Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S

C.A. de Temuco Temuco, diez de junio de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Piero Palazzo Hauptli, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone acción de Protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la resolución notificada mediante carta de fecha 20 de enero de 2026 (RTE N° 6410529/2025), mediante la cual A.F.P. nombre reservado rechaza la Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero bajo la Ley N° 18.156, argumentando que el certificado emitido por la Embajada de Venezuela se encuentra vencido (con más de 120 días desde su emisión), que la constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carece de legalización/apostilla, y que la fotocopia del título profesional contiene adiciones pegadas no verificables.

Expone que la recurrente, ciudadana venezolana de profesión Licenciada en Contaduría Pública, señala haber cotizado en el sistema chileno y que, cumpliendo con los requisitos de la Ley N° 18.156 (que exime de cotizar y permite retirar fondos a técnicos extranjeros), solicitó a través de la web de AFP nombre reservado la devolución de sus fondos de pensiones. La AFP rechazó la solicitud mediante carta del 20 de enero de 2026, señalando que el certificado emitido por la embajada de Venezuela estaba vencido y exigiendo que la constancia electrónica del seguro social de su país (IVSS) fuera acompañada “en original debidamente apostillada”.

Afirma que este acto es ilegal y arbitrario porque efectúa una interpretación excesivamente literal y formalista de la norma que no tiene sustento normativo para los documentos electrónicos.

Explica que la constancia del IVSS, aunque electrónica, es íntegramente válida al emitirse por la autoridad competente de Venezuela y cuenta con un código alfanumérico (ej. 4ddc[cuenta reservada]) que permite su inmediata verificación de autenticidad en el portal web de la institución extranjera, demostrando que posee cobertura previsional activa desde el año 2006. Acusa a la recurrida de una conducta omisiva al no utilizar estas herramientas tecnológicas para verificar la afiliación, imponiendo cargas burocráticas irreales bajo el contexto venezolano, y limitándose a un rechazo injustificado que restringe el acceso a fondos que son de su dominio.

Estima que se han vulnerado las garantías fundamentales del art. 19 N° 2, aludiendo a discriminación, afirmando que a otros extranjeros en situación análoga sí se les ha autorizado la devolución y se le imponen requisitos de forma exagerados que restringen sus derechos; La del art. 19 N° 3, señalando que la AFP, está obligada a regirse por un racional y justo procedimiento, y al no verificar la autenticidad de un documento electrónico plenamente constatable en línea, incurre en una decisión imparcial y carente de objetividad legal; y la del art. 19 N° 24, ya que al retener de manera injustificada los fondos de capitalización depositados que le pertenecen, amparándose en motivos formales y obviando que cumple con los requisitos sustanciales para su retiro.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Cédula de identidad para extranjeros de nombre reservado; Carta de rechazo de la AFP nombre reservado de nombre reservado; Constancia de afiliación electrónica de nombre reservado; Título profesional apostillado, que acredita profesión nombre reservado; Certificado de antecedentes de residencia que acredita domicilio de nombre reservado.

A folio 8, informa la AFP recurrida, solicitando el rechazo de la acción. En lo formal, opone la improcedencia de la vía cautelar, señalando que no se está frente a un derecho indubitado y que la recurrente busca que se declare el cumplimiento de requisitos mediante el recurso de protección, materia propia de un juicio de lato conocimiento. En el fondo, descarta ilegalidad o arbitrariedad afirmando que la Ley N° 18.156 es una norma excepcional que debe interpretarse restrictivamente, cuyo principal objetivo no es el retiro libre como ahorro, sino evitar la doble cotización.

Postula que el actuar de la Administradora obedece a las expresas instrucciones de la Superintendencia de Pensiones (Libro II del Compendio de Normas) y al artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que exige imperativamente que los documentos públicos emitidos en el extranjero consten “debidamente legalizados" (o apostillados) para tener valor en Chile. Señala que la recurrente aportó una Constancia Consular vencida con antigüedad de más de dos años, y constancias electrónicas e imágenes de títulos carentes de las formalidades de apostilla, por lo que validar un documento mediante una revisión informal a una página web extranjera obligaría a la AFP a derogar fácticamente la legislación procesal chilena y el Convenio de La Haya sobre apostilla. Menciona abundante y reciente jurisprudencia de la Corte Suprema rechazando recursos idénticos.

Pide rechazar en todas sus partes el recurso deducido en contra de A.F.P. nombre reservado, con expresa condena en costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Antecedentes presentados por la Sra. nombre reservado en mayo 2025 para respaldar su solicitud de devolución de fondos Previsionales Ley 18.156; Antecedentes presentados por la Sra. nombre reservado en enero 2026 para respaldar su solicitud de devolución de fondos Previsionales Ley 18.156; Informe legal emitido por la Administradora FDE N° 341/2025; Informe legal emitido por la Administradora FDE N° 031/2026;Carta de AFP nombre reservado informativa RTE N° 6410529/2025; Oficio Ord. N° 24.472 de la Superintendencia de Pensiones de 26.10.2015; Oficio Ord. N°30.477 de la Superintendencia de Pensiones de 30.12.2011; Normativa de la Superintendencia de Pensiones que regula la devolución de fondos a extranjeros, disponible también en https://www.spensiones.cl/portal/compendio/596/w3-propertyvalue-3067.html.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

Tercero: Que, previo a resolver el asunto en cuestión, conviene recordar que el artículo 1 de la Ley N°18.156 dispone que: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Por su parte, el artículo 7 del cuerpo normativo referido, estatuye que: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Cuarto: Que, conforme a las normas transcritas, se desprende que la recurrida no ha incurrido en ilegalidad alguna, por cuanto, se ha limitado a exigir del actor el cumplimiento de los requisitos que los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156 ya transcritos, requieren para el retiro solicitado, sin que el afiliado hubiere satisfecho tales presupuestos necesarios para el éxito de la devolución de fondos, en cuanto al certificado de afiliación y firmas de las autoridades respectivas.

Asimismo, tampoco puede reprocharse arbitrariedad en la decisión, toda vez que ésta resulta debidamente fundada, precisamente en el incumplimiento de los requerimientos legales que el actor debía cumplir al efecto, según se ha reseñado. Así ha sido resuelto recientemente por esta Corte de Apelaciones en fallos sobre Protección Rol 4198-2025; 3801-2025; 4217-2025, todos los cuales han sido confirmados por la Excma. Corte Suprema.

Quinto: Que, las circunstancias anteriores conducen necesariamente al rechazo del arbitrio constitucional deducido, conforme se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2, N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Piero Palazzo Hauptli, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la A.F.P. nombre reservado, por estimar que no se configura en la especie un acto u omisión ilegal o arbitraria, que constituya amenaza o afectación de sus derechos fundamentales.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Alberto Amiot N° Protección-383-2026.(csd)