nombre reservado con CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA

C.A. de Temuco Temuco, diecisiete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, asistente de la educación, quien interpone acción de protección de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, representada legalmente por su Contralor Regional, don Carlos Segundo Bilbao Fuentes.

Señala que el acto ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución N° E114132/2025 de 31 de diciembre de 2025, contenida en el Oficio N° E224980/2025, notificada por correo electrónico el 2 de enero de 2026 y que mediante dicho acto el órgano contralor declaró extemporánea su presentación administrativa y, por consiguiente, rehusó pronunciarse sobre el fondo de una denuncia por modificación unilateral de su jornada y remuneraciones, a pesar de que el propio oficio reconoció explícitamente la existencia de la infracción, conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que expone en su presentación.

En cuanto a los hechos sostiene que se desempeña como asistente de la educación en el Centro Educacional de Desarrollo Integral We Nepen desde el 13 de marzo de 2013, inicialmente con 30 horas semanales, las que aumentaron a 38 horas en el año 2023 por cobertura de Jornada Escolar Completa (JEC), manteniendo dicha carga horaria tras pasar a contrato indefinido el 1 de marzo de 2025. No obstante, acusa que durante el año 2025 la Municipalidad de Loncoche redujo unilateralmente su jornada a 30 horas mediante la figura de un “despido” por 8 horas fundado en el artículo 161 del Código del Trabajo, sin que mediara decreto, resolución ni anexo que formalizara válidamente dicha reducción o un acuerdo escrito que la sustentara, lo que significó una disminución correlativa de sus remuneraciones en $140.000.- pesos mensuales.

Añade que tomó conocimiento de los términos de dicha carta a fines de junio de 2025 tras acudir a una sucursal de Correos de Chile, y que rechazó firmar un finiquito por las 8 horas reducidas por estimar que se pretendía encubrir una modificación unilateral del contrato. Explica que, a pesar de sus reiterados reclamos ante el municipio, no obtuvo respuestas satisfactorias. Hace notar que es la única Técnica del establecimiento con 30 horas, lo que perjudica la malla curricular, y denuncia un trato desigual y discriminatorio debido a que coetáneamente se trasladó a un funcionario con 44 horas y se contrató a una nueva asistente con 38 horas para funciones equivalentes, todo lo cual ha mermado su estado anímico y su bienestar económico ad-portas de su jubilación. Concluye este apartado indicando que el 2 de septiembre de 2025 interpuso reclamo ante la Contraloría Regional, la cual desechó la presentación por extemporánea basándose en el plazo del artículo 12 del Código del Trabajo y computando el plazo desde el 14 de mayo de 2025 bajo la regla de notificación por carta certificada del artículo 46 de la Ley N° 19.880.

Esgrime la vulneración de la garantía protegidas en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, al construirse una extemporaneidad basada en términos formalistas que mantiene y agrava una situación de incertidumbre laboral y merma remuneracional, provocando una perturbación actual en su esfera psíquica. Además, considera conculcada la del N°2 del mismo artículo, al negársele la tutela administrativa mediante un cómputo improcedente, mientras que paralelamente se contrataron y trasladaron otros funcionarios con jornadas superiores, lo que configura un trato discriminatorio y una denegación de tutela irrazonable. Estima, además, que se vulneró la garantía del 19 n°24 de la Carta Fundamental, toda vez que la negativa a pronunciarse sobre el fondo perpetúa una disminución ilegal de sus ingresos, afectando de manera arbitraria la propiedad que detenta sobre los créditos laborales de su jornada original de 38 horas. Finalmente acusa transgredida la del N° 16 del citado artículo al mantenerse un menoscabo vigente y no motivado en su jornada y remuneración, privándola de una tutela efectiva frente a una infracción que el propio órgano reconoció.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, refiere que el acto es ilegal porque la Contraloría aplicó de manera restrictiva el inciso final del artículo 12 del Código del Trabajo como una barrera de cierre para inhibirse de su control de legalidad. Arguye que dicha norma regula el mecanismo del ius variandi ante la Inspección del Trabajo y no habilita en caso alguno una rebaja estructural y permanente de la jornada laboral pactada. Estima que la norma aplicable debió ser el artículo 156 de la Ley N° 18.883, que confiere un plazo de 10 o 60 días desde el conocimiento cierto del funcionario, estándar que Contraloría omitió ponderar frente a una ilegalidad de efectos permanentes.

Sostiene que la resolución es arbitraria y carente de razonabilidad, por cuanto se genera una contradicción práctica insostenible al constatar expresamente en el cuerpo del oficio que existió una “modificación unilateral” y, acto seguido, clausurar la vía útil de tutela administrativa mediante un cómputo rígido basado en una presunción de notificación, validando con ello la subsistencia de una lesión ilegal en el tiempo.

Precisa que las vías del artículo 12 del Código del Trabajo no son excluyentes ni precluyen la facultad fiscalizadora y el deber de dictaminar de la Contraloría. Enfatiza que cualquier acto que afecte derechos particulares debe ser motivado (artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880) y que la mera invocación a “necesidades de la empresa” es insuficiente, citando al efecto la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y las disposiciones especiales de la Ley N° 21.109 para asistentes de la educación.

Alega que la recurrida prescindió del análisis fáctico de lesividad y la reorganización de cargas horarias ejecutadas por el municipio sin criterios objetivos, profundizando la falta de motivación y la arbitrariedad del acto al ampararse en una caducidad impropia.

Concluye solicitando que se acoja el recurso ordenando: 1) Que el acto es ilegal y/o arbitrario por vulnerar las garantías ya señaladas; 2) Que se deje sin efecto la Resolución N° E114132/2025; y 3) Que se ordene a la Contraloría Regional de La Araucanía emitir un nuevo pronunciamiento de fondo, dentro de un plazo breve, sobre la ilegalidad denunciada y sus efectos, con expresa condena en costas.

Adjunta a su presentación los siguientes documentos: Resolución N° E114132/2025 de 31 de diciembre del año 2025, contenida en oficio N°: E224980/2025; Correo electrónico remitido por contraloría a la recurrente el 02/01/2026.

A folio 9, evacúa informe el Contralor Regional (S) de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, solicitando el rechazo total de la acción en base a los argumentos de hecho y de derecho que expone en su presentación. Señala en síntesis que la recurrente, asistente de la educación de la Municipalidad de Loncoche, reclamó el 2 de septiembre de 2025 por la reducción de su jornada laboral de 38 a 30 horas semanales, alegando una modificación unilateral de sus condiciones de trabajo.

Que, mediante el Oficio N° E224980, de 31 de diciembre de 2025, el reclamo fue rechazado por haber sido interpuesto fuera del plazo legal.

Sostiene que el recurso de protección es improcedente, por cuanto la controversia exige determinar el alcance de normas legales y no la tutela de un derecho indubitado frente a una actuación manifiestamente ilegal o arbitraria, cuestión que debe resolverse en un procedimiento de lato conocimiento.

Añade que el acto impugnado fue dictado en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de la Contraloría, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, pues se fundó en un análisis de los antecedentes y de la normativa aplicable. Explica que, conforme a la Ley N° 19.464 y al artículo 12 del Código del Trabajo, el reclamo debía interponerse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación de la modificación contractual, la que se entendió practicada el 17 de mayo de 2025, encontrándose dicho plazo ampliamente vencido al presentarse el reclamo. Agrega que, aun si se estimara inaplicable ese plazo, igualmente resultaría extemporáneo conforme al plazo de sesenta días previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo, criterio respaldado por su jurisprudencia administrativa.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías constitucionales invocadas, señalando que la eventual afectación a la integridad psíquica derivaría de las actuaciones del empleador y no del órgano contralor; que no existe discriminación arbitraria, por cuanto se aplicó uniformemente la normativa vigente; que el oficio no restringe la libertad de trabajo ni el derecho a una remuneración; y que los funcionarios públicos no tienen un derecho de propiedad sobre las funciones que desempeñan. En consecuencia, solicita el rechazo íntegro del recurso de protección.

Adjunta a su informe los siguientes documentos: Oficio N° E224980, de 2025, de esta Contraloría Regional de La Araucanía; Presentación ingresada bajo la referencia N° E114132, de 2025, realizada por la señora nombre reservado; Ordinario N° 1152-2, de 2025, de la Municipalidad de Loncoche.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la acción constitucional de protección ha sido establecida con el objeto de amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías asegurados por la Constitución Política de la República frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen su privación, perturbación o amenaza, permitiendo al tribunal adoptar las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado.

Para su procedencia, resulta indispensable que quien la interpone sea titular de un derecho indubitado; y, que la privación, perturbación o amenaza que lo afecte sea actual, de manera que el tribunal pueda adoptar medidas eficaces destinadas a poner término a la vulneración denunciada.

En consecuencia, la acción prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de la República reviste un carácter esencialmente cautelar, pues tiene por finalidad resguardar el libre ejercicio de derechos y garantías preexistentes, indubitados y amparados por el ordenamiento jurídico, mediante la adopción de providencias urgentes frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen su ejercicio.

SEGUNDO: Que el acto cuya legalidad impugna la recurrente, y que sirve de fundamento a la presente acción constitucional, corresponde a la Resolución N° E114132/2025, de 31 de diciembre de 2025, contenida en el Oficio N° E224980/2025 de la Contraloría Regional de La Araucanía, mediante la cual se declaró extemporánea la presentación del reclamo deducido por aquélla, destinado a obtener un pronunciamiento sobre la legalidad de la actuación de la Municipalidad de Loncoche. En virtud de dicha decisión, el órgano contralor se abstuvo de conocer el fondo de la denuncia relativa a la modificación unilateral de las condiciones de su contrato de trabajo y a la consecuente disminución de sus remuneraciones.

TERCERO: Que en cuanto a la oportunidad del reclamo administrativo, cabe señalar que la Contraloría Regional de La Araucanía sustentó la extemporaneidad de la presentación en el plazo de treinta días hábiles previsto en el inciso final del artículo 12 del Código del Trabajo. Sin embargo, al proceder de ese modo, aplicó una norma procesal propia del ámbito laboral, de carácter excepcional, como fundamento para excluir el ejercicio de la potestad de control de legalidad que le compete, sin considerar que el propio Oficio N° E224980/2025 reconoce expresamente que la actuación municipal consistió en una "modificación unilateral" de la relación laboral y no en el término de ésta, como había sido calificada por la entidad edilicia. Tal circunstancia resultaba determinante para establecer el régimen jurídico aplicable al reclamo.

CUARTO: Que tratándose del control de legalidad de actuaciones emanadas de una municipalidad que inciden en la situación jurídica de sus funcionarios, el procedimiento de reclamación se rige, preferentemente, por las normas especiales contenidas en la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales. En efecto, el artículo 156 de dicho cuerpo normativo reconoce a los funcionarios el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República por los vicios de legalidad que afecten sus derechos y, tratándose de remuneraciones, establece un plazo de sesenta días, contado desde que el afectado hubiere adquirido conocimiento cierto de la situación, resolución o actuación que dio origen al vicio denunciado.

En la especie, consta que la recurrente no fue notificada mediante un acto administrativo formal, sino que tomó conocimiento efectivo de la medida hacia fines de junio de 2025, al retirar la comunicación respectiva en una sucursal de Correos de Chile. Asimismo, aparece acreditado que dedujo el reclamo administrativo con fecha 2 de septiembre del mismo año, esto es, dentro del plazo de sesenta días previsto por la normativa estatutaria especial para reclamar respecto de actuaciones que inciden en sus remuneraciones.

QUINTO: Que por otra parte, la función constitucional de control de juridicidad atribuida a la Contraloría General de la República por los artículos 98 y siguientes de la Constitución Política de la República, así como las atribuciones que le confiere la Ley N° 10.336, imponen a dicho órgano el deber de velar por la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, en conformidad con los principios de juridicidad, servicialidad y razonabilidad que informan la actuación de la Administración. En este contexto, resulta contradictorio que, habiéndose advertido la existencia de una eventual irregularidad en la actuación municipal, el ente Contralor se abstuviera de emitir un pronunciamiento de fondo fundándose exclusivamente en la aplicación de un plazo procesal que no aparece como el pertinente al régimen jurídico de la reclamación, privando con ello a la recurrente de la tutela administrativa que el legislador expresamente le reconoce y manteniendo incólume una situación que podría resultar lesiva para sus derechos.

SEXTO: Que, en consecuencia, los antecedentes expuestos permiten concluir que la declaración de extemporaneidad efectuada por la recurrida carece de fundamento suficiente, desde que prescinde de la normativa especial que regula la materia y priva injustificadamente a la recurrente de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de su reclamación. En tales condiciones, y atendida la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional, corresponde acoger el recurso, dejándose sin efecto la Resolución N° E114132/2025, contenida en el Oficio N° E224980/2025 de la Contraloría Regional de La Araucanía, debiendo dicho órgano emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo administrativo, ejerciendo las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve:

I. Que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección interpuesta por el abogado Sergio Quezada Diez, en representación de doña nombre reservado, en contra de la CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.

II.- Que se deja sin efecto, la Resolución N° E114132/2025 de 31 de diciembre de 2025, contenida en el Oficio N° E224980/2025 emanado del citado órgano contralor regional, debiendo emitir un nuevo pronunciamiento que resuelva el fondo de la denuncia interpuesta por doña nombre reservado con fecha 2 de septiembre de 2025, dentro del plazo perentorio de treinta días (30) hábiles, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, prescindiendo para ello del criterio de extemporaneidad que ha sido desestimado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

N° Protección-379-2026.

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