nombre reservado con BIO BIO COMUNICACIONES S.A.

C.A. de Temuco.

Temuco, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

Comparece nombre reservado, abogado, por doña nombre reservado, abogada, chilena, casada, correo electrónico correo reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección a favor de doña nombre reservado y en contra de BIO BIO COMUNICACIONES S.A. RUT n° RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, RUT RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región del Biobío, por publicar y mantener hasta el día de hoy una noticia que desprestigia y daña su buen nombre, en virtud de las siguientes consideraciones de hecho y derecho que a continuación expongo:

I.- PREAMBULO SOBRE EL CHOQUE DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES:

Que, el presente caso se parte de base y se reconoce la existencia de las libertades individuales como el de expresión, pero esta no es absoluta y, por cierto, queda limitada por el derecho al buen nombre e imagen amparado vía derecho a la honra, cuando se vulnera con una afirmación deshonrosa publicada en un medio de comunicación, frente a la cual la persona tiene limitadas posibilidades de exigir y lograr una pronta corrección siendo la presente la vía más idónea y pronta en el tiempo.

La contienda de Garantías Constitucionales en reiterados fallos de la Corte Suprema ha establecido que el derecho a la libertad de expresión queda limitada por el derecho favor al buen nombre y de esta forma la Excelentísima Corte Suprema revocando sentencias que rechazaron dar protección, así quedó plasmado en sentencia de fecha 05 de mayo de 2025, rol 12.365-2025 y sentencia de fecha 20 de febrero de 2025, rol 257-2024, por lo que el criterio se claro en cuál garantía de debe dar protección frente al presente conflicto, cuyo razonamiento principal es el siguiente: “Que, en la especie, se produce una colisión entre dos garantías constitucionales, a saber, entre el derecho a la honra y al de la libertad de expresión, las que deben ser debidamente ponderadas. Sobre el particular conviene tener presente que, dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando –como en el caso de autos-, se publican en una red social afirmaciones que pueden distorsionar el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa.” (ver considerando octavo de la sentencia de fecha 05 de mayo de 2025, rol 12.365- 2025).

Y como se ilustrará el medio de comunicación publicó y mantiene publicando una noticia donde se le acusa que en el ejercicio de su función pública se le acusa de haber maltratado a un director quien sale hablando en dicho medio y a mi representada ni siquiera se le ha dado el derecho a replicar o contar su versión y que por respecto y cumplido con unos de las principales obligaciones establecida por la Ley N° 21.643 y que es respetar la reserva, ya que, es una acusación muy grave acusar de ser una personas maltratadora y con publicidad, traspasando limite no solo personales sino que familiares al enterarse, cuestión que hasta la fecha no sido resarcida manteniendo este desprestigio incluso luego de que fuera rechazada su denuncia por el Órgano competente, que es la Contraloría General de la República.

II.- ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN:

1.- Como se ha venido indicando el Sr. nombre reservado presento una denuncia por Ley N° 21.643, denominada “Ley Karin”, por actos de acoso, maltrato y menoscabo a su persona, sindicado como autores a la recurrente doña nombre reservado, el Director de Presupuestos nombre reservado y el Director de la Secretaria de Planificación nombre reservado.

2.- Frente a esta denuncia la recurrida no solo publica dicha denuncia indicando ante todo el País sus nombres y lo mantiene haciendo hasta el día de hoy, sino deja hablar solo al denunciante permitiendo realizar la siguiente declaración: “Sufrí el ataque de 3 directivos municipales la señora directora de jurídico la señora nombre reservado el director de presupuesto el Sr. nombre reservado y el Director de SECPLA en ese entonces don nombre reservado ellos me imputaron que yo no trabajaba en equipo lo cual yo rechace de plano porque lo que estoy haciendo es verificar que lo procedimiento administrativos se lleven en conforme bien a las instrucciones de la Contraloría y el derecho administrativo”. Estas declaraciones se consideran falsa, ofensiva y carentes de fundamento las se mantienen generando un daño permanente e irreparable a su reputación personal y profesional.

3.- Lo indicado precedentemente se acredita fehacientemente con la Resolución E10771/2025 de fecha 30.05.2025 de la Contraloría General de la República, que rechazó su denuncia. Por otro lado, se puede apreciar del dictamen que además mezcla un sumario (pendiente de resolver) y un juicio (pendiente de resolver), y que en nada tiene relación con la persona de mi representada, cito parte resolutiva:

4.- Para ilustrar el SS.I., se obtiene pantallazo obtenido desde la página web de la recurrida.

A este respecto, el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, garantiza “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”, por lo que no cabe duda que nuestro ordenamiento jurídico protege la vida privada de las personas, mismo reconocimiento contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que prescribe en su artículo 12 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. En similar sentido corresponde citar la Convención Americana Pacto de San nombre reservado Rica, en su artículo 5, que señala su N° 1 “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, y en su artículo 11 N° 1 establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”; en su número 2, que “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; y en su número 3°, que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

En conclusión, es evidente Ssa. I., que en los hechos expuestos se encuentra perturbando un derecho constitucional el que debe ser tutelado.

III.- PLAZO.

Esta acción constitucional de protección está siendo presentada dentro plazo, toda vez que los efectos son permanentes de la garantía constitucional perturbada, por ende, se renueva el plazo todos los días.

IV.- ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO.

1.- Acto impugnado. La publicación yo noticia que se mantiene hasta el día de hoy en la cual ocupando los datos personales de la recurrente mantiene declaraciones en su contra que son falsas, ofensivas y carentes de fundamento, que por lo demás transgreden la reserva que impone la Ley N° N° 21.643.

2.- Ilegalidad del Acto. Se manifiesta, en cuanto a la violación del derecho garantizado a su persona, de tal forma que procede a su haber el presente Recurso de Protección, que como lo ha sostenido reiteradamente la Excelentísima Corte Suprema, constituye una acción de evidente carácter cautelar,destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, y conforme a los antecedente de hecho expuestos, el acto del cual se recurre de protección es arbitrario e ilegal, y vulnera los derechos de jerarquía constitucional consagrados en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil, o arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien lo comete y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes protegidas.

V.- GARANTIA AFECTADA.

1.- “El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley” (Art. 19 N° 4) en relación con el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y artículos 5, N° 1, 2 y 3 del 11 de la Convención Americana Pacto de San nombre reservado Rica.

Solicita se adopten las medidas que restablezcan el imperio del derecho y aseguren la debida protección de las garantías afectadas, en especial, se ordene que la recurrida deberá eliminar de inmediato todas las publicaciones respecto de la recurrente, que contengan las expresiones deshonrosas detalladas en el cuerpo del escrito, fundadas sobre la base de existir un supuesto maltrato, menoscabo en contra del Sr. nombre reservado.

A folio 13 comparece ENRIQUE TAPIA RIVERA, abogado, por su representada, BÍO BÍO COMUNICACIONES S.A.

(en adelante, también “nombre reservado”), informando el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, solicitando su rechazo, con costas, atendidos los antecedentes que paso a exponer:

I. ACERCA DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA RECURRENTE Doña nombre reservado deduce acción de protección constitucional en contra de mi representada, en virtud de una publicación efectuada por nombre reservado en su sitio web oficial, la que se intitula: “Presentan denuncia por Ley Karin contra tres directores de departamentos del municipio de Temuco”, la que se efectuó el día 5 de abril de 2025.

Arguye que en la publicación en cuestión, se informa que un funcionario de la Municipalidad de Temuco, el Sr. nombre reservado la denunció en el marco de la Ley Karin, por actos de acoso y maltrato, junto también al Director de Presupuestos, Sr. nombre reservado, y al Director de la Secretaría de Planificación, Sr. nombre reservado.

Reclama que en dicha noticia sólo se recogió el testimonio del denunciante, Sr. nombre reservado, mas no de la denunciada, tachando la declaración del denunciante como falsa, ofensiva y carente de fundamento, lo que le genera un daño permanente e irreparable a su reputación personal y profesional.

Reafirmaría lo anterior el hecho que la Contraloría General de la República, conociendo de la denuncia del Sr. nombre reservado, finalmente la rechazó en Resolución E10771/2025, de fecha 30 de mayo de 2025.

Señala que la Constitución Política garantiza, en su artículo 19 N° 4, el denominado derecho a la honra, citando otros instrumentos internacionales en los que se protege similar derecho, el cual se vería vulnerado con la publicación que efectuó y mantiene nombre reservado.

Finalmente, solicita al tribunal, a título de remedio, que se ordene a mi representada “eliminar de inmediato todas las publicaciones respecto de la recurrente, que contengan las expresiones deshonrosas detalladas en el cuerpo del escrito, fundadas sobre la base de existir un supuesto maltrato, menoscabo en contra del Sr. nombre reservado.”

II. EN CUANTO A LOS HECHOS EN QUE SE FUNDA EL RECURSO El presente recurso se fundamenta fácticamente en la publicación realizada por nombre reservado en su sitio web, con fecha 5 de abril de 2025, consistente en una noticia intitulada “Presentan denuncia por Ley Karin contra tres directores de departamentos del municipio de Temuco”, a la cual puede accederse a través del link que indica.

Cabe señalar que en dicha publicación se informa sobre la denuncia que el Sr. nombre reservado, Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Temuco, efectuara en contra de la recurrente, quien ejercía el cargo de Directora de la Dirección Jurídica del municipio, así como en contra del Director de Presupuesto, Licitaciones y Control de Gestión (Sr. nombre reservado), y del Director de Secretaría Comunal de Planificación (Sr. nombre reservado), por acoso laboral y maltrato en el marco de la Ley Karin.

El relato prosigue señalando que los hechos habrían sucedido en medio de una comisión del Concejo Municipal, en que se pretendía traspasar recursos desde la administración municipal hacía el Departamento de Educación para realizar trabajos en la escuela nombre reservado Miguel Carrera, con el fin de albergar de manera momentánea a niños de la escuela especial Ñielol.

Tal movimiento de recursos fue desaconsejado por el Director de Administración y Finanzas, el Sr. nombre reservado, a raíz de lo cual habría sido objeto de ataques de los otros directores, quienes lo habrían acusado de no poder trabajar en equipo.

Se informa también que los antecedentes fueron derivados por el alcalde, Sr.

Roberto Neira a la Contraloría General de la República.

Finalmente, cabe señalar que se incluyen en la publicación los testimonios del Sr. nombre reservado y del Sr. nombre reservado, en formato audio.

Ahora bien, desde ya debe notarse que nombre reservado se limitó a informar un hecho objetivamente cierto, en términos neutros y alejados de todo sensacionalismo, sin que pueda atribuírsele un ánimo difamatorio o injurioso en contra de la recurrente.

En otro orden de ideas, en cumplimiento de su función social, nombre reservado hizo público, en la forma de noticia en su portal virtual, hechos que, como resulta evidente, son de claro interés público.

III. EL RECURSO DE PROTECCIÓN NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA Como se sabe, el recurso de protección tiene por objeto cautelar situaciones en que se vean envueltos derechos indubitados, frente a actos ilegales o arbitrarios que los amenacen, perturben o priven.

En la especie, concurren un conjunto de situaciones de hecho que se hace necesario acreditar a través de un juicio de lato conocimiento, no bastando para ello las simples afirmaciones efectuadas por la recurrente en su libelo. A modo de ejemplo, la recurrente insiste en indicar que las publicaciones le provocan menoscabo por supuestos, tanto a nivel profesional como personal. Sin embargo, no detalla de modo alguno tal circunstancia, ni refiere hechos concretos de menoscabo, denostación o juzgamiento de los que dice padecer.

Así las cosas, aparece que la recurrente más bien debió recurrir a la Ley de Prensa (Ley 19.773), la que prevé y otorga un conjunto de acciones para hacer efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación frente a injurias o calumnias que pudieren haber cometido (artículos 29 y siguientes), así como para obtener la aclaración o rectificación de una publicación (artículos 16 y siguientes), cuando ella ofende injustamente a una persona.

La anterior sería la vía idónea para que la recurrente pueda aclarar su situación y, eventualmente, obtener alguna rectificación de las publicaciones que objeta, previo desarrollo del juicio respectivo y acreditación de sus afirmaciones.

En este sentido, la I. Corte de Apelaciones de Concepción, en autos rol 80530-2022, ha señalado: “En similar sentido, el ordenamiento jurídico chileno consagra un amplio espectro de libertad de expresión e información, optando por proteger la honra de manera casi exclusiva a través de la persecución de responsabilidades ex post -con el establecimiento de responsabilidades en la ley de prensa o tipos penales específicos, renunciando así a la posibilidad de la aplicación de la censura previa. Es más, el Tribunal Constitucional ha sostenido que bajo ciertas circunstancias, la libertad de expresión puede constituirse como causal de justificación de imputaciones que puedan afectar el honor y la honra (Rol 1463).”1 IV.

INEXISTENCIA DE UN ACTO ARBITRARIO O ILEGAL QUE HAYA VULNERADO LAS GARANTÍAS DE LA RECURRENTE A)

Inexistencia de un acto arbitrario o ilegal Dada la exposición de los hechos, queda claro que la participación que mi representada ha tenido en la publicación cuestionada por la recurrente, no implica arbitrariedad ni ilegalidad alguna, toda vez que no es arbitrario ni ilegal publicar una noticia, ni mantenerla accesible al público con posterioridad y, al contrario de lo sostenido por la recurrente, no existe ánimo difamatorio ni injurioso alguno de parte de quien pública.

Por el contrario, el obrar de mi representada se sustenta y desarrolla en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de emitir opinión e informar, derecho consagrado en el art. 19 N° 12 de la Constitución Política, que garantiza la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Tanto es así que podríamos afirmar que la conducta desplegada por mi representada no sólo estuvo acorde a las normas legales y constitucionales, sino que también acorde a las normas éticas y morales que exige su condición de medio periodístico y social.

En efecto, y como se aprecia, esta parte no hizo más que cumplir su labor periodística, informando de un hecho que indiscutiblemente reviste interés público, ya que trascienden la esfera privada de las personas envueltas en ellas, habida consideración que aquellas tienen la calidad de funcionarios públicos, como es el caso de la recurrente y su denunciante.

Lo anterior encuentra sustento legal en la Ley de Prensa, por cuanto quien recurre es una funcionaria pública –Directora Jurídica de la Municipalidad de Temuco– y el art. 30 de la Ley de Prensa señala que se consideran hechos de interés público los referentes al desempeño de funciones públicas. Por lo tanto, malamente puede haber incurrido mi representada en un acto ilegal, toda vez que se limitó a informar un hecho que tiene –se podría incluso decir– la obligación de informar.

El derecho a emitir información, sin censura previa, se encuentra consagrado, además de constitucionalmente, en diversas disposiciones legales y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Es así que la Ley N° 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, señala en su artículo 1° que ‘La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.’ En el mismo sentido la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o Pacto San nombre reservado Rica, señala en su artículo 13 que ‘1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.’ Se trata entonces de una actividad lícita, amparada por el ordenamiento jurídico. Hacerlo atiende a un interés general, porque, en tiempos abrumadores de gran preocupación ciudadana por el actuar de quienes ejercen funciones públicas, se presentan hechos de suma gravedad y alto interés público general, como lo son los de la publicación cuya eliminación se persigue.

Por otro lado, así como no es ilegal ni arbitrario publicar una noticia, tampoco es ilegal o arbitrario mantenerla vigente en un portal de noticias.

En relación con aquello, debemos señalar que las limitaciones a la libertad de información, al ser una garantía fundamental, deben estar expresamente fijadas por ley. Y no existe en nuestra legislación ninguna norma que obligue a mi representada a eliminar una noticia o reportaje de cierta antigüedad, ni siquiera si se basare en hechos o circunstancias erróneas, existiendo únicamente la posibilidad de rectificaciones o aclaraciones ex post, previo juicio de lato conocimiento.

B)

Inexistencia de vulneración de garantías constitucionales.

La recurrente reclama la afectación de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política, esto es, el respeto y protección de la vida privada y honra de su persona y su familia.

Desde ya manifestamos categóricamente que tal garantía no se ha visto vulnerada por la publicación del reportaje de marras, ni por su mantención, de acuerdo a lo que pasaremos a explicar, ni tampoco se ha indicado en autos cómo es que tal garantía ha sido afectada de manera concreta, faltando que la recurrente indique de qué forma su nombre se ha visto enlodado, y que ello se acredite fehacientemente. En especial, la recurrente se ha limitado a señalar que se ha visto conculcada su honra, y nada más.

No sabemos, más allá de vagas afirmaciones contenidas en el cuerpo del recurso, si realmente la Sra. nombre reservado ha sufrido problemas personales o profesionales a raíz de la publicación, o hasta qué punto ella le ha significado algún tipo de afectación en su quehacer profesional.

La verdad es, y en esto somos categóricos, que malamente se puede vulnerar la honra de una persona al informar hechos que son objetivamente ciertos. El derecho a la honra no puede entenderse afectado si lo informado son hechos veraces, ya que este derecho implica la prerrogativa de ser protegido de imputaciones injuriosas o denigrantes, así como de información falsa que dañe el buen nombre y, en la especie, no existe falsedad alguna en afirmar que la recurrente fue efectivamente denunciada por acoso laboral, independiente que luego aquella denuncia hubiera sido desestimada.

Por su parte, don nombre reservado ha señalado, en Pautas para Superar las Tensiones entre los Derechos a la Libertad de Opinión e Información y los Derechos a la Honra y la Vida Privada, que: ‘son actos públicos, por tanto, no pertenecen al ámbito de protección de la vida privada, aquellas actuaciones externas que trascienden a quien las ejecuta, afectando el orden o la moral pública; causando daño a terceros; aquellos que tengan relevancia pública en virtud del acto mismo o de la persona que lo ejecuta, cuya difusión satisfaga la función de formación de una opinión pública libre; o afectando al bien común.’ Conforme a todo lo expresado, podemos concluir que respecto al actuar de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, todo lo relativo a su investigación y resolución no pueden ser considerados hechos propios de la esfera de la vida privada de las personas. Por tanto, son susceptibles de ser informados y de ser la información mantenida en los medios de comunicación incluso sin el consentimiento del involucrado, en virtud del derecho a la libertad de emitir información.

A menos que se acredite en un juicio de lato conocimiento un actuar injurioso o difamatorio por parte de nombre reservado.

Así las cosas, SS. I., en atención a lo expuesto, corresponde rechazar el presente recurso de protección, toda vez que mi representada no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno, ni tampoco se ha podido afectar alguna garantía constitucional de la recurrente.

Solicita tener por evacuado el informe por Bío Bío Comunicaciones S.A., solicitando que previa tramitación legal, se rechace el mismo, con expresa condena en costas.

CONSIDERANDO PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en la especie la recurrente sostiene que la publicación efectuada por Bio Bio Comunicaciones S.A. en su sitio web, donde se da cuenta de una denuncia por acoso laboral en su contra, vulnera su derecho a la honra, por cuanto, a su juicio, contiene afirmaciones falsas, se publica sin su versión de los hechos, y se mantiene disponible aun cuando la Contraloría General de la República rechazó la denuncia administrativa. La recurrida, por su parte, sostiene que la información publicada es veraz, refiere a hechos de interés público y se enmarca plenamente en el ejercicio de la libertad de informar; agrega que el recurso de protección no es la vía idónea para dilucidar conflictos relativos a libertad de expresión y honra, existiendo mecanismos específicos en la Ley N° 19.733.

TERCERO: Que por la Resolución Exenta N° E10771 de 30/05/2025 la Contraloría Regional de La Araucanía desestimó iniciar un sumario administrativo respecto de la denuncia presentada por el Sr. nombre reservado, quien acusó acoso laboral por parte de tres directivos municipales, tras analizar los hechos expuestos y el video de la Comisión de Finanzas del 2 de abril de 2025, concluyendo que las conductas observadas corresponden a discrepancias propias del ámbito laboral y no alcanzan la gravedad necesaria para configurar acoso según la ley; además, la Contraloría no pudo pronunciarse sobre las alegaciones relativas a un sumario anterior por existir cosa juzgada administrativa derivada de la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo, y recordó finalmente a los directivos su deber legal de resguardar un ambiente laboral respetuoso.

CUARTO: Que, el Tribunal constitucional en la sentencia de fecha 02 de abril de 2013, causa Rol 2237 de 2012 ha resuelto que “el derecho al honor no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones entre las cuales una muy principal es la libertad de opinión e información con lo cual cabe generalmente ponderarlo”. Agregando además que “la vida en sociedad supone también la aceptación de la tolerancia y de la crítica la que incluso puede ser acerba cuando se trata de crítica política literaria histórica entre otras que menciona el artículo 21 de la Ley N°19.733”.

QUINTO: Que, el inciso primero del artículo 1 de la Ley 19.733 señala que la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Adicionalmente el artículo 20 establece que el derecho de toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, a su aclaración o rectificación prescribirá dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha de la emisión. Por otra parte, el Titulo V de la referida ley entre los artículos 22 a 48 regula las las infracciones, de los delitos, de la responsabilidad y del procedimiento.

SEXTO: Que, este contexto, la controversia planteada evidencia una tensión entre el ejercicio de la libertad de información que asiste al medio recurrido y el derecho a la honra de la persona identificada en la noticia, especialmente cuando la imputación originalmente difundida fue posteriormente descartada por la Contraloría General de la República, con todo este debate no es susceptible de resolución a través de esta vía, siendo materia propia de un acción de lato conocimiento, razón por la cual la presente acción cautelar no puede prosperar.

SEPTIMO: Que, la desestimación de este Iltma, Corte del recurso de autos, no implica desconocer la tutela del derecho a la honra, sino que responde únicamente a los límites propios del recurso de protección, que no permite efectuar un juicio de veracidad, contraste informativo o responsabilidad ulterior, materias que deben ventilarse en los procedimientos específicos previstos en la Ley N° 19.733.

OCTAVO: Que, en mérito de lo razonado, el recurso no puede prosperar, sin perjuicio del eventual derecho de la recurrente pueda ejercer las acciones que estime pertinentes ante la sede competente.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se declara que no se hace lugar al recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, por doña nombre reservado, en contra de BIO BIO COMUNICACIONES S.A. sin perjuicio de los derechos que a la recurrente le asistan conforme a derecho.

Regístrese y archívese.

Redacción del abogado integrante don Roberto Contreras Eddinger.

Rol N° Protección-3806-2025 (pvb).