nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA COSTA ARAUCANIA

C.A. de Temuco Temuco, cuatro de mayo de dos mil veintitrés.

VISTO:

A folio N°1-2022 comparece MIGUEL ANGEL GONZALEZ CORDERO, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone Recurso de Protección en contra de SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANIA, representado por su Director nombre reservado, con motivo amenazar, perturbar y privarle de sus horas de clases asignadas en la respectiva dotación docente, sin mediar acto administrativo, de forma ilegal y arbitraria, cuyos motivos fueron comunicados o conocidos con fecha 8 de septiembre de 2022.

Funda su acción en que don nombre reservado, es docente de la Escuela Pública de Tranapuente. Es docente de dicha escuela desde el año 2019 y se desempeñaba como docente titular de la asignatura de artes visuales, tecnología y profesor jefe del 5to año de la escuela pública Tranapuente, Región de la Araucanía con 32 horas contrata y 12 horas SEP, totalizando 44 Horas.

El día 16 de agosto de 2022 se reintegró al plantel de la Escuela luego de una licencia prolongada, sin embargo la dirección del establecimiento le negó la asignación de las horas de clases que mantenía. Entregándole solo 2 horas semanales, de 44 totales, para realizar un taller de computación con los niveles 5°,6°,7°y 8° y manteniendo en la incertidumbre el resto de las horas que llevaba realizando y que se encontraban planificadas desde el año anterior y que venía realizando al menos desde el año 2019 y que se establecen de manera similar para el presenta año 2022, como da cuenta el doc N°15 en su parte final, que contiene la planificación de horas docente.

Actualmente se encuentra sólo cubriendo cursos de aquellos profesores que no asisten. Las instrucciones son emitidas de manera verbal. Solicitó su horario vía correo electrónico. El director no ha respondido correos posteriores.

Es de relevancia mencionar que mientras permanecía en reposo fue contactado por funcionaria de gestión de personas (nombre reservado) solicitando documentos que ya se han enviado al servicio local de educación costa Araucanía, con antelación.

Ha solicitado revisar su carpeta de antecedentes con el fin de conseguir copia de su contrato y el último contrato (o decreto) tiene fecha de febrero de 2017. Existe falta de publicidad de sus renovaciones y teme fundadamente que se alteren sus designaciones o se realicen actos administrativos, sin notificar, tal es el caso de su hermano y ex director del mismo colegio nombre reservado quien se encuentra tramitando un recurso de protección en esta sede, en causa ROL Corte 33694-2022 con motivo de un cese de contrato de forma retroactiva y la falta de notificación de una designación a contrata que lo renueva parcialmente.

Agrega que su representado teme fundamentalmente, atendido el trato distinto, sin justificación suficiente, y por tanto arbitrario, que ha recibido por parte del servicio local costa Araucanía y del Director del establecimiento, se deba sólo al parentesco que mantiene con el ex director del establecimiento, cuestión de difícil prueba, pero plausible como indicio, ante la proximidad en la fechas y la completa falta de justificación de las decisiones, siendo tratado de forma diferente frente a personas en su misma situación.

Detalle de hechos que constituyen los actos y/u omisiones ilegales y arbitrarias que producen vulneración de derechos fundamentales.

1. De acuerdo a la dotación docente 2022, definida para la escuela pública Tranapuente, su representado impartía las asignaturas de artes visuales, y de tecnología desde primero a octavo de enseñanza básica; y era profesor jefe del quinto año como da cuenta el Doc. N° 13, en referencia a la dotación docente para el año 2022, por tanto, también imparte la asignatura de orientación en este nivel educativo. Cumple funciones de coordinador enlaces y es el encargado del laboratorio de tecnologías de la información y la comunicación. Se encontraba en un periodo de reposo laboral desde el 05 de abril de 2022 hasta el 16 de agosto de 2022.

2. El día 16 de agosto del presente año, se reintegró al plantel, sin embargo, el nuevo director le ha negado las horas de clases y cualquier función en el establecimiento. Entregándole, luego de su insistencia solo 2 horas semanales, en las cuales debe realizar un taller de computación con los niveles 5°,6°,7°y 8°. (un curso por semana), se mantuvo cubriendo cursos de aquellos profesores que no asisten, dado que las instrucciones son emitidas de manera verbal y sin entregar material para la clase.

3. Solicitó su horario vía correo electrónico Docs. N° 8, 9, 10 y 11, notificando al director de manera verbal. No hubo respuesta alguna por cerca de un mes. Por las necesidades del establecimiento la presencia de un encargado del laboratorio TICs es de suma importancia.

4. En la medida en que se han presentado necesidades y en coordinación con los demás colegas he ido asumiendo de facto, paulatinamente su rol como encargado de la sala, coordinando horas y apoyando técnicamente, las clases realizadas en dicho espacio educativo.

5. Por esta grave situación su representado realizó un reclamo en Contraloría general de la republica con fecha 18 de agosto de 2022, Doc. N° 15., el cual a la fecha, no cuenta con informe del servicio local de Educación que haya sido evacuado, y si lo ha sido, esta parte a la fecha lo desconoce, lo que dilata una solución a amenaza y perturbación de mis legítimos derechos y con el paso del tiempo constituyen una privación. Sin perjuicio del reclamo realizado, ha permanecido esperando una explicación del servicio, la que sólo llega el día 8 de septiembre de 2022.

6. A la fecha, el estamento docente ha planteado en consejos técnicos y reunión de consejo escolar la necesidad de entregar las horas al profesional de la asignatura, siendo la respuesta del director, que se esperará a la resolución de la Contraloría General de la Republica, y que la razón de negar su asignación es por falta de autorización docente, la última reunión y la época en que ha tomado conocimiento de la respuesta del director del establecimiento sobre sus horas, es el 08 de Septiembre de 2022, lo que constan en copia de acta firmada, adjunta en doc. N°1, que da cuenta de la entrega de horas sólo de 7mo y 8vo básico, sobre horas de artes visuales y tecnología.

7. La razón que se da en el acta es que su representado no cuenta con autorización docente para realizar cursos de 1ero a 6to básico. Se la ha dicho que se esperara a la tramitación de su reclamo en contraloría, lo que viene a constituirse en una forma de represalia por reclamar.

8. Es así como la situación del actor, también es consultada por los apoderados, lo que consta en acta de Tercera reunión del consejo escolar, de fecha 21 de septiembre de 2022, adjunta en Doc N° 6.- 9. Es dable mencionar que el Ministerio de Educación ha aprobado por lo menos a partir de 2019 su autorización docente aun cuando contaba sólo con la licenciatura en artes visuales.

10. La razón recogida en el acta, es falaz, ya que los y las colegas que le reemplazan igual son profesores de enseñanza media, e incluso son profesionales de la educación de otras especialidades disciplinares, muchos de los cuales no cuentan con la autorización docente respectiva, es así que acompaño los certificados de Titulo de 2 de los mismos, doña nombre reservado quien reemplaza sus horas de artes y tecnología en 5to y 6to y del profesor nombre reservado quien reemplaza sus horas de jefatura de curso, Docs. N° 17 y 19.-11. Por lo demás la tramitación de las respectivas autorizaciones docentes, es de resorte del mismo servicio local de educación a través del director, lo que consta en doc. N° 7, lo que ha solicitado en reiteradas oportunidades, sin resultados, sin siquiera obtener respuesta los correos, siendo las ultimas solicitudes de reciente data como da cuenta el doc. N°14, acompañado en otrosí de esta presentación.

12. Es necesario agregar que su representado en el establecimiento ha llevado a cabo procesos de construcción participativa del proyecto educativo, liderando y diseñando experiencias, en conjunto con miembros del equipo conductor de la escuela, para los estudiantes, funcionarios y apoderados. Estos procesos me han situado en una posición de alta valoración en la comunidad.

13. Actualmente las intervenciones que pudiera hacer en pos del mejoramiento del proyecto y las practicas al interior del establecimiento, tanto administrativas como técnico pedagógicas, son desdeñadas e infravaloradas. Incluso, ha sido invitado sarcásticamente a abandonar la sala o el establecimiento en presencia del consejo de profesores de la escuela.

14. La dilación y la falta de respuesta, le han hecho acudir a la vía jurisdiccional, toda vez que el Servicio Local, al privarle unilateralmente y sin un acto administrativo que lo respalde, de sus horas, a esta altura del presente año, amenaza seriamente su continuidad o el número de horas totales que tendrá el año siguiente, por lo que la afectación, no solo se produce con la privación actual de horas, sino con la amenaza de que aquellas se eliminen el próximo año afectando su remuneración.

15. Actualmente y luego del acta impugnada que trata de dar razones de la supresión de horas, se encuentra impartiendo artes y tecnología en 7mo y 8vo. 6 horas pedagógicas (4,5 horas cronológicas, de un total de 44 Horas que debiera impartir)

16. Con todo, ha recibido de acuerdo a lo anterior y en referencia a sus horas, un trato distinto, sin justificación suficiente, toda vez que la reducción de horas sólo se ha realizado respecto de él, de forma verbal y sin acto administrativo previo, sin afectar a ninguno de los demás docente que laboran en el colegio, muchos en una condición similar o igual a la suya, tal como ha señalado, lo que atenta contra la igualdad ante la Ley como lo detallará.

17. Lo que deja en evidencia la arbitrariedad, es que el profesor, no puede solicitar por sí la respectiva autorización docente, sino que es el Servicio quien debe solicitar la respectiva autorización docente, por lo que la inacción del Servicio en aquello, es otra forma de perjudicar su situación que hace patente, pues siempre podrá sacar provecho de su propia negligencia u omisión, sin permitirle al recurrente retomar sus horas como le corresponde.

DERECHO.

i.- ILEGALIDAD EN LA REDUCCIÓN UNILATERAL DE LA CARGA HORARIA.

El Artículo 21 de la Ley 19.070.- “La dotación docente de los establecimientos educacionales de cada comuna, incluyendo a quienes desempeñen cargos y horas directivos y técnico-pedagógicos en los organismos de administración educacional del sector, será fijada a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a aquel en que comience a regir, una vez aprobado el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal por el Concejo Municipal, por el Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la Corporación Educacional correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Dicha fijación se hará conforme al número de alumnos del establecimiento por niveles y cursos y según el tipo de educación y la modalidad curricular, cuando éstas sean de carácter especial.

Estas dotaciones serán comunicadas al Departamento Provincial de Educación correspondiente.”

La interpretación correcta de esta disposición a la luz de este caso, da cuenta que al 15 de Noviembre de 2021, como máximo su representado contaba con la certeza de ser parte de la dotación docente, y tener las horas asignadas que se describen en los hechos totalizando las 44 Horas, privarlo de aquello debe fundarse en alguno de los supuestos del articulo 22 y siguientes de la Ley 19.070, lo que no se cumple y con todo, debe realizarse a través de un acto administrativo y no de manera verbal y sin fundamento alguno.

En el sentido de lo que se ha descrito en los hechos, la mera reducción horario en sí es lesiva, con independencia de cualquier otra circunstancia que alegue eventualmente el servicio, en tanto afecta un derecho adquirido por su representado, cual es el goce del cargo por las horas correspondientes (44 horas semanales), lo que repercute necesariamente en su trabajo e incluso en su salud por tratarse de un número importante de horas que no tiene labor asignada.

Las horas que el realiza en virtud de su designación, son parte de su patrimonio, la asignación de horas, no se encuentra realizada para mantenerlas ociosas o no asignadas, motivo suficiente para señalar que la mera reducción horaria es lesiva del Derecho de propiedad, con independencia de proceder o no indemnización alguna de acuerdo al artículo 22 de la ley 19.070.

Afirma que fue objeto de una reducción horaria que no encuentra justificación legal, excediendo el Servicio Local de Educación Costa Araucanía sus facultades. No puede entenderse legitimado el actuar de la recurrida para modificar unilateralmente un contrato, toda vez que no se encuentra facultada para ello, menos, en consideración a que sucesivamente desde el año 2018, ,o que incluye el año 2022, le fueron asignadas En efecto del análisis de las normas que regulan la actividad docente, el Estatuto Docente, no se advierte la existencia de norma alguna que faculte al empleador a reducir unilateralmente la carga horaria de un docente, salvo las hipótesis del artículo 22 de dicho cuerpo legal, las cuales no son aplicables al caso.

De haber querido ajustar el contrato, la vía para corregir cualquier irregularidad en torno a horas, es la correspondiente vía administrativa, y no una reducción unilateral efectuada por el Servicio Local de Educación en su calidad de sostenedor, la cual ni se ajusta al artículo 22 del Estatuto Docente, ni se ha querido tampoco amparar en ese precepto, y no hay ninguna otra causa legalmente establecida, que justifique que a un profesor se le reduzca sus horas de función, de forma unilateral lo que constituye la acción arbitraria e ilegal que afecta las garantías constitucionales cuya protección se reclama, los cuales al no ser protegidos por la sentenciadora, ocasionan agravio a su representado.

A mayor abundamiento, la recurrida es un Servicio Público, esto es, un órgano integrante de la Administración del Estado, que en cuanto tal, debe su actuar a la Constitución y a las leyes, no pudiendo atribuirse más facultades que aquellas que la ley le otorga, ello por estricta aplicación del principio de juridicidad que orienta la actividad de los órganos de la Administración, en concordancia con el Artículo 6° de nuestra Constitución Política, así como el artículo 2° de la ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En virtud de estos principios, es que no puede, pretender la recurrida ajustar unilateralmente el horario del cual su representado gozaba continuamente y fue planificado para el presente año, mediante una rebaja horaria, toda vez que la ley del ramo, sólo la faculta a ello en virtud de causales específicas que la misma contempla, las cuales no se comprobó concurran en autos, de modo tal que actuar fuera de los casos señalados en ella, es actuar fuera de los límites que establece la Constitución y las leyes, y por ende constituye una contravención al mentado principio, cuya observancia es gravitante en un Estado de Derecho.

Es por ello, que estima que la rebaja horaria no encuentra causa ni justificación legal, y es por ende, ilegal y arbitraria y con ello lesiva para su representado, por lo que al sostener lo contrario, no sólo se hiper extiende las facultades que la ley le ha otorgado a un órgano de la administración, sino que también se perpetúa la vulneración de derechos sufrida, motivo por el cual se recurre la sentencia definitiva dictada, en tanto rechaza la acción constitucional entablada.

Finalmente, refiere que las circunstancias descritas, que privan de derechos establecidos al actor, al fijarse la dotación docente para el respectivo año 2022 con un total de 44 Horas y sólo ejercer efectivamente 2, no son discrecionales, sino ilegales y por otra parte, no cumple con ningún estándar de fundamentación en torno a los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, existe una absoluta falta de trasparencia, y en rigor la privación de actividad de forma continua estando establecido que un docente debe ejecutar su contrato, raya incluso en el acoso laboral.

Cita jurisprudencia.

Aplicación del Principio de Confianza Legítima.

Se define el principio de protección de la confianza legítima como “el amparo que debe dar el juez al ciudadano frente a la Administración Pública, la que como ha venido actuando de una determinada manera, lo seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias (políticas, sociales, económicas) similares”

Puede deducirse su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico avalado por diversos principios constitucionales y legales. En efecto, “el principio de confianza legítima se deduce desde los principios constitucionales del Estado de Derecho (arts. 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en adelante CPR) y de seguridad jurídica (art. 19 N° 26). Fuera de los principios de Estado de Derecho y seguridad jurídica, el anclaje de la confianza legítima se realiza en otros principios consagrados constitucional y legalmente, como el de legalidad (arts. 6°, 7° y 24 inc. 2° CPR, y art. 2° ley N° 18.575, de bases generales de la Administración del Estado). El principio de legalidad implica no sólo “la inviolabilidad y la constancia del Derecho, sino también la posibilidad de preverlo, su mensurabilidad y su racionalidad”

El ámbito de actuación y consiguiente aplicación del principio de confianza legítima, descansa en la presunción de legalidad de los actos administrativos, por tanto, parece superar el alcance hasta entonces acaparado monopolísticamente por la aplicación del principio general de la buena fe en las relaciones de la Administración con los ciudadanos.

Sobre la base de lo anterior, para que cualquier sujeto pueda ampararse en este principio es preciso que esa confianza previa en la que descansa la posición jurídica del individuo se vea violentada mediante signos o hechos externos producidos por la Administración de forma sorpresiva.

El principio se explica, por tanto, ante la existencia de una actuación o comportamiento de la propia Administración que en definitiva contraviene la confianza que el interesado tiene depositada en la licitud de la conducta que viene manifestando en su relación con la Administración y que le induce razonablemente a confiar en el mantenimiento del marco jurídico legítimo de desenvolvimiento de su actividad y a su no modificación sin, al menos, la adopción de ciertas medidas transitorias.

El dato relevante, en definitiva, es el factor sorpresivo de la decisión revocatoria de la Administración que irrumpe por ello en las expectativas razonables, las esperanzas fundadas o las “seguridades concretas” en el mantenimiento del statu quo del destinatario del acto y en la validez y eficacia del acto mismo.

En la presente acción la asignación de las horas de docencia, se reiteró sucesivamente desde el año 2019 al año 2022, su situación solo se transformó por haber gozado de licencia médica y reintegrarse con posterioridad, lo lógico es que sus funciones fueran cubiertas y no suprimida como en los hechos ocurrió, él tenía la legitima confianza de retomar en las mismas condiciones, y aquello se ve completamente quebrantado.

I- PRIVACIÓN Y PERTURBACIÓN EN EL LEGÍTIMO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.

Con la no renovación de su contrata producto del acto recurrido y su aparente fundamentación, se han menoscabado los siguientes derechos constitucionales que a continuación se exponen:

i. ARTÍCULO 19 N° 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. LA IGUALDAD ANTE LA LEY:

Nuestro ordenamiento constitucional, dentro de las Bases de la Institucionalidad, reconoce y ampara como valor superior de nuestro sistema jurídico el principio de igualdad. El artículo 1° de la Norma Fundamental, en su inciso primero dispone: "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos"; y el artículo 19, N°2, inciso segundo se refiere a la igualdad ante la ley en lo que respecta a la igualdad de trato. Esto es una prohibición dirigida a los poderes públicos en su accionar, al legislador en la elaboración de la ley y al juez en su aplicación de establecer una desigualdad de trato normativo no razonable u objetiva.

a) La proscripción de la arbitrariedad.

La doctrina constitucional, ha desarrollado la proscripción de la arbitrariedad como parte de la protección al Derecho a la igualdad, así, ha nacido como concepto habiendo sido recogido de los textos de Leibholtz, quien la entiende como “La vinculación del legislador y la administración al principio de igualdad, como prohibición de dictar normas arbitrarias”4. En nuestra legislación se encuentra recogido en el Art 19 N° 2 Inciso 2, que señala “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

La jurisprudencia ha recogido y definido este principio que puede verse expuesto en la Sentencia Corte Suprema Rol N° 10.119-2013: «En lo relativo al principio de razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad indica: “En virtud del principio de interdicción de la arbitrariedad, debe entenderse que la arbitrariedad entendida como lo contrario a la razón, lo que carece de una fundamentación objetiva, ha quedado proscrita del ordenamiento jurídico” (…)» En virtud del test de racionalidad el tribunal deberá verificar: Exactitud de los hechos; congruencia; suficiencia motivos y calificación jurídica.

La triple exigencia de del Test de Constitucionalidad de la Interdicción de la Arbitrariedad según Bacigalupo, implica evaluar la razonabilidad del acto, la idoneidad de los medios empleados y la proporcionalidad del acto. Lo anterior implica según el mismo autor, que la administración al regular derechos (en este caso privar) tiene la exigencia de actuar en forma restrictiva, aplicando una “ponderación entre el derecho fundamental sacrificado y el bien o valor salvaguardado por la ley respecto de cada acto aplicativo”6. Por lo anterior resulta indispensable que la administración de cuenta del acto, de las razones tanto de hecho como de derecho que ha tenido presente para actuar de tal o cual manera.

Los acuerdos recogidos en el acta impugnada, a falta de un acto administrativo formal, son aparentes o falsos y por tanto carecen de razonabilidad. Los medios empleados para obtener los argumentos, éstos son ilegítimos, por cuanto no son obtenidos por medio de una resolución o acto administrativo, que permita su correcta impugnación, toda vez que el docente desconoce las razones y básicamente se le da la excusa que no cuenta con la autorización docente para privarle de sus horas, autorización que el mismo servicio debe encargarse de tramitar. Por último el acto es desproporcionado, pues tiene como consecuencia privarle del cumplimiento correcto de su contrato, en el sentido que de acuerdo a la Ley tiene derecho a ejercer efectivamente el trabajo para el cual fue contratado.

En consideración a los documentos acompañados, se produce un trato distinto, sin justificación suficiente, porque como se ha dicho existen docente en su misma situación ejerciendo cursos de enseñanza básica, lo que se corresponde con una discriminación arbitraria en los términos que los define la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Por lo anterior las decisiones recogidas finalmente en el acta de fecha 8 de Septiembre de 2022, resultan ilegales y arbitrarias y resultan ii. ARTÍCULO 19 N° 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. DERECHO DE PROPIEDAD.

Este derecho fundamental se ve conculcado, ya que, ingreso voluntariamente a la administración de educación pública, cumpliendo con todos los requisitos de ingreso, por lo que la calidad de contratado ha sido incorporada a su patrimonio, manteniendo la legitima confianza del cumplimiento de su contrato en los mismo términos cada año.

De esta forma, se ha conculcado el derecho a la estabilidad en el empleo en cuanto a que no puedo ser privada de su cargo en este caso del ejercicio de sus horas por contrato, sino por las causales que la Ley contempla, que en sus circunstancias particulares establece el artículo 22 de la Ley 19.070, en relación a ser parte de la dotación docente 2022 al igual que los años anteriores siguiendo lo señalado por la misma ley en su artículo 21.

El acta de fecha 8 de Septiembre de 2022, le da una repuesta falsa o aparente del porque se le reducen drásticamente sus horas de docencia, en relación a la autorización docente y propone indeterminadamente una solución. Así es como ser parte de la dotación 2022 con un número de horas asignadas a cursos determinados, comporta una especie de propiedad garantizada como bien incorporal por el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 583 del Código Civil y en atención a que la Constitución protege a todo tipo de propiedad, incluida la que se tiene sobre los cosas inmateriales como lo es la propiedad sobre derechos.

iii. ARTÍCULO 19 N° 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. DEBIDO PROCESO Y COMISIONES ESPECIALES.

Para efectos de determinar si se vulnera esta garantía es necesario dilucidar si los hechos que motivan la decisión de privarlo de sus horas que se consolida con el acta de fecha 8 de septiembre de 2022,, pudieron ser conocidos dentro un proceso legalmente tramitado, cumpliendo con las garantías de un debido proceso, es así como el Profesor nombre reservado señala que “ha sido el propio legislador, así como la jurisprudencia administrativa y constitucional, quien ha reconocido a la Administración poderes amplios para resolver casos que afectan a particulares mediante un acto de contenido singular”7, es así como derecho se manifiesta en el orden administrativo desde dos perspectivas, siguiendo al profesor nombre reservado “ a) el derecho a defensa que debe ser reconocido como la oportunidad del administrado de hacer oír sus alegaciones, descargos y pruebas y también, b) como el derecho de exigir de la Administración Pública el cumplimiento previo de un conjunto de actos procedimentales que permitan conocer con precisión los hechos que se imputan y las disposiciones legales aplicable a los mismos”.

En definitiva, el fundamento de aplicar esta garantía se encuentra en el principio de contradicción, que según el mismo autor antes citado, es consustancial a todo procedimiento administrativo, supone la posibilidad de hacer valer dentro del procedimiento los distintos intereses en juego, así como que estos distintos intereses puedan adecuadamente ser confrontados por sus respectivos titulares, como requisito previo de adoptarse una decisión definitiva por parte de la administración.

A la luz de la garantía del debido proceso así explicada, ésta se evidencia vulnerada claramente en el caso expuesto, en razón de que se le informa que no cumple son un requisito, como lo es la autorización docente, situación que debe tramitar el mismo servicio y no le fue comunicado con antelación, ni aun por medio de un acto administrativo y/o oficio.

Los actos de la administración, ilegales por cierto, importan la tramitación, sin debido proceso administrativo, de actos que llevan a la privación de la mayoría de sus horas, sin conocimiento alguno y posibilidad de contradicción por parte del docente.

Pide ordenar lo siguiente:

1. Que, se proceda al reintegro de las horas docentes del recurrente, tal y como han sido planificadas en la respectiva dotación docente para el año 2022.

2. Se regularice con el Ministerio de Educación las autorizaciones docentes del recurrente para realizar clases a estudiantes de educación básica.

3. Que, se disponga además el pago íntegro de cualquier remuneración de la cual sea privado su representado, durante la tramitación del presente recurso.

4. Que se condene justa y ejemplarmente en costas a la recurrida.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- Acta entrega de horas de cursos 7° y 8° básico, de fecha 8 de septiembre 2022; 2.- Licencia de Educación de don nombre reservado., de fecha 11 de marzo del año 2020, firmado por don nombre reservado; Secretario General Universidad Católica. 3.- Título de Profesor de Educación Media en Artes Visuales, de don nombre reservado., de fecha 11 de marzo del 2020, firmado por don nombre reservado; Secretario General Universidad Católica; 4.- Certificado de Título de don nombre reservado., de fecha 11 de abril del año 2014, firmada por doña nombre reservado; 5.- Copia de oficio ORD.N°04, de fecha 17 de febrero del año 2021, firmado por don nombre reservado, director escuela pública Tranapuente; 6.- Acta consejo escolar, de fecha 21 de septiembre del año 2022; Escuela Pública Tranapuente, de Carahue; 7.- Copia de oficio ORD.N°36, de fecha 05 de abril 2019, firmado por don nombre reservado, director escuela pública Tranapuente; 8.- Copia de 3 correos, de fecha 18 de agosto del año 2022, extendido por don nombre reservado., al Director don nombre reservado; 9.- Copia de correo, de fecha 12 de septiembre del año 2022, extendido por don nombre reservado., al Director don nombre reservado; 10.- Copia de correo, de fecha 17 de agosto del año 2022, extendido por don nombre reservado., al Director don nombre reservado; 11.- Copia de correo, de fecha 12 de septiembre del año 2022, extendido por don nombre reservado., a nombre reservado. 12.- Guía Mapuzungun; 13.- Dotación Docente año 2022, firmada por don nombre reservado, encargado Área de Gestión y nombre reservado; 14.- Copia de correo, de fecha 13 de septiembre del año 2022, extendido por don nombre reservado., al Director don nombre reservado;15.- Oficio E250151/2022 Controlaría General de la República, firmado con FEA por Marcelo Limone Muñoz Contralor Regional, de fecha 26 de agosto 2022; Reclamo N°R004818/2022 nombre reservado. (portal de atención de reclamos funcionarios), de fecha 18 de agosto 2022; Dotación Docente año 2022 Costa Araucanía; y Horario Pedagógico de don nombre reservado; 16.- Liquidación de Remuneración agosto 2022, Escuela Tranapuente E-430, de don nombre reservado; 17.- Licencia de Educación de doña nombre reservado, de fecha 11 de enero del año 2019, firmado por don nombre reservado; Secretario General Universidad Católica.-18.- Horario escolar de los cursos: 1° a 8° básico; Escuela Pública Tranapuente, de Carahue. 19.- Copia título Profesional, de don nombre reservado, de fecha 11 de julio 2021, firmada y autorizada por Notario de Carahue, Gonzalo Garay Burnas; 20.- Mandato judicial extendido ante Notario público de la comuna de Carahue don nombre reservado, con fecha 4 de octubre de 2022, Rep. N° 1229-2022.

A folio N°10-2022 evacua informe el recurrido SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANIA, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

Indica que la Escuela Pública Tranapuente es un Establecimiento Educacional ubicado en la comuna de Carahue con una matrícula de 136 estudiantes, dicho establecimiento fue traspasado desde la Ilustre Municipalidad de Carahue a mi representada en virtud de la entrada en vigencia de la ley N°21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, en este sentido y de conformidad a dicha ley se traspasó de igual forma el personal docente y asistente de la educación que cumplían funciones en dicho establecimiento, en este contexto es que fue traspasado el recurrente don nombre reservado al Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía.

En este establecimiento educacional de conformidad a lo establecido en los artículos 31 bis, 32 y 32 bis del Estatuto Docente se procedió a efectuar un concurso por Alta Dirección Pública, para proveer el cargo de director de dicha unidad educativa. Siendo seleccionado en definitiva el docente don nombre reservado a partir del 01 de abril de la presente anualidad, como lo da cuenta la resolución Exenta N°966/2022 de este Servicio Local y que se acompaña al presente informe.

Dicho nombramiento generó el malestar en parte de la comunidad educativa del Establecimiento Educacional por cuanto no fue seleccionado el ex director don nombre reservado, familiar directo del recurrente, quienes como medida de presión decidieron realizar una toma del Establecimiento Educacional y además presentar una acción de protección, argumentando que al realizar el proceso de selección para proveer el cargo de director no se habría procedido en conformidad a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, referente a la consulta indígena. Acción rechazada en definitiva por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en causa Rol N°8868-2022.

En este contexto el ex director del establecimiento educacional y familiar directo del recurrente como ya se mencionó, quien mantiene un recurso de protección en contra de mi representada ROL 33694-2022, y quien había participado del proceso de selección para proveer el cargo de Director de dicha unidad educativa, perdió tal concurso lo que ha generado y sigue generando una serie de situaciones de conflicto que ha involucrado acciones judiciales, denuncias a Superintendencia de Educación, denuncias a Contraloría Regional de La Araucanía, y la presente acción constitucional.

Que como se mencionó don nombre reservado fue traspasado desde la Municipalidad de Carahue a su representada como asistente de la educación realizando funciones de “encargado de sala de computación, talleres y administrativo en la gestión del área medioambiental, talleres de alfarería mapuche, modelado en arcilla y yeso, serigrafía, fotoserigrafía, fotografía estenopeica, dibujo y pintura” como lo da cuenta el decreto de dicha municipalidad N°4235/2017, en razón de su título de Licenciado en Artes Visuales a esa época.

NO EXISTE REDUCCIÓN UNILATERAL DE CARGA HORARIA DEL RECURRENTE.

Ahora en lo referente a la supuesta “reducción unilateral de carga horaria” alegada por el recurrente, hay que ser categórico que dicha situación no existe como se indicará.

Que como bien señala don nombre reservado a pocos días de haber asumido el nuevo director de la Escuela Tranapuente, presentó licencias médicas que se extendieron desde el 05 de abril de 2022 hasta el 16 de agosto de 2022, en virtud de la prolongada ausencia del recurrente es que los cursos que atendía quedaron todos sin avances de contenidos y evaluaciones durante todo el primer semestre, siendo reemplazadas las asignaturas y jefaturas de manera parcial y sin ninguna planificación de acuerdo al currículum vigente. En este sentido para poder cubrir los cursos que debía impartir don nombre reservado, es que se procedió a informar al consejo de profesores que al término de las vacaciones de invierno se realizaría una nueva distribución de los horarios de clases con el fin de dar cobertura a las asignaturas que realizaba el recurrente y que no fueron posible cubrir, a pesar de realizar convocatorias con este fin.

Al realizar esta distribución de la carga horaria se les asignó a diferentes docentes que contaban con la disponibilidad dentro de sus cargas horarias de acuerdo al plan de estudio y a la tabla de horas lectivas y no lectivas, permitiendo de esta manera dar cobertura a las horas de clases de los estudiantes, lo que permitió suplir la necesidad de docentes de reemplazo con los propios docentes del establecimiento educacional.

Al reintegrarse a sus labores el recurrente con fecha 18 de agosto de la presente anualidad, a 7 meses de haber iniciado el año escolar, se le señaló por parte del director de la Escuela que existió una distribución horaria de clases, y que por el momento no era posible que retomara sus asignaturas ya que debía realizarse un nuevo trabajo en conjunto con la Unidad técnica Pedagógica. Explicándole que el rehacer los horarios implica una nueva reorganización administrativa y pedagógica del funcionamiento de la Escuela, afectando a todos los niveles y afectando a las nuevas cargas horarias ya realizadas a todos los docentes.

Con la finalidad de darle continuidad a sus labores en el establecimiento, es que se le solicita al recurrente que continúe a cargo del laboratorio de computación, realizando todo el soporte tecnológico y apoyo a la labor docente de todos los cursos, además de hacerse cargo del taller de computación con el fin de entregar y fortalecer los aprendizajes en tecnología a todos los estudiantes manteniendo su carga horaria de 44 horas, funciones que realizó con anterioridad al traspaso como se da cuenta en el decreto alcaldicio que ya se mencionó y que se adjunta al presente informe.

En relación a la autorización docente reclamada por el recurrente, esta se refiere a la habilitación o autorización para ejercer la docencia cuando existe carencia de personal docente idóneo para el nivel, especialidad y/o modalidad, autorización expedida por la autoridad competente, en este sentido hay que señalar que dicha gestión correspondía al ex Director del establecimiento y familiar directo del recurrente, por cuanto si bien el Decreto N°352 del Ministerio de Educación que Reglamenta Ejercicio de la Función Docente, no se establece una fecha en la cual se deba realizar dicha gestión, si resulta primordial realizarla con anterioridad al inicio del año escolar, lo que en definitiva no realizó el ex director de la unidad educativa.

Dicha autorización resultaba primordial para el recurrente por cuanto aquel es docente de Educación Media en Artes Visuales, y la Escuela Pública Tranapuente imparte exclusivamente el nivel de Educación Básica, por lo cual teniendo en consideración aquel antecedente, además del hecho que al asumir el nuevo director el recurrente presentó una extensa licencia médica, se hacía imperativo como ya se dijo cubrir los cursos del señor nombre reservado, por lo cual en consideración al principio de racionalidad es que existieron motivos fundados de buen servicio que justificaron la decisión adoptada por el director del establecimiento, fundado sin lugar a duda en el adecuado funcionamiento educacional, es que se le redistribuye sus tareas, no significando en ningún sentido una reducción de su horas, por cuanto aquel mantiene sus 44 horas de contrato.

AUSENCIA DE ILEGALIDAD O ARBITRARIEDAD.

Que la acción de protección exige como presupuesto una acción u omisión que revista el carácter de ilegal o arbitrario, en este sentido de las garantías constitucionales supuestamente vulneradas no se aprecia como esta parte pudo haber vulnerado dichas garantías, en ningún sentido esta autoridad ha establecido diferencias arbitrarias con el recurrente, cuando mi representada tiene el imperativo de prestar el servicio educacional resultando fundamental cubrir las funciones del recurrente en virtud de sus extensas licencias médicas como ya latamente se ha mencionado.

No se cumplen los presupuestos necesarios para que este recurso de protección prospere, toda vez que no se puede alegar la afectación de un derecho cuando el órgano del Estado ha actuado amparado por la normativa vigente, en este sentido y como lo indica el artículo 7° del Estatuto Docente la función docente-directiva implica “la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidades adicionales directas sobre el personal docente…” en el mismo sentido constituye una función principal del Director de un establecimiento educacional dirigir y liderar el proyecto educativo institucional. En tanto el artículo 7° bis se señalan distintas atribuciones para cumplir las funciones previamente señaladas, entre las cuales se encuentra la de “organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento”, como se puede apreciar el Director en conjunto con el Consejo de Profesores en virtud de la circunstancia de cubrir los cursos del recurrente es que adoptaron las medidas técnico-pedagógicas tendientes a dar continuidad del servicio educacional, redistribuyendo la carga horaria dejando claro que no existe en ningún sentido una reducción de sus horas, por cuanto el recurrente continúa con sus 44 horas. No existiendo una supresión parcial ni mucho menos unilateral como manifiesta el recurrente de conformidad al artículo 22 del Estatuto Docente.

Acompañó los siguientes documentos: Resolución Exenta N°966/2022 SLEPCA, que nombra como Director de la Escuela Tranapuente a don nombre reservado; Decreto Alcaldicio N°4235 de 01 agosto 2017 de la Municipalidad de Carahue y su anexo; y Registro licencias médicas de don nombre reservado.

A folio N°12-2023 se trajeron los autos en relación.

RCON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección constituye una acción cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que éstos adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho quebrantado, y asegurar así la debida protección a los afectados, cuando por causa de alguna acción u omisión arbitraria o ilegal, sufran privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, esto sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha el actor corresponde a la reducción de su carga horaria, efectuada por el Director de la Escuela Tranapuente, con fecha 16 de agosto de 2022, al reincorporarse a sus funciones de docente después de haber estado con licencia médica prolongada.

TERCERO: Que no es un hecho discutido que el actor se ausentó de sus labores como docente, entre el periodo comprendido desde el 05 de abril al 16 de agosto de 2022. Por su parte, también se ha acreditado que el actor mantiene sus 44 horas de contrato.

CUARTO: Que el DFL N°1 del Ministerio de Educación que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican señala en su artículo 7° inciso primero que “La función docente-directiva es aquella de carácter profesional de nivel superior que, sobre la base de una formación y experiencia docente específica para la función o del cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 24, se ocupa de lo atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos.”

Por su parte, el artículo 7° bis del mismo cuerpo legal prescribe que “Los Directores de establecimientos educacionales, para dar cumplimiento a las funciones que les asigna el inciso segundo del artículo anterior y para asegurar la calidad del trabajo educativo, contarán en el ámbito pedagógico, como mínimo, con las siguientes atribuciones: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su implementación; organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas necesarias para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos.”

QUINTO: Que no ha sido cuestionada la ausencia laboral del actor, lo que trajo como consecuencia que las asignaturas que impartía quedaron sin docente durante más de cuatro meses durante el año escolar 2022, lo que necesariamente requería una reorganización de las horas asignadas para los efectos de obtener avances en los contenidos y la realización de las evaluaciones pertinentes, lo que a juicio de esta Corte justifica la decisión de la Dirección de reasignarlas y determinar su reemplazo por diversos profesores del mismo establecimiento educacional.

SEXTO: Que la adopción de las medidas técnico- pedagógicas que implicaron una reasignación de las horas asignadas al actor, fueron tomadas por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y se encuentra debidamente fundado, sin que la decisión adoptada pueda ser considerada arbitraria o ilegal, por lo que se procederá a rechazar el presente recurso.

SEPTIMO: Que a mayor abundamiento se debe tener presente que la acción interpuesta ha perdido oportunidad, por cuanto tal como lo expresó la recurrida en estrados, sin que haya sido desmentido por el actor, don nombre reservado actualmente desarrolla sus funciones en otro colegio, el establecimiento educacional nombre reservado de la comuna de Carahue, sin que existan en la actualidad medidas protectoras que esta Corte pueda adoptar en los términos establecidos en la Carta Fundamental.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA COSTA ARAUCANIA.

Regístrese.

Redacción de la Ministra María Georgina Gutiérrez Aravena.

Rol N° Protección-37207-2022 (pvb).