nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON

C.A. de Temuco.

Temuco, diecinueve de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, comerciante, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Pucón, representada por su alcalde don Sebastián Álvarez Ramírez, fundado en que, desde el año 2011, se ha dedicado de manera continua al comercio ambulante estacional en la comuna de Pucón, actividad que desarrolla en un recinto privado ubicado en calle Fresia esquina nombre reservado, con autorización de su propietario y previo pago de las correspondientes patentes municipales. Señala que, para el período 2025-2026, la Municipalidad de Pucón le denegó el permiso para continuar ejerciendo dicha actividad en el mismo lugar, sin expresar fundamentos, limitándose el alcalde a manifestarle verbalmente que no quería verla trabajar allí. Pese a ello, continuó desarrollando su actividad por constituir su única fuente de ingresos y contar con la autorización verbal de trabajadores del Banco BCI.

Agrega que el 27 de enero de 2026 funcionarios municipales de seguridad ciudadana concurrieron al lugar e intentaron desalojarla e incautar sus mercaderías, sin contar —según afirma— con decreto alcaldicio ni orden judicial que habilitara tal actuación, lo que estima arbitrario e ilegal.

Sostiene que cumplía con los requisitos necesarios para obtener la patente municipal y que su rechazo careció de justificación. En consecuencia, denuncia la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley, honra y derecho de propiedad, contempladas en los numerales 2, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por ello, solicita que se acoja el recurso, se ordene otorgarle los permisos municipales denegados y se disponga que la autoridad comunal se abstenga de realizar desalojos, incautaciones o clausuras al margen de los procedimientos legales correspondientes, con costas.

Adjunta a su presentación Copia de historial de permisos pagados anteriormente; copia de carnet de enfermedad de base diabetes y fibromialgia; fotografía; Un set de firmas de diversas personas que sostienen y apoyan los hechos y fundamentos del recurso.

A folio 8, la Municipalidad de Pucón, evacúa el informe solicitando el rechazo del recurso, fundando su petición en que la actora desarrolla actividades de comercio en bienes nacionales de uso público sin registrar inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Señala que, si bien obtuvo permisos estacionales entre los años 2021 y 2025 para la venta de confites, bebidas, aguas y juguetes, mantiene una deuda asociada al permiso N° 28505 correspondiente al período abril-mayo de 2025.

Explica que, en el marco del ordenamiento del espacio público, se constituyó una Comisión de Organización de Permisos Precarios y que, con fecha 8 de enero de 2026, se reunió con la recurrente para analizar su solicitud de permiso. En dicha instancia, se condicionó la autorización para operar en el sector exterior del Banco BCI a la presentación de una autorización formal emitida por dicha entidad. Sin embargo, vencido el plazo otorgado, la interesada no acompañó el documento requerido, razón por la cual se dictó el Decreto Exento N° 4901, autorizando su actividad únicamente en el sector denominado “La Casona”. Añade que dicho permiso se encuentra vigente y no ha sido revocado.

En cuanto al recurso, sostiene que la acción de protección resulta improcedente por no constituir la vía idónea para impugnar actos administrativos municipales, existiendo para ello el Reclamo de Ilegalidad Municipal previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695. Agrega que esta acción cautelar exige la existencia de derechos indubitados y no procede para declarar o constituir derechos controvertidos.

Subsidiariamente, niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad, argumentando que los permisos sobre bienes nacionales de uso público son esencialmente precarios, pudiendo ser modificados o dejados sin efecto por la autoridad comunal en ejercicio de sus facultades legales y atendidas razones de interés general, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Termina solicitando que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas, y adjunta a su presentación copia de la carpeta del contribuyente nombre reservado, con sus respectivos actos administrativos Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental posee una naturaleza eminentemente cautelar y de urgencia, cuyo objeto exclusivo es restablecer el imperio del derecho y otorgar debida protección frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías expresamente enumeradas por el constituyente. Por consiguiente, para que este arbitrio excepcional pueda prosperar, se requiere como presupuesto sine qua non que la parte recurrente sea titular de un derecho indubitado, preexistente y desprovisto de controversia jurídica.

SEGUNDO: Que, en la especie, la recurrente solicita que esta Corte ordene a la recurrida la concesión de un permiso municipal para ejercer el comercio en la intersección de calle Fresia con nombre reservado, esgrimiendo haber detentado autorizaciones similares en temporadas anteriores.

TERCERO: Que, en este sentido, del examen de las alegaciones de las partes y de los antecedentes administrativos acompañados, se puede advertir que la controversia gira en torno a la habilitación para ocupar e instalar un "trencito manicero" en el espacio circundante a la fachada del Banco BCI. Mientras la recurrente califica dicho emplazamiento como un antejardín de "recinto privado", la recurrida informa —sobre la base de sus catastros técnicos y del propio historial de cobros por "Derechos Varios y Ocupación de BNUP"— que se trata de un Bien Nacional de Uso Público sometido a la administración de la corporación municipal, conforme lo previenen los artículos 5º y 36 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Bajo este escenario normativo, el artículo 36 inciso segundo del cuerpo legal citado es claro al disponer que “los permisos serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización”.

CUARTO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, no resulta procedente exigir por esta vía cautelar el otorgamiento de un permiso administrativo para el uso del espacio cuya autorización reclama la actora, máxime si la propia autoridad comunal regularizó su situación mediante la dictación del Decreto Exento N° 4901, autorizando el ejercicio de su actividad en el sector denominado “La Casona”, luego de verificarse el incumplimiento de la condición impuesta en la audiencia de 8 de enero de 2026, consistente en acompañar la autorización formal del Banco BCI para operar en el lugar originalmente solicitado.

En estas circunstancias, la pretensión de la recurrente supone el reconocimiento de un derecho cuya existencia y alcance son objeto de controversia, cuestión que excede el ámbito propio de la acción de protección. En efecto, este arbitrio constitucional no constituye una instancia de lato conocimiento destinada a declarar, constituir o reconocer derechos discutidos, sino un mecanismo cautelar orientado a restablecer el imperio del derecho respecto de garantías preexistentes e indubitadas.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que el ordenamiento jurídico contempla vías específicas para impugnar la legalidad de los actos administrativos cuestionados y de las actuaciones desplegadas por los funcionarios municipales, entre ellas el Reclamo de Ilegalidad Municipal previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695. Dicha acción constituye la sede idónea para debatir, con la debida amplitud probatoria y contradicción de las partes, la juridicidad y mérito de los decretos exentos dictados por la Municipalidad de Pucón, circunstancia que refuerza la improcedencia de la presente acción cautelar.

SEXTO: Que, por estas consideraciones la presente acción constitucional no podrá prosperar, según se dirá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Pucón.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-377-2026 (pvb).