nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Temuco Temuco, trece de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 07 de Enero de 2026, comparece don nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, trabajador dependiente, domiciliado en domicilio reservado, Región de la Araucanía, quien interpone Recurso de Protección en contra de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, Rol Único Tributario número 81.826.800-9, representada legalmente por su gerente general don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en realizar descuentos por planilla en sus remuneraciones por concepto de cuotas de un crédito social, en circunstancias de que la propia recurrida había iniciado, con anterioridad, el cobro judicial de la misma deuda mediante un juicio ejecutivo, conducta que, a su juicio, vulnera las garantías constitucionales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 14 de junio de 2023 suscribió el pagaré número 116CON103836127 en favor de la recurrida, por la suma de $7.295.146.- por concepto de mutuo, más los intereses correspondientes. Refiere que la obligación debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $252.099.-, venciendo la primera de ellas el 31 de agosto de 2023. Agrega que se pactó que el retardo en el pago de todo o parte de una o cualesquiera de las cuotas permitiría a la Caja de Compensación exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizándose los intereses devengados no pagados.

Sostiene que, debido a complejidades de índole financiera, no le fue posible seguir pagando las cuotas pactadas con Caja Los Andes, por lo que se constituyó en mora a partir de la cuota Nº 13 del calendario de pagos. Indica que, en virtud de lo anterior, la recurrida interpuso en su contra demanda ejecutiva en causa Rol C-538-2025, tramitada ante el 5° Juzgado Civil de Santiago, caratulada "Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes con nombre reservado", ingresada a tramitación con fecha 7 de febrero de 2025.

Refiere que la ejecución individual le fue notificada personalmente con fecha 11 de marzo de 2025, oportunidad en la que opuso la excepción contemplada en el numeral 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Añade que, luego de haberse tenido por opuesta dicha excepción y conferido traslado a la ejecutante, el tribunal recibió la causa a prueba con fecha 11 de julio de 2025 y, finalmente, con fecha 29 de diciembre de 2025, citó a las partes a oír sentencia.

Hace presente que mantiene un trabajo estable y que se desempeña con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible, conforme a lo pactado con su empleador. Sin embargo, expone que en el mes de diciembre de 2025 su sueldo reflejó una merma, constando un descuento bajo el ítem "PRESTAMO CCAF" por la suma de $332.498.-, según consta en la liquidación de remuneraciones acompañada al recurso.

Argumenta que la recurrida tomó la determinación de sustraer del ámbito extrajudicial el cobro del crédito que le otorgó, no obstante haber interpuesto demanda ejecutiva, la cual se encuentra en plena tramitación. Subraya que no fue informado previamente, por algún canal de comunicación, respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar los descuentos que finalmente ordenó a su empleador, razón por la cual nunca contó con elementos ni con información de alguna clase que le permitieran prever una afectación en su sueldo, especialmente considerando que la propia Caja de Compensación, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda.

Sostiene que el actuar de la recurrida constituye un acto arbitrario, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener al empleador, y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales contemplados en la Ley número 18.833, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida de manera intempestiva, sin entregar información previa a su persona ni a su empleador.

En cuanto al derecho, fundamenta su acción en la vulneración del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que establece que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, y que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador.

Cita asimismo el artículo 21 de la Ley Nº 18.833, conforme al cual las Cajas de Compensación podrán establecer un régimen de prestaciones de crédito social, consistente en préstamos de dinero, regido por un reglamento especial, y el artículo 22 del mismo cuerpo legal, que dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales. Destaca que, practicada la deducción al trabajador, se entiende extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

Califica el acto reprochado como un acto de autotutela y un descuento ilegal y arbitrario en su sueldo por carecer de oportunidad. Afirma que la recurrida, mediante la interposición de la demanda ejecutiva, manifestó su voluntad expresa e inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración, produciendo el vencimiento anticipado de todas las cuotas pendientes y cobrando, de esta manera, la totalidad de la deuda como de plazo vencido en sede civil. Por ello, sostiene que resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración, la recurrida ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que ella misma promovió a través del cobro ejecutivo. Concluye que esta conducta vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales, toda vez que se le ha privado y perturbado su derecho de propiedad sobre un monto total de $332.498.- de su última liquidación de sueldo, situación que podría reiterarse en los meses siguientes.

Hace referencia a sucesivos pronunciamientos de la propia Corte de Apelaciones de Temuco que han identificado la arbitrariedad del cobro ejecutado por diversas Cajas de Compensación, declarando la instrumentalización del estatuto contenido en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, en cuanto la recurrida, de manera sistemática, habría efectuado un uso desmedido de este derecho que tiene por objeto el cobro oportuno del crédito. En particular, cita el Rol Protección-3084-2025, de 21 de noviembre de 2025, en cuyos considerandos cuarto, quinto y sexto se establece que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y a no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral; que reviste arbitrariedad reactivar el descuento por planilla cuando ya se había iniciado el cobro ejecutivo, acelerándose el crédito; y que tal conducta vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos amparados por la garantía del artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Concluye que en la especie resulta evidente la presencia de un acto ilegal y arbitrario que vulnera sus garantías constitucionales, pues se ha realizado un descuento por planilla del sueldo que recibe, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial que la propia recurrida ejerció y promovió mediante el cobro ejecutivo del pagaré, sin que se le haya dado noticia ni información previa, motivada y racional, mediando un actuar improvisado y un ejercicio abusivo del artículo 22 de la Ley número 18.833. Estima, además, que se trata de una forma de autotutela que conculca su derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, garantizados respectivamente en los numerales 24 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En el petitorio, solicita acoger la acción de protección, condenando expresamente en costas a la recurrida y ordenándole, en primer término, que cese todo tipo de retención o descuento en su remuneración; en segundo término, que restituya los descuentos efectuados, así como aquellos que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; en tercer término, que para el improbable evento de rechazarse la acción por falta de oportunidad, se declare igualmente la obligación de cesar los descuentos en su remuneración y de restituir los montos descontados y aquellos que llegaren a descontarse con posterioridad a la sentencia que rechaza el recurso, atendido que es de común ocurrencia la prosecución de descuentos con posterioridad al fallo; y, finalmente, que se condene en costas a la recurrida.

En el primer otrosí, acompaña con citación los siguientes documentos: liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2025; nómina mensual de retenciones previsionales emitida por Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes; y ebook civil de la causa Rol C-538-2025, tramitada ante el 2° Juzgado Civil de Temuco, caratulada "Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes con nombre reservado".

En el segundo otrosí, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3° del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, solicita se decrete orden de no innovar, en el sentido de que mientras se tramite el presente recurso, la recurrida deberá abstenerse de seguir efectuando, sobre su sueldo, descuentos por planilla por las cuotas adeudadas, peticionando que la orden sea comunicada por la vía más rápida y expedita.

A folio 4, con fecha 9 de enero de 2026, la Tercera Sala declara admisible el recurso de protección, ordenando informar a la recurrida dentro del plazo de ocho días, adjuntando todos los antecedentes que sobre la materia digan relación, bajo apercibimiento de prescindir de dicho informe si no fuere evacuado dentro de dicho plazo, debiendo además, en lo posible, acompañar el informe respectivo en formato digital, comunicándose por la vía más expedita. En cuanto al primer otrosí, se tienen por acompañados los documentos sin formalidad legal. En cuanto al segundo otrosí, atendido el mérito de los antecedentes, se accede a la orden de no innovar solicitada, comunicándose por la vía más expedita. En cuanto al tercer otrosí, atendido lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley número 20.886, se ordena ratificar la representación ante el Ministro de Fe del tribunal.

A folio 7, con fecha 19 de enero de 2026, se tiene por ratificado el patrocinio y poder.

A folio 8, con fecha 21 de Enero de 2026, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, abogada, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, evacuando el informe que le fuera solicitado y solicitando el rechazo del recurso, en mérito de los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Sostiene en primer término, en lo atingente a los créditos sociales otorgados al recurrente, que es efectivo que su representada, con fecha 14 de junio de 2023, otorgó al señor nombre reservado la operación de crédito código número 116CON103836127, por un capital inicial de $7.295.146.-, a una tasa de interés mensual de 2,15%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $252.099.-, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de agosto de 2023.

Indica que las cuotas correspondientes a los meses de junio de 2023 a agosto de 2024, esto es, desde la cuota número 1 a la número 13 del total de 48, fueron pagadas entre el 14 de septiembre de 2023 y el 15 de enero de 2026. Agrega que, a la fecha del informe, el crédito en cuestión se encuentra en mora respecto de las mensualidades de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, esto es, las cuotas número 14 a la número 28 del total de 48. Concluye, en consecuencia, que se encuentra frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se hallan prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo con el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley número 18.833 sería pertinente y oportuna.

En cuanto a las consideraciones contextuales y jurídicas, en primer término hace referencia al Compendio de Normas que regulan a las Cajas de Compensación, específicamente a la Circular número 3567, de 4 de enero de 2021, de la Superintendencia de Seguridad Social, sosteniendo que si bien es cierto que su representada inició una demanda en contra del recurrente, ello no obedeció a un capricho, sino al cumplimiento de una obligación que dicha normativa impone, en cuanto exige iniciar acciones de cobranza judicial contra los deudores de un crédito social, y dispone que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 100 unidades de fomento, no existiendo otra opción para las Cajas que iniciar el juicio ejecutivo.

Adicionalmente, refiere que con fecha 13 de noviembre de 2025, mediante Circular número 3894, la Superintendencia de Seguridad Social modificó el Libro III del Compendio de Normas que Regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, específicamente en el punto 4 de la Sección I, estableciendo instrucciones relativas al reinicio de los descuentos de crédito social cuando existe una acción judicial iniciada. Cita textualmente la incorporación de los párrafos séptimo a undécimo al numeral 3.1.17.2 sobre cobranza de créditos morosos, en cuanto disponen que si, durante la sustanciación de un juicio ejecutivo por cobro de pagaré que cauciona un crédito social, o en caso de que la Caja notifique al deudor de una acción ordinaria tendiente al cobro del mismo crédito, se reiniciare el descuento de cuotas desde las remuneraciones o pensiones por el mismo crédito, la Caja, en la etapa judicial de liquidación de la deuda, deberá informar al tribunal dichas cuotas descontadas, a fin de que éstas sean rebajadas del monto total adeudado.

En cuanto al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y al mecanismo de cobro establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833, expone que en sus inicios las Cajas de Compensación tuvieron como objeto compensar las asignaciones que eran pagadas por los empleadores con las cotizaciones previsionales que los trabajadores debían enterar, denominándose en su origen "Cajas de Compensación de Asignación Familiar Obrera". Explica que con la dictación del Decreto con Fuerza de Ley Nº 245 de 1953 dichas entidades fueron reconocidas en el mundo del Derecho, y que, en la actualidad, se encuentran reguladas por la Ley número 18.833, publicada en el Diario Oficial de 26 de septiembre de 1989, cuyo artículo 1° las define como "Corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social".

Profundiza señalando que durante su evolución histórica se les ha asignado un objeto genérico, consistente en la administración de prestaciones de seguridad social, para cuyo cumplimiento desempeñan funciones obligatorias y otras facultativas, establecidas todas por la ley. Entre las primeras se encuentran las asignaciones familiares, los subsidios por cesantía y por incapacidad laboral, mientras que las facultativas corresponden a prestaciones destinadas al bienestar social, como los bonos por fallecimiento, matrimonio, escolaridad, becas de estudio, convenios médicos y los créditos sociales. Hace referencia al artículo 19 de la Ley número 18.833, en cuanto detalla las funciones de las Cajas, destacando el numeral 3° que contempla la administración del régimen de prestaciones de crédito social, así como el artículo 21 del mismo cuerpo legal, conforme al cual éste consiste en préstamos de dinero regido por un reglamento especial, constituyendo un beneficio orientado a contribuir y satisfacer las necesidades del trabajador dependiente, del trabajador independiente, del pensionado afiliado y de sus causantes de asignación familiar.

Argumenta que si bien las Cajas intervienen como agentes económicos en el mercado financiero, su sistema crediticio se encuentra indisolublemente unido al objeto genérico que la Ley Nº 18.833 les ha determinado, y que, por carecer de fines de lucro, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. Refiere que el régimen de prestaciones se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social que, conforme al artículo 29 del citado cuerpo legal, se forma a través de comisiones, reajustes e intereses de los capitales dados en préstamos, rentas de inversiones, multas, intereses penales, productos de venta de bienes y servicios, donaciones, herencias, legados y demás recursos que establezca la ley, configurándose un patrimonio de afectación sujeto a una normativa especial. Cita en apoyo de su argumentación la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema dictada en recurso de casación en el fondo Rol número 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal.

Sobre la base de lo anterior, sostiene que el mecanismo del descuento por planilla presenta varias particularidades que no deben perderse de vista al momento de decidir el asunto, a saber: en primer lugar, se trata de un mecanismo especial de pago, inherente al régimen de crédito social otorgado por las Cajas de Compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y permite que el costo del crédito sea menor, porque su pago se descuenta directamente de la remuneración del trabajador; en segundo lugar, no depende de la voluntad o decisión de las Cajas, ya que las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria, con el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales; en tercer lugar, dicha obligatoriedad recae sobre el empleador, motivo por el cual el sistema legal entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del inciso segundo del artículo 22 de la Ley número 18.833, en cuanto dispone que practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En idéntico sentido invoca el Punto 3.1.17.1.1, párrafos tercero y cuarto del Compendio, conforme al cual, respecto del trabajador, el pago de lo debido por concepto de crédito social se produce cuando la entidad empleadora le paga la remuneración mensual, oportunidad a partir de la cual se entiende extinguida total o parcialmente su obligación, de acuerdo a lo señalado por el numeral 1° del artículo 1.567 del Código Civil, esto es, por la solución o pago efectivo de ella; agregando que la circunstancia de que la entidad empleadora no dé cumplimiento a la obligación de remesar a la Caja las sumas descontadas a sus trabajadores no habilita a aquélla para accionar en contra del trabajador, debiendo cobrar a la entidad empleadora las sumas adeudadas conforme a las normas de cobro de las cotizaciones previsionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra la empresa.

En cuarto lugar, sostiene que el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento por planilla, por tratarse de un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado, y que de no querer quedar sometido a tal mecanismo deberá obtener crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el cual, de seguro, será más caro debido al riesgo del no pago. En quinto lugar, afirma que técnica y fácticamente es imposible sostener que el funcionamiento del descuento por planilla constituya una gestión de cobro por parte de su representada, puesto que dicho mecanismo aplica y opera incluso en el evento que la Caja no haga nada o no lo desee, dado que no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria.

En cuanto a la exigibilidad de la obligación y a la necesaria declaración judicial de la prescripción, sostiene que su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley Nº 18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre las partes. Refiere que la prescripción de las acciones se halla tratada en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura, sostiene, se desprende que aquélla debe ser alegada, declarada judicialmente, y no opera de pleno derecho. Por consiguiente, mientras no exista pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo subsiste y es plenamente exigible. Añade que, procesalmente, la acción de protección no es la vía idónea para alegar la prescripción.

Cita en apoyo de su tesis el Dictamen número 2659-2020, de 12 de agosto de 2020, de la Superintendencia de Seguridad Social, conforme al cual, en cuanto a la obligación que asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor, se ha indicado que, de acuerdo a la normativa vigente y, en especial, al artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagaré respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos. Insiste en que cualquier alegación del recurrente relativa a una supuesta falta de exigibilidad del crédito excedería el objeto de la acción de protección y debería ser planteada en sede jurisdiccional dispuesta por el legislador, debiendo ser resuelta en juicio de lato conocimiento.

Respecto de la supuesta vulneración a garantías constitucionales, niega la afectación al artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, relativo al derecho de propiedad, por cuanto, a su juicio, no existe traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, dado que es la propia ley la que ordena a la Caja acreedora proceder con el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, conforme al ya citado artículo 22 de la Ley Nº 18.833. Sostiene que una Caja de Compensación sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se hubiere declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como de aquélla que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, las cuales no han sido declaradas en favor del recurrente.

Reitera que la Caja sólo requiere, previo a informar a la entidad empleadora o pagadora de pensión la respectiva cuota de crédito social, enviar un aviso al trabajador o pensionado informándole que tiene una deuda impaga por los meses que se individualizarán y que los descuentos se reanudarán de conformidad a lo acordado, pero que no requiere de una sentencia para informar el descuento al empleador, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, conforme al artículo 22 de la Ley número 18.833. Concluye que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema, sin perjuicio del tiempo en que la cuota respectiva haya estado morosa, ya que, si el deudor desea aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en el paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

A propósito de la doctrina de los actos propios, sostiene que es importante determinar cómo tiene su origen el denominado acto propio del inicio de las acciones judiciales previas al descuento por planilla, por cuanto se ha sostenido que si el acreedor optó por una vía, la judicial, no podría luego, a su arbitrio, recibir el pago por el descuento por planilla efectuado por el empleador. Sin embargo, afirma que no existe tal opción ni una expresión de voluntad de las Cajas de decidir iniciar un proceso judicial, sino una imposición de la Superintendencia de Seguridad Social, so pena de incurrir en responsabilidades por incumplimiento que generen sanciones para las Cajas. En efecto, según expone, el Compendio de Normas obliga a iniciar acciones de cobranza judicial en contra de los deudores de un crédito social no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 100 unidades de fomento (hasta hace poco 50 unidades de fomento), por lo que la voluntad de las Cajas es irrelevante y mal podría considerarse un "acto propio", ya que el inicio del juicio no deviene de su decisión.

Sobre la alegación de doble cobro, sostiene que, sin perjuicio de reiterar que el inicio del proceso judicial no es un acto voluntario de las Cajas, la facultad que la ley otorga a éstas en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833 es un mecanismo de pago previsto por el legislador en atención a la naturaleza del crédito de carácter social, aceptado contractualmente por el deudor, constituyéndose en ley para las partes y no en una cobranza de carácter extrajudicial, como podría ser un llamado telefónico para regularizar la deuda. Estima que se trata de un mecanismo de pago que debe ajustarse a las reglas del pago contenidas en el Código Civil y, en especial, a las normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales, según expresamente se señala en la norma. Añade que, existiendo un juicio vigente, todo pago realizado fuera de él no es inválido, sin perjuicio que el deudor podría impugnarlo o dar cuenta de él en el respectivo proceso judicial, en la sede y etapa procesal correspondiente, por tratarse de derechos que están en discusión.

Argumenta que la interpretación que ha de darse a la normativa debe ser sistemática, incorporando los principios rectores aplicables a las Cajas de Compensación, orientados al cumplimiento de los fines de la seguridad social y, en el caso particular, a la protección del fondo social, considerándose que, si bien existe la expectativa del deudor de recibir íntegramente su remuneración, también existe la legítima expectativa de las Cajas de Compensación de recibir íntegra y oportunamente el pago de lo adeudado, para reintegrar al fondo social los recursos necesarios para el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, ponderación que, a su juicio, debe inclinarse por el interés público comprometido. Concluye este apartado afirmando que el mecanismo del artículo 22 de la Ley Nº 18.833 es un instrumento para el pago creado por el legislador para la protección del patrimonio social de las Cajas, y su utilización resulta coherente y lógica dentro del sistema normativo, sin que pueda considerarse arbitraria.

Hace hincapié en que se trata de créditos plenamente vigentes, exigibles, cuyas acciones no han sido declaradas prescritas, y que, luego de un tiempo en que el deudor no paga por diversas circunstancias, se vuelve a tener noticias de él al emplearse en una empresa afiliada a una Caja, iniciándose en consecuencia los respectivos descuentos a sus remuneraciones con el nuevo empleador. Hace presente, en este punto, la obligación impuesta a las Cajas de informar al deudor con la debida anticipación al reanudar los descuentos, lo que constituye materia de la propuesta circular en consulta, planteando como cuestión retórica que si la Superintendencia obliga a iniciar acciones judiciales tras seis meses de mora en deudas superiores a 100 unidades de fomento, carecería de sentido normar el aviso previo para volver a recaudar por descuento de las remuneraciones si ello no pudiera realizarse, lo que reafirmaría la validez del pago por descuento de las remuneraciones pese a existir un proceso judicial previo, siempre que se cumpla con la condición de notificación previa y debida.

En cuanto a la jurisprudencia, cita en apoyo de su posición la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, de 8 de septiembre de 2025, dictada en recurso de protección Rol Nº 228-2025, que rechazó una acción similar; la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en recurso de protección Rol Nº 131-2024, conforme a la cual la Caja actúa de acuerdo a la Ley Nº 18.833 y los descuentos por medio de la remuneración no constituyen acto ilegal o arbitrario, desde que se limitó a hacer uso del derecho de prenda general del acreedor, descartándose el doble cobro por haberse frustrado la acción civil al carecer la actora de bienes; la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de 10 de octubre de 2025, recaída en Rol Nº 22179-2025, en cuyo considerando undécimo se pronuncia sobre la posibilidad de los supuestos dobles cobros, refrendando la legalidad de la actuación de las Cajas; la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en recurso Rol número 6.279-2025, que confirmó la dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en Rol Nº 18903-2024, rechazando un recurso similar; y la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en recurso Rol número 87663-2023, que confirmó la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt en Rol Nº 374-2023, también desestimatoria.

En el petitorio del informe, solicita tener por evacuado éste y, en mérito de los argumentos planteados, rechazar el recurso de protección por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada en relación con los hechos expuestos.

En el primer otrosí, acompaña expediente de crédito.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que la propia Carta Fundamental señala. En ese orden de ideas, el ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata origine una situación determinante de privación, perturbación o amenaza para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en autos, se ha denunciado que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes habría procedido al descuento, desde las remuneraciones del recurrente y a través de su empleador, de cuotas correspondientes a un crédito social cuyo cobro previamente había sido judicializado mediante la interposición de demanda ejecutiva, en forma que se estima ilegal y arbitraria, solicitándose se ordene a la recurrida dejar sin efecto dichos descuentos, abstenerse de practicarlos en lo sucesivo y restituir las sumas descontadas, además de los descuentos que llegaren a producirse durante la tramitación de la presente acción.

TERCERO: Que, teniendo presente lo informado y el mérito de los antecedentes incorporados al expediente, no cabe sino concluir que la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, efectivamente ha procedido a efectuar descuentos en las remuneraciones del recurrente, según consta en la liquidación de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2025 y en la nómina mensual de retenciones previsionales acompañadas, por la suma de $332.498.- bajo el ítem "PRESTAMO CCAF", con motivo del crédito otorgado el 14 de junio de 2023 por la suma de $7.295.146.-, pagadero en 48 cuotas mensuales de $252.099.-, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de agosto de 2023, y cuya morosidad se encuentra referida, conforme al propio informe de la recurrida, a las cuotas número 14 a la número 28, esto es, las correspondientes a los meses de septiembre de 2024 a noviembre de 2025; constando además que la recurrida judicializó el cobro de la deuda ante la justicia ordinaria mediante demanda ejecutiva en causa Rol C-538-2025, tramitada ante el 2° Juzgado Civil de Temuco, ingresada el 7 de febrero de 2025, notificada al recurrente personalmente el 11 de marzo de 2025, encontrándose actualmente la causa en estado de citación a oír sentencia, según se desprende del ebook civil acompañado al recurso, antecedentes que, por lo demás, fueron expresamente reconocidos por la recurrida al evacuar el informe.

CUARTO: Que las Cajas de Compensación están obligadas, al menos, a dar noticia previa de sus determinaciones al afectado, tras el transcurso de un lapso de tiempo entre la exigibilidad de la obligación y su cobro, y a no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la Ley Nº 18.833, de 26 de septiembre de 1989, que establece el Estatuto Legal para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del trabajador de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

QUINTO: Que, de esta forma, habiendo procedido la recurrida al cobro del crédito a través del descuento de la remuneración del trabajador con posterioridad a la judicialización de la deuda mediante un juicio ejecutivo en el que ya se había ejercido la cláusula de aceleración pactada y se había producido el vencimiento anticipado de la totalidad de las cuotas, estos sentenciadores estiman que la recurrida ha actuado de manera injustificada, reviviendo por este medio un beneficio que el artículo 22 de la Ley Nº 18.833 le concede siempre que se trate de un cobro oportuno, el que de este modo ha forzado unilateralmente, originando una garantía de pago improcedente en consideración a que ya había iniciado el cobro ejecutivo de los dineros entregados, acelerando el crédito. Así, su actual decisión de provocar el pago de la deuda a través de esa vía deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir el pago de la obligación por los medios legales ordinarios, tal como ha ocurrido en la especie.

SEXTO: Que no obsta a lo concluido el argumento de la recurrida en orden a que el inicio del juicio ejecutivo le habría sido impuesto por la Circular Nº 3567 de la Superintendencia de Seguridad Social y que, por tanto, no constituiría un acto propio susceptible de ser invocado para limitar el descuento por planilla, por cuanto, sin perjuicio del origen normativo de la obligación de cobranza judicial, lo que se reprocha en estos autos no es la judicialización en sí misma, sino la simultánea utilización de un mecanismo paralelo de cobro consistente en el descuento por planilla, ordenado de manera unilateral, sin información previa al afectado, y respecto de un crédito cuyo monto íntegro ya había sido cobrado en sede civil mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración. Por su parte, la invocación de la Circular Nº 3894, de 13 de noviembre de 2025, que regula el reinicio de los descuentos durante la sustanciación del juicio ejecutivo, tampoco modifica la conclusión, en cuanto la propia normativa hace especial hincapié en la obligación de informar previa y oportunamente al deudor, exigencia que en la especie no consta haber sido cumplida.

SÉPTIMO: Que, en los términos reseñados, estos sentenciadores estiman que el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, por lo que el recurso será acogido en la forma que se dirá.

Por tales consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RESUELVE:

I.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado; y, en consecuencia, se dispone el cese inmediato de los descuentos practicados sobre la remuneración del recurrente a requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, debiendo ésta, además, abstenerse de efectuar tales descuentos en el futuro, sin perjuicio del derecho que asiste a la referida entidad para continuar persiguiendo el pago de la obligación por los medios ordinarios.

De la misma manera la entidad recurrida deberá restituir a la recurrente la totalidad de los montos descontados de su remuneración desde el mes de diciembre de 2025 en adelante, dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

II.- Déjese sin efecto la Orden de No Innovar decretada con fecha 09 de Enero de 2026, firme que sea la presente resolución judicial.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Sr. Fiscal nombre reservado don nombre reservado.

N° Protección-38-2026.(csd)