nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Temuco Temuco, tres de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

PRIMERO: Comparece Carlos Damián Boada Campos, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación, en virtud de mandato judicial que se acompaña en otrosí de esta presentación, de don nombre reservado, factor de comercio, domiciliado para estos efectos, en domicilio reservado, por quien interpone recurso de protección en contra Tesorería Provincial de Angol, representada por don nombre reservado, en su calidad de Tesorero Provincial, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de que ha sido objeto mi representado, don nombre reservado, y que a continuación expongo, a fin de que SS.I., adopte todas las medidas procedentes en derecho para obtener la protección y amparo de las garantías constitucionales privadas y perturbadas, por el actuar de la recurrida.

Consta de los antecedentes que se acompañan a esta presentación que, con fecha 29 de abril de 2019, mi representado presentó a través de internet, su declaración anual de impuestos, solicitando una devolución por la suma de $522.750.

Que según consta de dichos antecedentes, con fecha 10 de mayo de 2019, el Servicio de Impuestos Internos, autorizó la devolución por la suma referida.

Que, al consultar la página del Servicio de Internos, consta que con fecha 17 de mayo de 2019, la recurrida, efectuó una compensación por la suma de $526.932.-, sobre la devolución autorizada, indicándose en la página referida, que no se emitirá el cheque o depósito.

Del certificado de pago que se acompaña, consta lo siguiente: Nombre: nombre reservado. Dirección: Camino a nombre reservado 0300. Comuna: Victoria. RUTRUT reservado. Formulario: 21. Folio 100622250. Vencimiento. 30/04/2003. Comuna pago: Angol. Moneda pago: CLP. Monto pagado: $ 526.932. Fecha pago. 14/05/2019. Origen movimiento: Compensa renta. Identificación transacción: P743855616.

Cabe hacer presente SS.I. Que, con fecha 20 de octubre de 2011, la Tesorería Provincial de Angol, interpuso en contra de mi representado, demanda ejecutiva de cobro de obligaciones tributarias de dinero fiscal, por la suma de $33.727.797.- La demanda interpuesta dio origen a los autos caratulados “Fisco de Chile con nombre reservado”, Rol C-702-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria.

Es del caso y según consta de los documentos que se acompañan en un otrosí de esta presentación, que con fecha 6 de junio de 2018, en los referidos autos, se declaró el abandono del procedimiento, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada.

Sin perjuicio de lo anterior, y de manera ilegal y arbitraria, Tesorería General de la República, efectuó una compensación de $526.932.-, sobre el monto que correspondía devolver a mi representado, don nombre reservado, por concepto de devolución de impuestos.

Cabe hacer presente que, la recurrida, no ha iniciado proceso alguno, diverso a los autos C-702-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria, en que cobre alguna supuesta deuda de mi representado para con dicha institución, por lo que la compensación efectuada, resulta ilegal y arbitraria. II.- Antecedentes de derecho: Él recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar, como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

En tal sentido, los presupuestos de esta acción cautelar son: 1.- Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; 2.- Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y 3.- Que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Todos los presupuestos referidos se dan en el caso del presente recurso. En efecto:

En el caso objeto y materia de autos, el actuar de la recurrida, constituye clara y absolutamente un acto ilegal y arbitrario en su contra de mi representando, afectando las siguientes garantías o derechos protegidos por esta acción: i.- La contemplada en el art. 19 N°22 de la Constitución, que garantiza y asegura la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en material económica. La acción de Tesorería, constituye un acto discriminatorio, por cuanto al resto de los contribuyentes se les devuelve oportunamente las sumas de dinero pagadas en exceso por concepto de impuestos, lo que no ocurre con mi representado, aun cuando éste si tiene derecho a dicha devolución; y, ii.- La garantía contemplada en el art. 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental, que asegura a todas las personas:“El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”.

Por cuanto la acción de la recurrida, priva a mi representado de del dominio respecto de las sumas retenidas, impidiéndole disponer de ellas.

Así, el actuar de la recurrida resulta evidentemente ilegal y arbitrario, toda vez, que procede a efectuar una compensación, sin que concurran los requisitos legales para ello.

En efecto, para que opere la compensación, por el solo ministerio de la ley, y aun sin conocimiento del deudor, es requisito esencial que ambas deudas sean actualmente exigibles, lo que NO ocurre en este caso, toda vez que NO hay deuda alguna, y por ende no es exigible.

Consta del certificado acompañado en autos, que la recurrida, imputa a mi representado una deuda por “obligaciones”, cuya fecha de pago habría vencido el 30 de abril de 2003, 30 de diciembre de 2003, 30 de abril de 2004, 30 de abril de 2005 y 30 de diciembre de 2006, respectivamente, obligaciones cuyo cobro dio origen a los autos caratulados “Fisco de Chile con nombre reservado”, Rol C-702-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria, proceso que concluyó por abandono del procedimiento.

Así, resulta que NO existe juicio alguno por parte de la recurrida que haga procedente la compensación efectuada.

Conforme a lo dispuesto en el número 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, el recurso o acción de protección debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Así en el caso de autos, esto ocurrió, el día 17 de mayo de 2019, fecha en la aparece registrado en la página del Servicio de Impuestos Internos la compensación efectuada por Tesorería, por lo que la presente acción ha sido interpuesta dentro del plazo legal.

Atendido los hechos y antecedentes expuestos, y considerando la normativa legal y constitucional vigente, solicito se sirva adoptar todas las medidas y resoluciones procedentes en derecho, para obtener la protección y amparo de las garantías constitucionales privadas y perturbadas a don nombre reservado, por el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida. Solicita tener por deducido Recurso de Protección en contra de Tesorería Provincial de Angol, representada por don nombre reservado, ya individualizado, en su calidad de Tesorero Provincial, ordenarle que informe a SSI., en el plazo perentorio que al efecto se fije, y en definitiva, acoger este recurso, resolviendo que la actuación de la recurrida es ilegal y arbitraria, y que con ello violan, privan y perturban el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de don nombre reservado, ya señaladas en el cuerpo de este recurso, procediendo en definitiva a ordenar dejar sin efecto la compensación realizada, y entregar la suma de propiedad de don nombre reservado, con expresa condena en costas.

SEGUNDO. A folio 6, informa la recurrida quien dice: El Servicio de Tesorerías, en cumplimiento de sus funciones, y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, y en lo establecido en el artículo 35 del Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, inició el proceso de cobro en contra de don nombre reservado, RUT RUT reservado, por deuda de formularios 21 folios 100622180, 100622250, 100622360, 100622390, 100622430, 100622440 y 100622600, informada por el Servicio de Impuestos Internos. Tal acción ejecutiva especial se ha materializado en el expediente administrativo Rol N°2001-2010 de la comuna de Victoria.

Consta, fehacientemente, en dichos autos que don nombre reservado, con fecha 06 de julio de 2010, fue notificado y requerido de pago, trabándose, en la misma fecha, embargo sobre vehículo de su propiedad.

Que, posteriormente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 de Código Tributario, se presentaron los antecedentes al Juzgado de Letras de Victoria, a fin de efectuar el retiro y realización del bien embargado, lo que dio origen a la causa Rol 702-2011 del Juzgado de Letras de Victoria.

Que, es este procedimiento, que tenía por objeto que se retirara y realizara el bien embargado, en este caso una moto del deudor, el que ha sido declarado abandonado, no el procedimiento de cobro, tramitado en el expediente administrativo 2001-2010 de Victoria, todo lo cual consta en causa Rol N° 702-2011 del Juzgado de Letras de Victoria.

La compensación, es un modo de extinguir obligaciones, que opera por el solo ministerio de la ley y aún sin el conocimiento de los deudores, siempre que se cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 1656 del Código Civil, a saber: a) Que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad; b) Que ambas deudas sean líquidas y c) Que ambas sean actualmente exigibles.

Si bien la declaración de impuesto a la renta presentada por el ejecutado el año 2019 arrojó un excedente a su favor, cantidad que, en principio, debía ser devuelta por el Servicio de Tesorerías, tal devolución no se verificó porque operó, por el solo ministerio de la ley, una compensación entre deudas recíprocas del Fisco y del ejecutado, lo cual se produjo con fecha 13 de mayo de 2019, como consta en comprobante de compensación, que se acompaña en un otrosí de esta presentación. La facultad para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, está contemplada en el artículo 6 del DFL N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, que contiene el estatuto orgánico del Servicio de Tesorerías, norma que debe concordarse con lo dispuesto en el artículo 1656 de dicho código Civil.

En el caso de autos, el Fisco era deudor del ejecutado por concepto de excedentes que arrojó su declaración de impuesto a la renta 2019, y éste, a su vez, era deudor del Fisco por sumas de dinero correspondientes a formularios 21 folios 100622250, 100622360, 100622390, 100622430 y 100622440, que a la fecha asciende a $198.170.561. Además, ambas eran deudas en dinero cuya liquidez emana de su propia naturaleza y, por último, en la época en que se hizo exigible el crédito del ejecutado en contra del Fisco, su deuda tributaria era plenamente exigible, pues los giros en cuestión estaban en Tesorería en “condiciones de ser pagados”, modalidad de la exigibilidad requerida por el artículo 6 del DFL N° 1, ya referido y, por ende, en relación a estas deudas recíprocas operó por el solo ministerio de la ley una compensación aún sin el conocimiento de los deudores.

Que, respecto a la aseveración que hace el recurrente en cuanto a que al haberse decretado el abandono del procedimiento en la causa judicial 702-2011 del Juzgado de Letras de Victoria, implicaría que la deuda que cobra este Servicio, ya no es exigible, pues según indica no existiría juicio alguno por parte de la recurrida que haga procedente la compensación efectuada, ello no es correcto.

En efecto, en primer lugar, se debe tener presente, que actualmente existe un proceso plenamente vigente, que se tramita en el expediente administrativo Rol 2001-2010 de la comuna de Victoria.

El procedimiento que se declaró abandonado fue el incoado en causa Rol 702-2011 del Juzgado de Letras de Victoria, y que tenía por objeto el retiro y realización del bien embargado, que en este caso era una moto marca Yamaha.

Por otra parte, las consecuencias procesales causadas por la sentencia firme que declara abandonado un procedimiento es que las partes pierden el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio, aunque no se extinguen sus acciones y excepciones, subsistiendo con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil.

La declaración de abandono del procedimiento es una sanción que implica la pérdida de todo lo obrado en el juicio, retrotrayéndose al estado anterior a la iniciación del procedimiento, pero en ningún caso implica la extinción de la deuda. Una vez se ha declarado el abandono del procedimiento, nada impide al demandante a deducir nuevamente la acción ante los tribunales, pero aunque no se hubiera iniciado, tampoco resultaría óbice para que opere la compensación.

No resulta necesario iniciar un procedimiento de cobranza para que sea procedente la compensación. Ello implicaría establecer un requisito adicional a los ya exigidos por la ley, cual es, la existencia de un proceso de cobranza incoado contra el deudor.

Lo anteriormente expuesto, nos lleva necesariamente a concluir que este recurso carece de fundamentos y en consecuencia deba ser rechazado.

Ahora bien, es requisito del recurso en cuestión que la ilegalidad o arbitrariedad recurrida, sean la causa de la privación, perturbación o amenaza. Debe existir y acreditarse una relación de causalidad a este respecto, lo que no ocurre en este caso.

Que, según indica la recurrente, el actuar arbitrario e ilegal del recurrido afecta el derecho consagrado en el artículo 19N°22, que garantiza y asegura la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, y la garantía contemplada en el artículo 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, por cuanto la acción de la recurrida privaría a su representado del dominio respecto de las sumas retenidas, impidiéndole disponer de ellas.

Señala, que el actuar de la recurrida resulta evidentemente ilegal y arbitrario, toda vez que procede a efectuar una compensación, sin que concurran los requisitos legales para ello.

Agrega, que para que opere la compensación, por el solo ministerio de la ley, y aun sin conocimiento del deudor, es requisito esencial que ambas deudas sean actualmente exigibles, lo que no ocurriría en este caso, toda vez que no hay deuda alguna, y por ende no es exigible.

Lo anterior, lo funda en que en autos caratulados “Fisco de Chile con nombre reservado”, Rol C-702-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria, se habría decretado el abandono del procedimiento, y por tanto, no existe juicio alguno por parte de la recurrida que haga procedente la compensación efectuada.

Que, como ya se señaló, existe actualmente un procedimiento plenamente vigente, y aun cuando no existiera un juicio en contra del ejecutado, eso no es impedimento para que opere la compensación, ya que la deuda existe y ella es actualmente exigible.

El Servicio de Tesorerías ha actuado con estricto apego a la normativa aplicable, esto es, a lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario, que rigen el procedimiento ejecutivo de cobro de las obligaciones tributarias y a lo establecido en el artículo 35 de la Decreto Ley N° 1.263 de 1975, Ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, por lo tanto, mal puede calificarse de arbitraria o ilegal una conducta que se ampara y sustenta en normas legales expresas.

Solicita se sirva tener por evacuado el informe sobre recurso de protección incoado por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, ya individualizados en autos, en contra de la Tesorería Provincial de Angol y, en definitiva, por las razones expuestas, negar lugar a dicho recurso, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a la privación, perturbación o amenaza que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a)Que recurra una persona o entidad con legitimidad activa (no es una acción popular); b)Que se invoque un derecho o libertad de aquellos específicamente garantizados; c) Que exista una perturbación, privación o a lo menos amenaza al legítimo ejercicio de los derechos constitucionalmente garantizados; d)Que exista una acción u omisión, arbitraria o ilegal; e) Que dicha acción u omisión, arbitraria o ilegal, tenga la capacidad causal –o derechamente lo haga- de privar, perturbar o amenazar los derechos o libertades antes indicadas.

SEGUNDO: Que, se cuestiona como actuación ilegal y arbitraria la determinación de Tesorería General de la República de efectuar una compensación por la suma de $526.932, sobre la devolución de impuestos autorizada 10 de mayo de 2019, por el Servicio de Impuestos Internos al recurrente, por la suma de $522.750, no obstante que la deuda no tiene la calidad de exigible, dado que la causa caratulada “Fisco de Chile con nombre reservado”, Rol C-702-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria, relativa a demanda ejecutiva de cobro de obligaciones tributarias de dinero fiscal, por la suma de $33.727.797, concluyó por abandono del procedimiento, no existiendo, por ende, juicio por parte de la recurrida que haga procedente la compensación efectuada.

TERCERO: Para la recurrida ,por el solo ministerio de la ley, operó una compensación entre deudas recíprocas del Fisco y del ejecutado, lo cual se produjo con fecha 13 de mayo de 2019, conforme al artículo 6 del DFL N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda. Estima, además, exigible la deuda ya que la declaración de abandono de la causa judicial 702-2011 del Juzgado de Letras de Victoria, no conlleva su extinción, no siendo además necesario iniciar un nuevo procedimiento de cobranza para que sea procedente la compensación, ya que este mantendría su vigencia. Afirma, que ello implicaría establecer un requisito adicional a los ya exigidos por la ley, cual es, la existencia de un proceso de cobranza incoado contra el deudor.

CUARTO: Que, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, de 16 de mayo de 1.994, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en el artículo 6° dispone que: “autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

QUINTO: Que, tanto el recurrente como la recurrida han concordado que la facultad de compensación legalmente reconocida por el artículo 6° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, de 16 de mayo de 1.994, que contiene el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, se ha de aplicar respetando las reglas del Código Civil, que fijan los presupuestos para que ella opere.

SEXTO: Que, en cuanto requisitos de procedencia de la compensación legal, de los hechos descritos, se aprecia, que es una cuestión pacifica que el contribuyente y el Fisco mantenían obligaciones de dinero recíprocas, siendo lo único objeto de controversia si la deuda del recurrente con el Fisco, tiene el carácter de exigible, como consecuencia de haberse declarado abandonado el procedimiento en que se cobraba judicialmente la obligación tributaria que invoca la Tesorería General de la República.

SEPTIMO: Que, como ha fallado la Excma. Corte Suprema en sentencia de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (Rol N° 16264-2018) el cobro ejecutivo previsto en los artículos 168 a 199 del Código Tributario “se fundamenta en una obligación indubitada cuya existencia consta en un título ejecutivo; y se desarrolla en dos etapas: la primera ante el Tesorero Comunal y el Abogado Provincial del Servicio de Tesorería y la segunda, ante el respectivo juez de letras en lo civil. Es la propia ley la que reiteradamente le asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero Comunal y le entrega la resolución de materias propias de dicha calidad y ajenas al ámbito administrativo, haciendo supletorias las disposiciones comunes a todo procedimiento”.

OCTAVO: Se trata, por ende, de un único juicio dividido en dos etapas, todas las cuales participan del carácter jurisdiccional, y en la que existe una continuidad, de forma tal que lo resuelto respecto de una, impacta en la otra en virtud el principio de unidad de la causa. Por ello, el término del proceso jurisdiccional, por la declaración de abandono del mismo, conlleva también la del proceso administrativo.

NOVENO: Que, ello es confirmado, además, por la doctrina que plantea que también procede el abandono del procedimiento administrativo tributario, dado su carácter jurisdiccional. Así, la Corte Suprema, ha resuelto en fallo de 1 de septiembre de 2015, en causa rol 1.454-2015, que “ en el procedimiento de cobro ejecutivo del título V del libro III del Código Tributario, tanto en su tramitación ante el Tesorero actuando como juez sustanciador, como ante el Juez de Letras competente, “resulta procedente el instituto del abandono del procedimiento previsto en el artículo 153, inciso 2°, del Código de Procedimiento Civil, por remisión de los artículos 2 y 196 inciso sexto del Código Tributario”. Criterio reiterada por sentencia de 16 de diciembre de 2015, en causa rol 7592-2015.

DECIMO: Que, en este contexto, debe entenderse que el abandono del procedimiento decretado en los autos caratulados “Fisco de Chile con nombre reservado”, Rol C-702-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria, afecta no solo al procedimiento en su etapa judicial , sino que también al procedimiento administrativo, que le sirve de antecedente previo .

UNDECIMO: Que, al no haber iniciado la recurrida, un nuevo proceso administrativo y jurisdiccional, diverso al que dio origen a los autos C-702-2011, seguidos ante el Juzgado de Letras de Victoria, en el que se cobre alguna eventual obligación tributaria contra el recurrente no se cumple con la exigencia de estar ante un deuda actualmente exigible, que avale la compensación efectuada.

DECIMO TERCERO: Que, en estas condiciones, ha quedado de manifiesto que la acción descrita, aparece desprovista de razonabilidad y apoyada en motivaciones que no resultan idóneas para prestarle un fundamento de legitimidad, lo que no importa desconocer la facultad que el Estatuto Orgánico le otorga, sino reprochar el incumplimiento del Derecho Sustantivo aplicable en la especie y las normas de procedimiento en actual vigencia.

DÉCIMO CUARTO: Que, la actuación de la recurrida que adolece de ilegitimidad y arbitrariedad, resulta atentatoria a la garantía constitucional del numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en relación al derecho del recurrente al pago de la suma de 522.750, por concepto de devolución de impuestos, al haber compensado de esa suma un total de 526.932, lo que afectó directamente el patrimonio del recurrente.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE HACE LUGAR, al recurso de protección deducido en estos autos, y, en consecuencia, se declara que la Tesorería Provincial de Angol deberá dejar sin efecto la aludida compensación automática y pagar al recurrente la totalidad de la suma de $522.750, cuya devolución fue autorizada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Roberto Contreras Eddinger.

Rol Protección N° 3816-2019 Se deja constancia que no firman Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán y Ministra (S) Sra. Mirna Espejo Guiñez, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.