nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA

C.A. de Temuco.

Temuco, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1, comparece don nombre reservado, profesor, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Contraloría General de la República, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, de 10 de septiembre de 2025, que rechaza su reclamo administrativo y confirma una medida disciplinaria expulsiva en su contra. El recurrente expone en sus fundamentos de hecho que durante años se desempeñó como funcionario del Servicio Nacional de Menores, hoy Servicio Mejor Niñez, en labores docentes y de apoyo, sometido al Estatuto Administrativo y a los principios de probidad y servicio público. Señala que, en el año 2021, la autoridad de su servicio dispuso la instrucción de un sumario administrativo mediante Resolución Exenta N° 541/2021, a propósito de antecedentes que fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público y que, con posterioridad, también dieron lugar a actuaciones en sede penal.

Agrega que en el expediente disciplinario se le formularon cargos por infracción a deberes funcionarios vinculados a la probidad, y que durante la tramitación ejerció sus descargos, aportó antecedentes y solicitó diligencias, con el objeto de demostrar su colaboración y su historia funcionaria previa sin sanciones. Expone que, en el contexto penal, con fecha 11 de septiembre de 2023, fue condenado por el delito de abuso sexual a mayor de 14 años, reconociendo el tribunal expresamente dos atenuantes, esto es, la admisión de responsabilidad del artículo 11 N° 6 del Código Penal y la conducta anterior irreprochable del artículo 11 N° 9 del mismo cuerpo legal, sustituyéndose la pena de 41 días por remisión condicional por un año, argumentando que esas atenuantes son un hecho acreditado y debieron ser ponderadas por la Administración al graduar cualquier sanción disciplinaria. Sostiene que, no obstante lo anterior, la autoridad sectorial resolvió imponerle la sanción máxima de destitución, descartando opciones menos gravosas y aplicando un criterio de severidad que no justificó por qué la expulsión era necesaria en atención a sus atenuantes y trayectoria.

Frente a esa decisión, indica que interpuso reclamo ante la Contraloría General de la República, exponiendo un déficit de motivación y desproporción de la sanción por ausencia de ponderación concreta de las atenuantes acreditadas en sede penal, además de plantear la existencia de duplicidad sancionatoria si se verificaba una censura previa autónoma. Añade que, con fecha 10 de septiembre de 2025, la División de Función Pública de la Contraloría dictó la Resolución Exenta E18903/2025, que rechazó su reclamo y confirmó la sanción expulsiva impuesta por la autoridad sectorial, sosteniendo en lo medular que la gravedad de la afectación al principio de probidad autoriza la desvinculación y que en su caso no es posible ponderar elementos que eventualmente pudieran aminorar la responsabilidad.

El recurrente reprocha que se declara en abstracto la improcedencia de valorar sus atenuantes, sin realizar un examen individualizado de su situación, omitiendo explicar por qué no resultaban idóneas para modular la respuesta administrativa mediante una sanción distinta a la expulsiva, y por qué las medidas menos intensas serían insuficientes para cautelar el interés público y la probidad. Alega que la decisión de Contraloría reproduce la conclusión de que la probidad se vio gravemente afectada, pero omite el paso esencial de conectar los hechos del caso con la necesidad y proporcionalidad de la sanción máxima, reemplazando el deber legal de motivar por una fórmula genérica. Asimismo, denuncia una eventual duplicidad sancionatoria, argumentando que en el procedimiento administrativo se dejó constancia de la posibilidad de una censura previa autónoma por los mismos hechos, por lo que, de comprobarse documentalmente que tal sanción no fue dejada sin efecto y que además se aplicó posteriormente la destitución, existiría una vulneración al non bis in ídem administrativo. Argumenta que la destitución confirmada produce efectos inmediatos en su esfera personal y patrimonial, generando pérdida del empleo, dificultad de reinserción y afectación reputacional. En cuanto a las afectaciones y derechos conculcados, el actor manifiesta que existe una afectación inmediata a su vida laboral y sustento, dificultad real de reinserción y estigmatización profesional, e impacto reputacional y social, vulnerándose la igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al imponérsele la sanción más intensa sin justificar razonadamente por qué, frente a atenuantes reconocidas, no corresponde graduar la respuesta, prescindiendo de la comparación mínima con casos análogos y situándolo en desventaja respecto de otros funcionarios con circunstancias atenuantes que sí fueron ponderadas en concreto. Denuncia, además, la vulneración del debido proceso sustantivo del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, pues la resolución descansa en una fórmula abstracta en lugar de una motivación específica y verificable, omitiendo el examen individualizado de proporcionalidad exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880. Alega el quebrantamiento de la proporcionalidad, pues la decisión saltó directamente a la expulsión sin realizar el test mínimo de idoneidad, necesidad y equilibrio, desconociendo la regla de gradualidad propia del régimen disciplinario contenida en los artículos 121 y 139 de la Ley N° 18.834, invirtiendo la carga de fundamentación y exigiendo al afectado probar que una sanción menor sería suficiente. Acusa también una desviación de fin, argumentando que el tono del acto evidencia una lógica de ejemplaridad, y una falta de análisis de reinserción y efectos colaterales desmedidos.

En sus fundamentos de derecho, invoca los artículos 1°, 6°, 7°, 8°, 19 N° 2, 19 N° 3, 19 N° 16, 19 N° 21 y 20 de la Constitución Política de la República, los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, y los artículos 121, 133 y 139 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, así como los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, congruencia y motivación suficiente.

El recurrente acompaña como documentos la Resolución Exenta E18903/2025 de la Contraloría General de la República, de fecha 10 de septiembre de 2025, y la sentencia penal dictada el 11 de septiembre de 2023 por el Juzgado de Garantía de Temuco en causa RUC 2100873493-0, RIT 9298-2021.

Finaliza con sus peticiones concretas solicitando que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la Contraloría General de la República, se acoja en todas sus partes, se declare ilegal y arbitraria la Resolución Exenta E18903/2025, se deje sin efecto dicho acto y se ordene emitir una nueva decisión debidamente motivada y proporcional, que pondere en concreto las circunstancias del caso, con expresa condenación en costas.

A folio 4, comparece don nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal de Temuco del Consejo de Defensa del Estado, deduciendo presentación mediante la cual, en representación de la Contraloría General de la República, ambos domiciliados en domicilio reservado, se hace parte en la presente instancia en el recurso de protección deducido.

A folio 10, informa la recurrida Contraloría General de la República, a través de doña nombre reservado, Fiscal de la Contraloría General de la República, solicitando el rechazo de la acción intentada en todas sus partes, con expresa condenación en costas. La autoridad informante expone en sus antecedentes que el recurso de autos ha sido deducido por haber emitido la resolución exenta N° E18903, de 10 de septiembre de 2025, que rechazó la reclamación de ilegalidad del artículo 160 del Estatuto Administrativo, interpuesta por el actor en contra de la resolución exenta N° 1.066, de 2025, de la Subsecretaría de Justicia, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución. Como cuestión previa, la informante señala que a través de la anotada resolución exenta N° 1.066, de 2025, se sancionó al señor nombre reservado con la medida expulsiva por la infracción del artículo 61, letras g) e i), de la Ley N° 18.834, por los hechos denunciados en causa RUC 2100873493-0 y RIT 9298-2021, cuya responsabilidad fue admitida por el actor en calidad de autor del delito de abuso sexual a persona mayor de 14 años, según sentencia de fecha 11 de septiembre de 2023, del Juzgado de Garantía de Temuco, hechos desarrollados en septiembre de 2021 contra la víctima de iniciales C.J.H.N. Indica que el 15 de mayo de 2025, el interesado interpuso reclamo en contra de dicha determinación ante la Entidad Fiscalizadora, alegando que el proceso disciplinario excedió los plazos legales, que la reformulación de cargos provocó una infracción al principio non bis in ídem por la supuesta medida de censura aplicada, falta de imparcialidad del fiscal instructor, falta de motivación de la resolución, y que no se consideraron las atenuantes de responsabilidad, resultando una medida desproporcionada. Frente a ello, a través de la resolución exenta N° E18903, la Contraloría, teniendo a la vista el sumario y previo informe de la Subsecretaría de Justicia, resolvió rechazar el reclamo por inexistencia de los vicios de legalidad planteados.

La informante alega, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de la Contraloría General de la República, argumentando que si bien el actor recurre en contra de la resolución exenta N° E18903, lo verdaderamente impugnado es la resolución exenta N° 1.066, de 2025, de la Subsecretaría de Justicia, que aplicó la destitución. Sostiene que el acto que presuntamente causa el agravio fue emitido por la Subsecretaría, ya que la Contraloría se limitó a emitir un pronunciamiento a solicitud del actor, dejando firme el acto original. Agrega que dejar sin efecto el oficio de la Contraloría resultaría inocuo frente al supuesto agravio, por cuanto la medida disciplinaria impuesta por el servicio subsistiría. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 57.299-2020, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en Rol N° 154.772-2020, en cuanto a que no se advierte cómo dejar sin efecto un dictamen de Contraloría podría hacer lugar a la petición de dejar sin efecto una sanción impuesta por una entidad diferente en un sumario firme y ejecutoriado.

En segundo lugar, invoca lo preceptuado en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, argumentando que agotada la vía administrativa con la notificación de la resolución exenta de la Contraloría, se reanudó el plazo para ejercer la acción jurisdiccional en contra de la Subsecretaría de Justicia, no en contra del Órgano Fiscalizador, puesto que el agravio no tiene su origen en el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría.

En tercer lugar, la informante expone que la Subsecretaría de Justicia no ha sido emplazada en la presente acción cautelar, lo cual resulta indispensable toda vez que es el organismo que emitió la resolución que aplicó la medida de destitución, e infringir el emplazamiento importaría adoptar una determinación respecto de un tercero que no ha sido oído, vulnerando su derecho a defensa, conforme al artículo 3° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

En cuarto lugar, la recurrida sostiene que el recurso de protección no es la vía idónea para impugnar un sumario administrativo, argumentando que el actor intenta discutir el fondo y la forma de un procedimiento disciplinario, pretendiendo que la Corte pondere aspectos de mérito. Refiere que las normas sumariales contienen todos los elementos para asegurar el debido proceso y la adecuada defensa, requiriéndose discusión y prueba que ya se verificaron en sede administrativa. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol N° 20.566-23, confirmada por la Corte Suprema en Rol N° 217.792-23, señalando que la acción cautelar no está destinada a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario.

En quinto lugar, la informante descarta cualquier ilegalidad o arbitrariedad en la dictación de la resolución exenta N° E18903, argumentando que actuó conforme al mandato del artículo 160 de la Ley N° 18.834, a requerimiento del propio interesado, emitiendo un pronunciamiento motivado en derecho, sin que constituya una actuación antojadiza.

En cuanto al fondo del asunto planteado, la Contraloría se hace cargo de la eventual afectación al principio de proporcionalidad, señalando que la calificación de la mayor o menor gravedad de una falta administrativa queda entregada a la jefatura competente, citando el fallo de la Corte Suprema Rol N° 14.960-2020. Sostiene que, conforme a la jurisprudencia administrativa de los dictámenes Nos 58.041 de 2012, 10.786 de 2016 y 26.041 de 2017, cuando la ley asigna una medida disciplinaria específica para una determinada infracción, como acontece con la destitución ante la vulneración grave al principio de probidad contemplada en el artículo 125 de la Ley N° 18.834, la autoridad se encuentra en el imperativo legal de disponer tal sanción, quedando impedida de ponderar atenuantes o aplicar una medida diversa en base al principio de proporcionalidad. Cita también sentencias de la Corte de Apelaciones de Coyhaique Rol N° 128-2022 y Corte Suprema Rol N° 15.785-2022, reafirmando que ante una falta de extrema gravedad no resulta imperativo analizar circunstancias atenuantes.

Respecto a la supuesta afectación al principio non bis in ídem, la informante expone que el actor incurre en un error, toda vez que no ha sido sancionado con la medida de censura. Aclara que el fiscal instructor, a fojas 142 del sumario, emitió una propuesta sugiriendo la medida de censura, pero la autoridad competente, mediante resolución exenta N° 170 de 2022, resolvió la reapertura del proceso ordenando la formulación de nuevos cargos, de conformidad al artículo 140 de la Ley N° 18.834 y al dictamen N° 29.819 de 2018. Por lo tanto, la censura fue solo una propuesta del instructor que no se materializó en un acto administrativo terminal, no existiendo dos castigos por los mismos hechos.

Sobre la falta de fundamentación alegada por el actor, la recurrida manifiesta que la resolución impugnada cumple con las exigencias del artículo 41 de la Ley N° 19.880, toda vez que se expusieron claramente los hechos indagados, las razones por las cuales se dieron por acreditados, la gravedad atribuida, las infracciones concretas imputadas y la medida dispuesta. En cuanto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, la informante rechaza la afectación a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, indicando que la Contraloría aplicó la jurisprudencia administrativa uniforme, y que de haber considerado las atenuantes en este caso de probidad grave, habría situado al actor en una posición de privilegio arbitrario. Descarta la vulneración al debido proceso del artículo 19 N° 3, señalando que el recurso de protección solo ampara la prohibición de juzgamiento por comisiones especiales, y que la Contraloría no actuó como tal, sino en ejercicio de su facultad legal del artículo 160 del Estatuto Administrativo. Finalmente, desestima la vulneración a la libertad de trabajo y derecho a desarrollar actividad económica de los artículos 19 N° 16 y 21, argumentando que la aplicación de una medida expulsiva conforme al mérito de los antecedentes y al ordenamiento jurídico, con las consecuencias legales del artículo 12 letra e) de la Ley N° 18.834, no puede considerarse una afectación a dichas garantías, solicitando el rechazo íntegro del recurso. Acompaña como documentos la Resolución Exenta N° E18903 de 2025, el reclamo administrativo referencia N° 91.767 de 2025, el correo electrónico de notificación, y copias de los dictámenes Nos 58.041 de 2012, 78.001 de 2013, 26.461 de 2014, 10.786 de 2016, 26.041 de 2017 y 29.819 de 2018.

A folio 15, informa la Subsecretaría de Justicia, a través de don nombre reservado, Subsecretario de Justicia, evacuando el informe solicitado por esta Ilustrísima Corte mediante resolución de fecha 27 de febrero de 2026. La autoridad informante señala como antecedentes que el actor recurre de protección en contra de la Resolución Exenta E18903/2025 de la Contraloría General de la República, que rechazó su reclamo interpuesto respecto de la Resolución Exenta N° 1066 de 2025 de la Subsecretaría de Justicia, que resolvió el recurso de apelación y confirmó la medida disciplinaria de destitución en el sumario ordenado por la Dirección Regional del SENAME mediante Resolución Exenta N° 541 de 2021. Al respecto, el informante aclara que la Subsecretaría de Justicia no ha sido recurrida en esta instancia y que los agravios se dirigen contra el acto del Órgano de Control, pero que pese a ello, el actor pretende subrepticiamente que la judicatura efectúe una revisión de la proporcionalidad de la sanción disciplinaria aplicada por la administración, teniendo como aspectos a considerar presuntas circunstancias atenuantes que le fueron aplicadas en sede penal.

En sus consideraciones para el rechazo del recurso, argumenta, en primer término, que la acción de protección no es la vía idónea, atendido el procedimiento estrictamente reglado que rige los sumarios administrativos y la existencia de otros mecanismos de impugnación. Señala que la acción pretendida resulta improcedente atendida la naturaleza cautelar, extraordinaria y excepcional de este arbitrio, ya que el caso trata sobre materias de lato conocimiento que forman parte de un proceso sumarial tramitado con apego irrestricto a las normas del debido proceso. Sostiene que aceptar la acción produce la desnaturalización del recurso de protección, pues el sumario contempla la formulación de descargos, rendición de prueba y recursos, instancias legales que el recurrente tuvo la oportunidad de hacer valer. Cita jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol N° 94.849-2020, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema en Rol N° 17.208-2021, estableciendo que la acción constitucional de protección ha sido establecida como un remedio procesal de carácter extraordinario, cuyo objetivo no es transformar la acción en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para el ejercicio de la potestad jurisdiccional o administrativa. Añade lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Iquique en causa Rol N° 135-2022, en cuanto a que no se divisa acto ilegal o arbitrario cuando el recurrente fue sometido a un procedimiento administrativo donde se cumplieron todas sus etapas y estadios procesales.

En segundo término, respecto a las alegaciones sobre el fondo del proceso disciplinario, la Subsecretaría expone que el sumario dio pleno cumplimiento a cada una de las etapas que componen el procedimiento sumarial, esto es, inicio, instalación de la fiscalía, investigación, vista fiscal, resolución e impugnación. En lo particular, respecto a la supuesta falta de proporcionalidad de la sanción y la falta de ponderación de las circunstancias atenuantes penales de admisión de responsabilidad e irreprochable conducta anterior, la autoridad informante recalca que la sanción administrativa responde a una naturaleza particular e independiente de la sanción penal, disponiendo expresamente el artículo 120 del Estatuto Administrativo que "la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal". Sostiene que en el proceso administrativo se ha ponderado debidamente el principio de proporcionalidad por haberse acreditado la infracción a la obligación funcionaria del artículo 61 letra g) de la Ley N° 18.834, de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, por cuanto se acreditó la comisión de conductas que riñen con dicho principio y que dañan la imagen del Servicio tras el reconocimiento de responsabilidad en los hechos constitutivos del delito de abuso sexual perpetrado en contra de una prestadora de servicios en el plan ambulatorio intensivo en medio privativo de libertad TEMAUKEL, en el que el actor también cumplía funciones como Educador de Trato Directo. Destaca que la Resolución Exenta N° 1.066, en su considerando décimo, consignó que la existencia de una infracción a las obligaciones funcionarias no requiere para su acreditación que se hubiere dictado una sentencia condenatoria en materia penal, y que el hecho de que se le aplicara una pena sustitutiva no vuelve improcedente hacer efectiva su responsabilidad administrativa, toda vez que su conducta constituyó una grave vulneración al deber de observar el principio de probidad, presupuesto normativo que de conformidad con el inciso segundo del artículo 125 del Estatuto Administrativo, es el fundamento inmediato de la sanción aplicada. Agrega que la conducta reprochada en sede administrativa, esto es, faltar gravemente a la probidad, difiere de la conducta investigada en sede penal, y que de las mismas se pueden derivar reproches y consecuencias jurídicas distintas. Concluye que la Resolución Exenta N° 1.066 realiza la debida ponderación de los hechos y la gravedad que conllevan, refiriendo que en su calidad de Educador de Trato Directo, el mantener una relación directa y habitual con menores de edad, el haber sido condenado por un delito de connotación sexual, afecta su idoneidad para ejercer cualquier función, máxime cuando la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores impone a dicho organismo el deber de proteger a los menores y prevenir la vulneración de sus derechos.

Finaliza señalando que el recurso no impugna directamente la tramitación del sumario, pero que del expediente se comprueba la garantía de todas las actuaciones que constituyen un procedimiento racional y justo, por lo que el actuar de la Secretaría de Estado no ha vulnerado los derechos fundamentales esgrimidos. Acompaña como documentos la Resolución Exenta N° 1.066, de 9 de abril de 2025, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; los antecedentes del procedimiento sumario, y el certificado de vigencia de la medida disciplinaria.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el presente recurso de protección ha sido deducido por don nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República, buscando que esta Ilustrísima Corte declare ilegal y arbitraria la Resolución Exenta E18903/2025 dictada por dicho ente fiscalizador, la cual rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el actor y confirmó la sanción de destitución impuesta en su contra por la Subsecretaría de Justicia mediante la Resolución Exenta N° 1.066 de 2025.

SEGUNDO: Que la acción constitucional de protección, consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye una vía cautelar, excepcional y de urgencia, cuyo propósito es el restablecimiento del imperio del derecho frente a actos u omisiones arbitrarias o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías constitucionales expresamente señaladas en dicho precepto, no constituyendo, por tanto, una instancia declarativa de derechos ni un procedimiento idóneo para revisar el mérito de lo resuelto en procedimientos administrativos o jurisdiccionales de lato conocimiento que se encuentren legalmente tramitados.

TERCERO: Que, del análisis pormenorizado de los antecedentes, de las argumentaciones del recurrente y de los informes evacuados por la Contraloría General de la República y la Subsecretaría de Justicia, fluye indubitadamente que la pretensión del actor radica en que esta magistratura efectúe una nueva ponderación de los hechos investigados y de las circunstancias atenuantes reconocidas en un proceso penal paralelo, buscando la modificación de la sanción disciplinaria máxima que le fue impuesta al interior del sumario administrativo afinado.

CUARTO: Que, sobre el particular, el recurso debe ser íntegramente rechazado por cuanto no se ha alegado ni acreditado en autos ninguna vulneración a las normas de procedimiento que rigen el sumario administrativo instruido en contra del recurrente. Por el contrario, los antecedentes demuestran que el procedimiento disciplinario se ciñó a todas las etapas contempladas en la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, garantizándose plenamente el derecho a defensa del inculpado mediante la formulación precisa de cargos, la oportunidad para rendir prueba, presentar descargos y deducir los recursos administrativos que la ley le franquea. Asimismo, la Resolución Exenta E18903/2025 impugnada, dictada por la Contraloría General de la República, fue expedida dentro del ámbito de sus competencias y facultades legales expresamente otorgadas por el artículo 160 del Estatuto Administrativo, respondiendo fundadamente y en derecho al requerimiento formulado por el propio actor, por lo que carece de todo atisbo de ilegalidad o arbitrariedad.

QUINTO: Que, en lo que atañe a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad por la omisión de ponderar las atenuantes reconocidas en sede penal, resulta imperativo señalar que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 120 de la Ley N° 18.834, la responsabilidad administrativa es absolutamente independiente de la responsabilidad civil y penal. Los hechos acreditados en el sumario administrativo configuraron una infracción gravísima al principio de probidad administrativa, lo cual sitúa a la autoridad dotada de potestad disciplinaria en el imperativo legal de aplicar la sanción de destitución contemplada en el artículo 125 del cuerpo legal citado. Atendida la gravedad intrínseca de la falta cometida, que es evaluada en base a los fines propios de la Administración del Estado y la protección del servicio público, la autoridad no se encuentra obligada a rebajar la sanción en atención a circunstancias atenuantes penales, siendo la destitución la consecuencia jurídica ineludible dispuesta por el legislador para este tipo de contravenciones funcionarias.

SEXTO: Que, finalmente, debe desestimarse la alegación del recurrente relativa a la supuesta existencia de una duplicidad de sanciones o vulneración al principio non bis in ídem. Del mérito de los antecedentes sumariales aportados por las autoridades informantes, consta que la medida de censura aludida por el actor constituyó única y exclusivamente una propuesta formulada por el fiscal instructor en su vista fiscal rolante a fojas 142 del expediente. Dicha proposición fue expresamente rechazada por la autoridad dotada de potestad disciplinaria, quien, en uso de sus facultades legales contempladas en el artículo 140 del Estatuto Administrativo, dispuso mediante la Resolución Exenta N° 170 de 2022 la reapertura del proceso y la formulación de nuevos cargos. En consecuencia, el recurrente jamás fue sancionado administrativamente con la medida de censura, existiendo una única sanción terminal de destitución impuesta por los hechos investigados, por lo que la alegada doble penalización carece de todo sustento fáctico y jurídico.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RESUELVE:

I.- Que SE RECHAZA, en todas sus partes, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República.

II.- Que no se condena en costas al recurrente, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Redacción del Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° Protección-3741-2025 (pvb).