Protección contra SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA

Foja: 135 Ciento Treinta y Cinco C.A. de Temuco Temuco, doce de enero de dos mil quince.

VISTOS:

1.- Que a fojas 28, comparece don ROLANDO FRANCO LEDESMA, abogado, en representación de nombre reservado, técnico informático, nombre reservado, contador auditor, nombre reservado, contador auditor, nombre reservado, contador auditor, nombre reservado, técnico industrial en maquinarias y herramientas, nombre reservado, ingeniero comercial, nombre reservado, ingeniero civil, nombre reservado, empresario, nombre reservado, ingeniero civil, nombre reservado. ingeniero comercial, nombre reservado, diseñadora gráfica y nombre reservado, ingeniero civil industrial, quien de conformidad a los artículos 19 N° 2 y N° 20 en la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema de 24 de junio de 1992, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, modificado por los Auto Acordados de fecha 9 de Junio de 1998 y de fecha 8 de Junio 2007, interpuso acción de protección en contra del SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA. en adelante "SEA", representado por su Director Regional (S), Sr. RICARDO MORENO FETIS, con el objeto que se decreten todas o algunas de las peticiones concretas que indica en el petitorio, relativas al proceso de evaluación ambiental de la declaración de nombre reservado, presentado a tramitación ante la recurrida por la empresa GESTIÓN ECOLÓGICA DE RESIDUOS S.A., en adelante “GERSA”, consistente en la construcción y operación en la comuna de Lautaro de una "ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILA​BLES".- Señala primeramente que el acto recurrido es la Resolución Exenta N° 309/2014, fechada 22/10/2014 dictada por el Director Regional del SEA, en virtud de la cual decretó la inadmisibilidad de la solicitud de un proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la declaración de nombre reservado mencionado, la que fue presentada oportunamente y cumpliendo con los requisitos legales correspondientes.- Sostiene que con el fin de colaborar con el desarrollo de actividades productivas e industriales en la región, en el año 2001, "CorpAraucanía", corporación privada sin fines de lucro, adquirió distintos predios ubicados inmediatamente al sur de la ciudad de Lautaro, que totalizan 425,9 hectáreas, los que procedió a fusionar y lotear creando el denominado “PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO DE LA ARAUCANÍA.” En ese parque promueve principalmente la radicación de empresas industriales y afines como de equipamiento e infraestructura, comercio y oficinas, talleres artesanales, vivienda y áreas verdes en sus distintas modalidades, predio que se encuentra parcialmente loteado, contando actualmente con 82 lotes. Agrega que con el objeto de establecer limitaciones, obligaciones y prohibiciones a que estarán sujetos los adquirentes, poseedores u ocupantes a cualquier título de sitios en el Parque Industrial y Tecnológica de la Araucanía, se dotó de un Reglamento de Administración, que se encuentra contenido en escritura pública que indica, por lo que tal recinto se viene consolidando como un lugar apto para el desarrollo de actividades empresariales, que ejecutan personas jurídicas y/o naturales, el que además cuenta con 49 propietarios, de los cuales 19 se han ya instalado entre ellos menciona a Industrial Centec S.A., Hidras-Com, Indupol, Nutraseed, Lousiana Pacific, Anasac, Aguas Araucanía, Solhatec, Agrícola Lobert, Frigorífico Karmac, Consorcio Maderero, Copec, Agrícola y Forestal Nilpe, Comercial Agroproceso, Pinturas Panorámica, Packing Amuley, Comercializadora Morcas y Hormical.

Advierte que GERSA tiene proyectado construir y operar en el loteo en cuestión, concretamente en el Lote F Tres de su propiedad, una estación de transferencia de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, operación material que consiste en el tránsito permanente y continuo de camiones recolectores de residuos domiciliarios y su posterior transbordo, en la estación de transferencia, a vehículos de carga de mayor capacidad, para desde la misma, transportarlos hasta un relleno sanitario autorizado, de carácter definitivo. Agrega que la operación de la estación en cuestión, considera asimismo el lavado y mantención in situ de los camiones recolectores, siendo así que GERSA, el 22 de agosto pasado, mediante una Declaración de nombre reservado, en adelante “DIA”, ante el SEA de la Región de La Araucanía, presentó a evaluación ambiental el proyecto, procedimiento de evaluación ambiental, reglado y sujeto a plazo estrictos, que tiene fecha de término el 30 de enero próximo.

Agrega que el 15 de octubre de 2014, sus representados presentaron formalmente al SEA doce cartas requiriendo a dicho servicio disponer la apertura de un proceso formal de participación ciudadana, respecto del proyecto tantas veces mencionado, servicio que mediante Resolución Exenta N° 309/2014, de fecha 22/10/2014, rechazó la solicitud, esencialmente, en base a los argumentos que reproduce en su recurso.- Señala que el inciso Io del artículo 30 bis de la Ley General de Bases del Medioambiente (LGBMA), establece lo siguiente: “,Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de nombre reservado que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de nombre reservado de que se trate …”.

Dentro de los supuestos necesarios para que la disposición legal antes citada sea aplicable, esta que el proyecto sometido a evaluación ambiental genere cargas ambientales para las comunidades próximas, lo que tiene lugar respecto de aquellos proyectos que producen beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas en su fase de construcción y operación.

A su turno advierte que el inciso 6o del artículo 94 del Decreto N° 40, que contiene el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dispone que: "Se entenderá que provocan cargas ambientales los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.), b), c), d), e), f), j) y o) del artículo 3 de este Reglamento o que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía entre otros”. Por su parte, el artículo 3, letra o), del Reglamento en comento, dispone lo siguiente: "Los proyectos o actividades susceptibles de causar nombre reservado, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, planta de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistema de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos y sólidos". Finalmente, señala que el inciso final del artículo 30 bis de la LBGMA, establece lo siguiente: "La participación ciudadana comprende los derechos a acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, formular observaciones y obtener respuesta fundada de ellas".

Agrega que , para el caso concreto, resulta incuestionable que el proyecto sometido a evaluación ambiental por parte de GERSA, genera cargas ambientales, por ende, en la medida que los solicitantes cumplan con los demás requisitos establecidos por la normativa legal y reglamentaria correspondiente, correspondía realizar un proceso de participación ciudadana. Aparte de tratarse de la evaluación de una declaración de nombre reservado relativa a un proyecto que contenga cargas ambientales, como es el caso, lo que por lo demás ha sido expresamente reconocido por parte del servicio recurrido, para que sea procedente la participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el inciso Io del artículo 30 bis de la Ley General de Bases del Medioambiente, es necesario que lo soliciten por escrito, a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas, dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a la declaración de nombre reservado de que se trate.

Agrega que sus representados, más de 10 personas, invocando afectación directa, dentro de plazo legal (la publicación en el Diario Oficial del proyecto en cuestión se efectuó el día 1o de octubre recién pasado, venciendo el plazo para requerir se decretara la apertura de un proceso de participación ciudadana, el 15 de octubre del mismo año), hicieron una presentación por escrito ante el SEA solicitando la realización de un proceso de participación ciudadana, la que fue en definitiva declarada inadmisible, lo que califica de ilegal y arbitraria, considerando que el artículo 94 del Reglamento del SEA si bien indica que en las DIA será facultativo para ese servicio decretar la apertura de un proceso de participación ciudadana, también agrega para considerar su apertura: "..., siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 10 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a Declaración de nombre reservado de que se trate…”; requisitos de procedencia que se han cumplido a cabalidad por los recurrentes.

Advierte que la norma en cuestión, por lo demás, no indica que al momento de solicitar la participación ciudadana se deban acompañar antecedentes que acrediten de qué manera los solicitantes son directamente afectados por el proyecto en evaluación, circunstancia que, por lo demás, en el caso de sus representados concurre, puesto que la mayoría de ellos se desempeña laboralmente en el Parque Industrial, son directivos del Comité de Administración del Parque y por ende deben velar por el bienestar del loteo en su conjunto y por las personas naturales y/o jurídicas que han comprado lotes determinados y están ejecutando proyectos industriales; y/o personas que, dentro de éstos últimos, tienen legítimos intereses patrimoniales que pueden verse afectados por la desvalorización que sus sitios pueden tener por estar situados en un loteo que en su interior tiene instalada una estación de transferencia de residuos domiciliarios o asimilables, por cuanto resulta evidente e incuestionable que el proyecto provocará olores, ruido y presencia de vectores que sin duda alguna afectarán a su medioambiente inmediato y en su quehacer diario.

En tal escenario , señala, el Servicio de Evaluación Ambiental, Región de La Araucanía, actuando en forma arbitraria e ilegal ha dictado la resolución exenta que cuestionan, ya que, se les ha negado la posibilidad de intervenir en un proceso de participación ciudadana, en el contexto de la discusión sobre la evaluación ambiental de un proyecto que los afecta directamente, so pretexto de presumir sin ningún fundamento que aquellos realizaron sus respectivas solicitudes y además emitió de antemano un pronunciamiento favorable a la calificación nombre reservado en evaluación, sin que ésta haya concluido.- Advirtiendo conculcada la garantía del numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que es la igualdad ante la ley, en relación con los artículos 6 y 7, todos de la Constitución Política de la República, toda vez que al emitir un pronunciamiento anticipado, como el que efectúa en el motivo 8 de su resolución exenta, precisamente al señalar que el proyecto " no generará externalidades ambientales negativas en las localidades próximas" vulnera el orden institucional de la República, por cuanto al emitir dicho juicio de valor se ha perdido la necesaria imparcialidad del órgano resolutor.

Pide, previas citas legales, se adopten todas o algunas de las siguientes medidas: (1) Que el recurrido Servicio deje sin efecto la Resolución Exenta N° 309/2014 y que, como consecuencia de ello, lleve a efecto un proceso de participación ciudadana en la evaluación nombre reservado "Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables de Lautaro"; (2) Al mismo tiempo de ordenar que se lleve a efecto el proceso de participación ciudadana, que ordene al recurrido retrotraer el proceso de evaluación ambiental a la fecha en que mis representados solicitaron que se realizara el proceso de participación ciudadana; o, (3) cualquier otra medida que la Ilma. Corte estime pertinente para el restablecimiento del imperio del derecho y asegurar que el proceso de evaluación ambiental en curso se lleve a efecto conforme a la normativa legal y reglamentaria aplicable, sin vulnerar normas y garantías constitucionales, como así también para garantizar la imparcialidad del servicio público en cuestión; todo, con costas.

2.- Que, a fojas 50, informa el Servicio recurrido quien, en lo pertinente, señaló que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes producto que: (i) En primer lugar, por cuanto existen otras instancias administrativas idóneas para dejar sin efecto los actos administrativos de carácter ambiental, existiendo una institucionalidad específica para estos efectos. (ii) Por otro lado, el recurso de protección abunda en afirmaciones relativas a supuestas amenazas que ocasionaría el funcionamiento de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Lautaro, en relación a que la mayoría de los recurrentes de autos se desempeña laboralmente en el Parque Industrial y otros tantos son directivos del Comité de Administración del Parque, debiendo recordar que el proyecto fue sometido a un exhaustivo examen ambiental y, según la información que le consta a dicho Servicio, en la especie no corresponde dar inicio a un proceso de participación ciudadana, por cuanto no se configura el concepto de "carga ambiental", dado que no se produce una externalidad negativa concreta, la que en el caso de marras se refieren a la existencia o no de grupos humanos que se emplacen en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del proyecto, toda vez que se ubica al interior de un predio de mayor tamaño, de uso industrial, sin registrarse en él la presencia de viviendas, poblaciones, comunidades o actividades residenciales que puedan ser afectadas por la eventual aprobación del proyecto.

Agrega que, en ese sentido, el recurso de protección de autos retruca las conclusiones científicas y técnicas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía, lo que obviamente escapa del ámbito de los recursos de protección, no siendo esta la vía idónea para reclamar de un acto de carácter ambiental, cosa ya afirmada en nuestra jurisprudencia nacional. Más aún, agrega, el recurso de protección se estructura en base a un conjunto de afirmaciones de eventuales efectos perjudiciales que se producirían, pero no aporta antecedente cierto alguno de que ellos se generarán, lo cual por si sólo constituye una causa para rechazar la acción intentada, es decir, no se entrega ninguna información que permita siquiera estimar que las afirmaciones del recurrente, puedan ser efectivas, sino que, al contrario, los antecedentes que si constan en el expediente de evaluación permiten desechar sus alegaciones y; (iii) Por último, el recurso de protección también debe ser desestimado toda vez que no concurren en la especie los requisitos que lo hacen procedente, ya que no existe acto u omisión ilegal y mucho menos arbitraria que sea imputable al Servicio de Evaluación Ambiental, y en todo caso, no se afecta la garantía constitucional invocada.

Luego de referir una breve explicación sobre el funcionamiento del proyecto dentro del que se destaca la inexistencia de trasformación de los residuos, sino solo el transbordo del mismo, como se indicó , advierte en especial que el recurso de protección no es la vía idónea, ello en razón de que esta acción cautelar, según la unanimidad de la doctrina nacional, tiene como fin restablecer de manera pronta e inmediata el imperio del derecho, con ocasión de una perturbación actual de una garantía constitucional, por lo que constituye una acción de urgencia según se desprende del número I del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales. Sin embargo éstos carecen de la "urgencia" que esta institución requiere, puesto que no se configura privación, perturbación o amenaza de ningún derecho de los recurrentes, los cuales por cierto deben ser actuales, es decir, contemporáneas al momento en que se recurrió de protección, pudiendo estimarse en forma fundada que los recurrentes persiguen fines indemnizatorios y/o reparatorios. Como se podrá comprobar, señala, la determinación de declarar inadmisible un proceso de participación ciudadana en una DIA, obviamente, escapa a un procedimiento extraordinario y de urgencia, como es aquel contemplado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales materias, afirma, deben ser abarcadas con una profundidad mayor que escapa a la naturaleza cautelar de un recurso de protección y, en virtud del principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia, tangencialmente manifestado en el artículo 17 N° 9 y en el artículo tercero transitorio, ambos de la Ley N° 20.600, que creó los Tribunales Ambientales, esta materia debe analizarse en profundidad por las magistraturas especiales creadas por ley para estos temas. Además, señala que la evaluación ambiental es un mecanismo entregado a la administración activa. En tal sentido, la evaluación, y ponderación de los impactos ambientales de un determinado proyecto de inversión, corresponde que sean analizados dentro del procedimiento de evaluación y que, en ese mismo sentido, se vea agotada la vía administrativa, para luego recurrir a la judicial y en particular a la sede de protección. Lo que pretenden los recurrentes no puede ser resuelto en la sede mencionada, ya que ello implica consideraciones técnicas respecto de las cuales no compete a este Ilustrísimo Tribunal su resolución, especialmente si se tiene presente que se dirimirá sobre antecedentes técnicos y legales cuya evaluación está entregada únicamente a la autoridad administrativa, teniendo presente que a la evaluación ambiental de un proyecto es una facultad eminentemente técnica y discrecional de la autoridad competente Asimismo, agrega que el recurso de protección debe ser desestimado por cuanto existen otras instancias administrativas idóneas para dejar sin efecto los actos administrativos dictados dentro del marco de un proceso de evaluación ambiental dentro del SEIA, en este especifico caso, la Ley 19.880 de Bases de Procedimiento Administrativos, establece un sistema recursivo de los actos administrativos. Así, en el artículo 59 encontramos los recursos de reposición y el jerárquico, que pueden ser ejercidos. En definitiva, el recurso intentado por la contraria debe ser rechazado, atendido que las materias reclamadas exceden la naturaleza cautelar y de urgencia de este procedimiento, más aun teniendo presente que la legislación chilena contempla medios de impugnación y revisión de la materia de autos especiales que no han sido agotadas por los recurrentes.

Acto seguido , la recurrida de manera lata explica el concepto de “carga ambiental”, para luego advertir que el artículo 94 inciso 3o del D.S. N° 40 de 2012 dispone lo siguiente: "Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las Declaraciones de nombre reservado que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos o actividades que generen cargas ambientales para las comunidades próximas, entendiendo por éstas, aquellas ubicadas en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del proyecto. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de diez días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto o actividad sometido a Declaración de nombre reservado de que se trate." Norma que distingue los presupuestos que deben concurrir para encontrarnos frente a una Declaración de nombre reservado que admita la realización de un proceso de participación ciudadana. De esta manera, en primer lugar, dicho artículo establece que este proceso podrá decretarse "en las Declaraciones de nombre reservado que se presenten a evaluación y se refieran a provectos o actividades que generen cargas ambientales para las comunidades próximas". Para efectos de este artículo, el mismo establece, en su inciso 6, que "se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos provectos o actividades que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación". Así, de la lectura de este artículo, concluye la recurrida, debe estimarse que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que reportan un beneficio social pero que, al mismo tiempo, ocasionan una externalidad negativa a los habitantes de la localidad en donde se realiza (o que se encuentran dentro de su área de influencia), cuestión que finalmente no fue observada en el exhaustivo examen de antecedentes efectuados por la recurrida y que latamente describe en su informe, concluyendo que según la información que le consta a dicho Servicio, en la especie no correspondía dar inicio a un proceso de participación ciudadana, por cuanto no concurre el concepto de "carga ambiental", dado que no se configura una externalidad negativa, al no existir grupos humanos que se emplacen en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del provecto, toda vez que la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables Lautaro, se emplaza al interior de un predio de mayor tamaño de uso industrial, sin registrarse en él la presencia de viviendas, poblaciones- comunidades o actividades residenciales que puedan ser afectadas por la eventual aprobación del proyecto.

Advierte que, luego del análisis de fondo, se efectuó el análisis de forma de las solicitudes estipuladas por las 12 personas naturales ya mencionadas, constatando que dichas solicitudes se efectuaron dentro del plazo establecido para ello; sin embargo, dichas solicitudes no se enmarcan en los requisitos estipulados en el artículo 30 bis de la actual Ley 19.300 modificada por la Ley N° 20.417, por cuanto no constaba que dichas personas naturales, sean quienes se afecten directamente por la eventual ejecución del proyecto sobre algún componente ambiental.

Finalmente y sobre la base de lo descrito precedentemente la recurrida señala la inexistencia de acto alguno de carácter arbitrario o ilegal, menos la existencia de vulneración a la garantía invocada por los recurrentes pidiendo, previas citas legales y jurisprudenciales, se deseche el recurso con costas.- 3.- Que a fojas 96 se hizo parte GERSA., en la misma línea argumental de la recurrida, agregando que en ningún caso puede afirmarse que los solicitantes tengan un derecho indubitado al solicitar el proceso de participación ciudadana sino que en realidad tienen una mera expectativa de que la autoridad ambiental, ponderando su petición y los antecedentes disponibles, acceda a dicha solicitud. Por consiguiente, no existiendo ningún derecho indubitado de los recurrentes, pide el rechazo de la acción cautelar, con costas.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el propósito de evitar posibles consecuencias dañosas o lesivas de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que causen en los afectados privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías o derechos que se protegen con este instrumento jurisdiccional, con el fin de que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los perjudicados.

SEGUNDO: Que los recurrentes afirman en su libelo que por resolución exenta Nº 309/2014, de fecha 22 de Octubre de 2014, el Director Regional del SEA, decretó la inadmisibilidad de la solicitud presentada por los actores de un proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la Declaración de nombre reservado “Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables de Lautaro”. Argumentan que dicha petición fue presentada oportunamente y cumpliendo con las exigencias legales correspondientes. Califican dicho acto como ilegal y arbitrario considerando que el articulo 94 del Reglamento del SEA, si bien indica que en las Declaraciones de nombre reservado, será facultativo para dicho Servicio decretar la apertura de un proceso de participación ciudadana, la misma norma agrega que mediante solicitud escrita y dentro del plazo de diez días contados desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto de que se trate, podrá solicitarse la apertura por un mínimo de diez personas naturales directamente afectadas. En el caso de autos, doce personas efectuaron la petición de acuerdo a la normativa señalada.

TERCERO: Que, fundando su petición, agregan que dentro de los supuestos necesarios para que la disposición legal citada sea aplicable, se encuentra que el proyecto sometido a evaluación ambiental genere las denominadas “cargas ambientales” para las comunidades próximas, lo que tiene lugar respecto de aquellos proyectos que producen beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas en su fase de construcción y operación. Sostienen que en el caso de autos resulta incuestionable que el proyecto referido genera dichas cargas, por lo que corresponde realizar un proceso de participación ciudadana, de conformidad a la normativa legal y reglamentaria que cita.

CUARTO: Que los recurrentes sostienen que el acto arbitrario e ilegal reseñado vulnera la garantía constitucional del numero 2 del articulo 19 de la Constitución Política de la Republica, de igualdad ante la ley, argumentando que la autoridad ambiental ha discriminado arbitrariamente a los recurrentes al desechar la solicitud de apertura de un proceso formal de participación ciudadana respecto del proyecto de la empresa GERSA S.A., no obstante cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios.

QUINTO: Que, finalmente, en el mismo orden de ideas, los actores afirman que la autoridad ambiental, no obstante haber ejercido una facultad discrecional ha obviado la motivación correspondiente, poniendo de manifiesto una decisión anticipada de calificarlo favorablemente, negando a los recurrentes y a cualquier otro interesado la participación en un proceso previsto por la ley. Afirman que el actuar de la recurrida resulta contraria a la juridicidad y atentatoria de la garantía constitucional señalada, en relación con los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, toda vez que al afirmar que el proyecto no generará externalidades ambientales negativas en las localidades próximas, está emitiendo un pronunciamiento anticipado, vulnerando el orden institucional de la República, perdiendo entonces la necesaria imparcialidad del órgano resolutor.

SEXTO: Que para resolver el presente recurso, esta Corte tiene presente que la evaluación ambiental es un mecanismo entregado a una autoridad especializada, en este caso, Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía, la que se encarga de evaluar y ponderar los impactos ambientales de un determinado proyecto de inversión. En el caso de autos, el proyecto recurrido se enmarca dentro del concepto de Declaración de nombre reservado con cargas ambientales, las que podrían contar con un proceso formal de participación ciudadana, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y las modificaciones realizadas por la Ley 20.417 y el Reglamento del SEIA.

SEPTIMO: Que en relación con el referido mecanismo, el articulo 94 inciso tercero del Decreto Supremo Nº 40 del año 2012, establece que las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana. La misma normativa agrega que este podrá decretarse en las Declaraciones de nombre reservado que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos o actividades que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. De acuerdo a lo anterior, decretar un proceso de participación ciudadana en las DIA es una atribución discrecional, lo que se desprende de la expresión “podrá” que emplea el legislador, de manera que será facultativo para la autoridad ordenar la apertura de dicho mecanismo.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, la decisión de la autoridad, respecto de la procedencia o no de un proceso de participación ciudadana en una DIA, requiere de una fundamentación de la resolución que contenga la decisión, teniendo siempre en consideración que la autoridad ambiental tiene el deber de velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto asociado. Para resolver lo anterior, debe determinarse si el proyecto o actividad en cuestión genera cargas ambientales para las comunidades próximas que, de acuerdo a la descripción legal, está referida a aquellos proyectos que reportan un beneficio social pero que, al mismo tiempo, ocasionan una externalidad negativa a los habitantes de la localidad en donde se realiza o que se encuentran dentro de su área de influencia.

NOVENO: Que de acuerdo a los antecedentes de la causa, el proyecto se ubica en un lote del Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, en la comuna de Lautaro, en un área en donde los sitios colindantes al área de emplazamiento del proyecto forman parte del mismo parque, por lo que su destino es de la misma naturaleza, y no para uso habitacional o urbano. En concreto, la localidad más cercana al área del proyecto es Lautaro, específicamente el sector de la Junta de Vecinos Santa Ana, ubicado a casi un kilómetro y medio de distancia. De acuerdo a la misma información, se contempla que el proyecto no intervendrá flora nativa ni exótica, tampoco cursos de aguas superficiales ni subterráneas, toda vez que no existen dentro del área de emplazamiento del proyecto. Respecto del control de vectores, se realizarán controles sanitarios periódicos para roedores, insectos, y otros que normalmente pueden presentarse. Se contempla también la desinfección periódica de las unidades de trabajo, de tal forma de evitar la atracción de los mismos componentes. Las instalaciones de la estación de transferencia serán cerradas y no existirá acumulación prolongada de residuos al interior del mismo, ni tampoco se considera tratamiento de tipo químico o biológico de residuos sólidos domiciliarios según normativa, sino solo su manipulación de tipo transitoria, de manera que la generación de olores no será significativa ni percibida desde la localidad de Lautaro ni sectores colindantes. Además se contempla la implementación de una plantación de arboles de gran altura, para que actúen como barrera natural frente a posibles olores.

DECIMO: Que con toda esta información, el servicio recurrido decidió que no correspondía dar inicio a un proceso de participación ciudadana, por cuanto no se configura el concepto de carga ambiental, dado que no observó una externalidad negativa, al no existir grupos humanos que se emplacen en el área donde se manifiestan los impactos ambientales del proyecto, toda vez que este se emplaza al interior de un predio de mayor tamaño de uso industrial, sin registrarse en él la presencia de viviendas, poblaciones, comunidades o actividades residenciales que puedan verse afectadas por la eventual aprobación del proyecto. En todo caso, como se expuso en estrados por la apoderada de la recurrida, el referido proyecto aún se encuentra en evaluación ambiental, por lo que en el evento de que dentro de dicho proceso se revelen antecedentes suficientes para determinar la calificación de tales impactos como significativos, o bien, que generaran dudas acerca de su calificación, dicho Servicio está en condiciones de adoptar las medidas concretas establecidas en la legislación vigente para recomendar, en ese caso, el rechazo del proyecto.

UNDECIMO: Que, a mayor abundamiento, esta Corte hace suyo el argumento esgrimido por GERSA S.A., en el sentido de que esta acción cautelar está destinada a dar protección respecto de aquellos derechos que se encuentren indubitados y no discutidos. En el caso de autos, no puede afirmarse que los actores tengan un derecho de esta naturaleza al solicitar la apertura de un proceso de participación ciudadana, toda vez que mas bien corresponde a una mera expectativa de que la autoridad, ponderando los antecedentes disponibles, acceda a dicha petición, decisión que, como se dijo, es una facultad de carácter discrecional para la misma.

DUODECIMO : Que en mérito de lo expuesto y considerando esta Corte que los antecedentes que amparan la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía, que constan en el expediente administrativo de evaluación del proyecto, y su confrontación con la normativa legal que regula las distintas materias involucradas, reflejan que no ha existido ilegalidad, no pudiendo de manera alguna atribuirse voluntariedad, capricho o falta de razonabilidad en el acto que se impugna, ni infracción a las garantías constitucionales que se invocan, desestimará la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional deducida a fojas 29 por don nombre reservado, en representación de los recurrentes, ya individualizados, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía, representada por don nombre reservado.

Notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol Protección N° 3800-2014 Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

Sr. nombre reservado

nombre reservado por la Primera Sala Integrada por su Presidente Ministro Sr. Julio César Grandón Castro, Ministro (s) Sr. Luis Torres Sanhueza y Abogado Integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda. Se deja constancia que el Ministro Sr. Julio César Grandón Castro firma conforme al artículo 85 del Código Orgánico de Tribunales.

En Temuco, doce de enero de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.