nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, veintiséis de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en atención a los siguientes argumentos:

Comienza señalando que el año pasado estuvo en muy malas condiciones, con un desgaste laboral y emocional, lo cual aún tiene. Sufre de crisis de pánico, de llanto, miedo, depresión, desánimo, stress, se siente abrumada, agobiada, ansiosa, tiene altos montos de angustia, etc., ya que vive con su padre de 85 años que padece de Alzheimer, cáncer a la próstata con metástasis, lo cual la llevo a lo referido precedentemente. Añade que con su trabajo como profesora se encontraba bajo un estrés tremendo.

Refiere también que el médico tratante, psiquiatra Dr. nombre reservado le recetó medicamentos para el día y la noche, estuvo con una psicóloga para tener un mayor refuerzo.

Lo anterior aconteció hasta noviembre de 2023, ya que por problemas económicos no pudo seguir con el tratamiento con su médico, el que no le dio de alta. Manifiesta no sentirse bien y con el no pago por rechazo de las licencias médicas, ya que como pensionada no se logra ni siquiera comprar los medicamentos.

Por lo anterior, ruega se considere el apruebo del documento para por lo menos adquirir los medicamentos y continuar con el tratamiento.

Alega como infringida la garantía establecida en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se aprueben sus licencias médicas, N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, las que han sido injustamente rechazadas, ya que todas están respaldadas en informes médicos.

A folio 3, se declaró admisible el recurso y además, se ordenó pedir informe a la Superintendencia de Seguridad Social.

A folio 10, evacúa informe el abogado don ALFREDO AÑAZCO GONZÁLEZ, por la SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA (SEREMI DE SALUD R.M.), y a su vez en representación de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA (nombre reservado.M), en los siguientes términos:

La justificación del rechazo por parte de esta nombre reservado.M., quedó ingresada en el expediente administrativo, y registrada en la cartola médica del usuario, siendo esta lo siguiente:

Que, usuario presenta recurso de reposición (RR) en contra del rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado. Acompaña informe médico del Dr. Müller, psiquiatra, con fecha 18 de agosto del año 2023, a lo descrito precedentemente (“…mantiene diagnósticos y tratamiento descrito, siendo esto lo siguiente: Trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo, trastorno de pánico grave en remisión parcial, sobrecarga del cuidador, duelo no elaborado. Dificultades relacionadas con el grupo primario de apoyo, cuidadora principal de padre adulto mayor portador de patologías graves. Escala de Funcionalidad de una Persona (GAF), 60. Antecedente de reacción adversa a pregabalina, por lo que se le indica manejo no farmacológico + sertralina 200 mg d a, trazodona 50 mg noche, risperidona 1 mg/ml, 8 gotas am, clotiazepam 5 mg SOS. Se le recomienda psicoterapia individual. No ha conseguido remisión completa de su sintomatología. Deterioro moderado de su capacidad funcional. Recuperabilidad laboral según evolución. Patología GES: No; Recuperabilidad laboral: sí…”). Luego, señala un estancamiento en cuanto a la evolución, en parte al no pago de sus licencias médicas, la recuperabilidad se evaluará en próximos controles. Se han autorizado 225 días por trastorno adaptativo, no hay evidencia de curso grave, mantiene esquema farmacológico, no se pronuncia con respecto a reintegro, estimo que el reposo es suficiente para el diagnóstico señalado. Por tanto, se rechaza, ya que no hay causa médica que justifique el reposo. Este es prolongado para la patología (R-102).

Que, usuario presenta recurso de reposición (RR) en contra del rechazo de la licencia médica N° RUT reservado. “Prórroga de licencias rechazadas, se mantiene en reposo por trastorno adaptativo. Mantengo rechazo por R-102”

Que, usuario presenta recurso de reposición (RR) en contra del rechazo de la licencia médica N° RUT reservado, acompañando informe médico del Dr. nombre reservado, de especialidad psiquiatra, de fecha 10 de noviembre de 2023, por el diagnóstico de Trastorno adaptativo mixto, con síntomas ansiosos y depresivos. Trastorno de adaptación, trastorno de pánico grave, en remisión parcial, sobrecarga del cuidador, duelo no elaborado. Escala de evaluación de la actividad global (EEAG), 60%. Sertralina 100mg 1-1-0, trazodona 100mg 3/4, risperidona 15 gotas cada 12 horas, clotiazepam 5mg SOS. Se deriva a CESFAM, estimo reposo excesivo prórroga de licencias rechazadas, reposo prolongado (R-102).

Que, por otro lado, la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Resolución Exenta N° R-01-UME-41955-2024 de fecha 15 de marzo de 2024, rechazó el recurso de reconsideración y el nuevo reclamo por parte de la usuaria, confirmando nuevamente el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo con lo anteriormente expuesto (Solo se deja esta observación en el sistema informático SIF)

Cabe señalar a S.S.I. que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la nombre reservado o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Por tanto, y tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por esta nombre reservado.N., al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes. Todo esto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Pide se sirva tener por evacuado el informe requerido.

A su informe acompañó:

- Listado Licencias Médicas del recurrente.

- Mandato judicial.

A folio 12, evacúa informe la abogada ROMINA ANDREA UGALDE RAÑILEO, por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, en los siguientes términos:

En primer lugar, plantea la extemporaneidad del recurso de protección.

ACTUACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL CASO DE LA SRA. nombre reservado.

Como se desprende del expediente de autos, la acción de que se trata fue interpuesta con fecha 02 de mayo de 2024, en circunstancias que la Sra. nombre reservado, reclamó ante esta Superintendencia, mediante presentación de fecha 24 de octubre de 2023, apelando en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) Región de la Araucanía, que confirmó el rechazó las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 105 días a contar del 31 de julio de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo anterior, esta Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante las licencias médicas reclamadas, dado que los informes complementarios no dan cuenta de elementos psicopatológicos que justifiquen extensión del reposo por sobre los 225 días autorizados. De igual forma, tampoco exponen plan de tratamiento orientado a reintegro laboral ni certificado de asistencia a psicoterapia, por lo que no se identifican elementos clínicos que permitan variar lo ya resuelto por la nombre reservado. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta N° R-01-UME-41955-2024, de 15 de marzo de 2024.

Ahora bien, según se advierte del expediente administrativo acompañado en autos, al realizar su presentación ante esta Superintendencia, la Sra. nombre reservado aceptó recibir notificación vía correo electrónico, señalando para esos efectos la casilla correo reservado.

En virtud de lo anterior, al momento de dictar la citada Resolución Exenta N° R-01-UME-41955-2024, de 15 de marzo de 2024, se procedió a la notificación de la misma, a través del correo electrónico indicado por la recurrente, notificación que se realizó el mismo 15 de marzo de 2024, según consta en el correo de notificación.

De tal manera, existe la certeza que la Sra. nombre reservado tomó conocimiento del acto administrativo, con fecha 15 de marzo de 2024, fecha desde la cual corresponde computar el plazo fatal de 30 días corridos, de acuerdo con lo dispuesto en el número primero del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación y fallo de la Acción de Protección.

A mayor abundamiento, la recurrente no señala que fuera notificada de una manera distinta a la ya mencionada, ni en una fecha posterior. Por tanto, el plazo señalado precedentemente venció el 15 de abril de 2024, en circunstancias que el presente recurso fue presentado recién, el 02 de mayo de 2024, esto es, fuera de plazo.

Por otra parte, se colige que la acción constitucional de autos, contrariando su naturaleza y finalidad para lo que fue creada por el constituyente, se utiliza como última instancia de reclamación para obtener la autorización de licencias médicas, la que, por razones médicas, fue rechazada en todas las instancias administrativas previstas en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el DS Nº 3 de 1984, del Ministerio de Salud, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica es competencia de las nombre reservado o ISAPRE, según corresponda al trabajador cotizante del Fondo Nacional De Salud (FONASA) o a uno afiliado a una Institución de Salud Previsional, respectivamente. Lo anterior, basta para comprobar la falta de oportunidad en el ejercicio de la presente acción constitucional, por cuanto, al no ser una vía de impugnación subsidiaria, debe interonerse en contra del organismo que administra la prestación de seguridad social, en este caso, la licencia médica.

Cabe señalar, además, que el hecho de haber reclamado ante esta Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno, pues, si bien es cierto puede ser la regla general en materia de acciones jurisdiccionales que se intenten en contra de actos administrativos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que exige el agotamiento de la vía administrativa, esta disposición por supremacía constitucional, no es aplicable a la acción de protección, por cuanto esta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Constitución Política de la República se debe ejercer sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. En consecuencia, el recurrente, si estimaba que la resolución de la nombre reservado que rechazó la licencia en comento, adolecía de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir ante SS. Ilma., tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de los mismos, sin perjuicio de los demás derechos que podía hacer valer, entre ellos, reclamar ante esta institución de control.

En síntesis, de la relación de hechos expuesta, aparece de manifiesto la falta de oportunidad en el ejercicio de esta acción constitucional, a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental y numeral 1° del Auto Acordado que lo regula.

En efecto, la segunda de las normas citadas dispone que: “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.”.

En relación con esta alegación, cabe hacer presente una vez más que, como lo han señalado diversos fallos de los Tribunales Superiores de Justicia, no resulta procedente el que se emplee la Acción de Protección de los derechos y garantías constitucionales como una última instancia de reclamo o apelación, cuando en opinión del recurrente las otras vías de reclamo, en el ámbito administrativo u otros, no le han dado los resultados esperados. En otros términos, la acción de protección no es una vía de impugnación subsidiaria de otras que pueda contemplar el ordenamiento jurídico, sean estas administrativas o judiciales. Aceptar que se pueda controvertir o revisar la decisión médica implícita en el procedimiento de autorización de las licencias médicas, más allá de todas las instancias de revisión (que no son pocas) dispuestas en el ordenamiento jurídico, asumir que este excepcional procedimiento de emergencia sería una nueva instancia de revisión de las licencias médicas, cuestión que ciertamente está muy alejada de la finalidad con que el constituyente creó la acción en comento. Esta afirmación está respaldada en el inciso primero, parte final del artículo 20 de la Constitución Política de Chile al disponer que la persona afectada en sus garantías por un acto ilegal o arbitrario puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”.

A mayor abundamiento, una tesis contraria implicaría que el plazo previsto para interponer la acción de protección dejaría de ser objetivo, quedando a disposición de quien afectado por una decisión de la autoridad administrativa que no le es favorable, reclame mucho más allá de los 30 días ante esa misma autoridad u otra distinta, sólo con la finalidad de crear artificialmente un nuevo plazo para interponer esta acción, lo que ciertamente no guarda armonía con la naturaleza y finalidad con que fue concebida esta acción constitucional de orden cautelar.

Pide rechazar la acción de protección de autos, por haber sido ejercida de forma extemporánea, respecto de las licencias médicas indicas, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.

Que, sin perjuicio de lo recientemente expuesto, solicita que se declare a la presente Acción de Protección como improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En efecto, la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (nombre reservado) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N° 44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

De tal forma, la materia respecto de la cual se esgrime la presente acción incide en un aspecto especifico del derecho a la seguridad social, reconocido y garantizado a todas las personas en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Magna, que no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20, y por lo tanto, no está amparado por esta especial acción cautelar.

Cabe reiterar que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República.

Debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales.

Tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Pide se declare la improcedencia del presente recurso, en atención a que su materia se encuentra relacionada con una garantía constitucional, que no se encuentra protegida por la acción interpuesta, con expresa condenación en costas.

En cuanto al fondo refiere lo siguiente:

Respecto de la acción de autos, resulta necesario esclarecer cual es el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente Acción de Protección.

1.- El derecho a licencia médica. Marco legal regulador En nuestro Sistema de Seguridad Social, existe cobertura para atender los distintos riesgos o contingencias sociales que ponen a los trabajadores en un estado de necesidad. Tratándose de la pérdida de la capacidad de ganancia o incapacidad laboral por motivos de salud, como ya se señaló, ella puede ser permanente o transitoria.

Respecto de incapacidades laborales temporales, es decir, aquellas que suspenden transitoriamente la capacidad de ganancia del trabajador, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el citado D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud, la que una vez autorizada por el Organismo competente, esto es, una nombre reservado o Institución de Salud Previsional (ISAPRE), puede dar derecho, de cumplirse los requisitos legales, al pago de subsidio por incapacidad laboral (regulado en el D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), o al pago de la remuneración en el caso de los trabajadores afectos a estatutos especiales, entre ellos, los pertenecientes al sector público y municipal.

En estas situaciones de suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador debe hacer uso de licencia médica, esto es, reposo, el que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico o de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

El derecho a licencia médica está contemplado en el artículo 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud cuerpo legal que, como ya se indicó, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

El aludido artículo 149 se encarga de señalar, en su parte pertinente que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”.

En virtud del artículo 156 del mencionado D.F.L., el beneficio de licencia médica también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Así, la licencia médica está definida en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, en los siguientes términos: “…Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -nombre reservado- de la Secretaría Regional Ministerial de Salud -Seremi- o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio especial con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo...”.

Es decir que, para hacer uso de una licencia médica es necesario que el trabajador se encuentre impedido de trabajar por razones de salud en forma temporal, existiendo la posibilidad real y cierta de que recuperará la capacidad de trabajo y quedará en condiciones de reincorporarse a la vida laboral.

Cabe agregar que, conforme a lo indicado en el artículo 1° del citado D.S N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

2.- Justificaciones Médico-Administrativas Como es posible visualizar en el expediente adjunto al presente escrito, concurrió la Sra. nombre reservado con fecha 24 de octubre de 2023 ante mi representada la Superintendencia de Seguridad Social, reclamando por cuanto la SUBCOMISIÓN CAUTÍN - nombre reservado REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 105 días a contar del 31 de julio de 2023, por reposo no justificado Al respecto, la Superintendencia de Seguridad Social por Resolución Exenta N° R-01-UME-41955-2024, de fecha 15 de marzo de 2024, estudio los antecedentes y con su mérito concluyó:

“Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante las licencias médicas reclamadas, dado que los informes complementarios no dan cuenta de elementos psicopatológicos que justifiquen extensión del reposo por sobre los 225 días autorizados. De igual forma, tampoco exponen plan de tratamiento orientado a reintegro laboral ni certificado de asistencia a psicoterapia, por lo que no se identifican elementos clínicos que permitan variar lo ya resuelto por la nombre reservado.”.

A mayor abundamiento, cabe indicar que esta Superintendencia, estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, quienes informaron:

1.- Informe de fecha 07 de marzo de 2024, elaborado por la profesional nombre reservado, que señala entre sus datos relevantes:

“…Sección C (Antecedentes Médicos)

IMC con fecha: (X) SI ( ) NO Detalle: FECHA: 18/08/23 -02/10/23 - 16/10/23 (similares) Médico psiquiatra Menciona síntomas moderados Describe evolución sintomática Tratamiento sertralina 100 mg 1-1-0, trazodona 100 mg 0-0- ½ , risoeridona 1 mg/ml 10 gotas AM y 5 gotas PM, clotiazepam 10 mg ½ comp SOS Ajustes: aumento de risperidona a 10 gotas PM Acredita Atención GES: ( ) SI (X ) NO ( ) N/A Detalle:

Sección D (Fundamentos de la resolución)

Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Reposo prolongado por salud mental (225 días) Médico psiquiatra Informes describen intensidad de síntomas moderados. Descripción superficial de evolución Tratamiento impresiona insuficiente en relación al tiempo de reposo. No se certifica asistencia a psicoterapia Ajustes mínimamente mencionados. Sin plan de reintegro laboral Reposo no impresiona cumpliendo rol terapéutico. Se sugiere no acoger”.

En vista de lo expuesto, se observa que los dictámenes impugnados por la recurrente, relacionados con las licencias reclamadas, están respaldados por los antecedentes que figuran en el expediente administrativo adjunto y se encuentran en armonía con lo resuelto por nombre reservado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal durante las licencias médicas reclamadas, en razón que los informes acompañados no dan cuenta de elementos psicopatológicos que justifiquen extensión del reposo por sobre los 225 días autorizados. No se expone plan de tratamiento orientado a reintegro laboral ni certificado de asistencia a psicoterapia, por lo que no se identifican elementos clínicos que permitan variar lo ya resuelto por la nombre reservado.

Por tanto, S.S. se aprecia efectivamente que las licencias médicas presentada por la recurrente no cumple con los parámetros mencionados precedentemente, en virtud del exhaustivo y objetivo análisis del caso en cuestión, resolviendo con todos los antecedentes tenidos a la vista, de los cuales se puede desprender “lo prolongado del reposo por salud mental (225 días), los informes emitidos por el Médico psiquiatra describen intensidad de síntomas moderados. superficial de evolución Tratamiento impresiona insuficiente en relación al tiempo de reposo. No se certifica asistencia a psicoterapia Ajustes mínimamente mencionados. Sin plan de reintegro laboral Reposo NO impresiona cumpliendo rol terapéutico”. En razón de lo anterior todos los antecedentes fueron ponderados por médicos especialistas con aplicación estricta de los mismos parámetros y procedimientos establecidos para resolver este caso en relación al resto de las situaciones que se resuelven ante esta Institución Fiscalizadora, utilizando sustentos facticos, clínicos y jurídicos, lo que permitió arribar a la conclusión que el reposo médico prescrito por la licencia médica objeto del recurso era injustificado.

3.- Facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia.

Así entonces, y como se desprende de la relación que se ha realizado en este escrito, la actuación de esta Superintendencia, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

En efecto, como SS. Iltma., muy bien conoce, a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde cumplir el mandato constitucional impuesto al Estado, en orden de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

A su vez, el artículo 3º de la Ley N° 16.395, que regula su funcionamiento orgánico, dispone que “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia”. El inc. 2º del mismo artículo indica que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

En este mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Nº 16.395 señala que: “En lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario, el Servicio Nacional de Salud estará sometido al control administrativo y técnico de la Superintendencia de Seguridad Social, la que conservará sus actuales facultades”.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley Nº 16.395, modificado por la señalada Ley Nº 20.691, en su letra d) dispone que a mi representada le corresponderá: “Emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de los beneficios a los imponentes.”

Enseguida, la letra e) del precepto legal en comento, modificado igualmente por la señalada Ley Nº 20.691, dispone que corresponde a mi defendida: “Fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación”.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, mi representada debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional (ISAPRE) y del Fondo Nacional de Salud (FONASA), descartando, en los hechos, cualquier actuación de carácter ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.

4.- Ausencia de ilegalidad y arbitrariedad.

Alega que la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso de la recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la nombre reservado y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

5.- Ausencia de derechos vulnerados Por último, expone que tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.

En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la vida, integridad física y psíquica, garantizado a todas las personas en los numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, simplemente cabe preguntarse cómo podría su representada haber atentado contra dichas garantías, como la vida, integridad física o psíquica y la protección de la salud, por cuanto, en su actuar, la Superintendencia se ha limitado a ejercer las facultades que la ley le ha conferido. En efecto, su representada, de modo alguno, ha causado las afecciones que supuestamente padece la recurrente, ni ha impedido que consulte a su médico tratante, de hecho, es incuestionable que la Sra. nombre reservado siempre tuvo la posibilidad de consultar a su médico tratante y que pudo realizar los tratamientos que se le han indicado, de acuerdo con la cobertura de salud a la que tiene derecho, sin que la Superintendencia haya intervenido o impedido, de manera alguna el acceso de la recurrente a la salud. La única intervención de la Superintendencia en el caso de la Sra. nombre reservado responde al mandato legal de pronunciarse respecto de las reclamaciones que presentó impugnando las resoluciones de la referida Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que rechazó las licencias médicas en comento.

En cuanto al derecho de propiedad, cabe hacer presente a US. ILTMA., que el otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el D.S. Nº 3, de 1984 y DFL. Nº 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

1.- Una licencia médica autorizada por la entidad correspondiente (ISAPRE o nombre reservado)

2.- Cumplimiento de los requisitos para tener derecho al subsidio por incapacidad laboral, los que varían de acuerdo a si se trata de un trabajador dependiente o independiente.

En consecuencia, no existe algún derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, pues como se indicó para ello es necesario, como punto de partida, contar con una licencia médica autorizada, cuestión que como ya se ha indicado no media en la especie. En este punto, en el caso de la recurrente, no existe un legítimo ejercicio del derecho de propiedad que deba ser objeto de tutela constitucional, por cuanto no existen licencias médicas autorizadas, sino que, rechazadas sin generar, por lo tanto, el derecho que esgrime la recurrente de autos.

Desde otro punto de vista, si se considerara que basta la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud, para que ésta surta todos sus efectos, (entre los que se cuenta justamente el derecho al subsidio o remuneración en el caso de los funcionarios públicos) haría impensable que el legislador hubiere contemplado causales de rechazo de las mismas, como las contempla en el DS. Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, o haría imposible la aplicación de éstas por parte de las ISAPRE o por la nombre reservado, pues de aplicarlas estarían efectivamente atentando contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador. Esta conclusión es a todas luces inaceptable.

Cita jurisprudencia.

Con todo, atendido las consideraciones expuestas, se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un acto carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Pide en subsidio de las anteriores peticiones y para el improbable evento que alguna de ellas no sea acogida, tener por evacuado el informe solicitado respecto de la Acción de Protección interpuesta, solicitando sea desestimada en todas sus partes, con costas.

A su informe acompaña copia del expediente administrativo, relativo al caso de la Sra. nombre reservado.

Se ordenó traer los antecedentes en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, respecto de la excepción de extemporaneidad, cabe señalar que si bien la Superintendencia de Seguridad Social sostiene que el acto administrativo fue notificado a la actora, y que de la lectura de los mismos se indica un correo electrónico de la actora, sin embargo, al tener la resolución impugnada efectos permanentes en la situación de la recurrente, será desestimada dicha alegación.

TERCERO: Que, la recurrente ha denunciado como arbitrario e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo del pago de 5 licencias médicas, solicitando se ordene el pago de aquellas, u otras medidas de protección que estime del caso adoptar como adecuadas a los fines y fortalecimiento de la protección a sus derechos constitucionales.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción protección en materias de seguridad social, se rechazará la misma, dado que se deprende de la sola lectura del recurso que los derechos y garantías eventualmente vulnerados no son aquellos señalados en el artículo 19 N° 18 de la Constitución Política, sino la comprendida en el numeral 1 del artículo 19, por lo que deberá desestimarse dicha defensa.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, consta en autos que por Resolución Exenta N° R-01-UME-41955-2024, de fecha 15 de marzo de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de las licencias médicas por no encontrarse justificado el reposo de la recurrente.

SEXTO: Que a efectos de resolver la controversia planteada en autos es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las nombre reservado e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, dispone: “La nombre reservado, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como asimismo lo señalado en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la nombre reservado, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.

SÉPTIMO: Que así, según se observa en la resolución indicada, la decisión adoptada por la Superintendencia no está apoyada por ningún elemento de convicción que avale la confirmación del rechazo, carencia que la priva de contenido, no pudiéndose concluir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender por qué la recurrente no necesitaba más días de descanso que los ya otorgados.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida no se ajustó a la normativa que regula la materia al no disponer que los órganos administrativos involucrados en la materia realicen un peritaje coetáneo e idóneo al periodo de reposo de las licencias médicas rechazadas.

En razón de lo expuesto, la circunstancia de no haber sometido a la recurrente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los órganos administrativos correspondientes, son elementos que debieron haberse desarrollado con mayor rigurosidad antes de ser resuelto el asunto en materia administrativa, diligencias necesarias a fin de objetivar el diagnóstico y no dejarlo entregado a la simple discreción del Superintendente, con el consecuente no pago de las licencias médicas respectivas.

NOVENO: Que, de esta forma, se advierte que el rechazo de las licencias médicas que se alega por la recurrente, importa de parte de la autoridad el ejercicio de una facultad de forma meramente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica que a los ciudadanos se les debe, al ejercer sus facultades, en especial, si como en esta materia se ven involucradas garantías especialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas, motivo por lo que se acogerá el recurso interpuesto.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se declara:

I. - Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad y de improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE ACOGE el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, disponiendo dejar sin efecto la R-01-UME-41955-2024, de fecha 15 de marzo de 2024, debiendo la autoridad administrativa disponer la reevaluación del padecimiento que aqueja a la actora a fin de determinar su origen, entidad y pronóstico de recuperación, y cumplido lo anterior, se pronuncie nuevamente respecto de las licencias médicas rechazadas que han sido materia del presente recurso.

Redacción del fallo por el abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3819-2024. (csd)