Protección contra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

C.A. de Temuco Temuco, ocho de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, técnico en educación parvularia nivel superior, con domicilio en domicilio reservado, cédula de identidad número NUM000, quien deduce recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, representado para estos efectos por su director nacional don Claudio Castillo Castillo, ignora cédula de identidad, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, por haber dictado Resolución Exenta Nº NUM001 de fecha 3 de septiembre de 2025, notificada el día 23 de septiembre del mismo año, que aplica a su respecto la medida disciplinaria de destitución, solicitando desde ya sea dejada sin efecto y que en definitiva se aplique la sanción que en derecho corresponda, siempre de inferior entidad a la de destitución, disponer el reintegro a mis funciones, y demás peticiones que se detallan en esta presentación.

Señala que en sumario administrativo instruido por Resolución Exenta Nº NUM003 de 11 de mayo de 2023 de la Dirección Regional del Servicio, se dispuso aplicar la sanción de destitución, destacando que el cargo, por el cual se le destituyó, no consideró falta a la probidad alguna, no obstante, se le sancionó por, supuestamente, haber transgredido el principio de la probidad administrativa, luego, porque al entender del recurrido, no existía otra sanción susceptible de aplicar, pues en tal caso - falta a la probidad administrativa- no cabe dar aplicación al principio de proporcionalidad y analizar las atenuantes que le favorecen.

Refiere que el cargo imputado no fue por falta a la probidad administrativa, ello resulta relevante pues impide que con posterioridad se sancione a su representada por un cargo que no se le formuló, por una imputación respecto de la cual no tuvo ocasión de defenderse. No se trata de una mera valoración de los hechos, sino una imputación de una falta distinta, ello porque los cargos, por mandato del órgano de control implica para la doctrina jurídica un trámite fundamental en un sumario, toda vez que no es posible aplicar medidas disciplinarias por hechos que no han sido materia de cargos o cuyos cargos no satisfacen la exigencia normativa.

Sostiene que cargo, es el detalle objetivo, expresado por escrito en términos claros y precisos, de la acción u omisión que se representa al inculpado y la circunstancia agravante acreditada durante la etapa indagatoria, debiendo agregar por mandato del legislador, también de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad. Estas no fueron investigadas siquiera, ello siguiendo la lógica estatutaria que se ha dado a la investigación y cargos formulados, añadiendo que la Contraloría General de la República, mediante Dictamen N°13.576, de 2013, entre otros, ha señalado que las imputaciones que se formulen en el sumario deben ser concretas y precisas y, necesariamente, contener el detalle de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y la forma como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, de modo que se les permita asumir adecuadamente su defensa y, a su vez, el servicio pueda fundadamente determinar, si fuere procedente, la aplicación de la medida disciplinaria que en derecho amerite la falta administrativa.

Afirma que el cargo se limita a señalar que existe una falta, pero no una falta a la probidad administrativa, menos que ella sea grave, como finalmente se le sanciona, señalando que esta obligación adquiere mayor relevancia cuando existe una calificación de falta grave a la probidad administrativa, pero que no se ha fundado de manera alguna en los cargos, por lo que, de acuerdo a lo establecido por el órgano contralor, las imputaciones en la formulación de cargo, debió cumplirse con tres requisitos: deben ser concretas y precisas, necesariamente, contener el detalle objetivo de los hechos constitutivos de la o las infracciones que se le imputa al o los inculpados y, señalar la forma o modo como ellos han afectado los deberes que establecen las normas legales que se han vulnerado, añadiendo que, en ningún caso, resulta admisible las referencias genéricas, por cuanto impiden o limitan en derecho a defensa y con ello el debido proceso, ambos derechos de carácter fundamental, no puede ser concreto un cargo que no refiere falta a la probidad, pues no hubo defensa en tal sentido, para que finalmente se sancione por falta a la probidad, evidentemente es un sin sentido.

Destaca que conforme el cargo y la gravedad de la falta, el fiscal propuso únicamente una multa, pero que luego de dos informes jurídicos, la autoridad regional y nacional cambiaron dicha sanción por la de destitución. Así consta a fojas 352 a 370, especialmente lo señalado a fojas 369 del sumario administrativo en que se contiene la vista fiscal, y fojas 371 y siguientes y 430 y siguientes con los informes jurídicos regional y nacional, señalando que el trámite de informe jurídico, no está considerado en la ley, en efecto, en todo el estatuto administrativo, el legislador nunca consideró dicha diligencia, de tal suerte que, se vulnera el debido proceso, así como el principio de secreto o reserva del sumario administrativo, dando cabida a diligencias o tramites, intervenciones de unidades que el legislador no consideró, indicando que existe una errada comprensión del principio de la probidad administrativa, que no se ha quebrantado.

Señala que si bien se puede apreciar un error o falta de rigurosidad en el informe que realizó el mismo no se puede desconocer, más cuando la directora del centro declara haber sido informada por su parte, así consta a fojas 10 donde queda claro que no hubo agresiones de su parte, y siguientes, 133 y siguientes en que se informa lo ocurrido el día 6 de mayo de 2023, y fojas 284 en que se envía reporte diario de fojas 133, lo que implica que el hecho no fue ocultado, sino que circunstancias de obligaciones civiles, impuestas por la calidad de vocal de mesa, que debía cumplir el mismo día condicionaron la calidad del informe. De haber existido intención de ocultar el hecho, simplemente no se habría informado en libro de reporte diario, ni a la jefatura, se hubiera intentado borrar grabaciones, etc. Así no es efectivo el adicional que finalmente se consideró para sancionar, y que sería no haber denunciado, como se lee en la resolución que se impugna.

En cuanto a si el fin público perseguido por el servicio se alcanzó o en su caso no se pudo ejecutar, esto último claramente no ocurrió, no hubo ni paralización del servicio, ni falta de prestación, ni menos se incurrió en responsabilidad para el servicio, ni tampoco a título personal, a causa de hechos imputables a ella, indicando que en la investigación RUC 2300511579-5 no se determinó responsabilidad alguna. Añade que, archivados los antecedentes, por no aparecer elementos constitutivos de ilícito, menos puede atribuirse a ella no pesquisar potencial delito si el órgano especializado en la investigación y persecución penal no lo advierte, señalando que la obligación de denunciar delitos, requiere precisamente que el sujeto obligado visualice la existencia de un ilícito, y no denuncie, en cambio sino advierte la posible comisión de delito no se encuentre en posición de exigírsele la denuncia.

Considera que no se han reunido antecedentes, ni siquiera indiciarios, de haberse favorecido el interés particular sobreponiéndolo al general, recordando que la infracción grave al principio de la probidad es el que da lugar a la destitución, se observa que a pesar de la extensión de la resolución impugnada, no se explica de modo alguno los motivos o razones que llevan a la autoridad a considerar como “grave” la supuesta falta, ello deriva en que el acto administrativo no satisface las exigencias de la Ley 19.880 aplicables al caso concreto, omitiendo la autoridad el deber de exponer los elementos de hecho y derecho que dan cuenta de dicha calificación, y en su mérito recurrir a la ponderación de la sanción, pues se afirma equívocamente que la sanción es la única procedente en estos casos, y en sobre lo mismo debía la autoridad al resolver ponderar la concurrencia de circunstancias atenuantes que favorecen a su representada, debidamente invocadas.

Estima que la medida de destitución no resulta aplicable, ya que la propia Contraloría General de La República ha señalado que es un deber pronunciarse sobre las atenuantes y cuya omisión implica una falta a la probidad por parte de la superioridad del servicio, así en Dictamen N°1.113 de 2001, por cuanto existe mandato legal al efecto, sin que la probidad administrativa haga excepción a la regla, el estatuto administrativo es claro e impone el deber de considerarlas al señalar: “Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes.”, así reza el artículo 116 inciso final, sin excluir a la probidad de dicha norma, ninguna norma excluye la obligación de ponderar las atenuantes, precisando que la destitución no es la única sanción cuando existe infracción a la probidad administrativa, aun cuando esta sea calificada como grave según dictámenes de contraloría que reproduce, toda vez que no se señaló razón alguna para no ejercer la potestad, que es una facultad de carácter reglamentaria cuya omisión requiere de ser fundamentada a efectos de no incurrir en arbitrios, en caso que se omita la fundamentación, se transgrede el deber contenido en la Ley 19.880.

Sostiene que la resolución recurrida, difiere de lo señalado por la fiscalía al emitir la vista fiscal, a tal punto que de una propuesta de sanción menor y acorde a los cargos formulados, se decidió acoger la “sugerencia” de las unidades jurídicas aplicando la destitución, pero por una norma que nunca se consideró transgredida en el proceso, y que no formó parte de los cargos, ello por considerar que se estaría en presencia de una falta a la probidad administrativa, destacando que el Estatuto Administrativo, Ley 18.834, no considera entre sus trámites y diligencias los informes u opiniones externas, de órganos y funcionarios asesores de la autoridad, por tanto dicha diligencias es ilegal, añadiendo que los hechos por los cuales se sanciona no revisten la gravedad necesaria, puesto que en definitiva, se le sanciona por no denunciar, en circunstancias que informó lo hechos, pudiendo recriminar la precisión de ello, no así la omisión intencionada o direccionada, siendo nuestros máximos tribunales y la propia contraloría quienes han precisado que debe entenderse por tal, ello en consideración a lo dispuesto en la Ley 18.834 artículo 125 que utiliza la expresión o palabra “gravemente”, la que debe ser armonizada con lo regulado en el artículo 121 del mismo cuerpo normativo, que ordena perentoriamente a la administración a considerar no sólo la gravedad sino además las circunstancias modificatorias de responsabilidad.

Afirma que no basta con calificar una conducta como grave sino que se debe propender a la proporcionalidad de la sanción y razonabilidad de la calificación, señalando que nada se ha señalado sobre el daño causado, en efecto no se causó alguno y, de llegar a afirmarse aquello, no existe prueba que lo acredite, citando diversos fallos acordes con esta interpretación y pronunciamientos de la Contraloría General de la República, afirmando que la falta a la probidad admite graduación y, luego de ello, la sanción definitiva a aplicar debe conciliar la gravedad de la falta, con las atenuantes de responsabilidad de la encartada, para recién entonces aplicar la justa medida disciplinaria o hacer efectivo el principio de proporcionalidad según se ha explicado precedentemente, sosteniendo que le favorecen circunstancias que disminuyen el reproche, a saber, la irreprochable conducta anterior, colaboración con el proceso de investigación, y calificaciones pretéritas, como las actuales, incluidas del periodo que media entre la instrucción del proceso disciplinario y el acto recurrido, según será demostrado.

Refiere que los dictámenes de Contraloría General de la República son de carácter vinculante, conforme señala la Ley 10.336 en su artículo 6, quedando por señalar que ante diferentes interpretaciones debe preferirse el que favorece al trabajador público como funcionario, en tal sentido el Dictamen 5661 del año 2020 señaló: “conforme con lo prescrito en el inciso final del artículo 6º de la Ley Nº 10.336, que las decisiones y dictámenes de este órgano de control, en las materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, los que no solo son imperativos para el caso concreto a que se refieren, sino que constituyen la jurisprudencia administrativa que deben observar, lo que encuentra su fundamento en los artículos 6º, 7º y 98 de la Constitución Política, 2º de la Ley Nº 18.575, y 1º, 5º, 6º, 9º, 16 y 19 de la citada Ley Nº 10.336.”

Manifiesta que se configuran atenuantes en favor de su representada consistentes en: 1.- Atenuante de permanentes buenas calificaciones: Durante el desempeño de funciones ha sido calificado en Lista 1, de distinción, tanto en Sename como el actual servicio, inclusive en el periodo posterior a la instrucción del proceso disciplinario y la resolución recurrida. 2.- Atenuante de haber colaborado con la investigación: Destaca que se colaboró con el proceso, concurriendo en cada citación, sin contratiempo alguno, como acatando sin oposición las determinaciones adoptadas en el curso del mismo, obrando oportunamente y de conformidad a derecho en cada ocasión. Es más, informó los hechos en el reporte acompañado, lo que da cuenta de su buena fe y actuar honesto, y esta información efectivamente fue puesta en conocimiento de mi superior jerárquico. 3.- Irreprochable conducta anterior, lo que se evidencia en su hoja de vida del servicio, que acompaña.

Sostiene que los actos de la recurrida, importan la transgresión de las garantías constitucionales de los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, a cuyo respecto ya se ha hecho referencia, destacando el actuar arbitrario e ilegal, por haber en definitiva aplicado la medida disciplinaria de destitución, improcedente tanto por no haber aplicado la sanción proporcional, desestimado la aplicación de atenuantes de responsabilidad de su representada, lo que la constituye en una decisión de carácter arbitrario, así como someterme a un proceso diferente del reglado, quebrantando el secreto del sumario, por medio de informes que la legislación no considera, los cuales sirven de sustento a la máxima sanción y aumentar aquella que propuso el fiscal, añadiendo que lo anterior, le ha impedido e impide ejercer el derecho constitucional al trabajo, impide al recurrente continuar desarrollando sus tareas para las cuales fue nombrada, conforme al cargo y función que desempeñaba en el Servicio, y, consiguientemente, el derecho de propiedad en relación a la prerrogativa a desempeñar el cargo pertinente y percibir los estipendios correlativos por mi desempeño funcionario.

Reitera que las decisiones que se impugnan, lesionan severamente y de modo irreparable la proporcionalidad, la razonabilidad, al disponer la máxima sanción, la exoneración de la administración pública, por hechos y decisiones que se adoptaron de buena fe, nada hay en el sumario que diga lo contrario, anteponiendo claramente el interés público por sobre el particular, alejada de una conducta inmoral, en conclusión, sin afectación a la probidad administrativa.

Finalmente, solicita que se acoja la presente acción y, en consecuencia, a fin de reparar la afectación de garantías, dejar sin efecto la Resolución Exenta RA Nº NUM001 del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que dispuso la aplicación de la medida disciplinaria de destitución y, en su lugar, disponer que la autoridad recurrida deberá emitir a su respecto y dentro del término de treinta días, un nuevo pronunciamiento proporcionado al tenor de los hechos establecidos en la respectivo procedimiento sumarial, aplicando como sanción de inferior en gravedad, disponiendo oportunamente el reintegro de la actora a sus funciones y, el pago íntegro de la remuneraciones que percibía y de todo derecho o beneficio que le hubiere correspondido percibir, desde la fecha de la separación del servicio, hasta su efectiva reincorporación, o como la Ilma. Corte lo resuelva, a fin de dar efectiva protección al afectado.

A folio 8, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM002, director nacional del SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana, evacuando el informe requerido en autos, solicitando desde ya, que se rechace en todas sus partes, con costas, por no existir una acción u omisión ilegal o arbitraria de esta parte, que haya privado, perturbado o amenazado los derechos fundamentales de doña nombre reservado, fundado en la inadmisibilidad de la acción constitucional de protección para abordar esta pretensión; y, la constancia de que las gestiones del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia no revisten la calidad de ilegal o arbitraria, dada la fundamentación de la destitución aplicada y que no se ha infringido garantía legal alguna.

Expone que la Ley N°21.302, creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y que en cuanto a su objetivo, organización y funcionamiento, estableció altas exigencias y estándares para sus servidores, atendidas las funciones encomendadas por la misma, requiriendo contar con personal idóneo y capacitado, según los términos requeridos, para el ejercicio de ellas tal como se indica en el artículo 54 de dicho texto legal, instaurando, además, prohibiciones e inhabilidades adicionales a las exigidas a los funcionarios que ingresan a la Administración del Estado.

En cuanto al sumario administrativo instruido a través de la Resolución Exenta N° NUM003, de 11 de mayo de 2023, de la Dirección Regional de la Araucanía del servicio, refiere previamente que el acto cuestionado, corresponde a la Resolución Exenta RA N° NUM001, de 03 de septiembre de 2025, que afinó el sumario administrativo instruido mediante la Resolución Exenta N° NUM003, de 11 de mayo de 2023, de la Dirección Regional de la Araucanía del Servicio, la que tuvo por objeto investigar el maltrato ocurrido el 06 de mayo de 2023, a la hora del almuerzo, en la nombre reservado, ante una desregulación emocional de la niña nombre reservado, señalando que con fecha 08 de junio de 2023, se formularon cargos en contra de doña nombre reservado (fojas 258/259), como se consigna en el considerando 6° de la resolución impugnada, reproches que le fueron notificados personalmente con esa misma data, según fojas 257, debido a que: “el 06 de mayo de 2023, a partir de las 13.19 horas, en nombre reservado, ante un desajuste conductual y emocional de la niña nombre reservado, le realizó contención con la presencia de dos ETD, no lo denunció, y no evitó el escalamiento de la crisis, lo que agudizó el desajuste y propició la afectación emocional, la reprochada habría incurrido en una infracción grave, entre otros, a lo establecido en el artículo 61, letras b), c) y f), de la ley N° 18.834, respecto de la trasgresión de la norma sobre la contención.”.

Expone que el 23 de junio de 2023, la inculpada presentó sus descargos; enseguida, el 13 de julio de 2023, se emitió la vista fiscal, en la que, entre otras sanciones, se propuso la medida disciplinaria de multa del 11% de la remuneración para doña nombre reservado; posteriormente, el 01 de agosto de 2023, la Unidad Jurídica de la Dirección Regional de La Araucanía del Servicio, estimó que procedía aplicar la medida de destitución respecto de la mentada recurrente, a partir de ello, esa repartición a través de la Resolución Exenta N° NUM004, de 01 de septiembre de 2023, elevó el proceso a la Dirección Nacional para que se pronuncie respecto a la sanción propuesta, y no la mentada unidad jurídica, como lo sugiere la actora.

Refiere que la Dirección Nacional del Servicio, en base al informe en derecho N° NUM005, de 14 de agosto de 2024, de la Fiscalía, resolvió aplicar la medida de destitución para la exfuncionaria, a través de la Resolución Exenta N° NUM006 de 16 de agosto de 2024, ésta se refiere a los mismos hechos que fueron materia de cargos, argumentando que contravino el artículo 61 letra g) del Estatuto Administrativo, según se explaya en el considerando 26°. Contra esta resolución, con fecha 03 de septiembre de 2024, se interpusieron recursos de reposición, uno de ellos por el abogado don Francisco Riquelme Merino, en representación de doña nombre reservado, el cual fue declarado no ha lugar por medio de la Resolución Exenta N° NUM007, de 30 de junio de 2025, de la Dirección Nacional del Servicio. A continuación, se dicta la citada Resolución Exenta RA N° NUM001, que hace efectiva las destituciones aplicadas, la que fue notificada el 23 de septiembre de 2023 a la recurrente.

Considera que se está tratando de utilizar la presente acción cautelar como recurso jurisdiccional ordinario, pretendiendo impugnar una resolución que fue dictada por la autoridad recurrida en el ejercicio de sus legítimas atribuciones, ya que, como se ha resuelto por diversas Cortes, la presente acción constitucional de protección, no constituye la vía idónea para impugnar resoluciones administrativas, puesto que la ley, en esta última sede, no la ha previsto, como medio de impugnación, señalando que el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para hacer procedente el recurso de protección, exige que éste se interponga en contra de “actos u omisiones arbitrarias o ilegales”, lo que no se identifica ni condice con el actuar de dicho organismo estatal, atendido a que la decisión de destituir a la exfuncionaria se encuentra ajustada a derecho, añadiendo que, el recurso de protección objeto del presente informe carece de sustento jurídico, resultando improcedente al no existir una acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de este Servicio.

Añade que resulta inadmisible la acción constitucional, en el caso de marras, por el carácter excepcional de la misma, ya que se trata de una acción cautelar autónoma, de urgencia y que goza de tratamiento informal y sumario; por consiguiente, su aplicación debe limitarse sólo a aquellos actos cuya ilegalidad o arbitrariedad sobre derechos prexistentes e indubitados sean evidentes u ostensibles, evaluando las circunstancias del caso en cuestión e impidiendo que este arbitrio pueda ser empleado para la constitución, construcción o declaración de nuevas situaciones jurídicas, señalando que la recurrente pretende, por esta vía excepcional, impugnar un acto administrativo, cuya vista por ley ya se encuentra encargada a otro órgano del Estado, la Contraloría General de la República.

Por otra parte, considera que mediante esta acción se pretende abstraer de la competencia de la Contraloría General de la República el asunto en comento, toda vez que controversias como la de la especie, corresponden a dicho ente de control por expresa disposición de la Ley N°10.336, que establece la organización y atribuciones de dicha institución, bien sea resguardando la legalidad de los actos administrativos que incidan en el estatuto administrativo, o conociendo de los recursos de ilegalidad que previene el artículo 160 de la Ley 18.834 sobre estatuto administrativo y en cuanto a la recurrida Resolución Exenta RA N° NUM001, la actora no agotó la vía administrativa, lo cual sin ser un requisito para la interposición de la presente acción constitucional, es indispensable en el caso en cuestión, toda vez que la Contraloría General de la República, es el órgano encargado de verificar que los actos y decisiones de la Administración del Estado se ajusten a la Constitución y a las leyes vigentes, por tanto, debiera ser aquella a quien le corresponde realizar el control de legalidad, citando fallo pronunciado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en causa Rol 320-2025, afirmando que en este contexto, existiendo otras vías legales más idóneas para impugnar el acto administrativo o deducir las alegaciones de garantías constitucionales conculcadas vía tutela, el carácter excepcional del recurso de protección no se satisface en el caso sub-lite, ya que existen procesos especiales, y expresamente regulados por la ley para que la recurrente hubiese formulado sus alegaciones.

En cuanto a la ilegalidad, señala que el acto administrativo impugnado, en la especie, la mencionada Resolución Exenta RA N° NUM001, fue dictada por el Director Nacional de dicho Servicio, dentro del ámbito de funciones; debida y expresamente motivada; sustentándose en la tramitación correcta de un sumario administrativo, de acuerdo con el Título V de la Ley N° 18.834 y normas relacionadas, que devino en la destitución de la recurrente, ya que es la autoridad superior la llamada a aplicar la medida de destitución, conforme lo ha determinado la Contraloría General de la República en su Dictamen N°35.363 de 2017, al decir que el inciso primero de su artículo 140 de la Ley N° 18.834, dispone, en lo tocante, que “(…) Tratándose de la medida de destitución, los antecedentes se elevarán a la autoridad facultada para hacer el nombramiento. Como se aprecia de la normativa expuesta el legislador ha radicado expresamente en los directores regionales de los servicios nacionales desconcentrados la facultad de instruir sumarios administrativos y de afinarlos mediante un sobreseimiento o absolución, o imponiendo alguna medida disciplinaria, con excepción de la destitución, cuya aplicación compete a la autoridad nacional correspondiente.” Respecto del planteamiento de la recurrente de que habría una intervención ilegal por parte de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional de La Araucanía y de la Fiscalía de la Dirección Nacional del Servicio, indica que los informes en derecho no son vinculantes para la autoridad administrativa y representan una propuesta o asesoría para ella.

En lo referente a la motivación del acto impugnado y la calificación jurídica de infracción grave a la probidad administrativa, estima que resolución recurrida no es ilegal ni arbitraria, por cuanto, las conductas reprochadas a la actora vulneraron el artículo 61, letra g), de la Ley N° 18.834, con relación al inciso segundo del artículo 52 de la Ley Nº 18.575, y con el inciso segundo del artículo 125, de la mentada Ley N° 18.834, menos arbitraria debido a que en los considerandos 26° y 27° se detallaron y analizaron las probanzas que las dieron por acreditadas, encontrándose, por consiguiente, motivado o debidamente fundamentado.

Así, respecto de doña nombre reservado, en el considerando 26° se estableció que debía acatar plenamente el deber de probidad que le asistía como funcionaria pública, que tiene relación con “velar con especial esmero por el cuidado y protección de los derechos fundamentales de la niña nombre reservado, en la especie, el consagrado en el N° 1° del artículo 19, de la Constitución Política de la República, esto es, ‘El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica’, y de acatar la expresa proscripción contenida en su inciso cuarto de que ‘Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo’. Asimismo, infringió de forma manifiesta el Protocolo de Abordaje Frente a Desajuste Emocional y/o Conductual, de 2020 rolante a fojas 316/327 que, por correo electrónico, fue difundido a todos los funcionarios de nombre reservado, el 04 de febrero de 2020 (fojas 329), el 06 de abril de 2020 (fojas 328), el 04 de diciembre de 2020 (fojas 329), y el 11 de marzo de 2021 (fojas 331), que dispone que a la mentada niña le debían realizar, como primera y fundamental estrategia la contención emocional, luego, de forma complementaria, el soporte ambiental, enseguida, la administración de fármacos, con las exigencias que en aquel se señalan y, finalmente, en caso de riesgo vital, hipótesis que no sucedió, en forma simultánea o posterior a contactar a la unidad de salud (SAPU, ambulancia, etc.), que tampoco ocurrió, realizar la restricción de movilidad que era excepcional y como última alternativa se ejecutará siempre evitando lo más posible causar dolor y usando la menor fuerza posible y por el tiempo estrictamente necesario”.

Añade que en el mismo considerando, se fundamenta que, de la prueba descrita, esto es, de los descargos de la inculpada doña nombre reservado (fojas 283, en relación con las fojas 284/287), de los descargos de la inculpada doña nombre reservado (fojas 296, en relación con las fojas 297/304), y de los atestados de la inculpada doña nombre reservado (fojas 208/211), de la inculpada doña nombre reservado (fojas 217/220), de la inculpada doña nombre reservado (fojas 222/224), y de doña nombre reservado (fojas 213/215), y, en especial, del pendrive que se acompaña al proceso en el archivo denominado “video sum NUM003” y de las 17 fotos que se adjuntan, se comprobó que: “el 06 de mayo de 2023, a partir de las 13.19 horas, en nombre reservado, ante un desajuste conductual y emocional de la niña nombre reservado, le realizó contención con la presencia de las inculpadas doña nombre reservado y doña nombre reservado, la primera la tomó de los brazos, luego, la levantó de los pies y la segunda de las axilas, y no evitó el escalamiento de la crisis, lo que agudizó el desajuste y propició la afectación emocional de la mentada niña, sin embargo, no denunció la trasgresión de la norma sobre la contención, por cuanto, se utilizó contención física restrictiva de movimiento, lo que constituyó un maltrato y agresión a la niña nombre reservado, de la forma como lo mencionan los cargos que se le formularon, comportamientos que tornan en más lesivos sus reproches debido a la posición de garante y custodio de los derechos fundamentales que detentaba sobre aquella niña gravemente vulnerada en sus derechos que se encontraba a su cuidado y a la que, con celo, debía proteger, infracciones que significaron, entre otras consecuencias, desprestigio para el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por cuanto, estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Local de Temuco del Ministerio Público (fojas 10/11). Del mismo modo, se acreditó de los descargos y declaración de la propia la inculpada doña nombre reservado (fojas 283, en relación con las fojas 284/287 y 222/224), del atestado de doña nombre reservado (fojas 311/312), y del Reporte Diario de Novedades de nombre reservado, realizado también por la coordinadora doña nombre reservado (fojas 341/344), que no denunció al órgano con competencia en lo penal el precitado maltrato y agresión a la niña nombre reservado, pese a que, en sus propios descargos y atestado, la inculpada doña nombre reservado (fojas 283, en relación con las fojas 284/287 y fojas 222/224), señaló que la forma de tomar a la niña en brazos no fue la adecuada, y que las inculpadas doña nombre reservado y doña nombre reservado, tomaron mal a la niña, respectivamente, obligación de denuncia que, en lo que interesa, la resolución exenta N° 154, de la Dirección Nacional (fojas 103/109), impone al señalar que ante hechos presuntamente constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescente en Centros de Administración Directa (AADD), los funcionarios y todo aquel que desempeñe un cargo o función pública en este Servicio, independiente de quien se encuentre involucrado, debe denunciarlo a la autoridad competente en materia criminal, y en sus ausencias, será el funcionario de mayor grado presente al conocer el hecho, esto es, precisamente, la inculpada doña nombre reservado, sin perjuicio, que la letra b) del artículo 175, del Código Procesal Penal, impone a “los demás empleados públicos” el mismo deber jurídico y legal. A su turno, en los descargos de la inculpada doña nombre reservado (fojas 283, en relación con las fojas 284/287), en los descargos de la inculpada doña nombre reservado (fojas 291, en relación con las fojas 292/295), y en los atestados de la inculpada doña nombre reservado (fojas 208/211), de la inculpada doña nombre reservado (fojas 217/220), y de la inculpada doña nombre reservado (fojas 222/224), y de doña nombre reservado (fojas 213/215), se reconoció que la sujeción indebida de que fue víctima la niña nombre reservado, no fue adecuada y que no se cumplió con el mentado protocolo. Por su parte, del pendrive que se acompaña al proceso en el archivo denominado “video sum NUM003” y de las 17 fotos que se adjuntan, es posible apreciar que al mismo tiempo que realizaba el maltrato, los hechos son observados por tres niños y una niña.”

Sostiene que esta misma argumentación y tenor se encuentran presentes en la Resolución Exenta N° NUM006, de 16 de agosto de 2024, de la Dirección Nacional del Servicio, considerando 27°, encontrándose en pleno conocimiento la actora de las imputaciones efectuadas en relación con la infracción grave al principio de probidad administrativa, de manera que el Servicio no ha incurrido en ilegalidad alguna al calificar jurídicamente como una falta grave a la probidad administrativa el actuar de las exfuncionaria puesto que, a pesar de que en la formulación de cargos no se haya explicitado la gravedad de la conducta, la infracción se encuentra acreditada a lo largo de los antecedentes incorporados en el expediente sumarial, relativos al maltrato del que fue objeto la niña nombre reservado los que permiten concluir que la destitución es el único castigo posible ante el actuar de la inculpada, afirmando que el cargo formulado y notificado en el mismo por el cual fue sancionada, siendo coherente en su descripción. Así, el proceder del Servicio se encuentra acorde a lo que ha sostenido la Contraloría General de la República en su Dictamen N° E152882 de 2021.

Agrega que al momento de presentar el respectivo recurso de reposición en contra de la Resolución Exenta N° NUM006 de 2024, ya la recurrente realizó esta argumentación, la que fue rechazada por el Director Nacional, según se establece en el considerando 24°, de la Resolución Exenta N° NUM007 de 2025, que se adjunta y finalmente, respecto a que, en visión de la parte recurrente, una conducta contraria a la probidad administrativa tendría un estándar mayor al de un error en un acto específico, cabe recordar que la calificación de gravedad de la conducta está dada a la administración activa (Dictamen N°16.567 de 2017 de Contraloría General de la República). En este sentido, no puede ser considerado un simple error la actuación de la recurrente la que, en función de su cargo, está llamada a ser garante y protectora de la vida e integridad física de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban a su cargo, debiendo seguir los lineamientos de manejo de situaciones de desregulación emocional, donde la restricción física sólo puede ser utilizada excepcionalmente en casos de riesgo vital, lo que no aconteció. Manifiesta que el participar de estos hechos, agudizando el desajuste de la niña, y no haber realizado la denuncia correspondiente ni informado completamente el hecho a la directora de la residencia o a otras autoridades del Servicio, va en contra del deber de resguardo y del interés superior de la niña, debiendo considerarse, además, que la actora se desempeñaba como coordinadora de turno rotativo, la que, dentro de sus funciones, acorde al perfil de cargo, debe “Intervenir en casos de crisis o conflicto de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Servicio” y “Registrar las situaciones ocurridas durante el turno, a través del libro de novedades y otros medios habilitados para ello”, por lo que la actuación desplegada corresponde a un maltrato a una niña que ya se encontraba vulnerada en sus derechos y bajo la protección del Estado a través de este Servicio, maltrato que se perpetuó, por parte de la recurrente, al no realizar la denuncia correspondiente ni informar o registrar la maniobra de contención realizada, lo que contraviene e infringe de forma supina la misión, función y objetivo más esencial de este organismo, no siendo admisible, tampoco, la falta de intencionalidad o de beneficio propio que, según la recurrente, subyacen a la infracción grave al principio de probidad administrativa.

En cuanto a la arbitrariedad, considera que la mentada decisión se encuentra debidamente fundamentada en los actos que conforman el sumario administrativo, como bien ya se expuso en los apartados anteriores de este informe y, en relación con que no se habría considerado la trayectoria de la recurrente y que no se tomaron en cuenta circunstancias modificatorias de responsabilidad, se debe tener a la vista que, al haberse determinado que las conductas desplegadas por la actora corresponden a infracciones graves al principio de probidad administrativa, no cabía la ponderación de eventuales circunstancias atenuantes, citando el Dictamen N° 16.567, de 2017 de la Contraloría General de la República.

En lo tocante a las otras alegaciones de la recurrente, expresa que en cuanto a la responsabilidad administrativa difiere de la penal, por lo que el estado de la causa en sede penal no incide en el sumario administrativo, de manera que si la causa señalada se encuentra en archivo provisional, el mismo artículo 120 de la Ley N° 18.834, advierte que se puede aplicar igualmente las sanciones disciplinarias en sede administrativa, por cuanto, la mentada disposición prescribe expresamente la precitada independiente y, en consecuencia, las actuaciones o resoluciones referidas a la sede penal, tales como el archivo provisional, no excluyen la posibilidad de aplicar a un/a funcionario/a una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos y en cualquier caso, la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público por parte del Servicio implica, por una parte, que los hechos revisten tal gravedad que podrían ser constitutivos de delitos, actuando conforme al procedimiento establecido en la Resolución Exenta N° 154, de 2022, norma interna que aprueba el “Procedimiento ante hechos eventualmente constitutivos de delito en contra de niños, niñas y adolescentes que se encuentran atendidos en proyectos de administración directa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia” y, por la otra, el cumplimiento al imperativo legal de denuncia obligatoria expresamente dispuesto en la letra b) del artículo 175 del Código Procesal Penal, añadiendo que la actora no fundamenta de qué manera los hechos por los cuales fueron destituidas serían admisibles bajo los protocolos del Servicio y vigentes a la época de ocurrencia del maltrato, siendo una expresión meramente genérica y desprovista de explicación alguna, y no mencionan una nueva normativa técnica que podría justificar el abordar la desregulación emocional de una niña por medio de actos coercitivos y vulnerantes físicamente, como los que se acreditaron en autos.

En lo referente a los derechos supuestamente vulnerados, estima que se debe rechazar la alegación de que el Servicio haya actuado arbitrariamente al dictar la resolución impugnada, toda vez que, como se expuso previamente, la motivación es clara y obedece a la culminación de un sumario administrativo en el que se incorporaron pruebas testimoniales y documentales, y se realizaron todos los actos exigidos por ley para la aplicación de la sanción que corresponde en derecho, que derivó de un maltrato que afectó a una niña vulnerada gravemente en sus derechos y que se encontraba bajo el cuidado del Estado a través de este Servicio, añadiendo que la parte recurrente no ha fundamentado ni aun someramente cómo se habría realizado una discriminación arbitraria en contra de la exfuncionaria, esto es, de qué manera se habría materializado una distinción carente de justificación en la aplicación de la medida de destitución.

En lo tocante a la vulneración a la libertad de trabajo y su protección, refiere que no existe fundamentación por la recurrente de su afectación como tampoco un razonamiento aún elemental para desarrollar su alegación, apenas menciona que “impide al recurrente continuar desarrollando sus tareas para las cuales fui nombrada, conforme al cargo y función que desempeñaba en el Servicio”. Sin embargo, la libertad de trabajo no se ve infringida al existir una causal legal de cese del cargo, como lo es la destitución dictada en un acto administrativo fundado y que surge a través de un procedimiento racional e imparcial, como bien se desarrolló y; en cuanto a la afectación al derecho de propiedad, considera que se debe rechazar la existencia de una infracción en este sentido, dado que no es posible entender que las personas que desarrollan funciones públicas tengan un derecho de propiedad sobre éstas, puesto que las labores que en definitiva desarrollan son las propias del Estado, cuya finalidad es el bien común, por lo que mal podría pretenderse tener una propiedad sobre aquellas, añadiendo que el nombramiento de un funcionario público no confiere derecho de propiedad sobre el cargo de que se trata, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio.

A modo de conclusión, sostiene que la acción constitucional de protección informado debe ser rechazado en virtud de lo siguiente: 1. El carácter excepcional de la acción de protección. Ello, en atención a que el legislador ha contemplado procedimientos especiales para impugnar el presente acto administrativo vía reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la Republica; y, también, para resguardar los derechos fundamentales de los funcionarios vía tutela laboral. 2. No existe arbitrariedad o ilegalidad alguna en la Resolución Exenta RA N° NUM001, por cuanto, el acto recurrido fue dictado en el marco de las legítimas atribuciones del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conforme a la legalidad vigente y dentro de sus facultades y explicando detalladamente, las razones por las que se adoptó la sanción de destitución, constituyendo los actos perpetrados por la recurrente una infracción grave y evidente al principio de probidad administrativa, al haberse acreditado un maltrato a una niña sujeta a protección de dicho Servicio y la falta de denuncia del hecho. 3. No es óbice a la decisión que se adopte en sede administrativa el haberse archivado provisionalmente la causa en sede penal. 4. No se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, pues el acto recurrido se ha decidido en base de un procedimiento disciplinario y a razones objetivas, las que, en concordancia con el fin último del Servicio y el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo protección, justifican plenamente la decisión adoptada, a pesar de no haber sido justificado por la actora. 5. No se ha vulnerado la libertad al trabajo ni el derecho de propiedad sobre éste, pues no hay dominio sobre la función pública, especialmente si ha concurrido en la ocasión una causal legal autorizada para el cese de funciones, como es la aplicación de la medida disciplinaria de destitución.

Finalmente, solicita que se tenga por evacuado el informe requerido y, a bien, rechazar la acción constitucional de protección interpuesta, en base a los argumentos esgrimidos en el cuerpo de este informe, en especial, dado que esta acción cautelar no resulta la vía idónea para la formulación de tales alegaciones, en consideración a que el Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya provocado privación, perturbación o amenaza sobre el legítimo ejercicio de los derechos invocados por la recurrente ni ningún otro, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta Nº NUM001, de fecha 3 de septiembre de 2025, notificada el día 23 de septiembre del mismo año, que aplicó la medida disciplinaria de destitución a la recurrente. Afirma que tal sanción es improcedente, al no haber aplicado una sanción proporcional, desestimado la aplicación de atenuantes de responsabilidad, así como someterla a un proceso diferente del reglado. Concluye que lo anterior, vulnera su derecho constitucional al trabajo, le impide continuar desarrollando sus tareas para las cuales fue nombrada, conforme al cargo y función que desempeñaba en el Servicio y, consiguientemente, el derecho de propiedad en relación a la prerrogativa a desempeñar el cargo pertinente y percibir los estipendios correlativos por su desempeño funcionario.

CUARTO: Que, informando la recurrida, pide que se rechace el arbitrio impetrado, fundada en el carácter excepcional de la acción de protección, afirmando que el acto recurrido fue dictado en el marco de las legítimas atribuciones del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conforme a la legalidad vigente y dentro de sus facultades. Afirma que no se ha vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, pues el acto recurrido se ha decidido en base de un procedimiento disciplinario y a razones objetivas, las que, en concordancia con el fin último del Servicio y el resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo protección, justifican plenamente la decisión adoptada. Añade que tampoco se ha vulnerado la libertad al trabajo ni el derecho de propiedad sobre éste, pues no hay dominio sobre la función pública, especialmente si ha concurrido en la ocasión una causal legal autorizada para el cese de funciones, como es la aplicación de la medida disciplinaria de destitución. Finalmente sostiene que la presente acción cautelar no resulta la vía idónea para la formulación de tales alegaciones, en consideración a que la recurrida no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal, que haya provocado privación, perturbación o amenaza sobre el legítimo ejercicio de los derechos invocados por la actora, con costas.

QUINTO: Que para resolver el presente recurso es pertinente señalar que el artículo 52 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que los funcionarios de la Administración Pública, sean de planta o a contrata, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, señalando que este “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. El inciso final indica que su inobservancia acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 4º del mismo Título. Por su parte, en el párrafo 4° de la ley indicada, se encuentra el artículo 64 N° 3, que dispone aquellas conductas que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa.

Así las cosas, una contravención especial del principio de probidad administrativa implica una vulneración de la misma, que acarrea en su supuesto de mayor gravedad, la destitución del infractor, más no necesariamente, en otros casos desprovistos de la gravedad del hecho calificada en su mayor expresión.

SEXTO: Que, teniendo presente los antecedentes señalados y la normativa legal referida, esta Corte estima que la sanción impuesta a la actora resulta ser desproporcionada y por ello desprovista de la racionalidad que debe orientar a los actos sancionadores de la Administración. A su vez, resulta irracional, pues no ha ponderado criteriosamente, ni tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de responsabilidad que favorecían a la recurrente, quien no había sido objeto de ninguna sanción anterior. En este sentido, la Excma. Corte Suprema ha asentado que la proporcionalidad “apunta a la congruencia entre la entidad del daño provocado por la infracción y el castigo a imponer” (Rol 5830-2009) y, en la especie, las infracciones atribuidas a la actora, si bien ameritan su corrección disciplinaria, no son de una entidad suficiente como para justificar la sanción más gravosa del ordenamiento jurídico para un funcionario público, circunstancia que permite no sólo calificar el acto recurrido como arbitrario, sino que además asentar la vulneración de la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, en relación con otras personas que en situación similar o incluso superior, son sancionadas con medidas disciplinarias menos gravosas.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE ACOGE el recurso de protección presentado por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y, en consecuencia, se ordena dejar sin efecto la Resolución Exenta RA Nº NUM001 que dispuso la aplicación de la medida disciplinaria de destitución y, en su lugar, se dispone que la autoridad recurrida deberá aplicar la sanción de acuerdo al mérito del proceso y cargos indicados en la vista fiscal, disponiendo oportunamente el reintegro de la actora a sus funciones y el pago íntegro de la remuneraciones que percibía y de todo derecho o beneficio que le hubiere correspondido percibir, desde la fecha de la separación del servicio, hasta su efectiva reincorporación.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante señor Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-3848-2025.(jog)