Protección contra Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia

C.A. de Temuco Temuco, ocho de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que compareció don Luis Enrique Reyes Medel, abogado, en representación de doña nombre reservado y doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, representado por su Director Nacional don Claudio Alfonso Castillo Castillo, imputándole la dictación de actos ilegales y arbitrarios consistentes en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, dispuesta mediante las Resoluciones Exentas RA N° NUM000 y RA N° NUM001, notificadas el 23 de septiembre de 2025, con infracción de las garantías contempladas en los numerales 2°, 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expuso que, a raíz de hechos ocurridos el día 6 de mayo de 2023 en la Residencia nombre reservado, el Servicio ordenó instruir sumario administrativo mediante Resolución Exenta N° NUM002.

Señaló que, en dicho procedimiento, se formularon cargos en su contra vinculados al manejo de una desregulación emocional de una menor de edad, los cuales se fundaron en determinadas disposiciones del artículo 61 del Estatuto Administrativo, respecto de los cuales evacuaron oportunamente sus descargos.

Indicó que el fiscal instructor, al evacuar la vista fiscal, propuso la aplicación de una sanción de multa, sin embargo, con posterioridad, la autoridad administrativa resolvió aplicar la sanción de destitución, invocando una calificación jurídica diversa a la originalmente contenida en los cargos.

Alegó que ello habría importado una recalificación jurídica posterior de los hechos, sin que se reformularan los cargos ni se otorgara nueva oportunidad de defensa, vulnerándose el debido proceso.

Cuestionó, además, la proporcionalidad de la sanción aplicada, atendida la naturaleza de los hechos, la propuesta sancionatoria contenida en la vista fiscal y la trayectoria funcionaria.

Se alegó igualmente que el procedimiento disciplinario se habría extendido por un plazo excesivo, configurándose decaimiento del procedimiento administrativo, y que existiría infracción al principio non bis in ídem, por haberse considerado hechos previamente anotados como demérito.

Pidió en definitiva dejar sin efecto la destitución y adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho Que evacuó informe el Director Nacional del Servicio recurrido, quien solicitó el rechazo íntegro de la acción Expuso que el sumario administrativo tuvo por objeto investigar un episodio de maltrato ocurrido el 6 de mayo de 2023, en horario de almuerzo, en la Residencia nombre reservado, con ocasión de una desregulación emocional de la niña identificada como nombre reservado, quien se encontraba bajo la protección directa del Estado.

Indicó que, con fecha 8 de junio de 2023, se formularon cargos en contra de las actoras, los cuales fueron debidamente notificados.

En particular, respecto de doña nombre reservado, se le imputó que: “el día 6 de mayo de 2023, a partir de las 13:20 horas, en el comedor de la Residencia nombre reservado, ante un desajuste conductual y emocional de la niña nombre reservado, la tomó por las axilas junto a otra ETD, trasladándola en suspensión sin su consentimiento, para luego mantenerse presente en la contención ambiental en la habitación cerrada contigua junto a la coordinadora, lo que agudizó el desajuste”.

Y, respecto de doña nombre reservado, se le reprochó que: “el día 6 de mayo de 2023, a partir de las 13:19 horas, en la Residencia nombre reservado, ante un desajuste conductual y emocional de la niña nombre reservado, la tomó de los brazos, luego la levantó de los pies junto a otra ETD, trasladándola en suspensión sin su consentimiento, para enseguida mantenerla en la sala contigua y posteriormente abandonar la habitación, no evitando el escalamiento de la crisis, lo que agudizó el desajuste y propició la afectación emocional”.

Señaló que dichas conductas fueron calificadas como infracciones graves a los deberes funcionarios, vinculadas al uso de procedimientos restrictivos de movimiento, y que ambas inculpadas evacuaron descargos, reconociendo la sujeción física de la menor y explicándola como una actuación destinada a evitar que se autolesionara.

Indicó que, evacuada la vista fiscal el 13 de julio de 2023, se propuso inicialmente la aplicación de una multa. Sin embargo, señaló que, del mérito completo del expediente —incluyendo declaraciones, registros audiovisuales, fotografías y protocolos internos— se estableció que los hechos configuraban un maltrato a una niña gravemente vulnerada en sus derechos, infringiendo el Protocolo de Abordaje Frente a Desajuste Emocional y/o Conductual vigente, lo que permitía calificar la conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Explicó que la Dirección Nacional, con apoyo de informes jurídicos no vinculantes, resolvió aplicar la sanción de destitución, conforme al artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, destacando que dicha norma no requería haber sido mencionada expresamente en los cargos, en la medida que la gravedad de la infracción se desprendiera del mérito del proceso sumarial. Agregó que las actoras interpusieron recursos administrativos, los que fueron rechazados, dictándose finalmente las resoluciones impugnadas.

Negó que existiera recalificación ilegal, infracción al debido proceso, desproporción de la sanción, decaimiento del procedimiento o vulneración del principio non bis in ídem, sosteniendo que la medida aplicada era la única jurídicamente procedente atendida la gravedad de los hechos, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile es una acción destinada a cautelar la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que en esa misma norma se señalan, producida a causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, mediante la adopción inmediata por la Corte de Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar debida protección al afectado.

Por consiguiente, resulta ser requisito indispensable para la procedencia de la referida acción constitucional la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, que sea contrario a la ley o producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene, y que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos por el constituyente, en la forma establecida en la disposición antes citada.

SEGUNDO: Que comparece Luis Enrique Reyes Medel, abogado, en representación de doña nombre reservado y doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, representado por su Director Nacional don Claudio Alfonso Castillo Castillo, imputándole la dictación de actos ilegales y arbitrarios consistentes en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución, dispuesta mediante las Resoluciones Exentas RA N° NUM000 y RA N° NUM001, notificadas el 23 de septiembre de 2025.

Indica que lo anterior lo hace con infracción de las garantías contempladas en los numerales 2°, 3° inciso quinto y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: Que la recurrida al momento de informar solicita el rechazo íntegro de la acción Indica que efectivamente se realizó sumario administrativo tuvo por objeto investigar un episodio de maltrato ocurrido el 6 de mayo de 2023, en horario de almuerzo, en la Residencia nombre reservado, con ocasión de una desregulación emocional de la niña identificada como nombre reservado, quien se encontraba bajo la protección directa del Estado.

Refiere, tal como se señaló en lo expositivo que, con fecha 8 de junio de 2023, se formularon cargos en contra de las actoras, los cuales fueron debidamente notificados.

En particular, respecto de doña nombre reservado, se le imputó que: “el día 6 de mayo de 2023, a partir de las 13:20 horas, en el comedor de la Residencia nombre reservado, ante un desajuste conductual y emocional de la niña nombre reservado, la tomó por las axilas junto a otra ETD, trasladándola en suspensión sin su consentimiento, para luego mantenerse presente en la contención ambiental en la habitación cerrada contigua junto a la coordinadora, lo que agudizó el desajuste”.

Y, respecto de doña nombre reservado, se le reprochó que: “el día 6 de mayo de 2023, a partir de las 13:19 horas, en la Residencia nombre reservado, ante un desajuste conductual y emocional de la niña nombre reservado, la tomó de los brazos, luego la levantó de los pies junto a otra ETD, trasladándola en suspensión sin su consentimiento, para enseguida mantenerla en la sala contigua y posteriormente abandonar la habitación, no evitando el escalamiento de la crisis, lo que agudizó el desajuste y propició la afectación emocional”.

Señaló que dichas conductas fueron calificadas como infracciones graves a los deberes funcionarios, vinculadas al uso de procedimientos restrictivos de movimiento, y que ambas inculpadas evacuaron descargos, reconociendo la sujeción física de la menor y explicándola como una actuación destinada a evitar que se autolesionara.

Indicó que, evacuada la vista fiscal el 13 de julio de 2023, se propuso inicialmente la aplicación de una multa. Sin embargo, señaló que, del mérito completo del expediente —incluyendo declaraciones, registros audiovisuales, fotografías y protocolos internos— se estableció que los hechos configuraban un maltrato a una niña gravemente vulnerada en sus derechos, infringiendo el Protocolo de Abordaje Frente a Desajuste Emocional y/o Conductual vigente, lo que permitía calificar la conducta como una infracción grave al principio de probidad administrativa.

Negó que existiera recalificación ilegal, infracción al debido proceso, desproporción de la sanción, decaimiento del procedimiento o vulneración del principio non bis in ídem, sosteniendo que la medida aplicada era la única jurídicamente procedente atendida la gravedad de los hechos.

CUARTO: Que en relación al decaimiento del acto administrativo alegado, cabe asentar que éste ha sido definido como la extinción o pérdida sobreviniente de todo valor, virtualidad, fuerza o eficacia de una relación, derecho, facultad, acto, acción, potestad o procedimiento legal, debido a la desaparición de un elemento esencial, por causales jurídicas atribuibles a la conducta fáctica de parte interesada o hechos ajenos a estas”. Corresponde a un efecto extintivo (no a una causa) de carácter absoluto, sobreviniente, originado por circunstancias de hecho y aplicable a todo tipo de realidades legales activas y pasivas.

Se sostiene que la figura del decaimiento aplicar “ únicamente respecto de casos tasados que generen una ilegitimidad jurídicamente sobreviniente al acto administrativo terminal que está produciendo sus efectos ininterrumpidos, causales que además responderán de forma habitual a aspectos reglados del acto original, por lo que solamente habría decaimiento cuando se pierde el objeto, se afectan los supuestos de hecho o existen cambios normativos significativos que afectan los efectos del acto. Cordero, Luis. 2011, El decaimiento del procedimiento administrativo sancionador. ( ICA Concepción Rol 3566-2025).

QUINTO: Que, conforme lo antes señalado, debemos concluir que el solo transcurso del tiempo no es por si solo suficiente para que el acto administrativo decaiga, ello desde el momento en que los plazos de dichos procedimientos se ha establecido que no son fatales, aceptándose que la tramitación de los procesos de la administración pública se rigen por criterios de razonabilidad que no necesariamente se condicen con el plazo establecido en la Ley. . a su vez la Corte Suprema, luego, en el caso concreto el transcurso del plazo por si solo no configura el supuesto fáctico indispensable para que se produzca la ineficacia del acto que alega la recurrente, de modo tal que su acción no podrá prosperar bajo el argumento del decaimiento del procedimiento administrativo, tal como se dirá en lo resolutivo de la sentencia.

SEXTO: Que en relación a la afectación al principio del non bis in ídem, debemos considerar que la Contraloría General de la República ha señalado sobre el particular, que en cuanto a la eventual vulneración del principio non bis in ídem, es menester indicar que no es efectivo que en el caso en análisis se pueda producir tal afectación, si en definitiva se le impuso un castigo a la inculpada, dado que no constituye una irregularidad aplicar a la recurrente, por un mismo hecho, una anotación de demérito y una medida disciplinaria, toda vez que la primera forma parte del proceso calificatorio, mientras que la segunda deriva de la responsabilidad administrativa configurada a través de un sumario, según se ha informado, entre otros, en el dictamen N° 72.239, de 2010, de dicho servicio.

Motivo por el cual esta alegación será rechazada.

SEPTIMO: Que en relación a la proporcionalidad alegada, tal como lo ha señalado nuestra Excma. Corte Suprema debemos considerar para la decisión de la cuestión controvertida en esta causa, que la medida disciplinaria de destitución es la sanción más gravosa que contempla el estatuto administrativo para un funcionario público, pues el afectado no solo pierde el empleo que sirve, sino que además queda impedido de ingresar a la Administración Pública por el lapso de cinco años, sin perjuicio, de otras normas especiales que contengan prohibiciones similares.

Asimismo, nuestro máximo tribunal nos ha indicado que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la Administración del Estado abarca la revisión de la legalidad de la decisión adoptada, más no el mérito de la misma, cuestión que por su propia naturaleza y en función del reparto de competencias fijado por la Carta Fundamental, corresponde a la Administración activa.

Luego, el examen de legalidad que comprende analizar se refiere a la razonabilidad de la medida adoptada por el servicio y si se ha cumplido el principio de proporcionalidad que a juicio de esta Corte debe siempre estar presentes en este tipo de decisión sancionatoria.

OCTAVO: Que en este orden de ideas, el artículo 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, señalando que este “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Su inciso final indica que su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º del mismo Título.

A su turno, en el párrafo 4° de la Ley indicada, se encuentra el artículo 64 N° 3, que dispone aquellas conductas que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa.

De este modo, una contravención especial del principio de probidad administrativa implica una vulneración de la misma, que acarrea en su supuesto de mayor gravedad, la destitución del infractor, más no necesariamente, en otros casos desprovistos de la gravedad del hecho calificada en su mayor expresión.

NOVENO: Que, del marco normativo antes descrito, destaca que, efectivamente, las recurrentes incurrieron en una conducta que conforme el mérito de autos, resulta contraria a los reglamentos que rigen el servicio recurrido y que fueron objeto de la sanción de destitución por parte del servicio.

En este sentido, esta Corte estima que la aplicación de la medida disciplinaria de destitución por parte de la autoridad administrativa, exige que esta pondere la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad administrativa, de manera tal que de ser así, ella se encontraría en el imperativo de aplicar una sanción proporcional a la falta cometida y a sus circunstancias concomitantes.

DECIMO: Que, conforme al razonamiento previo, debe considerarse entonces que, las recurrentes son funcionarias que se desempeñaron en el Servicio por un largo lapso de tiempo, que la conducta materia de la sanción no aparece como reiterativa en el desempeño profesional de ellas; así como tampoco que con anterioridad las recurrentes hayan sido objeto de alguna medida disciplinaria, supuesto que además, la resolución recurrida no incorporó como antecedente al análisis.

Así, si bien la conducta en que aquellas incurrieron, puede ser considerada reprochable, no permite imponer la medida disciplinaria de destitución, pues ello importaría una violación al principio de proporcionalidad y, por lo mismo, de la garantía de igualdad ante la ley.

UNDECIMO: Que, en consecuencia, la sanción impuesta resulta ser desproporcionada y por ello desprovista de la racionalidad que debe orientar a los actos sancionadores de la Administración. Es irracional pues no ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de responsabilidad que favorecían al actor o la conciencia de la gravedad del ilícito.

Como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, la proporcionalidad “apunta a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer” (Rol 5830-2009) y en la especie las infracciones atribuidas al actor, si bien ameritan su corrección disciplinaria, no son de una entidad suficiente como para justificar la sanción más gravosa del ordenamiento jurídico para un funcionario público, circunstancia que permite no sólo calificar el acto recurrido como arbitrario, sino que además asentar la vulneración de la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en relación con otras personas que en situación similar o incluso superior, son sancionadas con medidas disciplinarias menos gravosas”.

DUODECIMO: Que en razón de lo reflexionado precedentemente, aparece que la aplicación de la sanción de multa establecida en los artículos 121 letra b) del Estatuto Administrativo, es aquella que debe ser aplicada tomando en cuenta la gravedad de las faltas cometidas, debiendo el Servicio recurrido restablecerles en el empleo, con las remuneraciones y beneficios correspondientes desde la época de su separación de labores a la fecha tal como se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

I.- SE RECHAZA la alegación de decaiminento del acto administrativo materia de esta recurso.

II.- SE RECHAZA la alegación de afectación al principio del non bis in ídem.

III.- SE ACOGE, la alegación de falta de proporcionalidad de la sanción impuesta y por consiguiente el recurso de protección interpuesto por don LUIS ENRIQUE REYES MEDEL, abogado, en representación de doña nombre reservado y doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, debiendo la recurrida aplicar la sanción conforme el mérito del proceso y cargos indicados en la vista fiscal. Debiendo además el servicio recurrido, restablecerlas en el empleo, con las remuneraciones y beneficios correspondientes desde la época de su separación de labores a la fecha en que esta sentencia se encuentre firme y ejecutoriada.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Reinaldo Osorio Ulloa.

Rol N° Protección-3849-2025.(jog)