Protección contra SINDICATO INTEREMPRESA HOLDING CASINOS SUN DREAMS

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A Folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra del SINDICATO INTEREMPRESA HOLDING CASINOS SUN DREAMS, RSU 09010633, representado por su Directorio, doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, y doña nombre reservado, C.I. RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales al disponer la expulsión como socia del sindicato, vulnerando con ello su derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, solicitando se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, sobre la base de los fundamentos de hecho y de derecho que se exponen:

Señala la recurrente, que se desempeñó por más de diez años como trabajadora y socia activa del Sindicato Interempresa Holding Casinos Sun Dreams, participando activamente en la defensa de los derechos de los afiliados y ejerciendo funciones dirigenciales.

Con fecha 6 de octubre de 2025 fue notificada de su expulsión definitiva del sindicato, decisión que habría sido adoptada en Asamblea Extraordinaria de 1 de octubre del mismo año. Sin embargo, dicha medida resulta ilegal y arbitraria, por cuanto no se ajustó al procedimiento establecido en los artículos 47, 48 y 49 de los estatutos, los cuales exigen la formulación previa de cargos, su notificación al afectado, el otorgamiento de plazo para descargos y la dictación de una resolución fundada, garantías que en la especie fueron completamente omitidas. Agrega que nunca fue notificada de cargos, no se le otorgó oportunidad para ejercer su defensa ni consta la existencia de una resolución fundada del Directorio ni de una convocatoria válida a la asamblea respectiva, vulnerándose el debido proceso interno que rige la vida sindical.

Previo a la expulsión, el Tribunal Calificador de Elecciones del sindicato le impidió postular a elecciones de la directiva sin fundamento ni atribuciones estatutarias, actuación que posteriormente fue declarada improcedente por la Inspección del Trabajo, configurándose un primer acto de exclusión y discriminación sindical.

Asimismo, los hechos se originan en un conflicto derivado de una auditoría interna que detectó un supuesto faltante de fondos, cuya validez fue cuestionada por la recurrente debido a la falta de respaldo documental. Pese a haber entregado explicaciones, exhibido cartolas bancarias que descartaban cualquier apropiación personal y manifestado su disposición a aclarar la situación, fue objeto de acusaciones infundadas, agresiones verbales, humillaciones y difamación pública por parte de miembros del Directorio.

Durante una asamblea posterior, se efectuaron imputaciones falsas sobre el manejo de dineros sindicales, afectando gravemente su honra y generando un ambiente de hostilidad laboral, aislamiento y menoscabo, con impacto en su salud emocional.

Todo lo anterior configura un patrón de hostigamiento y persecución que culminó con una expulsión carente de procedimiento, adoptada en un contexto de animadversión personal y sin sustento estatutario ni legal. Desde el punto de vista jurídico, la actuación del sindicato vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N° 3 de la Constitución, relativas al debido proceso y a la igualdad ante la ley, al haberse impuesto una sanción sin procedimiento ni derecho a defensa. Asimismo, se afecta la libertad sindical protegida por el artículo 19 N° 16, al privar arbitrariamente a la recurrente de su derecho a pertenecer y participar en la organización que integraba.

Los hechos descritos, además, han generado un ambiente de hostigamiento y menoscabo en el lugar de trabajo, contrario a la dignidad de la persona, en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo. Finalmente, atendido que la expulsión adolece de ilegalidad y nulidad, resulta procedente el resguardo del fuero sindical establecido en el artículo 243 del Código del Trabajo, el cual se mantiene vigente mientras no exista una cesación válida en el cargo conforme a derecho.

En consecuencia, la expulsión constituye un acto ilegal y arbitrario que vulnera derechos fundamentales, por lo que corresponde dejarla sin efecto y restablecer el imperio del derecho.

A Folio 6, a recurrida Sindicato Interempresa De Trabajadores Holding Casinos Sun-Dreams, evacua traslado, señalando:

Que el Sindicato Interempresa de Trabajadores Holding Casinos Sun Dreams, es una organización sindical constituida el 24 de mayo de 2013, cuyo estatuto vigente corresponde al aprobado en asamblea de 22 de junio de 2023 y depositado ante la Dirección del Trabajo con fecha 4 de julio del mismo año. La recurrente, doña nombre reservado, se desempeñó como presidenta del sindicato hasta el 12 de agosto de 2025, fecha en que asumió una nueva directiva.

Con posterioridad, y a raíz del informe de la Comisión Revisora de Cuentas que detectó desajustes presupuestarios, se generó preocupación entre los afiliados. En ese contexto, la propia recurrente, mediante carta de 11 de agosto de 2025 dirigida a los socios, reconoció haber utilizado fondos del sindicato para otorgar ayudas económicas a determinados afiliados, asumiendo responsabilidad por dichos actos y manifestando su disposición a enfrentar las consecuencias.

En atención a la gravedad de los hechos, la asamblea de 29 de agosto de 2025 acordó convocar a una Asamblea Extraordinaria para votar su expulsión. En cumplimiento de dicho acuerdo, con fecha 4 de septiembre de 2025 se notificó a la recurrente el inicio del procedimiento disciplinario, informándole los hechos que fundaban la medida y otorgándole un plazo de cinco días hábiles para formular sus descargos, lo que efectivamente realizó el 10 de septiembre, sin objetar la validez del procedimiento ni de la notificación, reconociendo expresamente el ejercicio de su derecho a defensa.

Los descargos fueron puestos en conocimiento de los socios con antelación suficiente y, en Asamblea Extraordinaria celebrada el 1 de octubre de 2025, la expulsión fue aprobada por mayoría absoluta (158 votos a favor y 4 en contra), conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del estatuto, siendo la decisión notificada el 6 de octubre de 2025. En consecuencia, el procedimiento disciplinario respetó las exigencias estatutarias, en cuanto: Se informaron los hechos que motivaban la medida, se otorgó oportunidad real y efectiva de defensa, se adoptó la decisión por la asamblea, órgano máximo de la organización, y se dejó constancia del acuerdo en acta.

Por otra parte, las exigencias adicionales invocadas por la recurrente —como una estructura formal de cargos o un recurso de apelación— no se encuentran contempladas en el estatuto, el cual sólo exige que al socio “siempre se le dará la oportunidad de defenderse”, exigencia que fue plenamente cumplida.

Desde el punto de vista constitucional, no se configura vulneración al artículo 19 N° 3 de la Constitución, por cuanto el procedimiento aplicado corresponde al previsto en el estatuto, expresión de la autonomía y libertad de reglamentación de la organización sindical, atributo protegido por la libertad sindical. Tampoco se verifica afectación a la libertad sindical del artículo 19 N° 16, toda vez que la medida impugnada constituye el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria interna del sindicato frente a una falta grave reconocida por la propia recurrente.

En cuanto a las alegaciones de acoso laboral, éstas resultan improcedentes, por cuanto el acoso laboral supone una relación trabajador–empleador, ámbito distinto e independiente de las relaciones internas entre miembros de una organización sindical. Del mismo modo, el fuero sindical invocado por la recurrente constituye una garantía frente al empleador destinada a evitar represalias laborales, no siendo oponible a las decisiones disciplinarias adoptadas por la propia organización sindical.

Finalmente, acoger la acción implicaría una intervención judicial indebida en la vida interna de la organización, contraviniendo el principio de autonomía sindical reconocido por la Constitución y por el Convenio N° 98 de la OIT. En consecuencia, no se advierte acto ilegal ni arbitrario que justifique la procedencia del recurso de protección.

A folio 10, los autos quedan en estado de relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, fue establecido en favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos y garantías a que se refiere la mencionada disposición constitucional, pudiendo el afectado recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a fin de que ésta conforme el mérito de los antecedentes, adopte de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos conculcados.

Surge de lo transcrito en consecuencia, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar, que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien arbitrario, entendiéndose por tal aquel que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, algunas de las situaciones ya indicadas y que afecte a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración ésta que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, en la especie, la recurrente impugna la decisión del Sindicato Interempresa Holding Casinos Sun Dreams que acordó su expulsión en Asamblea Extraordinaria de fecha 1 de octubre de 2025, alegando que dicha medida habría sido adoptada sin respetar un debido proceso interno, con vulneración de las garantías consagradas en los artículos 19 N° 3 y N° 16 de la Constitución.

CUARTO: Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que la expulsión cuestionada se originó a raíz de hechos relacionados con el manejo de fondos sindicales, circunstancia que motivó que la asamblea de socios acordara iniciar un procedimiento disciplinario conforme al régimen interno previsto en los estatutos de la organización.

QUINTO: Que, consta, asimismo, que con fecha 4 de septiembre de 2025 la recurrente fue notificada del inicio del proceso disciplinario, informándosele los hechos que lo motivaban y otorgándosele un plazo para formular sus descargos, los que fueron efectivamente presentados dentro del término conferido y puestos en conocimiento de las bases con anterioridad a la Asamblea Extraordinaria en que se adoptó la decisión impugnada. El artículo 48 del estatuto del sindicato establece que la expulsión constituye una medida extrema que puede ser acordada por la asamblea, debiendo otorgarse al socio la oportunidad de defenderse y requiriéndose la aprobación por mayoría absoluta de los afiliados, requisitos que, conforme a los antecedentes acompañados, fueron observados en el caso de autos, habiendo sido aprobada la medida por un número significativo de socios.

SEXTO: Que, en tales condiciones, no se advierte la existencia de un procedimiento carente de racionalidad o arbitrario, sino el ejercicio de la potestad disciplinaria interna de la organización, manifestación de su autonomía y de la libertad de reglamentación que forma parte del contenido esencial de la libertad sindical.

SEPTIMO: Que, por otra parte, las alegaciones relativas a un supuesto acoso laboral o a la vigencia de fuero sindical no resultan atendibles en esta sede cautelar, por cuanto el primero dice relación con el ámbito de la relación laboral con el empleador y no con la vida interna de la organización sindical, mientras que el fuero sindical constituye una garantía frente a eventuales decisiones del empleador y no limita las facultades disciplinarias del propio sindicato.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada aparece adoptada conforme a las normas estatutarias y en el ejercicio de la autonomía de la organización sindical, sin que se configure un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, sin perjuicio de las acciones que la recurrente estime pertinentes hacer valer en la sede jurisdiccional que corresponda, atendida la naturaleza controvertida y de lato conocimiento de los hechos planteados.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se resuelve:

Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del SINDICATO INTEREMPRESA HOLDING CASINOS SUN DREAMS.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

N°Protección-3740-2025. (csd)