Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Temuco Temuco, nueve de junio de dos mil veintitrés.

VISTOS:

A folio 1, con fecha 8 de febrero del año 2023, comparece don Miguel Ángel González Cordero, Abogado, en favor de don nombre reservado, e interpone Recurso de Protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM000 DE FECHA 09 / 01 / 2023 que resuelve Apelación sobre Calificación de Enfermedad, y decide que no procede otorgar la cobertura de la Ley 16.744, lo que vulneraría las garantías de los numerales 1, 2, 3, 18 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que en el mes de enero de 2020, su representado asumió como director subrogante del CESFAM Andrés Sandoval Calderón, Los Laureles, esto, por contar con la confianza del alcalde para ello, a esto se sumaría al rol de Químico farmacéutico que continuaba desempeñando sobre el cual contaba con un contrato de 33 horas, lo que implicaría en los hechos una doble labor y una carga enorme de trabajo, desde ese momento en adelante. Así es como me he visto notablemente sobrecargado, pues no se ha resuelto una nueva asignación de funciones del químico farmacéutico, y en los hechos cubre ambas funciones.

Refiere que solo a fines del año 2020, en el mes de octubre, se reactivó el concurso de director del consultorio, donde postularon 2 su representado y don nombre reservado. Ambos pasaron la etapa documental y la toma del examen psicológico estuvo a cargo de la empresa “SUR TALENT”, empresa externa e independiente, que determinó un promedio final de 6.2 de 7.0 en el conjunto de examen psicológico realizado, lo cual le catalogó como “muy bueno” indicando que el único punto a fortalecer y desarrollar es la escucha activa, adjuntamos el examen psicológico mencionado.

Sin embargo, el proceso, se declaró desierto por problemas administrativos, y con fecha 2 de junio de 2021 se realiza el 2do concurso de director del CESFAM ASC, este se abre del 20 de septiembre del 2021 con la finalidad de que el rol esté en ejecución a partir del primer día hábil de noviembre del 2021., donde en esta oportunidad sólo el postuló, no existieron más interesados en el cargo.

Refiere que también se efectuó un informe psicológico, pero no por empresa externa sino que por funcionaria del Departamento de Salud la psicóloga nombre reservado, quien consignó en su informe: que nombre reservado posee: Muy alto nivel de agresividad lo cual se relaciona con una tendencia a conseguir sus objetivos usando la fuerza o el poder con una actitud autoritaria, es característico en el evaluado atacar, censurar y hablar en forma autoritaria frente a los demás” y “destaca su tendencia a formar y promover relaciones con el sexo opuesto se evidencia el interés en relacionarse de una forma erótica, lo cual puede desencadenar en conflictos en las relaciones con el género opuesto”.

Se cuestionó el como de un reciente Test psicológico que se había realizado, lo declaró muy apto. Reconociendo que no tiene las competencias técnicas para afirmar, que o cual fue el error en ese informe, comenzó a cuestionarse si realmente su personalidad es así como estaba descrito en ese documento; evidentemente corrobore sus sospechas unos días después, pues los resultados del informe estaban evidentemente alterados.

Por este motivo acudió a la Mutual, para ser atendido, por la grave afección que los sucesos antes relatados le causaron, con fecha 19 de enero de 2022, la Mutual de Seguridad mediante resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley 16.744, N° NUM001 de fecha 19 de enero de 2022, resolvió no otorgarle la cobertura del seguro de la Ley 16.744.

Con fecha 31 de enero 2022, se ingresó denuncia de Tutela de Derechos Fundamentales con relación laboral vigente que quedo bajo el Rol T-26-2022 del Tribunal Laboral de Temuco, en el contexto de la postulación al concurso público del mismo cargo que se encontraba ejerciendo, proceso en el cual se vulneraron los derechos fundamentales de su representado, en particular, el derecho a la Honra y el derecho a la integridad física y psíquica.

En lo tocante al rechazo de enfermedad profesional, con fecha 17 de marzo de 2022, interpuso reclamo ante la recurrida, por la calificación como enfermedad común antes mencionada ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Pone en relevancia, que se acompañó al proceso de reclamación antecedentes de la causa T-26-2022 del Tribunal Laboral de Temuco y los peritajes que se realizaron a don nombre reservado en el mismo proceso, antecedentes evidentes y graves para revertir la decisión de no otorgar cobertura del seguro.

Agrega que la acción de Tutela laboral fue acogida, y por esta Corte en causa Rol laboral 206-2022 se rechazó el recurso de nulidad, de forma tal que se estableció que su representado fue vulnerado en sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida y la integridad física y psíquica y la honra.

Se ordenó asimismo que la denunciada vencida, deberá cesar de inmediato con los hechos vulneratorios constatados en la causa y que afectan al actor, de tal forma que deberá cumplir con los trámites restantes necesarios para concluir con el proceso de nombramiento en propiedad del actor nombre reservado como Director del Cesfam Andrés Sandoval Calderón de los Laureles, dependiente del Departamento de Salud Municipal de Cunco, con goce de todo beneficio pecuniario asociado a ello, todo, sin perjuicio de adoptar las medidas que correspondan para dar la más próxima solución definitiva al conflicto que originó primitivamente el informe psicológico errado, debiendo para ello, si fuera del caso, poner término la investigación sumaria que involucró al actor, dentro del plazo de no más de 10 días hábiles desde ejecutoriada esta sentencia. Debiendo además enviar los resultados del examen psicológico aplicados al actor a un organismo externo para que este elabore en informe psicológico definitivo, de tal forma de garantizar el profesionalismo e imparcialidad del ente evaluador.

Igualmente, como medida de reparación se dispone que la denunciada, deberá ofrecer disculpas públicas al actor por los hechos que motivaron esta denuncia, especialmente por el hecho de haber incurrido en error en la aplicación y resultados de la evaluación psicolaboral aplicada, refiriendo expresamente que la psicóloga nombre reservado

Zumelzu incurrió en sendos yerros en su trabajo evaluador lo que trajo como consecuencia un informe con conclusiones deshonrosas y falsas.

Estas disculpas públicas tienen que comprender también las de la Directora de Control Interno de la Municipalidad, por cuanto su actuar negligente contribuyó a la vulneración de la honra del actor. Estas disculpas deberán ser por escrito, dirigidas al denunciante y con copia al Tribunal, además de ser publicadas en lugares visibles a los funcionarios y la comunidad del Cesfam Andrés Sandoval Calderón de los Laureles y del Departamento de Salud Municipal de Cunco, todo el plazo de cinco días contados desde que la sentencia adquiera el carácter de ejecutoriada.

Todo, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 492 del Código del Trabajo.

Finalmente, se acoge la pretensión de indemnización por daño moral, como medida reparatoria procedente de acuerdo con el artículo 495 numeral 3° del estatuto del trabajo, en consecuencia, se ordena a la demandada pagar $7.000.000 (siete millones de pesos) a este título.

De lo expuesto, no hay duda que la enfermedad que sufrió, que se extendió desde el 15 de noviembre de 2021, al 5 de julio de 2022 fecha de la última licencia por enfermedad de la cual gozó, fue de carácter laboral.

Como se señaló, con fecha 19 de enero de 2022, la Mutual de Seguridad mediante resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley 16.744, N° NUM001 de fecha 19 de enero de 2022, resolvió no otorgarle la cobertura del seguro de la Ley 16.744.

A raíz de lo anterior, con fecha 17 de marzo de 2022, interpuso reclamo ante la recurrida, por la calificación como enfermedad común antes mencionada.

Se incorporaron a la reclamación ante la recurrida (SUSESO), los antecedentes y peritajes de daño, además de la causa de tutela de Derechos fundamentales T-26-2022 del Tribunal Laboral de Temuco y su fallo favorable, en relación a determinar que sufrió graves afectaciones a su honra e integridad física, en relación a las situaciones ya relatadas.

Casi 9 meses después, con fecha 9 de enero de 2022, por medio de correo electrónico, se notificó la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM000, Santiago, 09 / 01 / 2023. Dicha resolución señala en su parte medular textualmente lo siguiente:

Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el afectado y por MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención.

Que, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos, estudio de puesto de trabajo, informes, registros Clínicos, DIEP, más toda la documentación aportada por el trabajador, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo suficiente para explicar la evolución de la sintomatología.

Recházase el reclamo por calificación de origen de enfermedad.

No procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, por tratarse de una patología de origen común.

De la sola lectura, de la Resolución de autos, puede desprenderse que se usan argumentos de autoridad como el análisis de “los profesionales médicos”, considerando que carente de todo fundamento médico que se dé a conocer. Lo que equivale a decir, “porque nuestros médicos lo dicen”.

No se explica, además, por qué no existe relación causal entre los hechos descritos que motivan el ingreso a mutual y la enfermedad profesional, y no se hace cargo la resolución de ningún detalle, que permita impugnación o contradicción más que las obvias conclusiones, Tampoco se hacer cargo de los antecedentes aportados por el reclamante, solo se nombran genéricamente, máxime que se ha determinado judicialmente por un tribunal laboral, que ha existido vulneración de derechos fundamentales.

Tal como en las sentencias, no es posible conocer los fundamentos de una decisión sino se expresan por el juez, realizando el análisis de toda la prueba y dando razones para estimar o desestimar antecedentes aportados, u ordenando exámenes médicos de contraste, así también, no es posible conocer los fundamentos de la decisión de SUSESO, si no se expresan con el mínimo detalle en la Resolución notificada.

A la administración pública, le es exigible una fundamentación que permita entender la decisión, así aquella no deviene en arbitraria, lo que ocurre en el caso de autos.

Alega como vulneradas las siguientes garantías constitucionales:

A. Artículo 19° N° 1 de la Constitución Política de la Republica.

Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona:

Lo que se traduce en el caso de autos, es que consecuencia de los hechos narrados anteriormente es que el Sr. nombre reservado y su grupo familiar han sufrido psíquicamente por las molestias, angustias, malos ratos, ira irritabilidad, mal carácter con terceros y con su familia y desánimo , entre otros efectos negativos derivados del actuar arbitrario e ilegal de la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social), pues tras una larga judicialización de la vulneración que sufrió por parte del Municipio de Cunco y su enfermedad, le han rechazado licencias por enfermedad común, manteniendo el proceso de enfermedad profesional apelado por el rechazo de la Mutual de Seguridad y que ahora es rechazado de forma arbitraria. Por lo anterior se han visto, prohibidos perturbados y amenazados los derechos en los derechos mencionados y no poder usar, gozar y disponer de su derecho a la salud.

B.- 19 N°2 CPR. La igualdad ante la ley:

La que supone tratar a las personas que se encuentran en una determinada situación jurídica de la misma manera; en la especie, la mutualidad llamada a otorgarle tratamiento médico para el restablecimiento de su salud, al alero de la ley 16.744, a raíz de un accidente de origen laboral, se ha negado sistemáticamente.- pues niega la cobertura a la cual mi representado tiene derecho en su calidad de trabajador de los derechos establecidos en su favor en la+ ley 16.744; derecho que también ha sido conculcado por la SUSESO al emitir la resolución señalada en acápites anteriores, pues ha secundado la decisión de la MUTUAL DE SEGURIDAD, en negarle cobertura médica, tan sólo con la revisión de los antecedentes enviados por la mutualidad, sin siquiera haberle practicado exámenes acuciosos, acto que se torna arbitrario, pues carece de fundamentos.

El acto administrativo por sí solo no permite saber la causa del rechazo, pues se expresa de forma genérica, no contiene detalle alguno de los exámenes considerados, máxime que se incorporó en el proceso la sentencia de Tutela de Derechos Fundamentales acogida y los peritajes de daño de la causa, que constituye un antecedente grave que debió ser considerado, pues se ha establecido una verdad judicial en el sentido de que ha existido vulneración imputable al empleador que razonablemente genera enfermedad.

C.- El derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Art. 19 N° 3 inciso de la Constitución.

Las institución señalada, SUSESO ha señalado que en virtud de los hechos que se indican en el presente recurso constituyen un accidente común, que no es responsabilidad derivada de la obligación de salud y cuidado que pesa sobre el empleador, en circunstancias que las vulneraciones y afecciones se acreditaron como de su responsabilidad, esto ocurre justamente debido a incumplimiento de sus obligaciones o su negligencia, por causo o con ocasión del trabajo pues era la postulación del cargo que el mismo desarrollaba, con lo que se está vulnerando el derecho del recurrente a ser protegido por la ley, justamente respecto del caso que esta cubre dichos supuestos.

D.- El derecho a la seguridad social. Art. 19 N° 18 inciso final de la Constitución.

El estado supervigilara el adecuado ejercicio de la Seguridad Social. El Tribunal Constitucional comprende el derecho a la seguridad social como un mandato especial dirigido al Estado para garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas.

Sentencia del Tribunal Constitucional 3058 del 10.08.2017.

E.- EL derecho de propiedad. Art. 19, N° 24 de la Constitución Política de la Republica. – Como se ha expuesto, el recurrente fue trabajador, sufrió una enfermedad laboral producto de las situaciones que debió enfrentar, ampliamente descritas y que motivan la interposiciones de senda denuncia de derechos fundamentales, que en definitiva, fue favorable al trabajador , calificado por la Mutual como enfermedad común, negándose a otorgar la cobertura sanitaria correspondiente, para después ser despojado de forma arbitraria por la misma autoridad y por la SUSESO de su derecho de propiedad sobre el seguro social otorgado.

Este derecho no puede ser conculcado ilegal y arbitrariamente por consideraciones de tipo económica, derivada de políticas de salud o de presupuesto oscuro y dudoso.

Pide se acoja su recurso y se ordene, salvo mejor parecer de vuestra Ilustrísima Corte, que: 1° Se deje sin efecto la RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM000 DE FECHA 09 / 01 / 2023 que resuelve Apelación sobre Calificación de Enfermedad, y decide que no procede otorgar la cobertura de la Ley 16.744 dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, y en su lugar declarar que los hechos señalados en lo principal tienen el carácter de enfermedad laboral. 2° Se ordene el pago de las prestaciones y tratamientos médicos que correspondan con cargo al seguro de la ley 16.744 desde el 15 de noviembre de 2021 al 5 de julio de 2022 fecha de término la última licencia tomada por don nombre reservado. 3°.- Todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

A folio 10 evacúa informe Tomás Garro Gómez, abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, pidiendo el rechazo del recurso, con costas.

En primer término alega extemporaneidad del recurso, por cuanto reclamó con fecha 17 de marzo del año 2022, ante la Superintendencia de Seguridad Social de lo resuelto por la MUSEG, en cuanto a su calificación de su enfermedad de salud mental como de origen común, por lo que con esa fecha tenía conocimiento cierto del acto que reclama y quiere modificar con esta acción constitucional, optando por reclamar de dicho acto por la vía administrativa interponiendo en la fecha ya señalada el reclamo conforme al procedimiento previsto en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744 (rechazo de licencia médica por el origen de la afección), dejando transcurrir, por lo tanto, el plazo fatal y objetivo de 30 días que se contempla para ejercicio de la acción de protección, al haberse interpuesto en forma subsidiaria de la referida reclamación recién con fecha 8 de febrero del año 2023.

Hace presente al efecto, que conforme el artículo 20 de la Constitución Política de la República la acción de protección tiene un carácter cautelar de derechos y que frente a un acto ilegal o arbitrario, la persona afectada en sus garantías protegidas, puede recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que debe adoptar las medidas que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado, “...sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.” En este caso el reclamo que se podía ejercer sin perjuicio de la acción constitucional era el del artículo 77 bis de la Ley N° 16.744.

En subsidio de las alegaciones anteriores, Informa sobre el fondo:

Niega haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario, sino que la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes médicos laborales del caso, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° NUM000, de 9 de enero del año 2023, resolvió rechazar el reclamo presentado por el Sr. nombre reservado por cuanto el diagnóstico evidenciado no tiene relación con el trabajo desempeñado. Consecuentemente, se declaró que en este caso no procede otorgar la cobertura del Seguro Social de Ley N° 16.744, sino que la del sistema de salud común del trabajador. En efecto, por el señalado dictamen se hizo presente que: “...con fecha 22- 12-2021, el trabajador ingresó a MUTUAL DE SEGURIDAD para estudio de una probable enfermedad profesional.

Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el afectado y por MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención.

Que, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos, estudio de puesto de trabajo, informes, registros clínicos, DIEP, más toda la documentación aportada por el trabajador, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo suficiente para explicar la evolución de la sintomatología...” 5.- En efecto, revisado los antecedentes médicos laborales del caso por el Dr. nombre reservado, PSIQUIATRA, perteneciente a la Unidad Médica del Dpto. Contencioso Administrativo, dejó constancia del siguiente parecer médico: “...

Trabajador de 34 años, quimico farmaceutico, quien se desempeña en servicio de salud de Municipalidad de Cunco. Consultó en Mutual por presentar sintomatología que relaciona con sobrecarga previa durante el año 2020 y al enterarse de resultados de postulación a Director de CESFAM negativos para él. La evaluacion psicologíca efectuada señala conductas agresivas y de maltrato hacia el sexo femenino, por lo que demanda a la institucion y judicializa el caso. Se efectuó estudio clínico y laboral que, si bien corrobora sobrecarga, esta fue durante la pandemia y alejada del momento de la consulta (Nov 2021) con cambio de funciones en marzo 2021. Expectativas no cumplidas y sin exposición sostenida.

Enfermedad Común ...”

Asimismo, se hizo presente al trabajador que, en contra de la resolución ya citada, los interesados podían interponer con nuevos antecedentes Recurso de Reposición ante la Superintendencia de Seguridad Social, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la presente Resolución, según lo indica en el artículo 59 y 25 de la Ley N° 19.880.

Por último, cabe hacer presente que habiendo sido notificado al recurrente el dictamen singularizado con fecha 9 de enero de 2023, remitiendo copia del mismo al correo electrónico:correo reservado, proporcionado por el mismo recurrente con dicha finalidad, no interpuso recurso de reposición Acto seguido expone el marco normativo, destacando el rol de la SUSESO como ente fiscalizador en materia de seguro social, precisando que el procedimiento general de reclamo previsto en el citado artículo 77 de la Ley N° 16.744, se establece que su representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso. Sostiene que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, y en el caso de autos, el origen laboral o común de la afección del recurrente, no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado.

Indica que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, se limitó a resolver la situación del sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza del derecho a la vida e integridad física y psíquica, reconocido a todas las personas en el artículo 19 N° 1, como tampoco ningún otro derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental.mérito resolvió la citada Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Finalmente, descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de mi defendida, ya que, en los dictámenes aludidos, se exponen detalladamente las razones por las cuales se llegó a la conclusión que se ha indicado. No se trata pues, de un actuar carente de un fundamento racional o nacido del sólo capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación constitucional como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora exige, como presupuesto ineludible, una acción u omisión que revista caracteres de ilegalidad o arbitrariedad, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que en estos autos la recurrente ha denunciado como arbitraria e ilegal la decisión adoptada por la Superintendencia de Seguridad Social, a través de Resolución Exenta Nº NUM000 DE FECHA 09 / 01 / 2023 que resuelve Apelación sobre Calificación de Enfermedad, y decide que no procede otorgar la cobertura de la Ley 16.744, solicitando que esta Corte ordene recalificar el padecimiento del sr. nombre reservado de “enfermedad común” a “enfermedad laboral”.

TERCERO: Que en lo relativo a la excepción de extemporaneidad, ésta será rechazada teniendo en consideración que no resulta controvertido que la resolución de término del procedimiento administrativo es de fecha 09 de enero del año 2023, notificada en la misma fecha al actor vía correo electrónico, quien interpuso la presente acción el 8 de febrero del mismo año, de lo que se desprende prístinamente que la acción interpuesta lo ha sido dentro del término establecido por el Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

CUARTO: Que no puede perderse de vista que el conflicto que viene planteado para resolver en esta sede dice relación con la sujeción a derecho de la decisión adoptada por la autoridad administrativa, frente a la actuación de los particulares en el caso como son el propio trabajador y las entidades administradora de salud y Mutual de Seguridad en el caso, todo en el contexto de la calificación del origen de la patología que aqueja al actor.

Así, queda delimitado que el análisis procedente en esta instancia consiste en determinar si en la resolución de calificación de origen de la patología, se han respetado las garantías del actor, sin pasar a llevar de manera arbitraria ni ilegal sus derechos constitucionales a la integridad física y síquica, un trato digno e igualitario y a su derecho de propiedad.

QUINTO: En este sentido aparece del mérito de autos, que la resolución recurrida se encuentra fundamentada de la siguiente manera: “Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados por el afectado y por MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la afección que presentó el trabajador es de origen común, toda vez que no es posible establecer una relación de causa directa, como lo exige el artículo 7° de la Ley N° 16.744, entre el trabajo desempeñado y la sintomatología que motivó la atención.

Que, de los antecedentes tenidos a la vista, entre ellos, estudio de puesto de trabajo, informes, registros clínicos, DIEP, más toda la documentación aportada por el trabajador, no se verifica exposición a factores de riesgo de tensión psíquica en el ejercicio del trabajo suficiente para explicar la evolución de la sintomatología”.

SEXTO: Que, según se puede ver, no obstante la patente disconformidad del recurrente, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social no aparece desprovista de fundamento, explicándose en ella las razones por las cuales pondera en la forma en que lo hace los antecedentes que tuvo en vista para resolver, lo que no hace posible atribuir a la conducta que se reclama la arbitrariedad o ilegalidad que se pretende, sobre todo si se considera la especificidad del asunto sobre el cual el organismo técnico se ha pronunciado, más aún en el marco del ámbito de conocimiento que una acción como la presente permite, donde lo que la recurrida explica en su dictamen parece razón suficiente para la decisión que adopta.

SÉPTIMO: Que en lo que dice relación con los demás temas expuestos por el recurrente, relacionados con la hipótesis de sobrecarga de trabajo o existencia de hechos distintivos de afectación a la honra en el contexto laboral, los mismos exceden el ámbito de esta acción cautelar, desde que lo planteado puede involucrar cuestiones de fondo y evaluaciones de carácter eminentemente técnico, para las cuales una acción de emergencia como la aquí incoada no resulta apta, atendida su tramitación breve y sumaria para responder al resguardo de derechos indubitados, frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que los pongan en entredicho en alguna de las hipótesis que el constituyente ha previsto, situación que en el presente caso no se observa, por la que la acción deducida debe ser necesariamente rechazada.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad e improcedencia deducida por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA el recurso interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Atendida la naturaleza y contenido de los informes médicos agregados a la causa, dese hito de reserva. Cúmplase por la unidad que corresponda.

Agréguese a la carpeta digital, regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Luis Olivares Apablaza.

Rol N° Protección-379-2023.(jog)