Protección contra Escuela Municipal nombre reservado y del Departamento de Educación Municipal

C.A. de Temuco.

Temuco, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece don Felipe Eduardo Hernández Terán, abogado en representación de nombre reservado y nombre reservado, obrando en favor del niño nombre reservado, de 8 años de edad, quien interpone acción de protección en contra de la Escuela Municipal nombre reservado y del Departamento de Educación Municipal de Temuco (DAEM), por el actuar que estima ilegal y arbitrario cometido principalmente por el Equipo del Programa de Integración Escolar (PIE) y el equipo de convivencia escolar de la citada escuela, al no realizar un adecuado abordaje y contención del niño, que ha sido diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo cual vulneraría las garantías de los numerales 1,2 y 4 del artículo 19, de la Constitución Política de la República.

Explica que nombre reservado , de 8 años de edad, ha sido diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y es estudiante de la Escuela Municipal nombre reservado, menor que posee un perfil de alto funcionamiento que requiere ambientes estructurados y contención emocional ante estímulos sensoriales o situaciones de estrés.

Sin embargo, alega que la Escuela nombre reservado habría fallado sistemáticamente en proporcionar este entorno protector al que estaba obligada.

Así, precisa que el niño habría sufrido una serie de actos de acoso escolar, donde entre los hechos más graves detallados se encuentra un episodio en que habría sido inmovilizado por compañeros mayores entre unos pasamanos, situación que la escuela minimizó alegando que el menor se habría expuesto voluntariamente a tal situación. También relata un incidente ocurrido en septiembre de 2025, donde el colegio solicitó la presencia de Carabineros tras una reacción defensiva del niño ante una agresión de otro alumno, invisibilizando el origen del conflicto y generando una narrativa sancionatoria contra él.

Refiere que habría sido asimismo víctima de hostigamiento institucional, que incluye la obtención de declaraciones del menor sin la presencia de sus padres, bajo presión y gritos, induciéndolo a realizar afirmaciones falsas sobre supuesto maltrato en su hogar, siendo amenazado de ser sancionado sin recreo, todo lo cual constituye una vulneración grave al interés superior del niño y a su derecho a ser oído en entornos seguros, lo cual también afecta la honra de los padres, a quienes se les ha tildado de golpeadores y; en el caso del padre, se le acusó infundadamente de estar bajo los efectos de drogas durante una reunión escolar.

Alega asimismo, que existiría un grupo de whatsapp formado por compañeros de curso del menor para aislarlo, ridiculizarlo y excluirlo del medio, situación que el establecimiento conocía, no interviniendo efectivamente, provocando así una severa crisis emocional en el niño el 25 de septiembre de 2025.

Aduce que el equipo PIE ha ignorado el Plan de Intervención Individual (PII) acordado a principios de año, el cual estipulaba que ante crisis de desregulación se debía acudir a la contención emocional y permitir la intervención de su tía materna, asistente en el mismo colegio, acción que habría sido obstaculizada por la dirección.

Argumenta que el actuar de la recurrida es ilegal por infringir la Ley N° 21.545, que impone el deber de los establecimientos de proveer espacios inclusivos, sin violencia ni discriminación, garantizando la formación de su personal para proteger la integridad de las personas con TEA. Cita específicamente los siguientes puntos: Trato Digno: El principio de recibir un trato respetuoso en todo momento, utilizando un lenguaje claro y protegiendo la vida privada. Ajustes Necesarios: La obligación de efectuar modificaciones en reglamentos y procedimientos para abordar adecuadamente las desregulaciones emocionales y conductuales.

Legitimación de Cuidadores: La ley ampara a los padres en su rol de cuidadores ante acciones discriminatorias, permitiéndoles accionar judicialmente.

Por otro lado, explica que la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez impone el deber de respetar y proteger los derechos de los niños. Puntualmente denuncia la vulneración del derecho a ser escuchado en entornos seguros, criticando que se obtuvieran declaraciones del niño mediante presión y sin el acompañamiento de adultos significativos, lo que constituye un trato negligente institucional.

Invoca, igualmente, infracción a la Ley N° 20.845 (Ley de Inclusión Escolar), que establece el deber del Estado y sus instituciones de asegurar la permanencia de estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema regular, a la Ley General de Educación (Ley N° 20.370) que garantiza el derecho de los alumnos a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, sin ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos.

En cuanto a los protocolos del Ministerio de Educación, hace referencia al "Protocolo de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual" (2022), el cual exige intervenciones calmadas y predecibles, contrastando con el actuar punitivo denunciado por parte del equipo PIE.

Denuncia como garantías específicas conculcadas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica (Art. 19 N°1), la prohibición de establecer diferencias arbitrarias (Art. 19 N°2) y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia (Art. 19 N°4); invocando, además, el artículo 5, inciso segundo, de la Carta Fundamental, que otorga rango constitucional a los tratados internacionales ratificados por Chile, como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Pide en definitiva, se acoja el presente recurso de protección y se decreten las siguientes medidas: 1- Adoptar de inmediato medidas de protección y acompañamiento psicológico para nombre reservado y ordenar la coordinación por parte del Programa PIE de la Escuela nombre reservado, con la psicóloga de cabecera del niño. 2- Ordenar a la dirección de la Escuela nombre reservado, tomar medidas inmediatas respecto de los actos de hostigamiento y acoso sufrido por el niño por parte de sus compañeros y ordenar el cese de la existencia del grupo de whatsapp. 3- Ordenar al Programa PIE del establecimiento, cesar de inmediato todo hostigamiento y acoso hacia el niño y sus padres, absteniéndose especialmente de obtener declaraciones del niño sin autorización y sin la presencia de su apoderado o adulto significativo designado; presionar o dirigir su relato, o interrogarlo sin las medidas de resguardo y en un entorno seguro y tranquilo, acorde a su condición; aislarlo o someterlo a procedimientos impropios o invasivos, contrarios al interés superior del niño; hostigar a los padres, incluyendo comunicaciones intimidantes a profesionales tratantes (p. ej., su psicóloga particular), tales como anunciar o insinuar que el Programa está “recabando antecedentes para denunciar” a los padres por supuestas vulneraciones, sin sustento técnico ni procedimiento válido. 4- . Ordenar al establecimiento a utilizar estrictamente, para el abordaje de eventuales crisis de desregulación de nombre reservado, el Plan de Intervención Individual (PII) elaborado a comienzos de año por el Programa de Integración Escolar (PIE) del establecimiento, en coordinación con su familia, su psicóloga particular y el equipo profesional del colegio. Dicho PII establece que, ante episodios de desregulación, la estrategia principal es la contención emocional y la disminución de la ansiedad, evitando toda medida coercitiva o punitiva. Asimismo, el PII individualiza a las personas habilitadas para intervenir en contención, incluyendo a su tía materna, doña nombre reservado, asistente de la educación del mismo establecimiento, con capacitación y experiencia acreditada en apoyo a estudiantes neurodiversos; en consecuencia, ordénese permitir y facilitar su intervención cuando se active el protocolo, sin obstaculizarla, dejando registro escrito en bitácora. Cualquier restricción a lo previsto en el PII deberá fundarse por escrito mediante informe técnico y solo procederá previa modificación formal del PII, debidamente acordada y comunicada al apoderado. 5- Implementar talleres de sensibilización y capacitación sobre TEA dirigidos a toda la comunidad escolar en especial al curso del niño.

A folio 10 comparece el abogado don Alfonso Emilio Chesta Navarrete, en representación de la Municipalidad de Temuco, evacuando el informe solicitado.

Pide el rechazo del recurso por cuanto la Escuela Municipal nombre reservado, habría actuado en todo momento bajo el amparo de la legalidad y los protocolos vigentes, sin vulnerar las garantías constitucionales del menor.

En primer término, alega que el recurso fue dirigido erróneamente contra el Departamento de Educación Municipal (DAEM), cuando la acción legal debió entablarse contra la Municipalidad como persona jurídica.

En segundo término, se plantea una objeción respecto a la temporalidad de los hechos denunciados por los recurrentes, por cuanto se señalan varios acontecimientos que serían extemporáneos, por lo cualquier evento que hubiere tenido ocurrencia en una fecha anterior al 25 de septiembre de 2025, como incidentes en agosto o a principios de septiembre, se encuentra fuera del plazo fatal de 30 días establecido en el Auto Acordado de la Corte Suprema y no debería ser analizado como acto vulneratorio de garantías.

En cuanto a la situación del estudiante, señala que efectivamente el niño cuenta con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), por lo que para su atención, la Escuela elaboró un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual ajustado a la Ley N°21.545, el cual habría sido ejecutado rigurosamente por el equipo del Programa de Integración Escolar (PIE).

Destaca que el personal está capacitado para distinguir entre conductas derivadas del diagnóstico y actos de convivencia escolar que requieren la aplicación de protocolos específicos de la Política de Convivencia Escolar 2024-2030.

Sobre los incidentes específicos, primero, sobre un accidente bajo una escalera, afirma que se prestó auxilio inmediato y se determinó que fue producto de un juego sin supervisión, sin elementos de gravedad. Segundo, respecto a un conflicto entre estudiantes, ambos con diagnóstico TEA, que involucró agresiones mutuas y actos de connotación sexual, se explica que se siguieron los protocolos de denuncia ante Carabineros y el Tribunal de Familia, aunque este último decidió no dar curso a tramitar la causa.

Tercero, ante un episodio donde el menor rompió un vidrio y manifestó espontáneamente temor por represalias físicas de su madre, la escuela cumplió con su deber legal de denunciar la posible vulneración de derechos ante la justicia de familia, actuando en beneficio del interés superior del niño.

Respecto a la denuncia sobre un grupo de whatsapp denigratorio, asegura que la escuela investigó y constató que el grupo había sido eliminado por su administrador en agosto de 2025 y que pese a nuevas insistencias del padre del niño, en septiembre, pesquisas adicionales y entrevistas con el curso confirmaron la inexistencia del grupo, tras lo cual se realizaron talleres de reflexión sobre el uso responsable de redes sociales.

Finalmente, desestima las alegaciones de vulneración al derecho a la vida, igualdad ante la ley y respeto a la honra.

Argumenta que el niño ha recibido una atención diferenciada pero positiva, orientada a sus necesidades educativas especiales, y que no existen pruebas de trato desigual o difamación hacia los padres.

Acompaña a su informe: Hoja de Vida del estudiante, Anamnesis de Evaluación Diagnóstica Integral, Formulario Único de Evaluación de Salud firmado por nombre reservado y diversos informes especializados: fonoaudiológicos, de terapia ocupacional, psicopedagógico y de conducta adaptativa. También se incluyó el Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual. Registros de Incidentes y Actas de Eventos, destacan las actas del 22 de septiembre de 2025 relativas a la rotura de un vidrio y las declaraciones del niño sobre violencia en su hogar. Registros del conflicto entre estudiantes del 3 y 5 de septiembre y las pesquisas sobre el grupo de WhatsApp de fechas 27 de agosto y 26 de septiembre. Expedientes de las causas P-2981-2025 y P-2816- 2025 del Juzgado de Familia de Temuco, junto con sus respectivas resoluciones y el informe de la consejera técnica nombre reservado

Valdebenito. Respuesta a la Superintendencia de Educación ante una denuncia previa relacionada con el caso. Compilado de correos electrónicos y capturas de WhatsApp sobre comunicación con el padre, nombre reservado, y la coordinación técnica realizada en abril y septiembre de 2025 con la psicóloga particular del niño, nombre reservado.

Evidencia de talleres de sensibilización sobre autismo impartidos a la comunidad educativa.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección es una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de garantías constitucionales, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales, cuando de los antecedentes aportados sea posible advertir una vulneración actual o inminente que requiera tutela urgente.

Su estructura no contempla una fase probatoria amplia y, por ello, no constituye sede idónea para dilucidar controversias que exijan un examen extenso de hechos controvertidos y su acreditación.

SEGUNDO: Que en el caso sublite, comparece la parte recurrente e interpone recurso de protección en favor del estudiante de 3° Básico, nombre reservado de 8 años de edad, en contra de la Escuela Municipal nombre reservado y del Departamento de Educación Municipal de Temuco, denunciando la afectación de garantías constitucionales por el actuar que estima ilegal y arbitrario cometidos principalmente por el Equipo del Programa de Integración Escolar (PIE) y el equipo de convivencia escolar de la citada Escuela, al no realizar un adecuado abordaje y contención del niño, que ha sido diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

TERCERO: Que evacuando informe la Municipalidad de Temuco y en lo que interesa, solicitó el rechazo del arbitrio, destacando, entre otros puntos, que el establecimiento es de dependencia municipal y el sostenedor es la Municipalidad de Temuco; que existe un Plan de Intervención Individual elaborado por el P.I.E. del establecimiento, el cual se habría cumplido íntegramente, dando cuenta de ello toda la documentación acompañada por la recurrida, agregando que por lo demás los hechos han sido denunciados a la Superintendencia de Educación, cuya decisión se encuentra pendiente.

CUARTO: Que la normativa en materia de no discriminación invocada por la parte recurrente, impone a los establecimientos educacionales y sostenedores en particular, el deber de contemplar ajustes razonables y apoyos para asegurar participación e igualdad de oportunidades, evitando exclusiones carentes de justificación razonable (artículos 4 y 6 de la Ley Nº 21.545 ), los que operan como dispositivo de no discriminación, individualizado y sujeto a proporcionalidad, en función de las necesidades específicas del caso.

QUINTO: Que con todo, la determinación de si en la especie existió omisión de ajustes razonables, discriminación, trato indebido o vulneración concreta de derechos fundamentales y si las medidas adoptadas fueron o no necesarias, proporcionales y debidamente fundamentadas, supone, en lo sustantivo, establecer hechos específicos, su secuencia, contexto y justificación, lo que ha sido controvertido por los informantes, existiendo versiones contrapuestas y antecedentes que requieren ponderación propia de procedimientos con actividad de constatación y verificación.

SEXTO: Que sin perjuicio de la relevancia que revisten los hechos expuestos en el recurso y del deber de los establecimientos educacionales de adoptar medidas efectivas de inclusión conforme a la Ley N° 21.545, no puede perderse de vista que la presente acción cautelar no tiene por objeto resolver cuestiones vinculadas a la idoneidad o suficiencia de las estrategias pedagógicas ni sustituir los mecanismos ordinarios de fiscalización o evaluación administrativa, los cuales se encontrarían en curso, de conformidad a la documentación acompañada por la recurrida.

SEPTIMO: Que atendido lo expuesto, esta Corte debe ponderar necesariamente que la Superintendencia de Educación se encuentra conociendo denuncias sobre materias que se condicen con las de autos, en etapa de análisis conforme a la Ley N° 20.529, la cual contempla la eventual tramitación de procedimientos sancionatorios si se constatan infracciones. En tal escenario, en el caso sub judice aparece activada la vía institucional específicamente prevista por el ordenamiento jurídico para el esclarecimiento, fiscalización y determinación de eventuales incumplimientos a la normativa educacional.

OCTAVO: Que lo anterior no significa desconocer la vigencia y relevancia del marco de inclusión y ajustes razonables ni restar gravedad a las quejas formuladas por la parte recurrente sino que sólo implica constatar que, por la naturaleza del conflicto (hechos discutidos) y por existir sede administrativa especializada actualmente activa, no se configuran en esta instancia los presupuestos de procedencia que permitan concluir, con el estándar propio del recurso, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario susceptible de corrección inmediata por esta vía, por lo que no queda sino rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y nombre reservado, obrando en favor del niño nombre reservado, en contra de la Escuela Municipal nombre reservado y del Departamento de Educación Municipal de Temuco (DAEM).

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra A. Cecilia Aravena López.

Rol N° Protección-3802-2025 (pvb).