nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, doce de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, deduciendo recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A, por el acto que estima ilegal y arbitrario de fecha 13 de octubre de 2025, que no ingresa su solicitud de retiro de fondos para extranjero.

Expresa que su representado solicitó ante la AFP recurrida, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Indica que el recurrente es notificado vía llamado telefónico con fecha 13 de octubre de 2025, del rechazo de su solicitud, debido a que “La Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente”.

En relación con la causal de rechazo invocada es necesario precisar el contexto actual en cuanto a la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía anteriormente, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Precisa que el recurrente, al ser profesional extranjero, cumple con los requisitos establecidos en la ley 18.156, siendo procedente realizar el retiro de fondos de la AFP, sin embargo, se encuentra con una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Manifiesta que la constancia electrónica es verificable, no obstante, la conducta omisiva de verificar la mentada afiliación deviene en un actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, atendido a que argumenta que la constancia electrónica no es un documento válido, no obstante, emana de un organismo público y verificable en la web oficial de esa institución, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Comenta que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, puesto que rechaza la solicitud de retiro de fondos de pensiones cuando, en la especie se puede verificar la afiliación a la seguridad social del país de origen, lo que torna en arbitraria e ilegal su respuesta al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido, sin siquiera verificar el mismo, más aún, sin esgrimir los razonamientos de hecho y fundamentos de derecho para descartarlo, agregando además un requisito que la ley no estipula.

Finalmente expresa que la conducta ilegal y arbitraria por parte de las recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política Nacional, por requisitos no establecidos, realizando interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado, en el entendido que la solicitud cumple con los extremos exigidos en el artículo 1 de la ley 18.156, actuando de forma caprichosa al rechazar el retiro de fondos de pensión.

A folio 5 evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., señalando que rechazó el ingreso de la solicitud de devolución de fondos por técnico extranjero debido a que el recurrente acompañó un documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” el cual no cumple con las exigencias establecidas en la normativa vigente, pues no es un certificado de afiliación, no menciona las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional de Venezuela; no se encuentra firmado por la persona que emite el documento; y, además, no se encuentra debidamente legalizado o apostillado, según corresponda. Por su parte, la declaración jurada en la que señala encontrarse afiliado al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), no cumple con las exigencias contenidas en la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ni su jurisprudencia administrativa, toda vez que, dicha normativa señala que el cumplimento del requisito establecido en la letra a) del artículo 1° de la Ley 18.156 debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. No obstante, la Superintendencia de Pensiones ha señalado que, de manera excepcional, se puede acreditar este requisito con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, que, actuando en la representación legal de la institución de seguridad social, señale que cuenta con las coberturas.

Agrega que se verificó que el anexo de contrato suscrito con el empleador Siemens Healthcare Equiposmedicos SPA que el recurrente no manifestó de forma clara e inequívoca la voluntad de mantener su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue las prestaciones ante las contingencias por enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Por tanto, tal como se explicará en el derecho de esta presentación, dicho documento no es apto para dar cumplimiento a lo establecido en la letra b) del artículo 1° de la ley 18.156.

Comenta que, de lo expuesto, se puede determinar que la recurrida no ha actuado de forma arbitraria ni ilegal, al contrario, ha dado estricto cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa. Lo anterior se debe a que tal como se explicará en el derecho de este escrito, la norma establece de forma expresa los requisitos para que proceda el retiro, cuestión que, en caso de autos, el recurrente no cumplía.

Finalmente, luego de desarrollar en extenso sus argumentos de derecho, expresa que, el recurso de protección de garantías constitucionales es una acción que busca restablecer el imperio del derecho, cuando por actos u omisiones arbitrarias o ilegales se ha ocasionado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Para que proceda un recurso de protección, es necesario que haya existido perturbación o privación ilegítima en el ejercicio de un derecho, sin embargo, en este caso, AFP Modelo ha actuado según lo instruye la normativa vigente y la Superintendencia de Pensiones. Así las cosas, en este caso su representada no ha incurrido en ningún acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive, perturbe o vulnere los derechos fundamentales que la constitución le reconoce al Recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción constitucional de naturaleza cautelar regulada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en virtud del cual cualquier persona puede solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva, adoptar medidas o providencias que estime necesarias con el objeto de restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal, que provoque una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que se mencionan en dicha norma, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer.

SEGUNDO: Que, de la definición expuesta, surge que para poder acogerse este arbitrio constitucional es necesario constatar la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario por parte del recurrido y, una vez superado este requisito, verificar si este acto ha privado, perturbado o amenazado el legítimo ejercicio de un derecho o garantía de aquellas que menciona el artículo 20 de la Constitución Política y que de manera indubitada correspondan al recurrente.

TERCERO: Que, en el caso de autos, el acto recurrido y que se califica como ilegal o arbitrario es la resolución fecha 13 de octubre de 2025, dictada por la AFP Modelo, que rechazó el ingreso de la solicitud de retiro de fondos para extranjero presentada por el recurrente, dando como fundamento que el documento que se acompaña con certificación notarial, no corresponde a un certificado de afiliación emitido por la institución correspondiente de su país el cual señale fecha de afiliación al sistema de seguridad social ni las coberturas por las cuales se encuentra cubierto, lo anterior debido a que el documento que se acompaña corresponde a una declaración jurada personal con certificación notarial y apostille chilena. Asimismo, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente, ya que no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto y, además, no está firmado por quien lo emite ni se encuentra apostillado o legalizado, según corresponda.

CUARTO: Que para a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

El artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Asimismo, el N°1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones precisa que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

QUINTO: Que, también resulta relevante atender a que el artículo 2° del D.F.L. N°101, de 1980, asigna a la Superintendencia la calidad de autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, teniendo entre sus funciones, según su artículo 3° letra i), Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras. En el mismo sentido lo establece el artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980 y el artículo 47 de la Ley N°20.255, la que expresamente reconoce, además de las funciones interpretativas de las normas de previsión social, su deber de velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieran corresponder a otros organismos fiscalizadores y a la Contraloría General de la República.

En este sentido, y a propósito de la cuestión debatida en esta causa, la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio N°12954 de 17 de julio de 2025, ha señalado que: “… Por otra parte, y ante las consultas específicas efectuadas por las mencionadas Administradoras relativas a otros medios probatorios alternativos, y a la luz de los antecedentes tenidos a la vista por esta Superintendencia, es necesario aclarar que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no se encuentran firmadas por quien emite el documento ni se encuentren apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para la acreditación de la exigencia en cuestión. A este respecto se reitera que la validez de los documentos expedidos en el extranjero debe cumplir con lo dispuesto en los citados artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil y el Convenio de la Apostilla. En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia.”

SEXTO: Que conforme lo expuesto precedentemente, resulta forzoso concluir que el acto que se ha calificado como ilegal o arbitrario por el recurrente no lo es, pues AFP Modelo se ha limitado a exigir de la actora el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos requieren para el retiro solicitado, y que han sido objeto de claras instrucciones por parte de la Superintendencia de Pensiones, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección, deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones MODELO S.A.

Redacción a cargo del ministro (S) Robinson Villarroel Cruzat.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° Protección-3844-2025 (jfc).