municipal correspondiente A partir del informe del Departamento de Rentas y Patentes Municipales, queda de manifiesto, en todo caso, que la recurrente posee 2 patentes: Rol 2-26258 :Actividad económica de oficina asesorías y administración y Rol 2.25678,: Actividad económica de oficina OTEC), y que no resulta posible agregar la glosa “capacitación de personas en materias inherentes a seguridad privada”, toda vez que son de oficina y no para capacitación y no permiten salas de clases, sobre lo cual ninguna injerencia tiene la recurrida.

SÉPTIMO: Que tampoco existen elementos que permitan calificar como arbitrario el actuar de la entidad fiscalizadora en tanto no se ha alegado que a la actora se le haya otorgado un tratamiento distinto al de otras personas, naturales o jurídicas, que se encuentren en similar situación.

OCTAVO: Que por lo anterior, el recurso deberá ser rechazado, conforme se dirá a continuación, siendo inoficioso referirse a las garantías constitucionales que se reclaman como vulneradas.

En virtud de lo anterior y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, el deducido por nombre reservado nombre reservado, Abogado, en representación de la Sociedad de Capacitación Maihue Ltda., en contra de Carabineros de Chile, Prefectura Cautín Nº 22, Oficina de Seguridad Privada, representada por su Prefecto, Coronel de Carabineros, nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Interina Sra. Cecilia Subiabre Tapia.

Protección-390-2020. (fcv)