nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, veintidós de julio de dos mil veinticuatro.

VISTO:

A folio N°1 comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección en contra de COMPIN y la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Funda su acción en que con fecha 4 de abril del presente año recibió dictamen por parte de la Superintendencia, en la cual rechaza sus licencias médicas. Anteriormente lo mismo sucedió con el COMPIN.

Se acercó a solicitar información, explicación y ayuda para resolver su situación con las licencias médicas, lo que la ha afectado en lo laboral y en lo personal, sumándose a los problemas que tiene desde antes, un cuadro depresivo, problemas de salud física Buscó la documentación requerida y la presentó, tal como se lo señalaron.

Rechazaron su solicitud, le respondieron que fue pobre en el aspecto de documentos, lo cual le provoca una angustia. Además, desde el mes de noviembre no recibe ningún tipo de ingreso y, para seguir con su tratamiento, su empleador le insistió que debía volver a trabajar, siendo que aún no estaba al 100% de sus capacidades laborales. Lo anterior es relevante, ya que trabaja con niños y niñas en un jardín infantil, por tal motivo interpone recurso de protección ya que efectivamente hizo uso de sus licencias médicas de forma correcta asistiendo al médico y con tratamiento para sus problemas físicos de salud en general.

Agrega que padece un cuadro de episodio depresivo que a la fecha, poco a poco, ha podido superar.

Invoca como garantía constitucional vulnerada la contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Pide se realice una revisión de su caso.

Acompañó los siguientes documentos: Dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, informe médico, certificado de bonos, certificado de defunción de familiares y copia de cédula de identidad A folio N°5 evacua informe COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA quien solicita el rechazo del recurso.

Indica que nombre reservado, rut RUT reservado dedujo recurso de protección por no pago de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Que, analizada la base del Sistema Maestro Licencias Médicas Fonasa, se desprende que, las licencias médicas se rechazan en base a las siguientes razones:

1.- En primer lugar, las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, fueron rechazadas debido a que a la recurrente se le solicitaron antecedentes médicos para justificar su reposo, no siendo presentados hasta la fecha. Por su parte, las reposiciones fueron desestimadas porque la recurrente adjuntó informe de médico tratante, de fecha 31 de agosto de 2023, emitido por médico general, con diagnóstico asociado a salud mental en tratamiento con eszopiclona y clonazepam, no acreditando derivación a psicoterapia, ni a médico psiquiatra, no indicando GES, no indicando evolución tórpida o refractariedad a tratamiento, no estableciéndose rol terapéutico.

2.- En segundo lugar, las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado fueron rechazadas debido a que la recurrente no adjuntó antecedentes médicos que permitieran establecer o justificar la prolongación de su reposo laboral por el diagnóstico enunciado, más allá del período que ya ha sido autorizado previamente. Por su parte, las reposiciones fueron desestimadas porque los antecedentes médicos que acompañó el recurrente fueron insuficientes para fundamentar la prórroga del citado reposo, además, no aporto informe médico de especialidad ni informe psicológico. A su vez, informe médico aportado no contaba con escala de gravedad, no contaba con plan de tratamiento ni de reintegro laboral.

Cabe señalar que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Entonces, tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por COMPIN, al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica, se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto. Todo esto en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Acompañó los siguientes documentos: Listado Maestro Licencias Médicas Fonasa del recurrente del período 2023.

A folio N°7 evacua informe COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ SUBCOMISION CAUTIN quien solicita el rechazo del recurso.

1.- En primer lugar, se hace presente que la recurrida presenta licencias médicas rechazadas por la COMPIN Subcomisión Cautín y por la COMPIN Metropolitana, por lo que sólo se podrá informar respecto de aquellas en que ha habido pronunciamiento por la COMPIN Subcomisión Cautín, derivándose los antecedentes para que aquella informe en lo pertinente.

2.- Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por licencia médica el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las licencias médicas se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.

3.- El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.

4.- Para la visación de una licencia médica, el médico contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con Problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médica.

5.- Que, respecto de las licencias médicas rechazas por la COMPIN Subcomisión Cautín, se indica lo siguiente:

a)

Licencia médica N° IMED-3 78466615-8: Emitida a contar del 06.11.2022 por 12 días, con diagnóstico “Otras osteocondropatías” por médico general, Dra. nombre reservado.

• Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 10.11.2022, considerando: “reposo prolongado”.

b)

Licencia médica N° IMED-2 79666092-9: Emitida a contar del 03.12.2022 por 21 días, con diagnóstico “Otros desplazamientos de disco cervical” por neurocirujano, Dr. nombre reservado

• Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 09.12.2022, considerando: “Sin causa médica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología.

6.- Que, la COMPIN Metropolitana ha rechazado las siguientes licencias médicas, respecto de las cuales la COMPIN Subcomisión Cautín no tiene antecedentes:

7.- Que, la trabajadora comenzó licencias médicas con diversos diagnósticos osteomusculares el 29.03.2022.

En el período comprendido entre el 30.03.2022 al 05.11.2022 acumuló 161 días de reposo, lo que se consideró tiempo suficiente para resolución de la patología y se rechazó la prórroga de reposo, considerando la pérdida de la temporalidad del reposo.

Cabe señalar que la trabajadora no ha hecho uso de su derecho a realizar un recurso de reposición aportando antecedentes médicos que pudieran justificar el reposo otorgado.

8.- Que además, es importante tener presente que la COMPIN, junto a la SUSESO, son los organismos técnicos competentes para aprobar o rechazar las licencias médicas, tal como se ha indicado anteriormente, lo cual ha sido ratificado por S.S. Ilma.[1] en diversos fallos, lo cual también ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema, a modo de ejemplo, lo resuelto en causa Rol N° 50.695, mediante sentencia de fecha 28.05.2020, dictada en un recurso de protección también interpuesto en contra de la SUSESO y de la COMPIN Subcomisión Cautín, por el rechazo de licencias médicas y que se solicita tener presente al momento de resolver la presente acción constitucional; y que en lo pertinente indica lo siguiente (transcripción textual):

“Segundo: Que las recurridas expresan que han actuado conforme a derecho por cuanto las licencias médicas de autos fueron rechazadas con sustento técnico, teniendo en consideración antecedentes e informes médicos que se tuvieron a la vista, en particular el peritaje realizado a la parte recurrente que da cuenta que al momento de la evaluación estaba en condiciones de reintegro laboral sin que se justifique el reposo laboral prescrito.

Cuarto: Que los antecedentes referidos en el considerando previo, los que fueron debidamente analizados y, en especial, el informe médico pericial, son más que suficientes para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la actora, sea arbitrario por carecer de motivación. Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección de autos”.

9.- Que, el criterio anterior se reitera en sentencia dictada en causa Rol N° 50.695 y Rol N° 138.578-2020, de la Excelentísima Corte Suprema, dictadas en recursos de protección interpuestos en contra de la SUSESO y de la COMPIN Subcomisión Cautín, por el rechazo de licencias médicas y que se solicita tener presente al momento de resolver la presente acción constitucional; y que en lo pertinente indican lo siguiente (transcripción textual):

“Segundo: Que las recurridas expresan que han actuado conforme a derecho por cuanto las licencias médicas de autos fueron rechazadas con sustento técnico, teniendo en consideración antecedentes e informes médicos que se tuvieron a la vista, en particular el peritaje realizado a la parte recurrente que da cuenta que al momento de la evaluación estaba en condiciones de reintegro laboral sin que se justifique el reposo laboral prescrito.

Cuarto: Que los antecedentes referidos en el considerando previo, los que fueron debidamente analizados y, en especial, el informe médico pericial, son más que suficientes para arribar a la decisión que se adoptó por el órgano contralor, por lo que mal podría estimarse que la resolución impugnada, en cuanto fundadamente desestimó el reclamo formulado por la actora, sea arbitrario por carecer de motivación.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara que se rechaza el recurso de protección de autos”.

10.- Que, en resumen, queda acreditado en base a lo informado previamente, que la actuación de la COMPIN Subcomisión Cautín no ha sido ni arbitraria ni ilegal, sus resoluciones han sido fundadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880, debiendo tenerse presente la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos según lo establecido en su artículo 3°; actuando dentro de sus competencias legales, por lo que en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se solicita se rechace el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, al carecer de fundamentos, por cuanto la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Subcomisión Cautín no ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, toda vez que las licencias médicas rechazadas y que origina la presente acción constitucional, lo fueron en virtud de la legislación.

11.- Solicita que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a su parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar.

Acompañó los siguientes antecedentes:

a)

Historial de licencias médicas.

b)

Resoluciones de rechazos por COMPIN A folio N°15 evacua informe la Superintendencia de Seguridad Social quien solicita el rechazo del recurso.

Alega la falta de oportunidad del recurso, al haberse interpuesto una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos que se contemplan para hacerla valer.

En relación con esta alegación, se debe tener presente que el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, que regula la tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, prescribe que la acción de protección se debe interponer en el plazo fatal de 30 días corridos, contados desde que se ejecuta el acto supuestamente ilegal o arbitrario (en este caso el rechazo de las licencias médicas), o se incurre en una omisión de las mismas características o bien, desde que el afectado toma conocimiento cierto del mismo, de acuerdo con la naturaleza del acto recurrido.

En efecto, la referida resolución se pronunció respecto del reclamo interpuesto con fecha 04 de abril de 2024, de tal forma que ya a esa data la recurrente tenía conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas reclamadas. De acuerdo con ello, correspondía computar el plazo fatal de 30 días corridos hasta el 04 de mayo del año en curso. Considerando este término como base de la seguridad jurídica para la consolidación de las relaciones jurídicas, es menester mencionar la extemporaneidad de la acción de autos.

Pide se rechace la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado por haber sido ejercida de forma extemporánea, con expresa condena en costas.

EN SUBSIDIO DE LO ANTERIOR, ALEGA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL.

En subsidio solicita se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Reitera que la acción de protección es un procedimiento de urgencia, de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales”.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS.

1.- En relación con la acción de protección interpuesta por la Sra. nombre reservado, es del caso hacer presente que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-203689-2023, la interesada ha recurrido con fecha 07 de diciembre de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 153 días a contar del 02 de mayo de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-S-56015-2024 de 04 de abril de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “esta Superintendencia sometió el recurso deducido a estudio de antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Que, la persona interesada tampoco acompaña informe de psicólogo (a) que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar. Que, la ausencia de tales elementos clínicos no permiten a los especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 31 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada”

Resuelve dicho acto administrativo que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección.

a) El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro sistema de seguridad social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al sistema de pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Ahora bien, cabe indicar que la cartola médica acompañada al expediente registra Informes médicos referidos a la situación de la Sra. nombre reservado, emitidos por profesionales especialistas de la COMPIN y que son coherentes con la decisión de esta entidad, señalando lo siguiente:

De esta forma, de los antecedentes médicos disponibles, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

b) Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicita se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a su representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a su defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, su representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

c) Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad Cabe hacer presente que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que, en la actualidad, dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay, y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante la Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por dicha institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Señala que, para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la mera voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso. Cita jurisprudencia.

Por todo lo anterior, se aprecia que, la conclusión del dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, impugnado por la recurrente, referido a las licencias médicas reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, los que no sólo se encuentran en el dictamen impugnado, sino en una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión del mismo.

d) Ausencia de derechos vulnerados Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues, como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la eventual vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido.

En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención del Servicio indicado, en el caso de la recurrente, responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida COMPIN, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían, según si se trata de un trabajador dependiente o independiente. En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues, como se indicó, para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que, como ya se ha indicado, no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas, sin generar el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración, en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempladas en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable. Cita jurisprudencia.

Pide rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.

Acompañó copia de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso.

A folio N°18 evacua informe FONDO NACIONAL DE SALUD.

En cuanto al ámbito de competencia del Fonasa Indica que de conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las ISAPRES, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.

Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.

Señala el artículo 16 que: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “Las licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.

Ni la Ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.

La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas, curativo común, de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.

En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone: “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF.

Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los subsidios por incapacidad laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).

En definitiva, el FONASA, no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los subsidios por incapacidad laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.

Acompañó recientes fallos relativos a la materia, en los cuales se rechazan o desestiman las acciones que han sido deducidas en contra el Fondo Nacional de salud: P-756-2023; P-2280; P-4375-2023, Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta.

A folio N°20 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario es el rechazo de licencias médicas por parte de Compin Metropolitana y Subcomision Cautin, y la dictación por parte del Superintendencia de Seguridad Social de la Resolución Exenta N° R-01-S-56015-2024, con fecha 04 de abril de 2024, en virtud de la cual se confirmó el rechazo de 6 licencias médicas extendidas a la actora por un total de 153 días a contar del 02 de mayo de 2023.

TERCERO: Que en cuanto a la extemporaneidad del recurso, y no existiendo antecedentes en autos que den cuenta de la época que la recurrente tomó conocimiento de alguna de las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Salud, se entiende que se encuentra dentro de plazo para interponer el presente recurso de protección. Sin perjuicio de lo anterior, al ser tan escueto el recurso interpuesto y considerando que el rechazo de las licencias médicas implican el no pago del subsidio correspondiente, el que se extiende hasta la fecha, permite sostener que el plazo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se encuentra vigente por lo que la presente alegación se rechazará.

CUARTO: Que, en lo referente a la solicitud de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, en orden a que se declare la improcedencia de la acción constitucional interpuesta, por tratarse de materias de seguridad social, y por ende no encontrarse tal derecho garantizado en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política de la República, cabe señalar que si bien esta Corte coincide con lo expuesto sobre este punto, el hecho denunciado a través de esta acción tiene una implicancia directa, sea por vía de amenaza, perturbación o afectación, respecto de otros derechos constitucionales que si se encuentran garantizados en el referido catálogo, tales como la vida e integridad física y psíquica, lo que en principio habilita a la actora para requerir la protección que se solicita.

QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, se hace necesario distinguir aquellas licencias médicas rechazadas por Compin Metropolitana y Subsomision Cautín. Por cuanto, en las primeras, el rechazó fue confirmado mediante Resolución Exenta N° R-01-S-56015-2024 del fecha 04 de abril de 2024 emitida por la Superintendencia de Seguridad, constituyendo ésta el acto terminal. En cambio, en las licencias médicas IMED-3 78466615-8 e IMED-2 79666092-9, rechazadas por la Subcomision Cautín, por resoluciones de fecha 10 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, la actora no interpuso recurso alguno.

SEXTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Compin e Instituciones de Salud Previsional y que, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia" como, asimismo, lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo, que señala: "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer, de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEPTIMO: Que así, según se observa en las resoluciones indicadas, la decisión adoptada por la autoridad administrativa no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado, sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma, si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el actuar de las recurridas no se ajustó a la normativa que regula la materia, tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión, como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica, debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

NOVENO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente importa, de parte de la autoridad, el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, y se dispone dejar sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-S-56015-2024, de fecha 04 de abril de 2024, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, y las resoluciones emitidas por COMPIN SUBCOMISION CAUTIN con fecha 10 de noviembre y 09 de diciembre de 2022, que rechazaron las licencias médicas IMED-3 78466615-8 e IMED-2 79666092-9, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que la aqueja, a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación y, cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Sr. nombre reservado Fernando Cartes Sepúlveda.

Registrese.

N°Protección-3885-2024. (csd)