Protección contra Dirección General de Carabineros

C.A. de Temuco Temuco, veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Con fecha 7 de octubre del 2025, a folio 1, comparece nombre reservado, carabinero, Rut. RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, quien viene por sí, en interponer un recurso de protección en contra de la Dirección General de Carabineros, representada por el General Director de Carabineros de Chile don nombre reservado, alegando que se han vulnerado las garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 16 de la Constitución Política de la República , a saber el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo, al dictarse por el recurrido la Resolución Exenta Nº 646 del 9 de septiembre del 2025 que dispuso confirmar el sumario administrativo que propuso que se le diera de baja de la institución por mala conducta, y pide que se deje sin efecto la resolución que ordena su destitución y se le reintegre a sus funciones.

Indica en su presentación, que el día 4 de mayo del año 2021 hizo una denuncia por amenazas y malos tratos contra el Comisario Mayor nombre reservado, quien lo amenazó con que lo echaría de Carabineros. Luego, el 21 de marzo del año 2022, el citado Comisario intervino para que el recurrente fuera sometido a una investigación sumaria, y en dicho proceso se propuso su baja de la institución por mala conducta. Posteriormente, través de la Resolución Exenta Nº 646 de la Dirección General de Carabineros, el General Director don nombre reservado decidió confirmar la decisión de darlo de baja.

Alega que lo anterior, fue sin considerar que actualmente es egresado de la Escuela de Suboficiales, mantiene excelentes calificaciones entre los años 2023 y 2025, que la decisión es injusta, y que ha solicitado en todas sus defensas ser escuchado y recibido por el General Director y se ha negado tal solicitud.

Expone que lo anterior ha vulnerado su derecho de la Vida, Integridad física y psíquica establecido en el número 1 del artículo 19 de la Constitución Política, por cuanto la situación descrita le ha generado problemas de salud. Igualmente señala que se ha vulnerado su derecho a la Igualdad ante la Ley, del numero 2 del artículo ya citado, por no haber sido tratado de buenas maneras durante el proceso, y finalmente alega vulnerado su derecho a la Libertad del trabajo, del número 16 de la misma norma, por cuanto la decisión de expulsión le impide seguir trabajando en Carabineros de Chile.

Finalmente solicita que se deje sin efecto la Resolución Exenta Nº 646 del 9 de septiembre del 2025 emitida por el General Director de Carabineros nombre reservado y se le reintegre a sus funciones.

Con fecha 22 de octubre, a folio 9, acompañó como prueba documental la denuncia realizada por el recurrente contra el Comisario nombre reservado el 4 de marzo del 2021, la Resolución Exenta Nº 646 del 9 de septiembre del 2025 dictada por el General Director de Carabineros, el Recurso de Reclamación presentado con dicha resolución para ante el Ministerio de Seguridad Pública, y las Actas de Calificación de los años 2023 y 2025.

Con fecha 15 de noviembre a folio 15 evacuó el informe la Dirección de Justicia de Carabineros de Chile, señalando en relación a la situación administrativa del Sargento 1° nombre reservado, que la decisión de darlo de baja se fundó en que el día 6 de agosto del año 2021 el recurrente, destinado en la 1ª Comisaría de Lautaro, fue citado por el Mayor nombre reservado para rendir descargos por un reclamo; durante la comparecencia habría mostrado actitud de rebeldía, se negó a firmar el acta y desobedeció instrucciones del superior en cuanto a retirarse de su oficina, hechos que denunciados a la Fiscalía Militar de Temuco. Por la gravedad de los hechos, el mando de la Prefectura dictó la Orden de Sumario N°16626/21 (21.03.2022) y se instruyó investigación; la Fiscalía a cargo emitió Vista Fiscal de fecha 22.04.2022 proponiendo sancionar con baja por conducta mala. Posteriormente, el Mando de la Prefectura de Cautín emitió el Dictamen N°16626 (17.08.2022) imponiendo la baja por conducta mala; el recurrente apeló y la sanción fue confirmada por el Jefe de la Zona de Carabineros Araucanía, mediante la Resolución Exenta N°313 (09.06.2023) y, finalmente, por la Máxima Autoridad Institucional mediante la Resolución Exenta N°646 (09.09.2025), notificándose la decisión el 23 de septiembre del 2025.

Indica el recurrido que el marco legal y disciplinario aplicable corresponde a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros (Ley N°18.961) y los Reglamentos de Sumarios Administrativos (N°15), de Disciplina de Carabineros (N°11) y de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros (N°8). Agrega que el fundamento legal de la sanción expulsiva se encuentra en el artículo 43 letra d) de la Ley N°18.961, el artículo 115 letra f) del D.F.L. (I) N°2 de 1968, artículo 127 (y su nro.4) y artículo 128 inciso segundo del Reglamento de Selección y Ascensos, y el artículo 25 nro.9 del Reglamento de Disciplina.

Señala además que el Reglamento de Selección y Ascensos (art.127 y su numeral 4) y el Reglamento de Disciplina establecen que la “conducta mala” puede aplicarse cuando concurren faltas graves que lesionan la moralidad funcional o el prestigio de la Institución, o cuando se asiste responsabilidad en hechos delictivos. Asimismo, la normativa disciplinares contempla agravantes (art.33 del Reglamento de Disciplina) y la posibilidad de distinguir entre personal de nombramiento supremo (PNS) y de nombramiento institucional (PNI), previendo la baja por conducta mala para el PNI (art.23 y art.25 del Reglamento de Disciplina).

Expone que se aplicaron los procedimientos administrativos disciplinarios previstos, otorgándose oportunidad de audiencia, recepción de alegaciones y posibilidad de interponer recursos jerárquicos y administrativos conforme al Reglamento de Sumarios Administrativos N°15 y demás normas reglamentarias, lo que integra la tutela procesal del investigado.

Luego cita el artículo 84 sexies incorporado por la Ley N°21.427 y el artículo 99 bis del Reglamento de Sumarios Administrativos N°15, que reconocen expresamente al afectado el derecho a reclamar las medidas expulsivas dispuestas o confirmadas por el General Director ante el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El precepto exige acompañar el sumario administrativo, antecedentes, hoja de vida y el informe de calificación para su revisión. La normativa impone que, al notificarse la medida expulsiva, se informe al interesado sobre su derecho a reclamar de alzada, el plazo y la forma de ejercerlo (acta de notificación registra la manifestación del afectado sobre si hará uso o no del recurso; si la notificación es no presencial, el afectado debe presentar su manifestación por escrito en día hábil siguiente).

El recurrido sostiene que el recurso de protección adolece de falta de oportunidad pues la decisión administrativa se encuentra sometida a la vía ordinaria de reclamación de alzada ante el Ministerio del Interior, la cual constituye la instancia pertinente y previa para conocer de la medida expulsiva. De la misma manera alega la falta de legitimidad pasiva, por cuanto los antecedentes se encuentran en el Ministerio de Seguridad Pública, y la acción corresponde que se dirija ante dicha cartera.

En cuanto a los derechos fundamentales que se alegan como vulnerados, el recurrido señala que no existen elementos objetivos que demuestren perjuicio a la integridad psíquica, ni trato desigual durante la tramitación; además, sostiene que se respetaron las garantías procesales y que el recurrente tuvo acceso a los recursos administrativos previstos y que tampoco se ha afectado la libertad de trabajo, por cuanto el recurrente aun presta servicios en Carabineros.

Finalmente pide el rechazo del recurso de protección por falta de oportunidad y legitimación pasiva, que confirme la legalidad del procedimiento sumarial y la sanción de baja por conducta mala, y que se impongan costas al recurrente.

Con fecha 13 de febrero a folio 18 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N°764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004). Acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

CUARTO: Que, corresponde determinar si ha habido una acción u omisión ilegal o arbitraria de parte de la recurrida y, establecido aquello, si tal actuación u omisión ha producido en la recurrente una perturbación, privación o amenaza, en el legítimo ejercicio de alguna de las garantías constitucionales protegidas por medio del recurso de protección, en el artículo 20 de la Carta Fundamental, particularmente aquellas que el propio recurrente indica como vulneradas en su libelo pretensor.

QUINTO: Que, el acto recurrido, correspondiente a la Resolución Exenta N° 646 del 9 de septiembre del 2025, dictada por el General Director de Carabineros nombre reservado, no corresponde a un acto final, por cuanto, el artículo 99 bis del Reglamento de Sumarios Administrativos N°15 de Carabineros, dispone que “Las medidas disciplinarias expulsivas dispuestas o confirmadas por el General Director de Carabineros de Chile, según corresponda, podrán reclamarse de alzada ante el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, cada vez que se notifique al afectado alguna medida disciplinaria expulsiva dispuesta o confirmada por el General Director, según sea el caso, se le informará, en el acto mismo de la notificación, sobre su derecho a reclamar de alzada en contra de tal medida. El afectado deberá manifestar si hará o no uso del reclamo de alzada en el acto mismo de la notificación de la medida expulsiva, de lo cual se dejará registro en el acta respectiva.”

En tal sentido, el recurrente acompañó a folio 1 el Acta de Notificación de la resolución recurrida, de fecha 23 de septiembre del 2025, en la que señala que sí hará uso del recurso de reclamación que le confiere la ley, y a folio 9 acompañó el texto de dicho recurso, dirigido al Ministerio de Justicia, patrocinado por el abogado Yordan Tavra Morales, dando cuenta con ello que el procedimiento administrativo no se encuentra agotado y el acto administrativo recurrido no está firme. En el mismo sentido, de los antecedentes acompañados se colige que el recurrente sigue prestando servicios en Carabineros, por cuanto así que fue señalado en el informe, y ha permanecido durante el tiempo del sumario administrativo trabajando, lo que se desprende de las Actas de Calificación acompañadas a folio 9, lo anterior por cuando la decisión de disponer la baja de la institución fue sin efectos inmediatos, como se señala en el resolutivo letra D del Dictamen Nro 16626/2022/1 de la Prefectura Cautín N° 22 del 17 de agosto de 2022, acompañado a folio 1.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo anotado no cabe sino concluir que la acción impetrada no puede prosperar desde que la actuación reprochada a la autoridad recurrida no trata de un acto terminal que permita actualmente valorar respecto de un acto decisorio definitivo la concurrencia de alguna de las hipótesis de arbitrariedad o ilegalidad constitutiva de vulneración de las garantías constitucionales alegadas por el actor, razón por la que corresponde desestimar el recurso interpuesto (en el mismo sentido Corte Suprema Roles 62.049-2023; 104.610-2023 y 154.373-2023).

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS, sin costas.

Regístrese, y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, Sr. Sergio Oliva Fuentealba.

N°Protección-3695-2025. (csd)