nombre reservado con EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA

C.A. de Temuco Temuco, quince de septiembre de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 28: Atendida la naturaleza desformalizada del procedimiento, no ha lugar.

Al escrito folio 30: Atendido el estado procesal de la causa, no ha lugar.

VISTO:

A folio N°1 comparece RODRIGO ACUÑA GOMEZ, abogado, en representación de COMITÉ MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNA DE CURACAUTIN Y DE SU DIRECTIVA: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO Indica que el presente recurso de protección dice relación con la tala arbitraria e ilegal que la recurrida ha ejecutado en la Carretera internacional CH-181, ubicada dentro de los límites de la comuna de Curacautín, Región de La Araucanía.

Descripción del Hecho 1. Que durante el mes de marzo del año en curso entre los días 20 y 29, la recurrida Frontel taló 372 especímenes nativos en un sector de la carretera CH-181 a través de la subcontratación de terceros, con el propósito de instalar postes de concretos para el tendido eléctrico a lo largo de esta vía internacional.

2. El tramo en cuestión corresponde al costado sur de la carretera y afectó una faja arbórea nativa de 2,1 km que se ubicaba inmediatamente en el sector oriente a la salida de la ciudad con destino a la Comuna de Lonquimay.- 3. Que dicho corte tala se ha ejecutado en un bien nacional de uso público y sobre todo siendo esta la Comuna de Curacautín una Zona ZOIT; no debió realizarse y no puede seguir realizándose porque se ha provocado un daño irrecuperable en la naturaleza por el corte y destrucción de árboles y especies nativas, hogar de los aves y animales que ahí viven. - DE LA IMPORTANCIA DEL LUGAR AFECTADO POR LA RECURRIDA. - 1. La comuna de Curacautín cuenta con las nominaciones de Zona de Interés Turístico (ZOIT), Reserva de la Bioesfera y posee el primer Geoparque de Chile (Geoparque Kutralküra). Estas últimas son distinciones entregadas por UNESCO. Su territorio tiene, además, parques y reservas nacionales de gran belleza y reconocimiento a nivel nacional e internacional 2. La certificación ZOIT ha sido gestionada por la Subsecretaría de Turismo y aprobada por el Comité de Ministros del Turismo; decisión soportada en base a los atributos naturales y culturales que posee el territorio y que generan condiciones especiales para la atracción turística, fomentando su desarrollo y crecimiento socioeconómico en base a esta actividad.

3. Por lo anterior señalado, la carretera internacional CH-181, resulta ser el principal eje de conectividad hacia la alta cordillera y Argentina.

4. El sector actualmente afectado por Frontel, es parte de la Ruta Internacional Interlagos-Circuito Araucanía que se constituye como una vía de alto valor escénico. Luego, los objetivos ZOIT reconocen esta condición y consideran medidas que la consolidan como una ruta de belleza natural, aprovechando su paisaje enmarcado por la vegetación arbórea nativa a lo largo de su recorrido, entre otros elementos naturales.

4. La arbolada paralela y presente a lo largo de la carretera es un elemento y componente visual que constituye y define el paisaje, otorgándole realce al territorio e identidad. Los árboles en su recorrido son parte del Patrimonio Natural. Por ende, la tala de estos especímenes repercute e impacta negativamente en la calidad visual del paisaje y también, en su función como un corredor ecosistémico que alberga fauna diversa, principalmente aves nativas.

5. Los caminos y carreteras al interior de la comuna con su vegetación arbórea nativa son parte del atractivo que Curacautín ofrece al visitante y a los habitantes de este territorio.

6. No debemos olvidar que estos terrenos donde se encontraban los árboles talados por la recurrida son bienes nacionales de uso público, bienes de todos los chilenos.- 7. Saber y es importante para los chilenos y los dueños de estos Terrenos es si la recurrida ha pagado la servidumbre por el uso de estos Terrenos en su empostación.- DEL HECHO ARBITRARIO E ILEGAL DEL ACTUAR DE LA RECURRIDA.

Entre algunos menciona:

1. El recurrido NO INFORMÓ a la Municipalidad de Curacautín, y a NINGUNA DE sus organizaciones sobre el alcance e impactos que tendría ESTE PROYECTO DE EMPOSTACION Y LA TALA DE ARBOLES.

2. Vulneró la recurrida el legítimo “derecho a saber”, pues no informó ni entregó, a priori, información formal y detallada del proyecto a las comunidades, organizaciones y autoridades municipales (Trazado, alcance, alternativas, impactos, medidas de reparación, mitigación y compensación).

3. Tampoco demostró voluntad para presentar, como mínimo, una Consulta de Pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. Este trámite habría visibilizado el carácter ZOIT de la comuna, derivando y obligando a Frontel a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Sin embargo, la empresa decide saltarse estos mecanismos legales, desconociendo y subestimando la categoría de ZOIT de la comuna. Se vulnera la ley medio ambiental. - 4. En relación con lo anterior, la Ley 19.300 en su artículo 10, literal p) y artículo 11 literal e) demuestran que el proyecto de la recurrida FRONTEL por sus características debió someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y presentar con ello, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental o declaración de Impacto medio ambiental. - PORQUE DEBE DARSE LUGAR AL RECURSO SOLICITADO IMPROCEDENCIA DE LA RECURRIDA POR ATENTAR CONTRA LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS.

En el trayecto Lautaro-Curacautín la empresa recurrida entre los años 2020 y 2022, respetó el arbolado y su vegetación y adoptó la poda de algunos ejemplares cuyas ramas estaban en conflicto con la instalación de los postes. Sin embargo, en el tramo señalado en Curacautín la estrategia fue radicalmente opuesta, dañina e irreversible. ¿Por qué no se utilizó entonces el mismo criterio para este tramo de postación?

A todo evento también resulta improcedente la TALA de la recurrida, porque llama la atención, lo temeraria de ella al pretender la recurrida desconocer el actuar de sus propios actos al empostar la ruta S-11-R de 50 km APROX., de la ruta Lautaro Curacautín entre los años 2020 y 2022 y de una forma distinta sin tala de árboles y vegetación respetando completamente el medio ambiente, según sus propios actos lo que es muy grave.-implica un actuar de absoluta mala fe y que atenta contra la doctrina de los actos propios, a la cual paso a referirme.

- Doctrina de los Actos Propios Teniendo en consideración una cuestión básica a que apunta el principio de la buena fe, cual es que no se puede ir contra los actos propios, en el presente caso ha sido la parte recurrida quien a desconocido lo por ella misma obrado. - En efecto, fue la recurrida. Quien como se dijo procedió a empostar y cablear la ruta S-11-R de 50 km de una forma sustentable y sin cortar los árboles y sin afectar nuestra naturaleza, trajo el alumbrado hasta la Comuna de Curacautín. Por ello Así, y como la Corte Suprema ya ha resuelto, (sentencia 13 de diciembre de 2010, Rol 3602-2009), en nuestro sistema normativo no se establece una regulación específica en relación con la teoría de los actos propios, la cual, sin embargo, ha adquirido amplia acogida durante los últimos tiempos en la doctrina de los autores y en la jurisprudencia, donde se la reconoce como un criterio orientador derivado del principio general de la buena fe, concebida ésta en su faz objetiva, a la que se refiere el artículo 1546 inciso 3° del Código Civil cuando prescribe que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o costumbre pertenecen a ella.

En buenas cuentas, debe exigirse a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que merced a tales actos anteriores, se ha suscitado en otro sujeto, en este caso concreto, en los que dan cuenta por el recurrido una empresa particular arrasa con los árboles y la naturaleza con 2.1 km de nuestra carretera de todos los chilenos.-Ello es así, por cuanto no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente o totalmente sus consecuencias para aumentar su provecho.

Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos y no puede por tanto ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente (nombre reservado: La Teoría de los actos propios. Un análisis desde la doctrina argentina. Cuadernos de Extensión Jurídica N° 18, Universidad de Los Andes; páginas 36 y 35). (C. Suprema, sentencia Rol 4275-09, de fecha 20.02.2011).-El bien jurídico cautelado por la doctrina de los actos propios es la confianza; el ejercicio del derecho resulta contrario a la buena fe, porque no se condice con las expectativas ciertas que el titular había generado en un tercero con su comportamiento." (Enrique Barros, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, pág. 637).

Ha quedado claramente demostrado que ha sido la querellada FRONTEL quien ha desconocido el sus propios actos, al cortar y talar los árboles y toda la vegetación dejando sin hogar a especies autóctonas que habitaban ese lugar, pequeños animales y pájaros que se denuncia en este recurso, lo que es un absurdo, solo reflejo de su propia negligencia. - Cabe señalar, que la acción ejecutada por la empresa recurrida se contradice con el concepto técnico entregado en su página institucional, donde indica que tala es: “toda la operación que significa el corte de un árbol completo, a ras de suelo. Se realiza cuando el árbol tiene peligro de caída”. Sin embargo, los árboles cortados no revestían ningún peligro de caída, Por el contrario, la mayoría eran especímenes sanos y adultos de gran belleza.

Se suma a lo anterior, la respuesta entregada formalmente por Frontel al ciudadano de la comuna, nombre reservado, rut RUT reservado, quien consultó y solicitó explicaciones a la empresa sobre las acciones desarrolladas, recibiendo como respuesta que los trabajos se relacionaban con “roce de árboles” y la actividad en cuestión se encontraba autorizada por los organismos pertnentes (Vialidad y CONAF). No obstante, la acción ejecutada nunca fue un “roce de árboles”, que en el Diccionario Forestal publicado en la propia página web insttucional de la empresa (www.gruposaesa.cl, Control Vegetación, pestaña Diccionario Forestal) señala que, roce es el “corte de vegetación, cuyo diámetro es menor a los 15 centímetros. Generalmente son especies de rápido crecimiento”. Luego, la respuesta entregada por Frontel adoleció de veracidad, por cuanto la mayoría de los árboles (246 especímenes tenían un diámetro mayor a 15 cm). Lo anterior puede considerarse una falta de transparencia en el actuar de la empresa.

Conclusiones Epílogo No le sobran árboles ni bosques a Curacautín menos el Bosque nativo cortado por la recurrida. La naturaleza que aquí existe es nuestro único y verdadero capital para el progreso y desarrollo social con visión eco sustentable. Aún tenemos bosques y agua, pero acciones como las ejecutadas por esta empresa ponen en riesgo los equilibrios ecosistémicos, degradan y fragmentan lo poco natural que está quedando, y marcan un mal precedente para otras empresas, que en el futuro podrán actuar de la misma y soterrada manera para imponer sus intereses, violentando nuestros espacios y calidad de vida.

Cabe señalar, que nunca hubo árboles en conflicto con una postación existente. Lo que exista era un “proyecto en conflicto con los árboles presentes”.

III.- GARANTIAS CONSTITUCIONALES AFECTADAS.

Así entonces, los actos ilegales y arbitrarios denunciados vulneran la garantía constitucional establecida:

Art. 19 N°1: El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

La ley protege la vida del que está por nacer.

La pena de muerte sólo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado.

Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo.

El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella;

Evidentemente en ninguna parte de este país sobran árboles, los árboles son el pulmón, dañarlos y eliminarlos provocan daños al medio ambiente el cambio climático es real; hace meses no llueve hay una enorme sequía en la región, no hay agua para el consumo de las personas y de los animales, lo que repercute al final en la integridad física de las personas por la escasez de productos básicos como son el agua y pasto para los animales y el alza de alimentos como son el pan.

A mayor abundamiento se vulnera el inciso final el desarrollo debe ser sustentable y bajo ningún punto de vista este proyecto a respetado lo que obliga el legislador de estar al servicio de las personas menos de la vida en general.-Art.19 Nr.3 inciso cuarto de la Constitución Política de la República que prescribe que: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, norma que fue vulnerada del momento que ha sido el recurrido el que ha tomado la justicia por sus manos, alterando la situación de hecho existente, teniendo el recurrido cabal conocimiento de la existencia de una normativa medioambiental vigente no recurre a las organizaciones propias de esta comuna y que forman parte del estado de derecho, menos informa a la Municipalidad no hay Informe de declaración medioambiental claramente hay autotutela, poder económico de un particular que cobra a todos los chilenos por un servicio; autotutela, prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, y resuelto por esta I. Corte de Apelaciones en muchos de sus fallos.

Art. N°8 de la Constitución Política del Estado, que establece:

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;

Es vulnerado de la siguiente manera el recurrido FRONTEL, respeta como se dijo las agrupaciones medioambientales de la comuna y menos la normativa como ya se dijo.-Vulnera el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política del Estado, estableciendo tal norma lo siguiente: La Constitución asegura a todas las personas: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales …”.- “Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación…”.

La vulneración o atentado es manifiesto por provocar perjuicios en Bienes nacionales de uso Público, recordar que las carreteras son bines de todos los chilenos junto con los árboles y toda la naturaleza a entregado al hombre un particular no puede y sobre todo haciendo uso de la fuerza cortar la enorme cantidad que realizo el recurrido y aun con permiso. Art. N°26 de la Constitución Política del Estado, que establece:

La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Que cualquier derecho que invoque la recurrida no justica la vulneración del derecho al medioambiente porque significa justificar su desnaturalización avalar su destrucción.- Los hechos ilegales y arbitrarios denunciados, que vulneran las garantías constitucionales referidas, ameritan la intervención de SSa. Iltma., para restablecer el imperio del derecho quebrantado e impedir que prolifere la autotutela, estando esta Corte en situación material y jurídica de brindar la protección pedida, consistente en el restablecimiento de la situación de hecho existente hasta antes de los actos perturbatorios.

Indica que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se señalan, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, cual es la situación ocurrida en la especie, detallada in extenso.

La Jurisprudencia ha dispuesto que siendo el recurso de protección una acción de carácter cautelar que tiene por finalidad mantener el statu quo, éste ha sido alterado unilateralmente debiendo el recurrido de protección instar por la vía judicial, y no por su propia mano, lo que en este caso por la conducta arbitraria e ilegal, se hace ineludiblemente necesario que se acoja este recurso suspendiendo el acto continuación de dicha TALA O CORTE de árboles y vegetación de la ruta CH-181, ya que esto me constituye un acto agraviante, arbitrario e ilegal, que atenta en contra de la garantía las garantías antes analizadas del art. 19 de la Constitución Política del Estado.

Por lo anteriormente expuesto queda de manifiesto que el recurrido con su actuar realiza actos consistentes en trabajos de tala y corte de madera, arrasa la vegetación que guarnecen, provocando un grave daño medioambiental entre otros causa daño social, cultural y económico provocado por Frontel a la comuna, pues vulnera su categoría ZOIT, que es motor de desarrollo económico sustentado en la Naturaleza nativa inherente al territorio de la comuna de Curacautín, lo que actualmente en un moderno estado de derecho no puede ser superado por similares actos contrarios a nuestra carta fundamental.- Estando dentro del plazo ya que aún no cesa el acto arbitrario e ilegal, interpongo este recurso de protección de los derechos, para que V.S.I. ordene hacer cesar tal abuso; y reponer los derechos del recurrente.

Pide ordenar cesar actos de faenas de cortes y trabajos de tala corte, movimientos de madera retiro de troncos que realiza la recurrida, o lo que esta Corte, determine de acuerdo al mérito del proceso, todo bajo apercibimiento legal y costas del recurso Acompañó los siguientes documentos: 1.- Video que muestra el grave daño ambiental provocado por la recurrida en bienes nacionales de uso público acompaña enlace-https://drive.google.com/drive/folders/1zvWpPuWvQzNVc7-GdbG9vYRAOGwkHt4d?usp=sharing; 2.- Sentencia de la Ilustrísima Corte Suprema.-3.- Acompaña reclamo y respuesta de la recurrida.

A folio N°10 evacua informe la recurrida FRONTEL S.A, quien solicita el rechazo del recurso, con costas.

ANTECEDENTES PRELIMINARES. CALIDAD DE CONCESIONARIA DE SERVICIO PÚBLICO ELÉCTRICO DE EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Expresa, que el mercado eléctrico en Chile está compuesto por las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad, que, en su conjunto, conforman las tres etapas del “ciclo eléctrico”.

Que la actividad desarrollada por FRONTEL, es una empresa concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica en las regiones de Ñuble, Bío Bío y Araucanía, regulada por el DFL N° 4/20.018, publicado en el Diario Oficial del 5 de febrero de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, del año 1982, Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y en el Decreto Supremo N° 327, del Ministerio de Minería, Fomento y Reconstrucción, que fija el Reglamento de la Ley de Servicios Eléctricos (Reg. LGSE), así como en normas técnicas complementarias.

La actividad de distribución es aquella destinada a llevar energía eléctrica a los usuarios finales localizados en cierta zona geográfica explícitamente limitada y que está a cargo de empresas, a quienes se les ha entregado dicha actividad, en virtud de un decreto de concesión de servicio público de distribución.

La actividad señalada se denomina, comúnmente, “servicio público eléctrico de distribución”, que es aquel definido en el artículo 7º del D.F.L N° 4/20.018, Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).

La referida calidad de Concesionaria le faculta, precisamente, para distribuir energía eléctrica, entre otros de la región de la Araucanía, a los habitantes de las comunas de Curacautín y Lonquimay, en virtud del Decreto de Concesión N° 371, de fecha 22 de octubre de 1990, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y, conforme a la normativa sectorial antes reseñada; cuyo cumplimiento es debidamente supervigilado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, autoridad sectorial sobre la materia.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO RECLAMADO POR LOS RECURRENTES.

En el marco normativo antes descrito y, siguiendo estrictamente las condiciones establecidas en la legislación sectorial para prestar el señalado servicio de utilidad pública, mi representada cuenta en la zona con una amplia extensión de líneas eléctricas y otros equipos que le sirven para aquello. En efecto, para brindar el servicio en las comunas de Curacautín y Lonquimay cuenta con 843,282 kilómetros de redes de media tensión y 623,802 kilómetros de baja tensión, las cuales atraviesan, principalmente, bienes nacionales de uso público y, en menor medida, algunos predios particulares.

En este contexto y, como es de conocimiento de los recurrentes, FRONTEL ha proyectado la inversión de recursos materiales y humanos para el mejoramiento de la calidad del servicio prestado por las instalaciones que conforman la red de Media Tensión Troncal Curacautín - Lonquimay, proyecto de inversión que persigue cambiar el nivel tensión de la red y que, por cierto, beneficia a 5.191 clientes de las citadas comunas, así como también trasladar el tendido eléctrico emplazado en predios particulares a faja fiscal, con la finalidad de mejorar la operación de la línea y su mantenimiento.

En particular, el proyecto apunta principalmente a disminuir los tiempos de respuesta ante eventuales interrupciones de suministro eléctrico y su frecuencia, robustecer dicha línea y actualizar la tecnología de sus conductores. Todo lo anterior, dentro del marco de la normativa vigente que regula a esta concesionaria de distribución de energía eléctrica y con miras a entregar un servicio de calidad a los vecinos de las comunas referidas, ad-portas del inicio de las estaciones de otoño-invierno, que usualmente comprenden los meses de mayor uso de la energía eléctrica por los usuarios de FRONTEL en la región de la Araucanía.

Así, el proyecto contempla la construcción de 2,6 km. de línea de distribución en media tensión de 13,2 kV, trifásica en conductor protegido y la instalación de un autotransformador de 6 mega volts amperes (MVA), con el consecuente retiro de líneas de media tensión existente en predios particulares desde el año 2001 en sectores aledaños a la ruta CH-181, en una extensión de 2,1 km. En cada una de las etapas del proyecto se ha considerado las normas que, al efecto, rigen en nuestro estatuto eléctrico (LGSE, Regl. LGSE y normas técnicas complementarias). A saber:

En el diseño del proyecto se ha cumplido a cabalidad con las normas técnicas al efecto, como, por ejemplo, con las normas contenidas en el Pliego Normativo RPTD N° 03/2021, dictado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que contiene las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la presentación de proyectos eléctricos a la autoridad. Asimismo, se ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto en el Pliego normativo RPTD N° 13/2021, que establece consideraciones generales sobre el uso de materiales y equipamientos necesarios para la explotación del sistema eléctrico. Lo propio se ha hecho respecto del Pliego normativo RPTD N° 5/2021, sobre aislación; con el Pliego normativo RPTD N° 7/2021 que establece normas para definir la franja y las distancias de seguridad de las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica; y con el Pliego normativo RPTD N° 15/2021 sobre operación y mantenimiento.

Luego, en la etapa de desarrollo de la ingeniería del proyecto, se ha mantenido también, en todo momento, el respeto a las normas sectoriales en el trato con la autoridad y con los clientes aludidos, considerándose todos los aspectos necesarios para que el trazado sobre faja vial se realizase cumpliendo todas las exigencias que las normas especiales se exigen.

En este sentido, en marzo de 2023, se tramitó la solicitud respectiva ante la Dirección Regional de Vialidad Araucanía. Luego, una vez obtenida la autorización de Vialidad para operar, se consultó a CONAF, a requerimiento de dicha Dirección, la procedencia o no de un plan de manejo de corta y reforestación para ejecutar obras civiles (PMOC), mediante la tramitación de una solicitud al efecto, conforme a la Ley 20.283. Ante esta solicitud, CONAF respondió que no era necesario ingresar un plan de ese tipo, dado que el sector a intervenir no tenía la calidad de bosque tipo forestal objeto de corta. Esto es efectivo, puesto que las faenas tuvieron lugar respecto de una cortina arbórea, no de un bosque; calidad que había sido, en todo caso, confirmada con anterioridad por FRONTEL, quien, con su profesionalismo que le caracteriza, recurrió a un experto en la materia antes de intervenir, ingeniero forestal que visitó toda la extensión de terreno que abarca el proyecto de inversión y emitió un informe que se acompaña al efecto, el cual también fue oportunamente presentado a la Dirección de Vialidad.

De lo reseñado dan cuenta el ORD. N° 1477 de la Dirección Regional de Vialidad (DRV) Araucanía, de fecha 29 de julio de 2022; y la Resolución N° 1516 dictada por la misma Dirección y con la misma fecha, que, en relación con la solicitud presentada por Frontel con fechas 20 de abril y 25 de mayo de 2022, autoriza a esta empresa para hacer uso de la faja fiscal en el marco del proyecto de “Paralelismo y Atravieso Línea Eléctrica en Ruta 181 CH – Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía”, conforme fueron aprobados en Oficio ORD. Nro. 1135 de la misma Dirección Regional de Vialidad, que con fecha 13 de junio de 2022 presta su conformidad técnica al referido proyecto. El tramo a que hace alusión este proyecto es el “camino cruce Longitudinal (Victoria) – Curacautín – Túnel Las Raíces – Paso Pino Hachado, sector km. 58.356 al km. 60.464”, que precisamente incide en los hechos que han sido puestos en conocimiento de esta Ilustrísima Corte por los recurrentes y que, como VSI podrá advertir de lo informado y de los documentos que se acompañan a este informe, se ha apegado estrictamente a la normativa sectorial vigente.

En virtud de las autorizaciones viales señaladas, con fecha 21 de septiembre de 2022, la Inspectora Fiscal asignada por la Dirección Regional de Vialidad Araucanía, hace entrega del terreno a FRONTEL, en conformidad al punto N°9 de la resolución N°3516 referida, requiriéndole un Informe Forestal con fotografías, para ser presentado al Subdepartamento de Medio Ambiente, con el objetivo de que dicha unidad revisara y otorgara la visación pertinente, el cual es encargado en esa oportunidad a un profesional del área y es oportunamente presentado al órgano requirente, como se ha reseñado.

Seguidamente y para los mismos efectos, FRONTEL somete el proyecto a revisión de CONAF, en los términos del artículo 2 del DL 701/74 y del artículo 5 de la ley 20.283, mediante solicitud 2/22 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, en orden a pronunciarse sobre la necesidad de obtener un Plan de manejo de corta y reforestación para ejecutar Obras civiles, obteniendo la Resolución 1/2023 de Corporación Nacional Forestal (CONAF), dictada con fecha 8 de febrero de 2023 por la Dirección Provincial Malleco de dicha Corporación, que la rechaza por considerar que no es de su competencia emitir un pronunciamiento al respecto, toda vez que, según ella afirma, los sectores donde se pretende realizar la intervención ubicados en faja fiscal colindantes a ruta CH-181 no corresponden a bosques, conforme lo dispone el artículo 2 número 2 de la ley 20.283. Con esta resolución queda claro a la Dirección de Vialidad que mi representada no requería de la aprobación de un PMOC por CONAF para la ejecución de faenas de roce y tala previos a los trabajos de ingeniería del proyecto.

Así las cosas, en el ejercicio de las facultades que le confiere la calidad de concesionaria del servicio de distribución de energía eléctrica; los documentos de la Dirección de Vialidad y de CONAF; y la normativa en materia vial, medioambiental y eléctrica, FRONTEL da inicio a la etapa de ejecución de faenas de roce respecto de especies arbóreas que se encontraban en la faja vial donde se ejecutará el proyecto, antes descrito, de mejoramiento de la red de distribución para las comunas de Curacautín y Lonquimay. Dicha etapa de roce se realizó mediante personal especialista en el área, entre los días 6 y 7 de diciembre de 2022, autorizado por Inspectora Fiscal de la Dirección Regional de Vialidad Araucanía.

Luego, conforme a la planificación de trabajos informada y comprometida con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de marzo de 2023, en ejercicio de las mismas facultades administrativas y legales, da inicio a la etapa de tala en la faja vial referida, a la altura del km. 58.100 de la ruta CH-181, Curacautín-Lonquimay, respecto de una cortina arbórea de especies cuya dimensión y características no se encontraba en la categoría de bosques, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 N° 2 de la ley 20.283, etapa que culminó el día 27 de marzo de 2023 en el kilómetro 60.200 de la ruta CH-181 antes citada.

Todas las faenas antes indicadas se ejecutaron conforme a planificación y sin contratiempos.

Señala que todo lo anterior se encuentra en conocimiento de los recurrentes, dado que mi representada le ha explicado detalladamente el proyecto al Comité recurrente y a su directiva, en conjunto con autoridades de la Municipalidad de Curacautín, con ocasión de una mesa de trabajo a la que ha sido convocada FRONTEL por esta última, en los meses de marzo y abril de este año, exhibiéndole a los convocados los permisos sectoriales respectivos. Incluso en el mes de noviembre de 2022 se sostuvo una reunión con el propio alcalde de la comuna en terreno, donde se le explicó el proyecto, quien instruyó a mi representada la coordinación con personal municipal para el retiro de residuos, conforme a normativa del ramo.

Pese a ello, el Comité Medioambiental de Curacautín y su directiva, han decidido llevar a estrados un asunto que se encuentra ejecutado con estricto cumplimiento de la legislación sectorial en materia vial, urbanística, forestal, medioambiental y, por supuesto, eléctrica.

EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN. INADMISIBILIDAD.

Cita el numeral 1° del auto acordado del ramo y refiere que en el caso sublite, los recurrentes inician el relato de los hechos señalando “Que durante el mes de marzo del año en curso entre los días 20 y 29, la recurrida Frontel taló 372 especímenes nativos, en un sector de la carretera CH-181…” (sic)

Ciertamente la presente acción de protección es manifiestamente extemporánea, toda vez que, las faenas sobre la cortina arbórea, realizadas por Frontel en la ruta CH-181 y que repudian los recurrentes, se ejecutaron entre el 6 de diciembre de 2022 y el 27 de marzo de 2023, tal como se ha explicado. No es efectivo que se realizaran faenas hasta el 29 de marzo del presente año, como ellos afirman.

Así, considerando que el recurso fue interpuesto con fecha 27 de abril de 2023 y las faenas antedichas terminaron el 27 de marzo de 2023, la ejecución del acto objeto de la presente acción, ocurrió hace más de 30 días corridos, contados hacia atrás desde la interposición del presente recurso.

Que, así las cosas, en primer término, podemos señalar que el presente recurso o acción de protección es extemporánea y ciertamente el recurrente ha tratado de forzar su interposición, extendiendo la fecha de ejecución de las faenas cuya legalidad reclama.

En este contexto, debemos, además, hacer presente que la realización de las faenas señaladas en el sector, fueron hechos públicos y notorios, luego, no resulta razonable creer que los recurrentes no tomaran oportuno conocimiento de los hechos por los que hoy alegan, a fin de interponer la presente acción dentro de plazo.

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO. CAUSALES DE RECHAZO DEL RECURSO.

1. CALIDAD DE CONCESIONARIA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. EJECUCIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN EN SUS REDES. LÍCITA CONDUCTA DE FRONTEL.

Refiere que la distribución de energía eléctrica es un “servicio público”, razón por la cual, sólo puede llevarse a cabo mediante una concesión previamente otorgada.

Al respecto, el artículo 11° de la LGSE señala que “las concesiones definitivas serán otorgadas mediante Decreto Supremo del Ministerio (de Economía, Fomento y Reconstrucción antes, de Energía en la actualidad) por orden del Presidente de la República”.

La concesión y, en especial, la concesión eléctrica, es de aquellos actos que amplían los derechos del interesado, en otras palabras, el concesionario siempre adquiere un derecho que antes no formaba parte de su patrimonio.

En el caso de la concesión relativa al servicio de distribución de energía eléctrica, este derecho se traduce principalmente en la ocupación del suelo que es atravesado por las instalaciones eléctricas, como se explicará en detalle a continuación. El acto de concesión, junto con crear el derecho de explotación de un servicio eléctrico, igualmente crea en favor del concesionario el derecho de utilización del suelo público o privado, constituyendo servidumbres sobre terrenos particulares, fiscales, regionales o municipales, conforme lo disponen los artículos 14° y 16° de la LGSE. Dicha servidumbre impide al dueño del terreno, conforme lo disponen los artículos 56° y 57° de la LGSE, el hacer plantaciones, construcciones y obras que perturben el libre ejercicio de las servidumbres constituidas, protegiendo la franja de seguridad del tendido eléctrico con el fin de evitar la interrupción de suministro eléctrico.

Por su parte, los artículos 4.9 y 4.10 del Pliego Normativo RPTD Nº 7 dictado por la SEC para regular "Franja y distancias de seguridad", disponen normas que prohíben la existencia de especies arbóreas en la franja de seguridad de líneas eléctricas, en términos similares a lo establecido en el artículo 57 de la LGSE, asignando un deber principal al propietario del suelo, de abstenerse de plantar o dejar crecer árboles que perturben las instalaciones eléctricas.

En este contexto, tal como se ha anunciado, FRONTEL detenta la calidad de concesionaria de distribución de energía eléctrica en las comunas de Curacautín y Lonquimay y, particularmente en la zona que se comenta, conforme al decreto de concesión número 371 de 1990, dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En esa virtud, es supervigilada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la ley 18.410, especialmente lo dispuesto en sus numerales 3 y 13, debiendo prestar un servicio de calidad, regulado por el Estatuto eléctrico y algunas normas complementarias, como la Norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución, dictada por la Comisión Nacional de Energía, cuyo texto refundido está contenido en la Resolución Exenta N° 763 del Ministerio de Energía, dictada con fecha 10 de diciembre de 2019.

A fin de cumplir con las obligaciones que la normativa sectorial le exige, despliega anualmente faenas que le permiten efectuar el mantenimiento de sus redes; pero también diseña y ejecuta planes de inversión y crecimiento a largo plazo, que son oportunamente informados a la SEC y a la Comisión Nacional de Energía, dado que esta última es el organismo técnico encargado de trazar la política del Estado en el Sector Energía, para lo cual requiere analizar, entre otras variables, los resultados de la aplicación de las normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de distribución de energía, así como de monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético. Todo lo anterior, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad. 2 En este marco normativo es que EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. ha diseñado, proyectado e iniciado la ejecución del Proyecto de cambio de nivel de tensión (CNT) de la red de Media Tensión Troncal Curacautín - Lonquimay, con especial sujeción a todas las normas que regulan su actuar.

Por lo anterior, el despliegue de brigadas de roce y tala de la cortina arbórea existente en la faja fiscal comentada, autorizado por instituciones que corresponden a la materia, corresponde nada más que a una etapa previa y necesaria para proceder, luego, al emplazamiento de modernas instalaciones eléctricas en ella, que apuntan hacia los objetivos trazados por el Estado y que, por cierto, fueron diseñadas para mejorar la calidad del suministro de los habitantes de Curacautín y Lonquimay ya mencionados. En consecuencia, como podrá apreciar VSI, dicho despliegue no constituye un acto ilegal, ni menos arbitrario de mi representada, sino que a un preciso mandato legal, reglamentario y administrativo propio de una concesionaria delegada del Estado para ello y cuyo cumplimiento es fiscalizado por la autoridad sectorial en materia eléctrica.

Es de toda necesidad hacer presente, que lo anterior ha sido ejecutado amparado en el artículo 16° de la LGSE, que dispone:

“Artículo 16°.- Las concesiones de servicio público de distribución otorgan el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución en la zona de concesión.”

Para una debida coordinación de los trabajos y, dado que es la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas la administradora de las fajas viales, que, por cierto, constituyen bienes nacionales de uso público (BNUP), es que mi representada tramitó y obtuvo la debida autorización para ingresar a trabajar en ellas (Resolución DRV 1516/2022). Aquella era la única autorización que, dadas las características, magnitud y duración de las obras, FRONTEL requería tramitar. No obstante, mi representada, también realizó una presentación a CONAF, quien dejó asentado en su resolución 1/2023, que tampoco era necesario un plan de manejo de corta y reforestación para ejecutar obras civiles, como se ha reseñado.

Hacemos presente y reiteramos que, conforme a la normativa medioambiental vigente, el proyecto en cuestión NO requería ingresar al Sistema de evaluación de impacto ambiental, como se analizará en acápite siguiente.

En este contexto resulta difícil imaginar una contravención a una garantía constitucional, sobre todo cuando no se ha acreditado la infracción de alguna norma específica de la ley por parte de mi representada.

2. AFIRMACIONES DE LA RECURRENTE NO TIENEN SUSTENTO NORMATIVO. FRONTEL NO HA INFRINGIDO NORMAS FORESTALES NI MEDIOAMBIENTALES. CONSULTA DE PERTINENCIA NO APLICA AL CASO DE AUTOS. NORMATIVA VIGENTE Y JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA.

Los recurrentes han hecho una serie de afirmaciones que no guardan relación con la normativa que aplica a la ejecución del proyecto de mejoramiento de la red de distribución desarrollado por mi representada en la ruta CH-181, Curacautín – Lonquimay. A continuación, nos referiremos a cada una de ellas y aportaremos antecedentes que dejarán establecido que el presente recurso de protección no puede prosperar.

- Por una parte, afirman que Frontel no informó a la Municipalidad de Curacautín ni a ninguna de sus organizaciones sobre el alcance e impactos que tendría este proyecto de “empostación” (sic) y la tala de árboles, vulnerando su “legítimo derecho a saber” (sic) respecto del trazado, alcances, alternativas, impactos, medidas de reparación, mitigación y compensación. Sobre este punto, yerran los recurrentes, toda vez que para el proyecto de cambio de nivel tensión en la ruta CH-181, Ruta Curacautín -Lonquimay, mi representada no tenía la obligación ni de informar a tales autoridades y organizaciones civiles, ni tiene aplicación en la materia “el derecho a saber” que refieren.

- Además, indican que FRONTEL no demostró voluntad para presentar una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación ambiental, lo que, en su opinión, habría visibilizado el carácter de ZOIT de la comuna de Curacautín y se le hubiera obligado a ingresar al Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA). Consideran que aplicaba hacerlo en virtud de lo dispuesto en los literales p) y e) de los artículos 10 y 11, respectivamente, ambos de la ley 19.300.

Sobre estas afirmaciones es muy importante tener presente, en primer lugar, que una consulta de pertinencia es, precisamente, un acto voluntario, al cual mi representada no está obligada para la ejecución de proyectos como este, ni es una condición para obtener otros permisos sectoriales. Lo dicho consta en una instrucción aclaratoria entregada el año 2014 por el propio Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, también denominado “SEA”) mediante ORD: N° D.E. 142.090, a todos los Ministerios, a la SEC y a CONAF, entre otros organismos del Estado.

Así las cosas, no puede exigírsele ex post, haber realizado una acción que, en todo caso, ni siquiera le fue requerida a FRONTEL por los recurrentes antes del inicio de las faenas en la ruta CH-181, ni por la Municipalidad de Curacautín o por otra autoridad, para que, ahora y ante estrados, tengan algún sustento en qué fundar la afirmación expuesta, pretendiendo hacer creer que mi representada ha negado su voluntad para hacerlo. En todo caso, aun cuando mi representada hubiese hecho la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, la respuesta de la autoridad medioambiental tenía que considerar lo dispuesto en el ORD. N° 131456 dictado con fecha 12 de septiembre de 2013 por el Servicio de Evaluación Ambiental, que imparte instrucciones sobre las referidas consultas y en su Anexo I “Criterios para decidir sobre la pertinencia de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental la introducción de cambios a un proyecto o actividad”, que hace necesario tener siempre presente la magnitud o envergadura de las obras que conlleva el proyecto y el impacto que provoquen.

Ahora bien, las normas citadas por el recurrente ante VSI, para considerar que el proyecto en cuestión debía ingresar al SEIA, son los literales p) y e) de los artículos 10 y 11, respectivamente, ambos de la ley 19.300, las cuales no aplican al caso de autos y el recurso no encuentra sustento legal tampoco en ellas, por los siguientes motivos:

1° El artículo 10 literal p) de la ley 19.300 dispone:

“Artículo 10.- Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:

p) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas, humedales urbanos o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita;”

Dicho literal no cobra aplicación al caso de autos porque, como ha sostenido la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en el Dictamen N° 48.164, dictado por la Contraloría General de la República con fecha 30 de junio de 2016, la sola circunstancia de que un proyecto se desarrolle en una de las áreas previstas en el dicho literal p) no basta para sostener que el proyecto obligatoriamente debe ingresar al SEIA, pues el mencionado artículo 10 de la ley N° 19.300 exige, además, que se trate de proyectos o actividades “susceptibles de causar impacto ambiental”. Esto significa, como lo sostuvo el propio Servicio de Evaluación ambiental, el de 22 de mayo de 2013, en el punto 2.2 del OF. ORD. de su Dirección Ejecutiva D.E N°130844, lo siguiente: “Si se aplicara sin mayor criterio la referida letra p), cualquier "obra", "programa"' o "actividad", sin importar su magnitud o sus efectos, debería someterse a calificación ambiental. Sin embargo, parece del todo ilógico e inoficioso que se sometan al SEIA iniciativas tales como (…..) otras obras o actividades de menor envergadura, (……) que por lo mismo, no son susceptible de causar impacto ambiental.”

En similar sentido se pronuncia, también la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en el punto 8 del OF. ORD. N° 161081 del 17 de agosto de 2016.

Esta interpretación ha sido uniformemente recogida por múltiples respuestas entregadas por el Servicio de Evaluación ambiental (SEA) desde su creación a la fecha, respecto de proyectos que consideraban obras similares a la que los recurrentes han traído a estrados en esta acción constitucional.

En cuanto al señalado artículo 10, el ya citado Dictamen N° 48.164 entre otros anteriores y posteriores, pone de manifiesto que el espíritu del legislador5 fue restringir el sistema de evaluación de impacto ambiental sólo a aquéllos susceptibles de causarlo. Esta idea ha sido recogida por el SEA, en el ORD. N° 161081 de 2016.

Luego, el mismo ORD. N° 161081 de 2016, junto con reiterar la necesidad de considerar la magnitud y duración de las intervenciones que conlleva un proyecto en un área protegida, releva la importancia de considerar los impactos positivos o que agreguen valor al área, como es el caso de autos, en que le proyecto persigue modernizar el sistema de distribución de energía eléctrica de las comunas de Curacautín y Lonquimay, lo cual, sin duda, traerá efectos positivos para la zona.

Al respecto, es esencial tener presente cuan positivos son los efectos del proyecto de cambio de nivel de tensión de la red de distribución de FRONTEL en el área donde se ha planeado, pues, como se ha dicho, beneficiará a más de 5 mil familias (5.191 clientes) que, dada la zona geográfica en que se encuentran, las condiciones climáticas imperantes (temperaturas extremas en invierno y verano) y el aumento de población en sectores rurales y urbanos, se han visto expuestas a interrupciones del suministro eléctrico en los últimos años, cuya duración y frecuencia se verán considerablemente disminuidas cuando el proyecto se encuentre completamente ejecutado.

2° Por su parte, el artículo 11 literal e) de la ley 19.300 dispone: “Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona”.

Esta norma refuerza la idea antes tratada, puesto que los criterios de magnitud y duración dejan fuera del sistema de evaluación de impacto ambiental, a proyectos como el que ejecuta mi representada en el sector.

3° Por último, aunque no mencionado por los recurrentes, es relevante tener presente lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento del Sistema de evaluación de impacto ambiental (RSEIA) contenido en el D.S. 40/2013 del Ministerio de Medioambiente, para comprender por qué el proyecto de cambio de nivel de tensión de la red de distribución de energía eléctrica que FRONTEL desarrolla en la ruta CH-181 Curacautín – Lonquimay, no requiere ingresar al SEIA.

Por cierto, el referido artículo 3 deja asentado que sólo “los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, (…..) deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, haciendo una enumeración de ellos. En ninguno de sus supuestos se encuentra el proyecto que mi representada se encuentra llevando a cabo y que ha sido discutido ante VSI, por lo cual, toda alegación de los recurrentes en cuanto a incorporarlo al SEIA no tiene asidero alguno.

En efecto, en cuanto a lo que nos convoca, como se ha reseñado, el proyecto discutido contempla la construcción de 2,6 km. de línea de distribución en media tensión de 13,2 kV; y, el RSEIA sólo se refiere a líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje que transportan energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 kV), situación dispuesta en el literal b) del artículo 3, referido a “Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.”, específicamente, en el sub literal b.1), lo cual no es el caso de autos, por ende, queda claro que el proyecto que los recurrentes han puesto en conocimiento de este Iltmo. Tribunal no requería someterse al Sistema de evaluación de impacto ambiental, toda vez que no se considera en él incorporar una línea que tenga como fin el transporte de energía eléctrica con una tensión mayor a 23 kV. Este criterio ha sido recogido en las resoluciones exentas 202110101396 de SEA Los Lagos y 202214101131 de SEA Los Ríos mencionadas en este acápite; y, entre otras, también en la resolución exenta 202114101156 del mismo SEA Los Ríos, dictada con fecha 6 de octubre de 2021, a propósito de una consulta de pertinencia referida al proyecto “Interconexión Cutipay Alto” ejecutado en la ciudad de Valdivia, ZOIT.

3. AUSENCIA DE ACTO U OMISIÓN ILÍCITA O ARBITRARIA POR PARTE DE FRONTEL.

Como bien sabe este Ilustrísimo Tribunal, el recurso de protección es la acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de solicitar a éstos que adopten inmediatamente las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitraria o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el Constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

De esta manera, la acción de protección sólo sirve para cautelar los derechos y garantías que la Constitución específicamente señala, respecto a hechos concretos evidentemente ilegales o arbitrarios. (Artículo 20 Constitución Política de la República).

Pues bien, de la lectura del recurso de protección interpuesto, se puede advertir que, no existe un acto ilegal ni arbitrario susceptible de ser protegido por la acción constitucional que se ha incoado.

Aún más, con todos los argumentos de hecho y de derecho que se han venido analizando, resulta indispensable que, de conformidad con lo prescrito por el artículo 20 de nuestra Constitución Política, que regula la acción constitucional de protección, el recurrente invoque, como causa de pedir, la comisión de un acto u omisión, determinado, que tenga el carácter de arbitrario o ilegal.

La expresión acto u omisión ilícito implica toda actuación o ausencia de acción contraria a derecho, es decir, antijurídica, y más precisamente, todo hacer o no hacer de un sujeto de derecho que vulnera alguna norma del ordenamiento jurídico, vigente al momento de su comisión.

Sobre este punto, nuestros Tribunales Superiores de Justicia han entendido que un acto es ilegal “cuando no se atiende a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley”.

Por su parte, la Jurisprudencia ha señalado que la arbitrariedad “implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar”.

Tratándose de esta empresa concesionaria regulada por el Estado, ciertamente lo que reprocha la recurrente a la misma es una supuesta ilegalidad, antes que una arbitrariedad. En cualquier caso, según ya se ha mencionado a lo largo de esta presentación, resulta evidente que no hay lugar posible para el capricho o carencia de razonabilidad atribuida a EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Por consiguiente, si entendemos que el obrar de esta empresa de servicio público se encuentra amparado en una normativa de aplicación general y, dentro del ámbito de su competencia, no se entiende entonces cómo podría haberse incurrido en la supuesta ilegalidad o en la supuesta arbitrariedad acusadas por los recurrentes.

Ahora bien, el recurrente invoca como fundamento fáctico de su acción constitucional, la tala de un determinado número de árboles, 372 para ser más precisos, que se encontraban en dicha faja vial, número que, en todo caso, controvertimos, pues sólo efectuó faenas respecto de 185 especies en faja fiscal y 40 en predio particular, las que formaban una cortina arbórea en algunos de los tramos de la ruta intervenida, pero que no calificaban como bosque, en el concepto regulado por la ley del ramo.

Ya hemos reseñado el contexto de la tala, quedando claro que la postación a que hacen referencia los recurrentes forma parte de un proyecto estratégico de FRONTEL cuya primera etapa ha finalizado y cuya finalidad es mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica a los habitantes de los sectores rurales de la comuna de Curacautín y a la comuna de Lonquimay en su totalidad, beneficiando a más de veinte mil habitantes de estas comunas; además tiene por objeto retirar la línea existente desde predios particulares a la faja vial, facilita la operación de la línea y su mantenimiento.

Gracias a estas inversiones de mi representada es que los beneficiarios de este tipo de proyectos tienen la posibilidad de obtener energía eléctrica para sus hogares, dependencias agrícolas, turísticas y comercios.

Debido a la existencia de una cortina arbórea de distintas especies, presentes en la faja fiscal y dentro de predios particulares, en los sectores donde se emplazarían las líneas, FRONTEL planteó a la Dirección de Vialidad, la necesidad de efectuar roce de especies arbóreas, que se interpondrían al paso de dichas líneas, faenas que, de acuerdo con la normativa de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, no ameritaba la presentación de un plan de manejo de corta y reforestación para ejecutar obras civiles, como se ha reseñado más arriba.

Por su parte, la extracción de los residuos de dichas faenas se efectuó por propietarios de predios vecinos a la faja vial, habiéndose dejado estos ordenados y a su disposición, de acuerdo con los protocolos de la empresa, garantizando que la faja fiscal y la carpeta de rodado en general permanecieran siempre libre de ramas u otros que obstaculizaran la libre circulación de los usuarios. Todo lo anterior debidamente coordinado con el Inspector Fiscal designado por la Dirección Regional de Vialidad.

Con todo lo anterior, a la luz de la normativa eléctrica, forestal y medioambiental vigente, al revisar las acciones señaladas que fueron desplegadas por mi representada en relación con el proyecto referido, queda claro que FRONTEL ha obrado absolutamente apegado a la legislación vigente, sin atisbo alguno de ilegalidad, ni menos, arbitrariedad en el actuar.

Finalmente, ante cualquier supuesta contravención a la normativa eléctrica será la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la encargada de fiscalizar y velar por el correcto funcionamiento del servicio de suministro eléctrico y, en su defecto, los Tribunales Ordinarios de Justicia en el procedimiento que corresponda a la materia ventilada.

En consecuencia, en el recurso de protección que V.S. han tenido la oportunidad de conocer, faltan todos los presupuestos de la acción, dado que no existe un acto ilegal, ni menos arbitrario de mi representada, sino más bien, una actitud cumplidora de la normativa vigente, que ha hecho todo lo que su calidad de concesionaria eléctrica le exige, a fin de brindar un servicio de calidad a la comunidad que sirve.

ANÁLISIS DE GARANTÍAS SUPUESTAMENTE VULNERADAS, NO AFECTACIÓN DE ELLAS.

El recurso señala como vulnerados los derechos garantizados en la Constitución Política de la República, artículo 19 N° 1, N° 3 inciso cuarto, N° 8, N° 24 y N° 26, los cuales, conforme VSI podrá apreciar de los antecedentes que se han reseñado, no han sufrido afectación alguna.

a) En cuanto a la supuesta conculcación de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de nuestra Carta Fundamental, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, invocada en el presente recurso, especialmente su inciso final, evidentemente tal afirmación carece de sustento, dado que al cumplir FRONTEL con lo establecido en las Normas Técnicas en el proceso de diseño del proyecto y en su ejecución, todo riesgo se encuentra cubierto. Ello ha sido puesto en conocimiento de los recurrentes en la mesa de trabajo a que fueron invitados, por intermedio de la Municipalidad de Curacautín, como se dijo anteriormente.

Sobre el particular debemos señalar que no puede seriamente sostenerse que por el sólo hecho de ejercer las facultades propias de una concesionaria de distribución de energía eléctrica, se priva, amenaza o perturba el derecho a la vida e integridad física o síquica de las personas, menos aun cuando la concesionaria cumple con los estándares de seguridad exigidos por la normativa y sujeta sus planes de acción a los lineamientos de la Comisión Nacional de Energía trazados por el Estado. En efecto, si se aceptara la tesis contraria, ello implicaría aceptar que todos los habitantes de este país nos encontraríamos en riesgo, por el sólo hecho de existir instalaciones eléctricas de distribución emplazadas cerca de nuestras viviendas. Ciertamente eso no es así.

No obstante, si de control del factor seguridad se trata, se debe hacer presente que, a diferencia de lo sostenido por los recurrentes, el emplazamiento de las líneas eléctricas y sus faenas de despeje previas, se realizan siempre, como en el caso de autos, con el permiso respectivo de la autoridad con competencia específica, como ya se ha reseñado latamente en este informe.

En consecuencia, respecto de los efectos sobre la integridad física y psíquica de las personas y su desarrollo sustentable, expresión vagamente manifestada por la recurrente, cabe tener presente que han existido y existen órganos públicos que han intervenido en el asunto, de modo tal que no se justifica el temor infundado ni se comprende la manera en que, con el actuar de FRONTEL, apegado a la normativa sectorial, como se ha reseñado, se pudiera estar afectando el numeral referido. Todo lo contrario, FRONTEL está plasmando en esta obra uno de los objetivos estratégicos que se formula el Estado en materia energética a corto, mediano y largo plazo, cual es mejorar la calidad del servicio entregado a sus clientes, aportando con ello a una mejor calidad de vida, especialmente en sectores apartados de centros urbanos, como lo constituye el sector en cuestión.

Luego, queda en evidencia que lo obrado por FRONTEL no ha sido ni ilegal ni arbitrario, ni ha habido vulneración alguna a la garantía del numeral 1 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

Es preciso advertir en todo caso, que los recurrentes, forzadamente, pretenden fundar su acción constitucional en un relato que no dice relación con aspectos protegidos por el artículo art. 19 N° 1, pues hacen referencia a una supuesta afectación a la integridad física de las personas, ocasionada por un supuesto daño al medio ambiente que mencionan. En resumen, los recurrentes mencionan el numeral 1° del artículo 19, pero sustentan todo su relato en el numeral 8, confundiendo la naturaleza de ambas garantías, pretendiendo hacer creer que son una misma.

b) En cuanto a la supuesta vulneración al inciso cuarto del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo planteado no resiste análisis. Sorprende a esta parte lo forzado del argumento, que, evidentemente no tiene asidero alguno, además de que confunde el número del inciso que menciona con el que redacta, pues el inciso cuarto se refiere al derecho a defensa penal, no a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales que refiere, la cual, en todo caso está establecida en el inciso siguiente.

Entre otras infundadas afirmaciones habla de autotutela VSI, situación absolutamente proscrita por nuestro ordenamiento jurídico. Ante ello, nos preguntamos:

¿De qué manera podría haber afectado FRONTEL la garantía constitucional de igualdad ante la justicia de los recurrentes? La respuesta es: de ninguna manera.

¿Cuándo ha hecho Frontel o sus dependientes justicia por sus propias manos? La respuesta es: nunca.

¿Con qué acto u omisión se arrogó facultades jurisdiccionales, para que los recurrentes pudieran aducirle una imputación tan grave y fuera de lugar? La respuesta es: no hubo ningún acto u omisión de ese tipo.

En resumen, no hay respuesta positiva posible para estas interrogantes, lo contrario es imposible de probar, dado que no ocurrió, con lo que sólo queda a VSI negar lugar a este artificioso argumento.

c)

En cuanto a una supuesta vulneración al derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, garantía establecida en el N° 8 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, los recurrentes se limitan a transcribir el numeral respectivo, pero no hacen una relación del aspecto en que la consideran vulnerada. Además, lo escuetamente señalado no concuerda con el supuesto requerido.

Yerran entonces, pues, como es sabido, el inciso primero de dicho numeral no se encuentra dentro del catálogo de derechos constitucionales susceptibles de ser protegidos por la acción constitucional establecida en el art. 20 inciso primero de la Constitución. En cuanto a la acción especial que configura el inciso segundo del citado art. 20, que exige que se trate de una afectación al medioambiente producido por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, evidentemente no es el caso de autos. Por consiguiente, todo análisis que se pretenda realizar sobre la situación planteada carece de sentido en esta sede jurisdiccional y procedimiento aplicable.

d)

Finalmente, respecto de una supuesta vulneración al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, ha señalado la recurrente que lo afectado son las carreteras, los árboles y toda la naturaleza, con lo que es posible advertir que, a todas luces, se ha forzado el argumento al máximo, difuminando el ámbito de aplicación del numeral, el que, sin duda, requiere ser acotado para ser protegido por una acción constitucional de este tipo.

Lo cierto es que, en la especie, su conducta no perturba tal derecho, y no es, a todas luces, ilegal ni arbitraria porque se ha realizado en calidad de concesionaria de servicio público, en coordinación con las autoridades sectoriales respectivas, en la zona diseñada y proyectada conforme a un estudio de profesionales en terreno y con los respectivos permisos sectoriales.

En ese contexto, no se vislumbra afectación alguna de las facultades propias del derecho de propiedad.

En suma, desde la perspectiva señalada, en lo que se refiere a la garantía del derecho de propiedad, no se aprecia conculcación alguna de parte de FRONTEL.

e) Especial referencia al N° 26 del artículo 19 de la Constitución y a un supuesto daño ambiental alegado.

Se refiere también el recurso a la garantía general del numeral 26, a lo que nos referiremos, dado que no corresponde invocarla como causal.

Pero nos detendremos en una serie de afirmaciones que nos llaman la atención, proferidas a continuación de la referencia al numeral 26, donde afirma que mi representada ha provocado un grave daño medioambiental. Con ello, este Ilustrísimo Tribunal podrá advertir que los recurrentes están vertiendo expresiones genéricas que, de intentar probar, lo deben hacer en otra sede jurisdiccional y en un procedimiento establecido especialmente por el legislador, junto con la creación de la nueva institucionalidad vigente en materia medioambiental (Tribunales ambientales).

En todo caso, el presente recurso no aporta ningún argumento que permita vislumbrar alguna forma de afectación, por parte de mi representada, de alguna de las garantías amparables por la acción constitucional establecida en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

AUSENCIA DE AFECTACIÓN REAL Y FALTA DE IDONEIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN EN LA MATERIA VENTILADA EN AUTOS. JURISPRUDENCIA UNIFORME RECHAZA ESTE TIPO DE RECURSOS.

En efecto, de todo lo anteriormente expuesto es fácil advertir que, en el caso de autos no existe afectación real alguna que pueda ser amparada mediante el presente recurso de protección, acción jurisdiccional que por su naturaleza cautelar y de emergencia se encuentra dispuesta solamente para casos de afectación grave, clara, manifiesta y evidente de derechos indubitados que se encuentran reconocidos por la Carta Fundamental y enumerados taxativamente en su artículo 20. Ninguna de estas circunstancias concurre en este caso y por este sólo hecho, el Recurso de protección interpuesto en contra de mi representada deberá ser desestimado, por falta de fundamento.

Se aprecia así que todos los antecedentes relacionados con los hechos expuestos por los recurrentes, especialmente tomando en consideración la naturaleza del acto cuya ilegalidad se imputa, permiten concluir que el objeto perseguido con la interposición de este recurso no es más que un desconocimiento, por cierto, improcedente, de la legitimidad del actuar de FRONTEL, pretendiendo hacer creer que el ejercicio de su concesión causa daño medioambiental. En mérito de ello, no puede estimarse que están actuando como titulares de un derecho indubitado, puesto que esgrime argumentos que requieren ser discutidos y probados ante un tribunal especializado y en un procedimiento diverso, en el marco de un juicio de lato conocimiento. Cita jurisprudencia.

En las circunstancias descritas por nuestra parte, es claro que, a pesar de que el recurrente intente ponerlo en duda, FRONTEL sólo ha ejercido una actividad especializada, dentro de su ámbito de competencia y ha cumplido a cabalidad lo ordenado por la autoridad sectorial, por ende, no hay afectación alguna posible de las garantías invocadas en la acción constitucional.

Por lo mismo, esta situación, debidamente amparada por el Derecho, pone de manifiesto la falta de idoneidad del recurso de protección en estos casos, más aún cuando la pretensión del recurrente es netamente de carácter medioambiental, cuestión que el Constituyente no ha puesto dentro de la esfera de competencias de las Cortes de Apelaciones al conocer recursos de protección, a menos que se trate del supuesto del inciso segundo del artículo 20, que como hemos relatado, no aplica en la especie; aventurando materias que si se quieren discutir, deberán serlo en tribunales y procedimientos especiales al efecto, o bien en la sede administrativa respectiva.

En resumen, no se aprecia conculcación a garantía alguna de los recurrentes, de parte de FRONTEL, puesto que la ejecución de trabajos proyectados en sus líneas de distribución obedecen a su calidad de concesionaria de servicio público y por ende, actúa en cumplimiento de la legislación eléctrica; y porque la ejecución de faenas de roce y/o tala, según la necesidad, para el desarrollo posterior de la fase de ingeniería sobre el tendido eléctrico de distribución, respecto de vegetación emplazada en faja fiscal, fueron realizadas con el respectivo permiso vial, única exigencia normativa requerida para ello, habiéndose consultado previamente a otros entes que la autoridad vial consideró.

IMPROCEDENCIA DE APLICAR AL ASUNTO VENTILADO LA TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS.

Como corolario y, sin perjuicio de que, en el marco de lo que le exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República, la invocación de esta teoría por los recurrentes no tendrá ningún efecto en el análisis de los hechos y presupuestos procesales que VSI debe realizar para pronunciarse respecto del recurso de protección, consideramos oportuno hacer presente la inaplicabilidad de la referida teoría al caso de autos.

Sobra decir que los supuestos de esta teoría no se dan en la especie, más bien los recurrentes ajustan el argumento para hacerlo coincidir con lo que en doctrina se conoce como “Venire contra factum proprium non valet”, principio general del derecho ampliamente reconocido en nuestra doctrina nacional y comparada.

Sobre esta teoría, el profesor nombre reservado, refiriéndose a ella como una expresión de la buena fe objetiva, ha afirmado:

"La conducta contraria es una contravención o una infracción del deber de buena fe, ya que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y de falta de lealtad, he aquí donde la regla, según la cual, nadie puede ir en contra de sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena fe en las relaciones jurídicas".6 Así, los requisitos de la conducta contraria serían, según varios autores:

1) una conducta jurídicamente relevante y eficaz;

2) la pretensión de ejercer un derecho subjetivo o facultad que cree una situación litigiosa;

3) la incompatibilidad o contradicción entre ambas;

4) la identidad de sujetos.

Evidentemente en los hechos relatados por los recurrentes y por esta parte no se dan los supuestos para configurar la teoría reseñada. Máxime si ha obrado de buena fe con los recurrentes.

Acompañó los siguientes documentos: 1. Decreto de concesión N° 371, de fecha 22 de octubre de 1990, dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 2.

Acta de entrega de terreno, de fecha 21 de septiembre de 2022, de Inspector Fiscal Dirección Regional de Vialidad a Frontel, conforme a resolución 1516/22; 3.

Resolución N° 1516 de fecha 29 de junio de 2022 emanada de la Dirección Regional de Vialidad Araucanía, que autoriza a EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA – FRONTEL S.A. a hacer uso de faja fiscal con proyectos de “Paralelismo y Atravieso Línea Eléctrica en Ruta 181 CH: Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, región de la Araucanía”; 4. Resolución CONAF 1/2023, dictada con fecha 8 de febrero de 2023 por la Dirección Provincial Malleco, que se pronuncia respecto de Plan de manejo de corta y reforestación, presentado por Frontel y rechazado por esta, por no tratarse de un bosque; 5. Croquis del Proyecto “CNT Troncal Curacautín - Lonquimay.” que da cuenta de la ubicación geográfica del área intervenida; 6. Dictamen E39766-2020 de la Contraloría General de la República, referido a Áreas de preservación ecológica definidas en Instrumentos de Planificación Territorial, que deben ser consideradas como áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del artículo 10 p) ley 19.300; 7. Dictamen 48.164-2016 de la Contraloría General de la República, que, en relación al artículo 10 p) de la ley 19.300, sostiene que no todo proyecto o actividad que se pretende ejecutar en un área que se encuentra bajo protección oficial debe necesariamente ser sometida al SEIA; 8. ORD 131456-2013 del Servicio de Evaluación Ambiental, que contiene Instructivo con criterios para revisión de solicitudes de pertinencia de ingreso al Sistema de evaluación de impacto ambiental; y su Anexo I “Criterios para decidir sobre la pertinencia de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental la introducción de cambios a un proyecto o actividad”; 9.ORD. SEA N° 142090-2014 de fecha 27 de noviembre de 2014, que instruye a Ministerios, Superintendencia y CONAF, entre otros organismos del Estado, en torno a no exigir consultas de pertinencia como trámite previo para obtención de permisos sectoriales; 10. ORD. SEA N° 130844-2013, de fecha 22 de mayo de 2013, que uniforma criterios y exigencias sobre áreas de protección; 11. ORD. SEA 161081-2016, de fecha 17 de agosto de 2016, que complementa ORD. 130844-2013 sobre áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; 12. Oficio D.E. SEA N° 202099102647, de fecha 12 de noviembre de 2020, que actualiza instructivo ndeg130.844 de 2013 que “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia”; 13. Mensaje Presidencial N° 387-324, de 14 de septiembre de 1992, que acompaña el proyecto de la Ley 19.300, que, dentro del tercer principio que le inspira (gradualismo), sostiene que la referida ley no pretende que todos los proyectos, de cualquier naturaleza y envergadura, estén sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental; 14. Resolución exenta del SEA Los Lagos N° 202110101396, de fecha 29 de julio de 2021, que se pronuncia respecto de consulta de pertinencia presentada por SAESA al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la región de Los Lagos, respecto de proyecto "Interconexión Red Media Tensión Trifásica sector Quetalmahue", concluyendo que éste no debe ingresar al SEIA por considerar que dicho proyecto no significa una actividad de envergadura que genere impacto sobre los objetos tangibles e intangibles identificados como condiciones especiales para la atracción turística establecidos en la ZONA DE INTERÉS TURÍSTICO ARCHIPIELAGO DE CHILOÉ; 15. Resolución exenta 202114101156 del mismo SEA Los Ríos, dictada con fecha 6 de octubre de 2021, a propósito de una consulta de pertinencia referida al proyecto “Interconexión Cutipay Alto”, efectuado por SAESA también en ZOIT Valdivia; 16. Resolución exenta de SEA Los Ríos N° 202214101131, de fecha 6 de octubre de 2022, respecto de una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, para el proyecto “Traslado de Línea de Media Tensión (LMT) San Ignacio (23 kV)” de SAESA en la ciudad de Valdivia, ZOIT.

A folio N°12 se trajeron los autos en relación.

RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección fue incorporado a nuestra legislación como una acción de naturaleza cautelar en beneficio de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere privación o perturbación en el ejercicio de diversos derechos constitucionales. El ejercicio de esta acción protectora, exige, como presupuesto ineludible una acción u omisión que revista caracteres de ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situación determinante de privación, amenaza o perturbación para alguno de los derechos constitucionales amparados y contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que, en la especie, se ha alegado respecto del acto que considera arbitrario e ilegal consistente en el corte de especies arbóreas con ocasión de la instalación de postación efectuada por la recurrida, en ruta Curacautín-Lonquimay postes sin autorización de la autoridad, conculcando las garantías que invoca en su recurso.

TERCERO: Que, como es sabido, el recurso de protección tiene por finalidad cautelar a través del otorgamiento de medidas rápidas y efectivas salvaguardar la garantía constitucional vulnerada. En la especie, lo que se pretende con la acción deducida es que esta Corte entre a calificar la idoneidad de un proyecto de distribución de electricidad, ya efectuado, arrogándose competencia de autoridades administrativas sectoriales, cuestión que no es propia de esta sede jurisdiccional, ni de este procedimiento.

CUARTO: Que, por ende, la materia que es sometida al conocimiento del presente recurso de protección excede del conocimiento del recurso de protección, que tiene una naturaleza cautelar, de urgencia, para proteger derechos constitucionales indubitados que han sido amenazados, o vulnerados por acciones u omisiones ilegales y arbitrarias. Sabido es que el recurso de protección no es un instrumento procesal, para obtener la declaración de derecho.

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo especialmente en consideración que por la acción constitucional intentada en estos autos se persigue dejar sin efecto un acto ya ejecutado, declarando derechos que tienen el carácter de indubitados, lo que no se concilia con la naturaleza de la vía elegida, que no es declarativa de derechos, sino que sólo persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales, cuya no es la situación de la especie.

SEXTO: Que, finalmente, no se advierte en qué forma se conculcan las garantías invocadas, las cuales, han sido difusamente fundadas y, además, según se desprende de los documentos acompañados por la recurrida, el proyecto efectuado no requiere o en su caso, se obtuvieron las autorizaciones administrativas necesarias, por lo que malamente puede estimarse constitutivo de alguna vulneración y por otro lado la ejecución del mismo se encuentra concluida, haciendo que este recurso pierda oportunidad, por lo cual, la pretensión hecha valer no podrá prosperar, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir al recurrente.

Y de conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don RODRIGO ACUÑA GOMEZ, abogado, en representación de COMITÉ MEDIOAMBIENTAL DE LA COMUNA DE CURACAUTIN Y DE SU DIRECTIVA, en contra de EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada Integrante Sr. Claudia Lecerf Henríquez.

Rol N° Protección-3695-2023 (pvb).