Protección contra ex juez de Villarrica

C.A. de Temuco Temuco, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 10 de junio del año 2019, comparece don nombre reservado, periodista, domiciliado en domicilio reservado, Región del Maule; quien presenta recurso de protección contra el JUZGADO DE GARANTÍA DE VILLARRICA, ubicado en Pedro de Valdivia N° 285, comuna de Villarrica, Región de La Araucanía.

Funda el recurso señalando que el 12 de mayo de 2019, ingresó una solicitud escrita al Juzgado de Garantía de Villarrica, en la causa RIT 40-2005, a través de la Oficina Judicial Virtual, solicitando lo siguiente: “Que, en el marco de una investigación periodística del suscrito, y en conformidad con el Artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, vengo en solicitar a usted que me conceda autorización para obtener copia de los audios correspondientes a todas las audiencias públicas realizadas en la causa RIT 40-2005, RUC 0400443102-8, de este tribunal. Para lo anterior, en caso de existir la posibilidad de enviar los audios a través de alguna plataforma digital como WeTransfer, solicito me sean remitidos por el administrador de este tribunal a mi correo electrónico correo reservado. En su defecto, salvo resolución distinta de US., haré el esfuerzo de concurrir personalmente al mesón de este tribunal, facilitando copia de un soporte en CD para la grabación de los archivos.”

Agrega que con fecha 14 de mayo de 2019, el juez de garantía de dicho tribunal, Julio Luis Sandoval Berrocal, no hizo luegar a su solicitud, dictando la siguiente resolución: “Advirtiendo el Tribunal que no es interviniente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del código procesal penal, en la presente causa. No ha lugar a lo solicitado”.

Indica que, posteriormente, el 16 de mayo de 2019, presentó reposición de la resolución dictada con fecha 14 de mayo, indicando lo siguiente: “Toda vez que, en opinión de este requirente, la resolución de US. de fecha 14 de mayo de 2019 pudiese estar contraviniendo el principio de publicidad procesal contemplado en el Artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, al igual que el Artículo 19 N° 12 de la Constitución Política en lo que respecta a la libertad de informar, sin censura previa, y considerando, además, que la causa en comento ya está cerrada, no avizorándose perjuicio a las partes o al devenir de la investigación con dicha publicidad, que por cierto se enmarca en mi ejercicio profesional de periodista, vengo en reponer de la resolución de US. que rechazó la entrega de los audios, a fin de que me otorgue acceso a los archivos en cuestión, de la forma en que este tribunal disponga. Hago presente que el suscrito ya ha accedido a audios de causas tramitadas por tribunales de Garantía del país bajo esta misma modalidad, sin que haya existido impedimento alguno para dichos fines por parte de esas magistraturas”.

Finalmente, con fecha 17 de mayo de 2019, el Juzgado de Garantía de Villarrica rechazó la reposición, de manera que atendida la imposibilidad de acceder, con fines periodísticos, a los audios correspondientes a las audiencias públicas celebradas en la causa RIT 40-2005, actualmente concluida, recurre de protección.

En cuanto al derecho, manifiesta que en el ámbito constitucional, el tema del acceso a la información judicial debe situarse en el marco del derecho a la información, consagrado en el Artículo 19, N° 12, de la Constitución Política. Lo anterior ha sido recogido en el texto de la Ley 19.733 de 2001 sobre "Libertades de Opinión y Ejercicio del Periodismo", que establece en su Artículo 1, inciso final, "el derecho de las personas a ser informadas de los hechos de interés nacional”, lo cual constituye, justamente, la finalidad del trabajo que desarrollaría el recurrente, en el marco de una investigación periodística, al acceder a los audios de audiencias celebradas en una causa de alto perfil público, como es la causa RIT 40-2005, llevada en contra del ex juez de Villarrica, don Luis Toledo Obando, quien fuera acusado -y luego absuelto- del supuesto delito de prevaricación judicial.

Indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su período 108º de sesiones, aprobó la “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión”, propuesta por la Relatoría para la Libertad de Expresión de dicha Comisión, relativa a la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el Principio se prohíbe la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación; siendo la interferencia en el proceso informativo definida por la doctrina como “toda acción que proviene de un agente externo que pone obstáculos o impide el proceso de comunicación o proceso informativo. Si esta interferencia proviene de parte de la autoridad, puede considerarse que constituye una censura previa, la cual es la forma más grave entre las conductas prohibidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (nombre reservado. Prohibición de la censura previa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reflexiones en torno a la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/09/2007-3- Gonzalez.pdf.

Argumenta que esa interferencia puede tener lugar en cualquier etapa del proceso informativo, así, por ejemplo, “tratando de impedir que la fuente informe al periodista o limitando esa información, ocultando documentos u otras pruebas, o bien, por el otro extremo, tratando de impedir que el mensaje llegue claramente al receptor” (ídem). Señala que ese mismo autor sostiene en el trabajo referido, que la interferencia en el proceso informativo es toda acción proveniente de un agente externo a la acción comunicativa, que pone obstáculos al desarrollo de dicho proceso o en definitiva lo impide, que cualquier interferencia por parte de la autoridad, que impida la llegada del mensaje informativo, podría ser considerada censura previa; que la Declaración “va más allá, y propone que no sólo la censura debe ser prohibida, sino también cualquier otra forma de interferencia, que sin llegar a cortar el proceso informativo, lo distorsione o que lo impida”(ídem), (criterio recogido por la Excma. Corte Suprema en causa rol 35.246-2017, caratulada “nombre reservado con Carabineros de Chile”). A su vez, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señaló que corresponde a la UNESCO y a sus Estados Miembros contribuir a “c) facilitar y garantizar a los periodistas la libertad de informar y el acceso más amplio posible a la información.”

Seguidamente argumenta en relación a la publicidad de los actos judiciales, señalando que lo que pidió al momento de requerir los audios de audiencias públicas en el caso referido, se enmarca en una regla general en materia judicial consistente en la publicidad de los actos judiciales, prescrita en el Artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, que señala: “Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”.

Afirma que la persona llamada a proporcionar informaciones en los tribunales es el secretario, cuya obligación es dar conocimiento a cualquier persona que lo solicitare de los procesos que tenga archivados en sus oficinas, y de todos los actos emanados de la corte o juzgado, salvo los casos en que el procedimiento deba ser secreto y así lo establece el artículo 380 del Código Orgánico de Tribunales.

Sostiene que es un hecho indubitado que la causa judicial respecto de la cual se solicita información, ya no está activa, conociéndose como última actuación en la misma, el pronunciamiento emitido por esta Iltma. Corte con fecha 26 de febrero de 2007, es decir, hace más de 12 años, que confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Villarrica, absolviendo por dos votos contra uno al magistrado que fue imputado por el Ministerio Público, en relación con los hechos materia de la investigación, según da cuenta una nota periodística publicada por Radio Cooperativa; lo que es conteste con una resolución de archivo del expediente judicial de fecha 3 de marzo de 2007, emitida por el entonces juez subrogante, don Etienne Fellay Bertholet.

Concluye que no se está frente a la hipótesis de reserva del Artículo 74 bis B o del Artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, ya que el expediente requerido se trata de una investigación penal concluida respecto a la cual no impera el secreto de sumario, independiente de quien sea el interviniente en esta etapa, lo que se ve reforzado por el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol N° 7675-2015, caratulada “Policía de Investigaciones de Chile con Consejo para la Transparencia, el que reproduce en la parte pertinente.

Por lo anterior, estima que la decisión del Juzgado de Garantía de Villarrica que niega acceso a audios de carácter público -conforme a la oralidad que impera en el sistema de la Reforma Procesal Penal-, constituye una censura previa que obstaculiza gravemente el proceso de recopilación periodística de quien suscribe, ligado al ejercicio de la libertad de información protegida por la Constitución, y que también debe entenderse como un acto contrario al espíritu de las instrucciones impartidas por la Excma. Corte Suprema, en relación con las medidas de transparencia en materia judicial adoptadas con motivo del caso que involucra a ministros de la ciudad de Rancagua en posibles delitos de prevaricación judicial, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Finalmente, agrega que ya ha “accedido a audios de causas tramitadas por tribunales de Garantía del país bajo esta misma modalidad, sin que haya existido impedimento alguno para dichos fines por parte de esas magistraturas”, mencionando como ejemplo la causa RIT 1238-2016 del Juzgado de Garantía de Coyhaique, denominado “caso Nabila Rifo”, también de alto perfil público, y cuyo requerimiento de audios fue incluso autorizado cuando la causa estaba vigente, previo al juicio oral que terminó condenando al imputado.

Termina solicitando por interpuesto recurso de protección contra el Juzgado de Garantía de Villarrica, acogerlo a tramitación, y resolver en definitiva, que se ordene al Juzgado de Garantía de Villarrica otorgar facilidades al recurrente para acceder a los audios de audiencias púbicas de la causa RIT 40-2005 del mismo tribunal, impartiendo instrucciones sobre la materia.

Acompaña en un otrosí los siguientes documentos: a) Copia de nota periodística titulada “Sancionan a dos jueces”, publicada por El Mercurio de Valparaíso, con fecha 29 de abril de 2005; b) Copia de nota periodística titulada “Ministerio Público formalizará a juez de Villarrica por prevaricación”, publicada por La Nación, con fecha 19 de marzo de 2006; c) Copia de nota periodística titulada “Corte Suprema expulsó a juez de Villarrica”, publicada por Emol, con fecha 29 de marzo de 2006; d) Copia de nota periodística titulada “Dictan sobreseimiento para ex juez Toledo”, publicada por El Austral de Temuco, con fecha 8 de febrero de 2007; e) Copia de nota periodística titulada “Justicia confirmó absolución de ex juez de Villarrica acusado de prevaricación”, publicada por Radio Cooperativa, con fecha 26 de febrero de 2007; f) Solicitud para acceder a audios de la causa RIT 1238-2016, entre otras, del Juzgado de Garantía de Coyhaique, de fecha 8 de agosto de 2016; y g) Resolución que acoge solicitud para acceder a audios de la causa RIT 1238-2016, del Juzgado de Garantía de Coyhaique, de fecha 9 de agosto de 2016.

A folio 11, con fecha 15 de julio del año 2019, comparece don nombre reservado, Juez Titular del Juzgado de Garantía de Villarrica, quien informa el presente recurso, manifestando que con fecha 12 de mayo de 2019, se ingresó, por parte del recurrente solicitud de al Juzgado de Garantía de Villarrica, en la causa RIT 40-2005, a través de la Oficina Judicial Virtual; en la cual requería de este tribunal obtener copia de los audios correspondientes a todas las audiencias en la causa RIT 40-2005, RUC 0400443102-8, de este tribunal, parta luego ser remitidas las pistas de audio a través de alguna plataforma digital como WeTransfer, por el administrador de este tribunal o a su correo electrónico correo reservado. Dado lo anterior, y atendida la ambigüedad de su solicitud, y encontrándose la causa afinada, se le comunicó que no se accedería a su solicitud de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del código procesal penal, agregando que el principio de publicidad de las actuaciones procesales guarda relación o tiene el sentido de velar por la imparcialidad del juez y la calidad del proceso, por lo que su restricción se justificaría cuando el efecto logrado sea el opuesto. En este este caso la libertad de información, basándose en el interés superior de la sociedad de estar al tanto de los asuntos judiciales, así como de la forma en que se administra justicia, materias en las que casi sin excepción puede encontrarse un interés público real. De todo lo dicho desprende que la información solicitada por parte del recurrente puede ser gestionada a través del portal del poder judicial, o por último invocando la ley de trasparencia Ley 20.285.

A folio 17 con fecha 17 de julio del año 2019, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que, en el caso de autos, se ha alegado como actuación ilegal o arbitraria por parte del Juzgado de Garantía de Villarrica al denegar la petición de registro de audios de causa RIT 40-2005 de dicho Tribunal, solicitando el restablecimiento del imperio del derecho, haciendo cesar los impedimentos, decretando las medidas solicitadas o demás providencias, judiciales o administrativas, que se estime adecuadas y pertinentes.

Tercero: Que es un hecho no controvertido que el recurrente nombre reservado con fines periodísticos realizó una solicitud al Juzgado de Garantía de Villarrica, consistente en la entrega de copia de los audios correspondientes a todas las audiencias públicas realizadas en la causa RIT 40-2005, petición que fue rechazada por el tribunal por resolución de fecha día 14 de mayo de 2019, cuyo tenor es el siguiente: ”Advirtiendo el Tribunal que no es interviniente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del código procesal penal, en la presente causa. No ha lugar a lo solicitado”, En contra de dicha decisión, se presentó un recurso de reposición, el que fue desestimado por resolución de 17 de mayo último.

Cuarto: Que de esta manera, y sobre la solicitud planteada, no cabe duda que la norma que regula las actuaciones procesales emanadas de los tribunales de justicia es el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales, que dispone que: “Los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”, norma legal que debe ser concordada con la contenida en el artículo 44 del Código Procesal Penal, que establece en su inciso segundo que “Los registros podrán también ser consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas de acuerdo con la ley, a menos que, durante la investigación o la tramitación de la causa, el tribunal restringiere el acceso para evitar que se afecte su normal substanciación o el principio de inocencia”.

Quinto: Que por tales razones, el actuar de la recurrida al no acoger la solicitud presentada ante el Juzgado de Garantía resulta ser ilegal, lo que genera una vulneración de las garantías constitucionales del recurrente, en concreto, al derecho a la igualdad ante la ley, puesto que a su respecto se ha establecido diferencias arbitrarias al formulársele exigencias no contempladas en la ley procesal en relación a la solicitud de obtener los registros de audio precedentemente singularizados.

Sexto: Que en razón de lo anterior, corresponde a esta Corte, por la vía de acoger el recurso deducido, restablecer el imperio del derecho en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones, y teniendo, además, presente lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado, en contra del Juzgado de Garantía de Villarrica, disponiendo que el tribunal deberá disponer las medidas pertinentes para otorgar y entregar los registros de audio solicitados por el recurrente.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante don José Martínez Ríos.

Rol N° Protección 3792-2019 Se deja constancia que no firman Ministra (S) Sra. Cecilia Subiabre Tapia y Ministra (S) Sra. Mirna Espejo Guiñez , no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausentes.