nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Temuco Temuco, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

A folio 1 comparece Jonathan Gutiérrez, abogado, en representación de nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado, en su calidad de fiscal instructor de sumario administrativo instruido por la Municipalidad de Lautaro, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios que amenazan, perturban y privan el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de su representado.

Sostiene, en síntesis, que el recurrente se encontraba vinculado con la Municipalidad de Lautaro mediante contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo, desde el año 2007, desempeñándose de manera ininterrumpida como monitor de ballet, esto hasta la fecha de su autodespido ocurrido con fecha 15 de mayo de 2025, fundado en el incumplimiento grave de las obligaciones del empleador, específicamente el no pago de sus remuneraciones ni de las cotizaciones previsionales correspondientes al mes de marzo de 2025, además de otras vulneraciones de que fue víctima.

Refiere que, con motivo del autodespido y de otras vulneraciones graves de derechos laborales, actualmente se tramita ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Lautaro la causa RIT T-31-2025, en la cual se persigue la declaración judicial de la terminación del contrato por exclusiva culpa del empleador y a la fecha de interposición de dicha acción judicial, aún no se habían formulado cargos administrativos en contra de su representado.

Precisa que, con fecha 8 de septiembre de 2025, el fiscal instructor del procedimiento, don nombre reservado, dictó resolución disponiendo la formulación de cargos en contra de su representado, pese a que a esa fecha ya se encontraba extinguido su vínculo laboral desde el 15 de mayo de 2025 por la figura del autodespido y que la Municipalidad estaba en pleno conocimiento de este hecho.

Expone que, la dictación de dicha resolución constituye el acto que este recurso estima ilegal y arbitrario, toda vez que el fiscal debió necesariamente sobreseer el procedimiento por tratarse de un trabajador sujeto a contrato de trabajo y cuya relación laboral, además, se encontraba finalizado por la figura del autodespido.

A continuación, como fundamento de derecho de su pretensión, señala que, en el régimen estatutario (planta o contrata), la ley autoriza expresamente la prosecución del sumario tras el cese de las funciones del funcionario, pero que en el régimen laboral, esa facultad no existe, es decir, no procede continuar el sumario cuando ya cesaron las funciones del trabajador contratado por el Código del Trabajo, por lo que pretender extender al caso una norma excepcional propia del estatuto administrativo constituye una aplicación analógica de normas sancionatorias, lo que está prohibido por el principio de tipicidad y legalidad (arts. 6 y 7 CPR).

Agrega que, con la dictación del acto impugnado, se vulneran las garantías constitucionales del debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, por cuanto la formulación de cargos fue dictada careciendo de competencia; sobre una relación laboral inexistente y sin fundamento legal expreso.

Indica como vulnerada la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución, por el trato desigual frente a trabajadores del Código del Trabajo que no pueden ser objeto de sumarios administrativos; trato desigual incluso dentro del mismo régimen laboral:, ya que ningún trabajador regido por el Código del Trabajo en la Municipalidad de Lautaro ha sido sometido a sumarios administrativos una vez terminada su relación laboral y desigualdad agravada por la extinción del vínculo laboral.

Manifiesta que existe arbitrariedad en la oportunidad y finalidad del sumario, al haberse iniciado y tramitado un sumario administrativo el mismo día en que su representado comunicó su autodespido; desviación de poder y uso abusivo de la potestad administrativa, al utilizar el sumario como instrumento de presión en un litigio judicial; y hostigamiento y afectación a la vida privada del recurrente, por el envío de correos electrónicos a la Universidad de La Frontera, lugar donde actualmente trabaja, solicitando información personal y laboral, sin competencia alguna.

Conforme a lo expuesto, solicita declarar que la resolución de formulación de cargos, de fecha 8 de septiembre de 2025, constituye un acto ilegal y arbitrario y ordenar al recurrido el inmediato cese del sumario administrativo instruido en contra de su representado, por carecer de competencia, al encontrarse don nombre reservado autodespedido con fecha 15 de mayo de 2025.

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos: Carta de autodespido y comprobante de envío, de fecha 15 de abril del año en curso; Acta de audiencia preparatoria laboral, causa Rit T-31-2025 de fecha 08 de agosto de 2025; Acta de audiencia de juicio laboral, causa Rit T-31-2025 de fecha 15 de septiembre de 2025; Formulación de cargos efectuada por el recurrido, con fecha 08 de septiembre de 2025; Certificado N.° 23/2024 emitido por don nombre reservado, jefe de recursos humanos del departamento de educación municipal de Lautaro con fecha 25 de enero de 2024; Decreto Administrativo N°2043, dictado por la Ilustre Municipalidad de Lautaro con fecha 15 de abril del año en curso.

A folio 17 emite informe la MUNICIPALIDAD DE LAUTARO, expresando en síntesis que, don nombre reservado, funcionario dependiente del Departamento de Educación Municipal, fue designado como investigador por medio de Decreto Alcaldicio N° 1496 de fecha 25.03.2025, derivado de un cambio de sustanciador, en proceso de investigación sumaria, instruida por Decreto Alcaldicio N° 1242 de fecha 12.03.2025. Dicha investigación fue elevada a sumario administrativo por Decreto Alcaldicio N° 2043 de fecha 15.04.2025, designándose al Sr. nombre reservado, en dicho acto administrativo, como fiscal administrativo del referido sumario.

Acompaña a su oficio, informe evacuado por el recurrido nombre reservado, en su calidad de fiscal administrativo, quién expresa que, el autodespido presentado por el funcionario no tiene efecto extintivo sobre el procedimiento disciplinario iniciado en su contra, conforme jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República, que cita al efecto, aclarando que con fecha 9 de abril de 2025, esa Fiscalía procedió a notificar al funcionario recurrente, haciéndole entrega formal de los decretos alcaldicios que dan origen a la instrucción del proceso.

Añade que, el señor nombre reservado presentó su autodespido con fecha 15 de abril de 2025, encontrándose, a esa fecha, debidamente notificado de la instrucción del procedimiento investigativo en su contra.

Indica que, se encuentra plenamente acreditado que el recurrente no ha perdido su condición de funcionario público, continuando vinculado al Estado a través de la Universidad de La Frontera, lo que refuerza que no existe menoscabo laboral ni vulneración de garantías constitucionales.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que, como ha señalado la doctrina y jurisprudencia, el recurso de protección constituye una herramienta de emergencia que tiene por finalidad el restablecimiento de un derecho frente a situaciones materiales que amenazan o violan gravemente garantías consagradas en la Constitución Política del Estado o en tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado y no disputado, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue es su amparo o restablecimiento, siendo un requisito esencial para su procedencia que el acto u omisión recurrido sea ilegal o arbitrario.

SEGUNDO: Que el acto denunciado por esta vía consiste en la formulación de cargos notificada al recurrente, con posterioridad al término de su vínculo laboral con el Municipio, con motivo del autodespido efectuado.

TERCERO: Que el recurrido, al momento de informar, señala que el sumario administrativo que motivó la formulación de cargos impugnada, se instruyó y notificó al recurrido, previo a la desvinculación, bajo la figura legal del autodespido, conforme antecedentes del sumario que acompaña a su presentación.

CUARTO. Que, de acuerdo al mérito de estos antecedentes, lo señalado por el recurrente y particularmente por el recurrido, se puede concluir que lo denunciado por esta vía es un acto de mero trámite como es la formulación de cargos en un sumario administrativo, sin aplicar aún medidas disciplinarias, por lo que claramente no constituye una resolución final que ponga término al proceso sancionatorio iniciado.

Además, debe considerarse que, al ser un proceso sancionatorio desarrollado por la entidad edilicia, cuenta con un procedimiento reglado y normado, que permite el ejercicio de derechos en favor del investigado, tanto durante su etapa de tramitación como en caso de dictarse una sanción final, en cuyo caso existen una serie de derechos que pueden ejercerse por el investigado, lo que en último término permiten la revisión administrativa y eventualmente judicial.

Dicho lo anterior el acto materia de esta causa no es un acto terminal que provoque perjuicio al recurrente o que siquiera pueda ser revisado por esta Corte, motivo por el cual esta acción constitucional será rechazada de la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna; por el contrario, la resolución que se reclama por esta vía se enmarca en un procedimiento administrativo tramitado en forma legal, por quien tiene las facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

Al efecto, cabe tener presente que el recurso de protección no constituye una instancia de apelación de las decisiones que la autoridad administrativa adopta en el ejercicio de su facultad disciplinaria, sino solamente de revisión de la eventual ilegalidad o arbitrariedad que pudiese afectarlas, a fin de adoptar las medidas urgentes que aparecieren necesarias en caso de constatarse tales contravenciones y el impedimento o restricción que ello significa para el libre ejercicio de las garantías fundamentales protegidas por esta vía.

Por lo expuesto y visto lo dispuesto por el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de la República, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Fernando Cartes Sepúlveda.

Rol N° Protección-3681-2025.(jog)