nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, cinco de octubre de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1 comparece ANDRÉS RODRIGO PÉREZ VALDEBENITO, y SILVIA GONCALVES CONTRERAS MALDONADO, Abogados, quienes interponen recurso de protección en representación de doña nombre reservado, y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL I.- PLAZO DE INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN:

De conformidad al numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la presenta acción constitucional es interpuesta dentro del término legal, por cuanto los actos ilegales y arbitrarios en contra de los que se reclama fueron notificados a la recurrente con fecha 31 de Marzo de 2023.

II.- ACTO ARBITRARIO E ILEGAL RECURRIDO:

Se recurre en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-43597-2023, de fecha 31 de Marzo de 2023, emitida por la SUSESO, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado , extendidas por un total de 60 días, a contar del 16 de Agosto de 2022, Resolución exenta que, en lo pertinente, concluye que el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto no se justifica la prolongación del resposo mas allá del periodo previamente autorizado.

Cabe señalar que consta en trámite de pensión de invalidez bajo el DL N° 3.500, ejecutoriado con fecha 05 de Junio de 2021, donde se otorga 34% de menoscabo para el cuadro diagnosticado. Sobre este punto es importante señalar que habiéndose determinado, mediante Dictamen de la Superintendencia de Pensiones, que el menoscabo de capacidad es de un 34%, no alcanzando a provocar una pérdida de capacidad de trabajo de al menos un 50%, no cuenta su representada con pensión de invalidez.

III.- COMPETENCIA:

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, es competente para conocer de la presente acción constitucional de protección.

IV.- ANTECEDENTES FÁCTICOS:

A modo de contexto y de acuerdo a los informes (certificado) de médico tratante nombre reservado, neurocirujano, emitidos con fecha 14 de Abril de 2022 y 02 de Junio de 2022 nuestra representada, la Sra. nombre reservado, fue operada de una hernia de disco L4-5 en el 2005, tuvo recidiva de la hernia con mucho dolor y fue nuevamente intervenida en el 2009. Se recuperó, pero con episodios recurrentes de dolor. Desde el 2019 los dolores y la dificultad para moverse fue en aumento, ha estado largo tiempo con licencia. Fue inscrita para una nueva intervención, que esta vez muy probablemente deberá ser con implantes en la columna para fijar ese segmento y evitar una futura recaída. Ha sido inscrita para ser intervenida y está a la espera de la operación. La paciente ha sido controlada periódicamente, su condición física y el dolor que limita sus actividades persiste., con fluctuaciones de intensidad, pero no remita. Ha sido evaluada para ser operada por especialista en columna , pero en su caso por ser la tercera intervención en el segmento L4-5, requiere hacer una espondilodesis con implantes en la columna. Es un procedimiento más complejo y costoso que una intervención habitual de hernia de disco, por eso se ha debido hacer las necesarias consultas para obtener la autorización de FONASA para realizar la operación, lo que aún esta pendiente, pero esperamos se resuelva próximamente. La paciente continúa con dolor y limitaciones de movilidad. Con la operación propuesta, luego de un periodo de recuperación pueda volver a una vida normal, o con moderadas limitaciones.

Actualmente la Sra. nombre reservado se encuentra con licencia médica y a la espera de ser intervenida quirúrgicamente.

Así las cosas, y como ya se hizo mención previamente la SUCESO le rechazó a las siguientes licencias médicas a nuestra representada: N°s N°s RUT reservado, RUT reservado , extendidas por un total de 60 días, a contar del 16 de Agosto de 2022, especificando como motivo del rechazo “el reposo prescrito por las mencionadas licencias médicas, no se encontraba justificado”. Esta conclusión se basa en que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto no se justifica la prolongación del reposo más allá del periodo previamente autorizado.

Cabe señalar que consta en trámite de pensión de invalidez bajo el DL N° 3.500, ejecutoriado con fecha 05 de Junio de 2021, donde se otorga 34% de menoscabo para el cuadro diagnosticado.

Sin embargo el informe del médico tratante es claro que su representada después de ser intervenida quirúrgica luego de un periodo de recuperación pueda volver a una vida normal,y en consecuencia volver a trabajar a sus labores, además como ya se hizo mención su incapacidad es de un 34%, no alcanzando a provocar una pérdida de capacidad de trabajo de al menos un 50%, y en consecuencia no cuenta nuestra representada con pensión de invalidez, pudiendo laborar en razón del porcentaje de incapacidad.

Las decisiones de rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados. En el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, se hace referencia a que los estudios clínicos adjuntos, evidencian lesiones de carácter crónico e irreversible, por lo tanto no se justifica la prolongación del reposo más allá del periodo previamente autorizado, lo que además de no ser efectivo, resulta absolutamente inconsistente y contradictorio a los antecedentes aportados por esta parte y a lo expuesto previamente en esta presentación, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación. La Resolución recurrida de la SUSESO constituye un acto ilegal y arbitrario desde que concluye que el reposo no estaría justificado, fundándose – según se lee – en la misma resolución que “...La superintendencia estudio los antecedentes y con su mérito concluyo (sin ni siquiera hacer realizado peritaje previo).

Por su parte, el acto ilegal y arbitrario recurrido, emanado de la SUSESO, también carece de fundamento, limitándose a indicar que el reposo no se encuentra justificado, lo cual constituye un acto ilegal y arbitrario, sin que el acto recurrido tenga mayor fundamento o motivación. La resolución de la SUCESO fue dictada, prescindiendo de las conclusiones del médico tratante y, lo que es más grave, , sin dar razón y fundamento de su decisión, lo que – inevitablemente – las hacen devenir en arbitrarias.

A mayor abundamiento, cabe señalar que no consta que el referido órgano haya accedido a algún análisis o examen del estado de salud de la recurrente, desde que la COMPIN, en su oportunidad, no ejecutó ninguna de las acciones que prescribe el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, Decreto Supremo Nº 3 del 4 de enero de 1984, del Ministerio de Salud. Norma legal que dispone la posibilidad que la Isapre o Compin a efectos de mejorar el rechazo de las licencias practiquen, por sus propios medios, nuevos exámenes, interconsultas, informes complementarios, visitas domiciliarias, entre otros.

Cabe señalar que el artículo 16 del referido Decreto Supremo, establece que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, hecho que – por cierto – no ocurrió.

Sin que existan otros antecedentes que haya podido tener a la vista la COMPIN que acrediten la conclusión contraria a la indicada en los referidos informes y sin que – en lo pertinente al recurso de protección – indique en la resolución recurrida los informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, razón por la que el acto recurrido es arbitrario.

Los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación del recurrente, pues no ha podido someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse, no obstante la gravedad del diagnóstico médico, de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y a su familia, le significaron la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, lo cual gatilló en ella un estado emocional muy inestable, vulnerable y anímicamente deteriorado, lo que, evidentemente, influye en que se extienda la necesidad de reposo. Económicamente se encuentra sobre endeudada debido a todos los gastos diarios y mensuales y el no tener pago de sus remuneraciones por todo este tiempo.

Que, de esta manera, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que falta la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de las licencias médicas, además de su ambigüedad, transforma su decisión en caprichosa y carente de razones.

Que así́́ las cosas, el acto reprochable descrito, evidentemente vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el derecho de propiedad de la recurrente, protegido en el numeral 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, en el primer caso, el referido rechazo de licencias médicas impacta severamente en la salud de la recurrente produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud, y, en el último caso, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la decisión de la recurrida que le impide acceder al subsidio por enfermedad, por lo que el recurso debe ser acogido.

Por lo mismo, estima que a esta Iltma. Corte le corresponde velar por los derechos de la recurrente en cuyo favor se recurre, ordenando a la recurrida autorizar las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado y proceder a su pago por la entidad competente. Porque los derechos que buscamos proteger mediante el presente recurso son de rango constitucional, y por esta razón existe una necesidad urgente de cautela, toda vez que existe una amenaza y perturbación evidente y cierta, en la forma que determina el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, privación, perturbación o amenaza.

Finalmente, cabe advertir, que nos encontramos en la situación del numeral 2° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 27 de junio de 1992 y sus modificaciones posteriores, pues recurrimos en favor de la persona ya individualizada, a consecuencia de la situación referida en los párrafos anteriores.

Conforme a los antecedentes expuestos y las fechas indicadas como de rechazo de las licencias médicas referidas en los números anteriores, el presente recurso de protección se encuentra dentro de plazo para su interposición.

Pide se declare que los actos de la recurrida importan la violación de las garantías constitucionales previamente señaladas, ordene a la recurrida o a aquel que esta Corte determine el pago de los subsidios derivados de las licencias médicas rechazadas singularizadas en esta presentación. Y en consecuencia:

1.- Que se acoge el presente recurso de protección, por ser la actuación de la recurrida, en los términos descritos en lo principal de este escrito, arbitraria e ilegal y que vulnera, perturba y amenaza las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; y derecho de propiedad de la recurrente doña nombre reservado, establecidas en los nº 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política;

2.- Que, como consecuencia de lo referido, se aprueban y ordena el pago, por quién corresponda, de los subsidios derivado de las licencias médicas rechazadas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas a favor del recurrente, o bien, la declaración que U.S. ILTMA., sirva efectuar en igual sentido.

3.- Que adopte cualquier otra medida que US., Ilustrísima determine tendiente a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo a los derechos cuya tutela se solicita.

4.- Y se condene a la recurrida al pago de las costas del recurso.

Acompañó los siguientes documentos:1.- RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-43597-2023, de fecha 31 de Marzo de 2023; 2.- Informes (certificados) de médico tratante Sr. nombre reservado, neurocirujano, emitidos con fecha 14 de Abril de 2022 y 02 de Junio de 2022; 3.- Dictamen de invalidez de la Superintendencia de Pensiones del 05 de Abril de 2021 que determino una incapacidad es de un 34% respecto de doña nombre reservado, no alcanzando a provocar una pérdida de capacidad de trabajo de al menos un 50%, y en consecuencia no cuenta nuestra representada con pensión de invalidez., pudiendo laborar en razón del porcentaje de incapacidad; 4.- Mandato judicial A folio N°13 evacua informe la recurrida SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Solicitó en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma extemporánea.

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado.

1.-Como consta de la copia del expediente administrativo que se acompaña, el 25 de octubre de 2022 recurrió a esta Superintendencia la Sra. nombre reservado, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 16 de agosto de 2022, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-43597-2023 de 31 / 03 / 2023, este Servicio concluyó que: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 05 de junio de 2021, en conformidad al D.L. N 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 34%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta patologías de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

2.- Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 29 de abril de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin de los formularios en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 25 de octubre de 2022 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre los rechazos de las licencias reclamadas, consta que los mencionados formularios fueron rechazados previamente por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia.

Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 6 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si estos formularios fueron emitidos a contar de agosto de 2022.

3.- Por lo expuesto, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad con la que fue creada por el constituyente, se utiliza como una última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, las que, por razones médicas, fueron rechazadas en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las COMPIN o ISAPRE, según corresponda a un trabajador cotizante del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o a uno afiliado a una institución de salud previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interponerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

4.- Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto, puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto ésta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República, se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

5.- En consecuencia, el recurrente, si estimaba que las resoluciones de la COMPIN y de la ISAPRE que rechazaron las licencias en comento, adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS.- ILTMA., tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

6.- En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, por cuanto, como se desprende de los mismos, los rechazos de estas licencias médicas fueron dispuestos por la referida COMPIN hace mas de 6 meses y no obstante ello, se interpuso la acción de autos recién el 29 de abril de 2023, cuestión que deja de manifiesto la absoluta falta de oportunidad en su ejercicio a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numero 1° del Auto Acordado que lo regula. En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”

7.- En relación con esta alegación, cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, implica asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

8.- A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

9.- Que, por lo demás, lo anteriormente expuesto, ha sido reconocido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en el fallo pronunciado en los autos sobre Recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, Rol Nº 1354-2014, en el que se establece que: “La recurrida alega la extemporaneidad del recurso o acción, para lo cual se funda en que el acto contra el cual realmente se dirige, es aquél por el que la Compin Subcomisión Arauco rechazó sus licencias médicas, de lo cual, según la misma Superintendencia de Seguridad Social, el recurrente habría tomado conocimiento en julio de 2013, en tanto que el recurso se interpuso el 20 de febrero de 2014”.

“Que consta en autos que el recurso de protección fue interpuesto el 20 de febrero del 2014, y que a través del mismo, se busca se reconsidere la determinación de la Superintendencia de Seguridad Social, que confirma el 21 de agosto de 2013 lo resuelto por la COMPIN Subcomisión Arauco, en cuanto a desestimar las licencias médicas del recurrente, hecho acaecido para las licencias médicas números 38998807, 39024339, 39011292 y 41075411”.

“Que, por ende, el acto agraviante contra el cual se recurre es realmente la determinación de la COMPIN Subcomisión Arauco, y no la resolución que resuelve la reconsideración presentada a la Superintendencia de Seguridad Social, y en este contexto es dable concluir que dicho recurso fue presentado en forma extemporánea, toda vez que, de conformidad con lo que dispone el Auto Acordado respectivo, el plazo se cuenta desde la fecha de ejecución del acto u ocurrencia de la omisión y no desde la producción de sus efectos. Aceptar el criterio del recurrente implicaría dejar al arbitrio de quien intente un recurso como el de autos, la determinación de la fecha a partir de la cual se contabilice el término para deducirlo, lo que conduce en la práctica, a la existencia de plazos no definidos, contrariando lo claramente ordenado en el Auto Acordado antes indicado, en cuanto a que éste es de treinta días, lo que persigue la finalidad indudable de otorgar certeza respecto de dicha materia”.

“La Excma. Corte Suprema reiteradamente ha sostenido que el plazo para recurrir de protección es objetivo, de modo que haya certeza jurídica en cuanto a las fechas pertinentes, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes ni puede ser prolongado de manera artificial por el interesado y se cuenta desde la fecha de la fecha del acto u omisión o desde que se tuvo conocimiento o noticia del mismo y es ésta circunstancia básica que permite el cómputo del término para recurrir”.

“Que por lo anteriormente expuesto y concluido, ha de desestimarse la presente acción de protección...”.

Lo anterior, se encuentra reforzado además, por el fallo de fecha 10 de septiembre de 2013, de la séptima sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol Nº 7991-2013, que sobre licencias médicas rechazadas por la Compin Región del Bío-Bío, señaló: “Que sin embargo, de lo expuesto por las partes, y documentación acompañada a este expediente, aparece que efectivamente, los rechazos de las 4 licencias médicas materia del recurso, fueron dispuestas por la Compin Región del Bío-Bío, Subcomisión Concepción varios meses antes de entablarse esta acción”.

“En efecto, respecto de las licencias médicas N° 39049334 y 38329722, en el reclamo de 12 de octubre de 2012 el propio recurrente hizo presente que con fecha 4 de septiembre de 2012 había presentado recurso de reposición ante la Compin Concepción, siendo informado del resultado negativo del recurso el 11 de octubre de 2012”.

“En cuanto a las 2 restantes licencias, N° 39210164 y 37550002, también resulta de los antecedentes que, rechazadas que fueran, de estos rechazos el recurrente tomó oportuno conocimiento, pues dedujo recursos de reconsideración que fueron rechazados por la Compin Concepción con fecha 4 de diciembre de 2012, según los formularios de notificación de los mismos acompañados en el expediente junto a su presentación de 19 de diciembre de 2012”.La referida Compin las había rechazado por considerar reposo injustificado”.

“Así, posteriormente, con fechas 12 de octubre y 6 de diciembre, ambas de 2012, nuevamente reclamó en contra de la misma Compin el rechazo de las licencias médicas ya individualizadas, extendidas por un total de 120 días a contar del 21 de julio de 2012, dando lugar al Ordinario N° 612, de 4 de enero del año en curso, emitido por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo realizado por la Compin Región del Bío-Bío de las licencias médicas en cuestión. Por último, mediante presentación de 8 de enero de 2013 el actual recurrente solicitó reconsideración de lo anteriormente resuelto, en cuanto a la confirmación del rechazo de las licencias médicas dispuesto por la Compin, el cual fue rechazado mediante oficio N° 28447, de 7 de mayo de 2013, de esa Superintendencia”.

“Que en las circunstancias señaladas, resulta indiscutible que la decisión de la cual reclama actualmente el recurrente se remonta al menos al 4 de septiembre de 2012, fecha de presentación de su recurso de reposición ante la Compin Concepción por el rechazo de dos de las licencias; y respecto de las 2 restantes (licencias), basta considerar que fueron denegadas, rechazándose por la Compin Concepción con fecha 4 de diciembre de 2012, el recurso de reconsideración también interpuesto”.

“En consecuencia, son estas fechas las que deben ser consideradas para el cómputo del plazo en estudio, y no la invocada por el recurrente en su libelo”.

“Por lo anterior, habiéndose deducido el presente recurso recién con fecha 24 de enero de 2013, como consta de fs.3, esto es, ya vencido el plazo fatal indicado, la presente acción resulta haberse interpuesto en forma extemporánea, y por ende debe ser desestimada”.

Pide se rechace la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

EN SUBSIDIO, ALEGA LA IMPROCEDENCA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN MATERIAS DE SEGURIDAD SOCIAL Solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual versa la presente acción incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que no está contemplado en la enumeración taxativa que realiza el artículo 20 de la Carta Fundamental y, por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

En esta parte, cabe reiterar a SS. Ilustrísima que la Acción de Protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a “actos u omisiones arbitrarios o ilegales “.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible accionar de protección ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se dijo, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se declare la improcedencia de ésta, en atención a que el asunto debatido se encuentra relacionado con una garantía constitucional (artículo 19, Nº 18, derecho a la seguridad social), que no se encuentra protegida por la acción interpuesta por la parte recurrente, con costas.

EN SUBSIDIO DE LAS ALEGACIONES ANTERIORES, INFORMA EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO QUE MOTIVA LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AUTOS Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador.

En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad.

Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, ella puede ser permanente o transitoria.

Para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, como es el caso de la Sra. nombre reservado, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones. En el caso de los trabajadores afectos a alguna institución de previsión del antiguo régimen previsional (ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social) hoy fusionadas en el Instituto de Previsión Social (I.P.S.), las evaluaciones de incapacidad o invalidez son conocidas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMIS).

En efecto, tras la aprobación de las últimas licencias médicas de la Sra. nombre reservado, consta evidentemente que el cuadro que aqueja a la Sra. nombre reservado ha evolucionado en forma crónica y la incapacidad que le provoca no es modificable con reposo.

Esta conclusión se basa en que según los antecedentes aportados, el trámite de invalidez ejecutoriado con fecha 05 de junio de 2021, en conformidad al D.L. N 3.500, de 1980, del M.T. y P.S., concluyó en un porcentaje de menoscabo igual a 34%, el cual, no es suficiente para acceder a una pensión de invalidez, sin embargo, reconoce que presenta patologías de carácter crónico e irreversible, por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado.

Por lo tanto, no se justifica la prolongación del reposo más allá del período previamente autorizado por más de 500 días Por tanto, su capacidad residual de trabajo, es suficiente para reintegrarse a sus labores habituales, no siendo admisible que haga uso de licencias médicas, máxime si éstas fueron rechazadas por reposo injustificado, toda vez que ya hizo uso de este tipo de formularios por un largo período.

En efecto, con posterioridad a las licencias reclamadas dio cuenta de su capacidad residual de trabajo, incorporándose a trabajar por lo que se confirma mayormente lo dictaminado por este Servicio.

Cabe agregar que conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Asimismo, mi representada ha señalado reiteradamente que una persona declarada inválida que ha vuelto a trabajar con su capacidad residual de trabajo, puede tener derecho a presentar licencias médicas, en las oportunidades en que dicha incapacidad residual se vea temporalmente afectada, sea por una de las patologías por la que fue declarada inválida u otra distinta.

En todo caso, para que una persona demuestre que tiene capacidad residual de trabajo, es necesario que con posterioridad a la obtención de la pensión de invalidez se haya reincorporado efectivamente a trabajar y que luego sufra una incapacidad laboral que afecte dicha capacidad residual, por la misma u otra patología, que lo aleje temporalmente del trabajo al que se había reincorporado.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una COMPIN o INSTITUCIÓN DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

La licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “ Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez –Compin- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud –Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Como se ha expuesto y de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

2.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Como se desprende de la relación de hechos que se ha realizado previamente en este escrito, lo cual solicito se tenga por reproducido en esta parte, la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. ILTMA., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del nuYelorl 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Ahora bien, el legislador ha establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013, cuáles son las funciones esenciales de la Superintendencia de Seguridad Social.

A su vez, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que:

“La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”.

El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

A su vez, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

En seguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

3.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Cabe hacer presente a SS. ILTMA. que, en lo que respecta al derecho a licencia médica, a la Superintendencia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 16.395, le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario. En tal sentido, a la referida entidad de salud le sucedieron los Servicios de Salud y con ocasión de la reforma a la Autoridad Sanitaria, las funciones que no derivan del Código Sanitario fueron traspasadas a las SECRETARÍAS REGIONALES MINISTERIALES DE SALUD (SEREMIS DE SALUD), las que tienen a su cargo las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), entidades que como ha quedado claramente establecido participan en la administración del derecho a licencia médica, ya sea actuando como primera instancia, respecto de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) o bien como instancia de apelación en el caso de las licencias médicas otorgadas a afiliados a Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).

En efecto, las resoluciones de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), relativas a la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas son apelables en el plazo de 15 días hábiles ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), instituciones de previsión que en la actualidad dependen de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI). Además, estas instituciones deben resolver acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

En consecuencia, los pronunciamientos que en materia de licencias médicas emite la Superintendencia de Seguridad Social, se hacen en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión, teniendo como funciones esenciales la de “supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social y la de calificar la legalidad de los ingresos, así como la oportunidad y finalidad de los egresos e inversiones de los fondos de las instituciones de previsión y de los beneficios que se otorguen a los imponentes”.

Cabe hacer presente, además, que el procedimiento para la autorización de las licencias médicas está previsto en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. En este cuerpo reglamentario se contemplan expresamente causales de rechazo de licencias médicas.

De acuerdo con este procedimiento, el trabajador cotizante de FONASA (sistema público de salud), afectado por el rechazo de una licencia médica dispuesto por una COMPIN, puede solicitar la reconsideración de tal resolución.

En caso que la COMPIN, analizados los nuevos antecedentes, si es que los hay y reestudiado el caso, confirme su anterior resolución, el trabajador puede reclamar ante esta Superintendencia, la que revisa, de acuerdo con el marco legal señalado, lo actuado por la COMPIN, en cuando a la procedencia o no de autorizar la licencia médica cuestionada. Ciertamente, en caso que se confirme por esta institución de control, lo resuelto por la COMPIN, el trabajador afectado puede solicitar reconsideración de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1/19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a ese ILTMO. Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de mi defendida. En esta parte, SS. ILTMA., muy bien sabe que para que un acto sea arbitrario, este debe responder al capricho, a la nombre reservado voluntad sin fundamento o raciocinio alguno por parte del que lo emite. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió esta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

En efecto, es un hecho de la causa que dado lo extenso del reposo indicado, las alteraciones que la interesada presenta son de curso crónico y no susceptibles de modificar con reposo.

En efecto, constan en el expediente, los informes médicos de los siguientes especialistas de la Superintendencia:

1.- Informe de fecha 12 de marzo de 2023, elaborado por el Dr. nombre reservado que señala: “ Sección B (Datos de las Licencias Reclamadas)

Inicio de la licencia más antigua: 16-08-2022 Cantidad total de días reclamados: 60 Días autorizados por la(s) patología(s): 686 Modalidad de emisión de las licencias reclamadas: (X) Particular/Libre Elección ( ) Institucional ( ) Ambas Licencias:

Datos Licencia 1 nombre reservado: RUT reservado

Diagnóstico: M51.1 - Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatia.

Nombre del médico: nombre reservado

Especialidad: Médico general, Neurocirujano.

Alto emisor: ( ) SI (X) NO Datos Licencia 2 nombre reservado: RUT reservado

Diagnóstico: M51.1 - Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatia.

Nombre del médico: nombre reservado

Especialidad: Médico general, Neurocirujano.

Alto emisor: ( ) SI (X) NO Sección C (Antecedentes Médicos)

IMC con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: 07-03-22 Paciente con antecedentes de cirugía 2005 y 2009 por HNP L4-L5. Actualmente radiculopatía crónica L5 doble compresión: Receso lateral L4-L5 izquierda y Hernia foraminal L5-S1 izquierda. Paciente el Lista de espera no GES desde enero de 2020 sin claridad de fecha para resolución quirúrgica. Pronostico: Mejoría.02-06-22 Similar. Agrega: Desde 2019 los dolores y la dificultad para moverse fue en aumento. Otra vez ha tenido una hernia l4-L5. Ha estado largo tiempo con licencia. Tercera cirugía requiere espondilodesis con implantes en la columna, procedimiento mas difícil y costoso que una cirugía habitual. Después de la cirugía y tras un periodo de recuperación pueda volver a sus actividades habituales.

Peritaje con fecha: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Exámenes con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: RM de columna lumbar 15-01-2021: Alteraciones postquirúrgicas L4-L5 a izquierda, con remanente-recidiva herniaria posterior central-parasagital izquierda no compresiva. Compromiso degenerativo disco-vertebral dorsolumbar, dominante en L4-L5, con protrusiones posteriores no compresivas descritas y secundaria foraminal estenosis moderada L5-S1 a izquierda.

TPI: (X) SI ( ) NO Detalle: 1er TPI solicitado el 18-11-20. Rechazo médico solicitud de invalidez con MCT 34%. Ejecutoriado el 05-06-21. Dg Dolor lumbar discopático.

Lista de espera quirúrgica: ( ) SI ( ) NO (X) N/A Detalle:

Acredita Atención GES: ( ) SI ( ) NO (X) N/A Detalle:

Otros Antecedentes Médicos: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Otros Antecedentes Relevantes: ( ) SI (X ) NO Detalle:

Sección D (Fundamentos de la resolución)

Fundamentos de la resolución: Paciente con 688 días de reposo autorizado. Reclama por 60 días. Emitido por neurocirujano. Modalidad libre elección. IMC suficiente, da cuenta de patología crónica de larga data, que requiere cirugía como única alternativa de mejoría. En control por especialista. Exámenes atemporales. No acredita terapia. Sin FPA.1er TPI solicitado el 18-11-20. Rechazo médico solicitud de invalidez con MCT 34%. Ejecutoriado el 05-06-21. Dg Dolor lumbar discopático. Rechazo”.

Por lo anterior, se aprecia que el Ord. impugnado por el recurrente, referido a las licencias reclamadas, encuentra correlato fáctico en los antecedentes que obran en el expediente administrativo que se acompaña, en los que no sólo se encuentra la resolución impugnada, sino una serie de antecedentes médicos, que respaldan la conclusión de dicho Oficio, en orden a rechazar las licencias indicadas.

4.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, hace presente a que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica y salud, garantizado a todas las personas en los numerales 1° y 9º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría mi representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, mi representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece el recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso del recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o COMPIN)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso del recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime el recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la COMPIN, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Solicita, en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que algunas de ellas no sean acogidas, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la acción de protección interpuesta por doña nombre reservado y con su mérito rechazarlo en todas sus partes, con costas.

Acompañó los siguientes documentos: Copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

A folio N°21 evacua informe FONASA.

I. En cuanto a la actuación del FONASA respecto al acto u omisión que se alega arbitrario o ilegal en la especie.

Antes que todo, es del caso aclarar que, en conformidad a nuestro Ordenamiento Jurídico, corresponde a las COMPIN o a las Isapres, en su caso, la aprobación o rechazo de las licencias médicas y no al FONASA.

Según lo dispuesto en los artículos 16 y 29 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, es la COMPIN quien debe aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados del FONASA.

Señala el artículo 16 que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 29, en su inciso primero, refiere que “las Licencias médicas serán autorizadas por la Compin y por la Unidad de Licencias Médicas”.

Ni la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, ni el D.S. N° 3, de 1984, de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las COMPIN y las instituciones de salud previsional, menciona a FONASA como organismo tramitador ni autorizador de licencias médicas.

En cuanto al pago de los subsidios, compete a las propias COMPIN (función que hoy se encuentra centralizada en la Tesorería de la Subsecretaría de Salud Pública del Minsal, cual es el superior jerárquico de las COMPIN) o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF), según sea que el trabajador esté o no afiliado a estas últimas.

La función de FONASA en la materia, se limita solamente a la entrega de los recursos financieros para el pago de licencias médicas Curativo Común de sus cotizantes, sea a la Subsecretaría de Seguridad Pública del Minsal o a las CCAF, según sea el caso.

II. En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad alegada por la parte recurrente.

De acuerdo a lo señalado en su presentación, la SUSESO incurre en un acto ilegal o arbitrario al resolver, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UME-43597-2023, de fecha 31 de marzo de 2023 que confirma el rechazo de las Licencias Médicas que indica.

Como se señaló anteriormente, a FONASA no le compete ni la tramitación ni la autorización de las licencias médicas; sino que su función se relaciona expresamente con el disponer de los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, en su caso, cuando la licencia ha sido aprobada por la COMPIN.

En efecto, la COMPIN, es el órgano competente para la tramitación o autorización, en virtud de la facultad explicitada en el DS N° 3, que dispone “para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Atendido a que las licencias médicas fueron rechazadas por el organismo legalmente facultado para ello, no hubo una orden a FONASA para transferir los recursos financieros a la COMPIN o a la CCAF, por lo que no se vislumbra de qué forma esta recurrida habría incurrido en una pretendida “ilegalidad o arbitrariedad”, ya que no tiene injerencia en la aprobación o rechazo de una licencia médica.

Más bien, en virtud de lo referido en el artículo 50 del DFL N° 1, de 2005, del Minsal, las funciones de FONASA tienen relación con el financiamiento de las prestaciones y la administración de los recursos del fondo. Dentro de ello, se encuentra el transferir mensualmente los montos de los Subsidios por Incapacidad Laboral a la Subsecretaría de Salud Pública, o a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).

En definitiva el FONASA, no está facultado legalmente para fiscalizar sobre el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los Subsidios por Incapacidad Laboral (SIL) asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.

Como corolario de lo expuesto, no se advierte de qué forma el FONASA habría conculcado y/o infringido garantías constitucionales del recurrente, lo que hace concluir que, en la especie, no se configura acción u omisión arbitraria o ilegal alguna por parte del Fondo Nacional de Salud.

Ahora bien, en relación a la actuación de la SUSESO en esta materia, ha de hacerse presente que una función de dicho órgano es supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 18 de la CPE y que dicha función es pormenorizada en la ley N° 16.395.

De tal modo, y para no reiterar las facultades de la SUSESO que ya fueron expuestas en los informes previos, es menester enfatizar que el procedimiento administrativo para la tramitación y posterior pago de los subsidios por licencias médicas, es un procedimiento reglado y que cuenta con todas las garantías de un debido proceso. En efecto, el proceso permite a los intervinientes conocer de antemano los plazos de todas las actuaciones, son debidamente notificados de las actuaciones, pueden controvertir los antecedentes, aportar medios de prueba, hacer descargos y recurrir contra las resoluciones que se dicten en el proceso.

En esta línea de ideas, es menester señalar que la SUSESO ha actuado dentro de sus facultades las que se encuentran debidamente regladas y que dichas reglas permiten erradicar cualquier atisbo de arbitrariedad en las decisiones que se adopten.

A folio N°23 evacúa informe la SEREMI de Salud de la Araucanía en representación de COMPIN.

Indica que según lo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones Previsionales, del Ministerio de Salud, se entiende por licencia médica el derecho que tiene un trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un tiempo determinado en cumplimiento de una indicación profesional certificado por un médico cirujano, dentista o matrona, reconocido por su empleador en su caso y autorizada por una COMPIN o Institución de Salud Previsional (ISAPRE) según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de un subsidio especial con cargo a la entidad de previsión. De esta definición se desprende, que las licencias médicas se otorgan con el fin de recuperar la salud y que es por un tiempo determinado de reposo.

El artículo 16 del Decreto Supremo Nº 3 de 1984, ya mencionado, faculta a la COMPIN, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, según corresponda, para aprobar o rechazar las licencias médicas; reducir o ampliar el periodo de reposo solicitado o cambiarlo de total o parcial y viceversa.

Para la visación de una licencia médica, el Médico Contralor de COMPIN se basa en los antecedentes médicos aportados y en las Guías Referencial de Reposo Médico y Reintegro Laboral en Personas con problemas y/o Enfermedad Mental. Lo anterior está incluido en la Ley Nº 20.585, sobre Otorgamiento y Uso de Licencia Médica.

Que, respecto de las licencias médicas recurridas, se informa lo siguiente:

a) Licencia médica N° 4-RUT reservado: tramitada en COMPIN centralizada, Santiago. COMPIN Cautín no cuenta con antecedentes.

b) Licencia médica N° 4-RUT reservado: Emitida a contar del 15.09.2022, por 30 días con diagnóstico “Trastorno de disco lumbar y otros, con radiculopatía” por médico general Dr. nombre reservado.

- Rechazada por COMPIN Subcomisión Cautín con fecha 20.09.2022, considerando: “Reposo injustificado”.

- Ingresa Recurso de Reposición con fecha 22.09.2022, se mantiene rechazo considerando: “Reposo injustificado” con fecha 25.10.2022.

- Resolución Exenta N° R-01-UME-43597-2023, del 31.03.2023, Superintendencia de Seguridad Social confirma rechazo de licencias médicas RUT reservado y RUT reservado por no encontrarse justificado el reposo.

Que, la Contraloría Médica de la COMPIN Subcomisión Cautín, para rechazar la licencia médica por la que se recurre tuvo en consideración los siguientes antecedentes:

a) Listado maestro de Licencias Médicas de FONASA: del que se obtiene que inició licencias médicas continuas desde el 23.1.2020, por patología de columna.

En el periodo comprendido entre el 23.01.2020 y el 12.01.2023 acumula 1.086 días de reposo continuo, de los cuales fueron autorizados 876 días.

b) Informe de Resonancia Magnética Columna Lumbar del 15.1.2021.

c) Dictamen de invalidez N° 011.1423/2021, ejecutoriado el 5.6.2021.

d) Certificado Dr. nombre reservado, traumatólogo, del 13.7.2021.

e) Certificado Dr. nombre reservado, traumatólogo, del 7.3.2022.

f) Certificado, Dr. nombre reservado, neurocirujano, del 2.6.2022.

En atención a lo anterior, la Contraloría Médica de la COMPIN concluyó lo siguiente:

a) Pérdida de Temporalidad del Reposo: Usuaria acumula un total de 086 días de reposo por patología de columna lumbar, de los cuales 876 días se encuentran autorizados.

Cabe destacar que el Decreto 3 del año 1984 del Ministerio de Salud, señala en su artículo primero, que el beneficio de la licencia médica que da derecho a ausentarse o reducir su jornada laboral, será por un lapso de tiempo, entendiéndose que el periodo de la licencia médica corresponde al tiempo necesario para la resolución de su patología y retornar al trabajo, de no ser posible la recuperación debe iniciar trámite de calificación de invalidez. Considerando lo anterior, se estimó que reposo mayor a los 876 días autorizados configuran una pérdida de la temporalidad del reposo.

b) Patología Irrecuperable No Invalidante: De acuerdo con la Circular N° 2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, los trabajadores que sufran una patología irrecuperable tendrán derecho a que se autoricen sus licencias médicas, mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez, es decir, hasta que cuente con un dictamen ejecutoriado. En este caso, la usuaria realizó el trámite de calificación de invalidez en la Comisión Médica Regional de Temuco, de la Superintendencia de Pensiones, quienes dictaminaron, el 5.6.2021, un menoscabo en la capacidad de trabajo inferior al 50%, no calificando para obtener una pensión por invalidez.

c) Incapacidad Permanente: De los informes médicos tenidos a la vista, se desprende que usuaria se encuentra con una incapacidad de carácter permanente, una patología crónica, no susceptible a cambios con el reposo otorgado, por lo que las licencias médicas reclamadas no cumplirían un rol terapéutico.

Por todo lo señalado anteriormente, se estimó que el reposo prescrito por medio de la licencia médica N° 4-RUT reservado no cumple un rol terapéutico, con acciones claras orientadas a recuperar la actividad laboral.

Acompañó los siguientes antecedentes: a) Historial de licencias médicas; b) Resoluciones de rechazos por COMPIN; c) Resolución de SUSESO; d) Informes médicos.

A folio N°28 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que la recurrente ha denunciado como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo del pago de dos licencias médicas, solicitando se ordene el pago de dichas licencias médicas, u otras medidas de protección que estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección a sus derechos constitucionales.

TERCERO: Que, haciéndose cargo esta Corte de la alegación de extemporaneidad de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, debe tenerse en consideración que el acto administrativo terminal impugnado es el contenido en la Resolución Exenta N° R-01-UME-43597-2023, de fecha 31 de marzo de 2023.De esta manera, siendo el plazo para recurrir de protección de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado, habiéndose interpuesto el recurso el 29 de abril del año 2023, se debe concluir que la acción fue interpuesta dentro del término legal, debiéndose desechar la incidencia planteada.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no es aquella señalada en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino las comprendida en los numerales 1 y 24 del artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

QUINTO: Que, ahora bien, en cuanto al fondo, rola en autos que por Resolución Exenta N°R-01-UME-43597-2023 de fecha 31 de marzo de 2023, la Superintendencia confirmó el rechazo de las licencias médicas por no encontrarse justificado el reposo.

SEXTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: "La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia", como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo "Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SEPTIMO: Que así, según se observa en la Resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, como tampoco hace mención a otros factores objetivos que permitan corroborar la decisión a que arriba, en cuanto a la suficiencia del reposo médico ya otorgado sin que tampoco explicite los motivos por los que el tratamiento resultaría incompatible con la extensión del reposo, carencias que la privan de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia tanto por no explicitar las razones que motivaron su decisión como al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto tanto la ausencia de justificación como la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

NOVENO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. - Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por los abogados don Andrés Pérez Valdebenito y doña Silvia Contreras Maldonado, en representación de doña nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Exenta N°R-01-UME-43597- 2023 de fecha 31 de marzo de 2023, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja a la actora a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3868-2023. (sac)