nombre reservado con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

Visto:

A folio 1, comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogadas, quienes interponen recurso de protección en representación de don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, fundado en la dilación y la negativa en la entrega de cédula de identidad para extranjeros, pese a tener visa temporal otorgada, lo que privaría al recurrente de sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, conforme a los antecedentes que expone en su presentación.

En cuanto a los hechos, señala que el 29 de enero de 2025 el Servicio Nacional de Migraciones le otorgó una residencia temporal por dos años. Con fecha 30 de abril de 2025, ingresó regularmente a Chile presentando la resolución de aprobación. No obstante, señala que los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) no le solicitaron el estampado electrónico de la visa, documento que —a diferencia de la resolución— contiene el código QR que permite su activación automática en el sistema, y procedieron a registrarlo como “turista”, lo que tuvo lugar por una falta de orientación administrativa y no a causa de un actuar doloso o negligente de su parte.

Afirma que, ya en territorio nacional, descargó su estampado electrónico el 2 de mayo de 2025 y luego, el 5 de mayo de la misma anualidad, solicitó su cédula de identidad ante el Registro Civil de Pitrufquén. Tras una espera de cinco meses y múltiples consultas, el 9 de octubre de 2025 el Servicio recurrido le informó que no sería posible entregar el documento, aduciendo que no constaba un ingreso posterior a la activación del estampado.

Sostiene que este desfase de fechas es una inconsistencia técnica que no afecta la legalidad del permiso, pues su ingreso se produjo con posterioridad a la aprobación de su visa, haciendo presente que la demora del Registro Civil lo mantiene de manos atadas, imposibilitado de acreditar su residencia legal y realizar trámites esenciales.

En cuanto a los fundamentos de derecho, califica la conducta del Servicio como una omisión ilegal y arbitraria que consiste en la dilación injustificada y posterior negativa a emitir la cédula de identidad, impidiéndole ejercer los derechos derivados de su residencia.

Acusa la vulneración de las siguientes garantías del artículo 19 de la Constitución Política: N° 2 (Igualdad ante la ley), al recibir un trato desigual frente a otros extranjeros en idénticas condiciones jurídicas debido a omisiones administrativas; N° 16 (Libertad de trabajo), al verse impedido de acreditar su residencia para ejercer actividades laborales lícitas y cumplir obligaciones tributarias; N° 21 (Libertad para desarrollar actividad económica), al obstaculizarse la apertura de cuentas bancarias y la firma de contratos comerciales.

Solicita que se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación proceder con la emisión y entrega de la cédula de identidad para extranjeros, dejando constancia de su ingreso al país con posterioridad al otorgamiento de su solicitud, como única medida para restablecer el imperio del derecho.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Pasaporte; Resolución Exenta N° 25046555 del Servicio Nacional de Migraciones, que otorga residencia temporal titular por 2 años; Estampado Electrónico N° 49933286, descargado el 02-05-2025; Comprobante de solicitud de cédula de fecha 05/05/2025, oficina Pitrufquén; nombre reservado. A folio 7: 2 Comprobantes de solicitud de cédula de identidad para extranjeros, fecha de atención 5 de mayo 2025 y 09 de octubre 2025. A folio 10, Certificado de residencia.

A folio 5, se evacúa informe por el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCI), quien insta por el rechazo del recurso, con costas.

Refiere que, revisada la base de datos del Sistema de Identificación, el recurrente don nombre reservado no registra solicitudes pendientes de documentos ante la institución. Hace presente que la única solicitud de cédula de identidad realizada el día 5 de mayo de 2025 fue rechazada el día 13 de julio de 2025.

Señala que el rechazo de la solicitud de cédula de identidad para extranjeros se fundó en que el recurrente es titular de una residencia temporal cuya vigencia está condicionada a su ingreso al país en el plazo determinado por la ley. Al efecto, se constató que la fecha de entrada al territorio nacional debe ser posterior al documento electrónico que lo certifica (estampado electrónico), situación que no se cumplió en la especie, toda vez que la descarga de dicho estampado fue posterior a la entrada al país.

Sostiene que su actuación se ajusta estrictamente a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería y su Reglamento (Decreto N° 296), normativas que regulan el ingreso, estadía y ejercicio de derechos de los extranjeros. Subraya que, para obtener la cédula de identidad, constituye un presupuesto indispensable que el extranjero sea titular de una visación de residente vigente.

Cita expresamente el artículo 72 de la Ley N° 21.325 y el artículo 52 del Reglamento, los cuales disponen que la vigencia de los permisos otorgados fuera de Chile se computará desde la fecha de ingreso al país. Asimismo, invoca el Oficio N° 36.110 del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 27 de abril de 2023, el cual instruyó al Servicio que la fecha de descarga del estampado electrónico debe ser anterior o coetánea a la fecha de ingreso al país.

Alega carecer de legitimación pasiva, argumentando que su actuar se rige por el principio de legalidad o juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Afirma que la emisión del documento se encuentra supeditada al cumplimiento de la normativa vigente y que la institución no cuenta con facultades para actuar fuera de su competencia.

Finalmente, sostiene que no ha incurrido en discriminación alguna, pues se ha limitado a aplicar las normas generales que rigen a todas las personas en las mismas circunstancias.

Concluye solicitando que se tenga por evacuado el informe y se proceda a rechazar el recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Resolución Exenta N°24208325, de fecha 30 de abril de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones; Resolución Exenta N° 25046555, de fecha 29 de enero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones;Declaración infracción y calculo de multa ID N° 73090412, de fecha 23.04.2025, del Servicio Nacional de Migraciones; Informe de viajes del extranjero emitido Policía de Investigaciones de Temuco.

A folio 20, informa el Servicio Nacional de Migraciones quien solicita el rechazo en todas sus partes de la acción interpuesta, argumentando que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición.

Sostiene que la acción es improcedente al no existir un acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal que atente contra las garantías del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los antecedentes de hecho, expone la siguiente cronología y consideraciones fácticas:

Afirma que el recurrente solicitó residencia temporal fuera de Chile el 29 de enero de 2024. Ingresó al país el 30 de enero de 2024 como titular de permanencia transitoria, aclarando la autoridad que dicha solicitud no habilita al extranjero a ingresar como residente temporal. Tras una prórroga de su permanencia transitoria hasta julio de 2024, el recurrente residió en el país de forma irregular con su permiso de permanencia transitoria vencido.

Señala que el 29 de enero de 2025 se le otorgó la residencia temporal. Sin embargo, debido a su situación previa, se le informó de una multa por residencia irregular de $170.085. Tras un viaje a Argentina, reingresó a Chile el 30 de abril de 2025. El 2 de mayo de 2025, encontrándose ya dentro de Chile, activó su estampado electrónico.

Enfatiza que el estampado se activó dentro del territorio nacional, respecto de una visa solicitada fuera de Chile.

En lo relativo a los antecedentes de derecho invocados, fundamenta la legalidad de su actuar en las atribuciones conferidas por la Ley N° 21.325, específicamente en su artículo 157, que faculta al Servicio para autorizar ingresos y determinar la vigencia de los permisos.

Sostiene que al ingresar nuevamente al país, el recurrente "NO INFORMÓ A POLICÍA DE INVESTIGACIONES que se le había otorgado una residencia temporal", razón por la cual la PDI "NO REGISTRÓ SU ESTAMPADO ELECTRÓNICO".

Afirma categóricamente que por esta omisión el recurrente "NO PUEDE CEDULARSE hasta subsanar lo anterior".

Al amparo de acuerdo al artículo 72 de la Ley N° 21.325, explica que los titulares de residencias otorgadas fuera de Chile deben ingresar al país en dicha categoría después de que el permiso haya sido incorporado.

Concluye que, al activar el estampado encontrándose ya dentro de Chile, el extranjero no dio cumplimiento a lo señalado por la ley.

Finalmente, el Servicio asegura haber actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, sosteniendo que el recurrente ingresó en calidad de "turista" y que dicha condición no se relaciona con su solicitud de residencia temporal.

Por lo tanto, concluye que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que afecte los derechos del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Historia de la Solicitud y oficio N° 36.110 de fecha 27 de abril de 2023.

A folio 25, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, tiene por finalidad amparar el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales cuando éstas son afectadas por actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen su ejercicio, siempre que se trate de derechos preexistentes e indubitados.

Segundo: Que el acto que la recurrente estima arbitrario e ilegal consiste en la dilación y negativa por parte del Registro Civil en la entrega de la cédula de identidad para extranjeros, ya que la activación del estampado electrónico de su visa se realizó dos días después de su ingreso al país. Lo anterior a pesar de contar con una residencia temporal legalmente otorgada y vigente.

Tercero: Que, para la resolución del presente arbitrio, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, el cual dispone que los “residentes temporales y definitivos deberán solicitar cédula de identidad ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de entrada en vigor del respectivo permiso de residencia”. De los antecedentes acompañados en autos, consta que el recurrente es titular de una residencia temporal vigente, otorgada mediante la Resolución Exenta N° 25046555 de fecha 29 de enero de 2025 por el Servicio Nacional de Migraciones.

Cuarto: Que la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación recurrido se sustenta exclusivamente en que la descarga del estampado electrónico fue realizada con fecha 2 de mayo de 2025, esto es, dos días después del ingreso del recurrente al territorio nacional. En ese sentido, la recurrida justifica este rechazo en las instrucciones contenidas en el Oficio N° 36.110 del Servicio Nacional de Migraciones, que exige que la descarga del documento electrónico sea “anterior o coetánea al ingreso al país”.

Quinto: Que, respecto a lo anterior, es dable hacer presente que la normativa legal sobre la materia—específicamente la Ley N° 21.325— no contempla en modo alguno el requisito de que la activación o descarga del estampado electrónico deba preceder cronológicamente al ingreso físico del extranjero al país para efectos de la obtención de su cédula de identidad.

Asimismo, respecto de la alegación basada en el Oficio N°36.110 del Servicio Nacional de Migraciones, tal como ha resuelto en sentencia dictada por la Iltma. Corte de Concepción (Rol Protección N°3144-2025), en un caso análogo, un oficio interno emanado de una autoridad migratoria carece de toda legitimidad para imponer condiciones o requisitos más gravosos que aquellos establecidos expresamente por el legislador.

Sexto: Que, por consiguiente, esta Corte considera que la exigencia administrativa impuesta por el recurrido resulta ilegal y arbitraria, ya que, al impedir la obtención del documento de identidad al recurrente, se obstaculiza su plena integración a la vida civil, laboral y económica del país, teniendo presente que cuenta con un permiso de residencia legalmente otorgado y que además se encuentra vigente.

Séptimo: Que, por lo anterior, el recurso será acogido en los términos que dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, de nacionalidad ecuatoriana, en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, y en consecuencia, se ordena al Servicio de Registro Civil e Identificación proceder, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles contado desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, a la emisión y posterior entrega de la cédula de identidad para extranjeros al recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro señor Alberto Amiot Rodríguez.

Rol N° Protección-3831-2025.(jog)